Ley 29785: Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos  indígenas u originarios, reconocido en el Convenio  169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

TÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el  procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos  indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o  administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de  conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio  169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado  por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 26253. 

Artículo 2. Derecho a la consulta 

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser  consultados de forma previa sobre las medidas legislativas  o administrativas que afecten directamente sus derechos  colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad  de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta  respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo  nacional y regional que afecten directamente estos derechos. 

La consulta a la que hace referencia la presente Ley es  implementada de forma obligatoria solo por el Estado. 

Artículo 3. Finalidad de la consulta 

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u  originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que  les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural  que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión  del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus  derechos colectivos. 

Artículo 4. Principios 

Los principios rectores del derecho a la consulta son los  siguientes: 

a) Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma  previa a la medida legislativa o administrativa a ser  adoptada por las entidades estatales. 

b) Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla  reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias  existentes entre las culturas y contribuyendo al  reconocimiento y valor de cada una de ellas. 

c) Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la  posición de los pueblos indígenas u originarios durante el  proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración  y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las  instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u  originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando  prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas  antidemocráticas.

d) Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante  procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa  o administrativa que se busca adoptar, así como tomando  en cuenta las circunstancias y características especiales de  los pueblos indígenas u originarios involucrados. 

e) Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo  considerando plazos razonables que permitan a las  instituciones u organizaciones representativas de los  pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y  realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa  o administrativa objeto de consulta. 

f) Ausencia de coacción o condicionamiento. La  participación de los pueblos indígenas u originarios en  el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o  condicionamiento alguno. 

g) Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios  tienen derecho a recibir por parte de las entidades  estatales toda la información que sea necesaria para  que puedan manifestar su punto de vista, debidamente  informados, sobre la medida legislativa o administrativa  a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar  esta información desde el inicio del proceso de consulta  y con la debida anticipación.

TÍTULO II 
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER  CONSULTADOS 

Artículo 5. Sujetos del derecho a la consulta 

Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas  u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados  de forma directa por una medida legislativa o administrativa. 

Artículo 6. Forma de participación de los pueblos indígenas  u originarios 

Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos  de consulta a través de sus instituciones y organizaciones  representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres  tradicionales. 

Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas  u originarios 

Para identificar a los pueblos indígenas u oaariginarios como  sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y  subjetivos. 

Los criterios objetivos son los siguientes: 

a) Descendencia directa de las poblaciones originarias del  territorio nacional.

b) Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el  territorio que tradicionalmente usan u ocupan. 

c) Instituciones sociales y costumbres propias. 

d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros  sectores de la población nacional. 

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia  del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u  originaria. 

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades  nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados  también como pueblos indígenas u originarios, conforme a  los criterios señalados en el presente artículo. 

Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos  indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos.

TÍTULO III 
ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 

Artículo 8. Etapas del proceso de consulta 

Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o  administrativa deben cumplir las siguientes etapas mínimas  del proceso de consulta: 

a) Identificación de la medida legislativa o administrativa que  debe ser objeto de consulta. 

b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser  consultados. 

c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa. d) Información sobre la medida legislativa o administrativa. 

e) Evaluación interna en las instituciones y organizaciones  de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida  legislativa o administrativa que les afecten directamente. 

f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y  representantes de los pueblos indígenas u originarios. 

g) Decisión. 

Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta 

Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad,  las propuestas de medidas legislativas o administrativas que  tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse  que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos,  se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. 

Las instituciones u organizaciones representativas de los  pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación  del proceso de consulta respecto a determinada medida  que consideren que les afecta directamente. En dicho caso,  deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad  estatal promotora de la medida legislativa o administrativa  y responsable de ejecutar la consulta, la cual debe evaluar la  procedencia del petitorio. 

En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder  Ejecutivo y desestime el pedido de las instituciones u  organizaciones representativas de los pueblos indígenas u  originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano  técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.  Agotada la vía administrativa ante este órgano, cabe acudir  ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u  originarios a ser consultados 

La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser  consultados debe ser efectuada por las entidades estatales  promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre  la base del contenido de la medida propuesta, el grado de  relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial  de su alcance.

Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa 

Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa  o administrativa deben ponerla en conocimiento de las  instituciones y organizaciones representativas de los pueblos  indígenas u originarios que serán consultadas, mediante  métodos y procedimientos culturalmente adecuados, tomando  en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan. 

Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o  administrativa 

Corresponde a las entidades estatales brindar información a los  pueblos indígenas u originarios y a sus representantes, desde  el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación,  sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de  la medida legislativa o administrativa. 

Artículo 13. Evaluación interna de las instituciones y  organizaciones de los pueblos indígenas u originarios 

Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u  originarios deben contar con un plazo razonable para realizar  un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida  legislativa o administrativa y la relación directa entre su  contenido y la afectación de sus derechos colectivos. 

Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural 

El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los  fundamentos de la medida legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos  colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre  las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las  cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios  y autoridades públicas responsables de llevar a cabo el  proceso de consulta. 

Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben  quedar contenidas en un acta de consulta, la cual contiene  todos los actos y ocurrencias realizados durante su desarrollo. 

Artículo 15. Decisión 

La decisión final sobre la aprobación de la medida  legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal  competente. Dicha decisión debe estar debidamente  motivada e implica una evaluación de los puntos de vista,  sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos  indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así  como el análisis de las consecuencias que la adopción de  una determinada medida tendría respecto a sus derechos  colectivos reconocidos constitucionalmente en los tratados  ratificados por el Estado peruano. 

El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u  originarios, como resultado del proceso de consulta, es de  carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no  se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales  adoptar todas las medidas que resulten necesarias para  garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno  desarrollo. 

Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son  exigibles en sede administrativa y judicial. 

Artículo 16. Idioma 

Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la  diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios,  particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es  hablada mayoritariamente por la población indígena. Para  ello, los procesos de consulta deben contar con el apoyo de  intérpretes debidamente capacitados en los temas que van  a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados  ante el órgano técnico especializado en materia indígena del  Poder Ejecutivo.

TÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES  RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA 

Artículo 17. Entidad competente 

Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o  administrativas relacionadas de forma directa con los derechos  de los pueblos indígenas u originarios son las competentes para  realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas  que contempla la presente Ley. 

Artículo 18. Recursos para la consulta 

Las entidades estatales deben garantizar los recursos  que demande el proceso de consulta a fin de asegurar la  participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios. 

Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en  materia indígena del Poder Ejecutivo 

Respecto a los procesos de consulta, son funciones del  órgano técnico especializado en materia indígena del Poder  Ejecutivo las siguientes: 

a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de  implementación del derecho a la consulta. 

b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las  entidades estatales y los pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en  particular. 

c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones  representativas de los pueblos indígenas u originarios e  identificar a las que deben ser consultadas respecto a una  medida administrativa o legislativa. 

d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las  entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la  calificación de la medida legislativa o administrativa  proyectada por las entidades responsables, sobre el  ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos  indígenas u originarios, a ser consultados. 

e) A sesorar a la entidad responsable de ejecutar la  consulta y a los pueblos indígenas u originarios que son  consultados en la definición del ámbito y características  de la consulta. 

f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos  a los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y  organizaciones representativas. 

g) Registrar los resultados de las consultas realizadas. 

h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e  intérpretes idóneos de las lenguas indígenas u originarias.

i) Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su  reglamento. 

Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos  indígenas u originarios 

Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas  u originarios y sus instituciones y organizaciones  representativas, la que está a cargo del órgano técnico  especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 

La base de datos contiene la siguiente información: 

a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que  los pueblos indígenas u originarios se identifican. 

b) Referencias geográficas y de acceso. 

c) Información cultural y étnica relevante. 

d) Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat  de las regiones que los pueblos indígenas u originarios  ocupan o utilizan de alguna manera. 

e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado. 

f) Instituciones y organizaciones representativas, ámbito  de representación, identificación de sus líderes o  representantes, período y poderes de representación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al  Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura  como el órgano técnico especializado en materia indígena del  Poder Ejecutivo. 

SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas  sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco  modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto  las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su  vigencia. 

TERCERA. Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que  aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación  del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las  Actividades Minero Energéticas. 

CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa  días de su publicación en el diario oficial El Peruano a fin  de que las entidades estatales responsables de llevar a  cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la  organización requerida para ello. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su  promulgación. 

En Lima, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil  once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF 

Presidente del Congreso de la República 

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en el distrito de Imaza, a los seis días del mes de  septiembre del año dos mil once. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

SALOMÓN LERNER GHITIS 

Presidente del Consejo de Ministros

[Continúa…]

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