Ley 30304: su alegada vulneración al principio de igualdad ante la ley [Expediente 3760-2020, Tumbes]

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Ley 30304: su alegada vulneración al principio de igualdad ante la ley

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE

Lima, quince de julio de dos mil veinte.-

I. VISTA la causa en la fecha, por el colegiado de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana-Presidente, Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Bustamante Zegarra y Linares San Román; con el voto en mayoría de los señores magistrados Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Bustamante Zegarra y Linares San Román, y el voto en discordia del magistrado Pariona Pastrana, se emite la siguiente resolución: y


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 CONSIDERANDO:

I.- MATERIA DE CONSULTA:

Es objeto de consulta la sentencia de Conformidad Relativa o Limitada- contenida en la resolución número dos de veinte de agosto de dos mil diecinueve1, expedida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que inaplicando el artículo 57º, párrafo final, del Código Penal, con la modificatoria dispuesta por Ley 303042 (que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384° y 387° del mismo Código), por incompatibilidad con los principios de proporcionalidad y del régimen penitenciario o fin constitucional de la pena previstos en el artículo 2° inciso 24, literal d), y artículo 139º inciso 22 de la Constitución Política del Estado, declaró al imputado Jorge Luis Sipión Riojas autor del delito contra la Administración Pública, bajo el tipo de peculado doloso por apropiación ilícita, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano – Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Tumbes, imponiéndole: (i) la pena de tres años y cinco meses de pena privativa de la libertad, cuya ejecución fue suspendida por el mismo periodo, sujeto a reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento; (ii) la pena de ciento setenta (170) días multa, por un total de mil doscientos cinco con 00/100 soles (S/ 1,205.00), teniendo por cancelada la suma de mil sesenta y dos con 50/100 soles (S/ 1,062.50), quedando pendiente de pago la suma de ciento cuarenta y dos con 50/100 soles (S/ 142.50); (iii) la pena de inhabilitación de cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 36°, incisos 1 y 2, del Código Penal; (iv) el pago de una reparación civil equivalente a trece mil setecientos ochenta con 00/100 soles (S/ 13,780.00), quedando un saldo pendiente de seis mil doscientos veinte con 00/100 soles (S/ 6,220.00), a cancelarse en cuatro armadas mensuales, cada una ascendente a mil quinientos cincuenta con 50/100 soles (S/ 1,550.50); y, (v) el pago de costas por el monto de ochocientos con 00/100 soles (S/ 800.00), que se declararon cancelados a dicha fecha.

II. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA:

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 408°del Código Procesal Civil, la consulta procede contra las resoluciones de primera instancia que no son apeladas, en las que el Juez prefiere la norma constitucional a una legal ordinaria, lo que se advierte del contenido de la resolución número dos de veinte de agosto de dos mil diecinueve, expedida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, decisión judicial que al no ser impugnada generó que se disponga la elevación de los actuados en consulta a esta Suprema Sala.

SEGUNDO.- Siendo competencia de esta Sala Suprema conocer en última instancia el ejercicio del control difuso a través del mecanismo procesal de la consulta, en virtud de lo establecido en el artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 3° del Código Procesal Constitucional y artículo 408° del Código Procesal Civil, corresponde que se proceda a verificar la validez del ejercicio del control constitucional difuso aplicado en el presente caso.

III. SOBRE EL CONTROL CONSTITUCIONAL:

TERCERO.- El control constitucional es el marco general del tema materia de consulta, siendo necesario tener presente que la doctrina y la legislación comparada reconocen la existencia de dos sistemas de control de constitucionalidad de las normas jurídicas: el control difuso y el Control concentrado. Este control, revisión o examen de constitucionalidad de las leyes, consiste en comprobar si todas aquellas que integran el sistema jurídico son conformes con la Constitución Política, control que varía según la opción del constituyente.


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CUARTO.- El artículo 138°, segundo párrafo, de la Constitución Política del Perú, sin importar jerarquías de los órganos jurisdiccionales, encarga a los jueces el respeto a los principios de supremacía de la Constitución y también de jerarquía de las normas. En otras palabras, dicho control convierte a los órganos jurisdiccionales en los principales controladores de la legalidad constitucional, debiendo aplicarse dicha facultad solo cuando existe un conflicto real y concreto de intereses, en el que debe discernirse la compatibilidad o incompatibilidad constitucional de una norma inferior; pero además, constituye un mecanismo idóneo de control de excesos legislativos en que puedan incurrir los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de modo tal que se constituye en un mecanismo de equilibrio del ejercicio del poder del Estado.


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