Ley 30364: Entre lo bueno y lo malo de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

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Entre lo bueno y lo malo de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

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Han pasado más de 5 años desde que se promulgó la Ley 30364, y sus  diversas modificaciones del reglamento; sin embargo cabe preguntarse si todavía existen algunos vacíos legales. El siguiente artículo presenta un breve balance y plantea las tareas pendientes sobre dicha normativa.

Edward Steven Pariona La Torre

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de Ucayali.

1. Aspectos Generales

2. Violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar

    2.1. Violencia contra la mujer

    2.2. Violencia contra miembros del grupo familiar

3. Proceso especial y Medidas de Protección

4. Ley de violencia familiar

    4.2. El lado bueno

    4.3. El lado malo

5. Conclusiones

1. Aspectos Generales

El 23 de noviembre de 2015 se aprobó la Ley 30364 – en adelante Ley -, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y creo un proceso especial el cual ahora también cuenta con un Reglamento publicado el 27 de julio de 2016 – en adelante Reglamento –, que establece sus características muy particulares que lo diferencian de otros procedimientos preexistentes en nuestras normativas.

Posteriormente surgieron un sinfín de modificaciones para la ley y reglamento, el primero de ellos fue el Decreto Legislativo 1386 de fecha 4 de septiembre de 2018 y la Ley 30862 de fecha 5 de octubre de 2018 que reforman la ley, y la Ley 30364 de fecha 07 de marzo del 2019 que reforma el reglamento, a fin de que existencia congruencia entre la ley con otras dispositivos legales como código penal, procesal penal y tapar aquellos vacíos legales que existían. 

2. Violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar

La palabra violencia es un término usual en nuestro lenguaje común que son utilizados para diferentes oraciones y que lamentablemente también se llevan a la práctica, es una de las tantas problemáticas surgidas en nuestro país y en el mundo desde tiempos remotos de nuestra historia, es parte de la vida del hombre arraigado en su ser hasta fines de su mera existencia. Hablar de violencia es ir contra de otro ser vivo alterando su libre desarrollo y subordinándolo, sacando provecho de su sometimiento utilizarlo a conveniencia propia e incluso de tercero interesados. Este término posee diversas acepciones, asi lo resalta Irma Adrianzen al precisar que: “el termino violencia expresa múltiples y variadas situaciones, por lo que es abordado desde diversas ópticas pero con un mismo común denominador, sus típicas características de conductas violentas. Las particularidades de una conducta para ser connotada como violencia son: necesidad de un contexto social interpersonal e intergrupal, intencionalidad y daño como consecuencia del acto agresivo” [1].

La ley protege a la mujer en sus diferente ciclos de vida y a los miembros del grupo familiar en su ámbito de aplicación, tal como indica en su artículo 4 que dice lo siguiente: “Las disposiciones de la presente ley se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por sus condición como tales y contra los integrantes del grupo familiar” [2]. Es importante poder desarrollar cada uno de los puntos mencionados anteriormente respecto a los sujetos protegidos por esta ley de la siguiente manera:

2.1. Violencia contra la mujeres

La violencia contra la mujer constituye una expresión de toda violencia que se ejerce por el hombre contra esta por su condición de tal, y tiene su génesis en la discriminación intemporal, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Desde esta perspectiva la violencia contra las mujeres no se reduce al ámbito  familiar (como parte de la relación de subordinación), sino a una estructura social caracterizada por la discriminación, desigualdad y relaciones de poder entre el hombre y la mujer [3].

El artículo 5 de la presente ley [4] que tiene como base en el artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar Erradicar la Violencia contra la Mujer – Belem Do Pará [5], estas normativas busca una definición sobre los que constituyen actos de violencia contra la mujer – violencia física, psicológica, sexual – en los diversos ambientes que podría presentarse – sea público o privado – y encontrarse la mujer.

Violencia Familiar y los Integrantes del Grupo Familiar, Perspectiva de Género y Feminicidio

2.2. Violencia contra miembros del grupo familiar

Es toda acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder, de parte de un(a) integrante a otro (a) del grupo familiar [6].

A diferencia de los actos de violencia contra la mujer en donde el agresor puede ser una persona ajena al grupo familiar de la mujer, la violencia contra los integrantes del grupo, solo serán tratados dentro del marco de la Ley y Reglamento, siempre que los actos de violencia hayan sido perpetuados por los integrantes del grupo familiar de las víctimas [7].

3. Proceso especial y Medidas de protección

El proceso especial regulado por la ley inicia con la denuncia de la víctima ya sea oral o escrita  ante la dependencia policial, fiscalía penal y juzgado de familia, si la denuncia se realiza de menara oral ante la dependencia policial, esta debe remitir el acta policial y demás actuados dentro de las 24 horas al juzgado de familia y la fiscalía penal de turno competente simultáneamente, por otro lado si la victima presenta su denuncia mediante escrito es facultativo presentar medios probatorios, en caso de presentarse serán valoradas de manera inmediata en audiencia única por el juez de Familia. La victima al momento de interponer su denuncia tendrá que ser evaluado(a) mediante ficha valoración, dependiendo el daño de afectación obtenido serán dictadas las medidas de protección, por ejemplo con afectación leve o moderado las medidas de protección serán dictadas dentro de las 48 horas, en caso de afectación grave serán dictadas dentro de las 24 horas de conocida la denuncia, estipulado en el artículo 16 de la presente ley [8].  El juez de Familia o Mixto una vez llegada la audiencia con o sin presencia de las partes que fueron debidamente notificadas, dictara las Medidas de Protección, que son medidas judiciales para resguardar la integridad personal y patrimonio de la víctima de violencia; atendiendo las circunstancias particulares del caso, resultados de la ficha de valoración de riesgo, persistencia de denuncias, relación de la víctima con la persona denunciado, entre otros [9].

Las medidas de protección serán ejecutadas por la policía nacional de Perú, el cual tendrá la dirección de las partes – víctima y agresor – con el fin de poner en conocimiento al juzgado de origen la aplicación correcta de las medidas de protección, caso contrario incurriría al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad configurado en el artículo 368 del Código Penal [10] concordante con el artículo 22 de la presente ley [11]. Estas medidas también son oficiadas en original a la fiscalía penal turno para actuar conforme a sus atribuciones, quedando en el juzgado de origen copias certificadas, ahora para estos actos de violencia se determinara si es delito, en este caso será remitido a la fiscalía penal o mixto de turno, en caso de faltas será enviadas al juzgado de Paz Letrado, en caso de dudas si es falta o delito será enviado el fiscal Penal o Mixto para que determine si el acto de violencia familiar es un delito o falta. Las medidas de protección pueden ser modificadas y ampliadas a pedido de la agraviada, con el fin de salvaguardar la integridad de la misma frente a nuevos casos de violencia si se presentara. La vigencia de las medidas de protección tendrá en cuenta en dos momentos: la primera es la preliminar de la investigación y la segunda cuando existe un control judicial. La primera de ella es cuando el fiscal Penal o Mixto decide no decide formalizar la investigación y archiva el caso, y la segunda es cuando existe un control judicial, en la etapa intermedia el fiscal solicita el sobreseimiento del caso, pero al asistir un control judicial debe ser evaluado por el juez de investigación para declarar fundado el sobreseimiento, para su archivo definitivo, el otro momento que se presenta es en la etapa juicio oral mediante sentencia condenatoria o absolutoria, o cuando el juzgado de paz letrado de los actos de violencia, que constituye faltas luego de analizados los hechos considera en absolver el caso y disponer el archivo, que se pondrán en conocimiento al juzgado de familia que dicto las medidas de protección. Para el maestro Juan Carlos Del Águila Llanos otro momento que culmina la vigencia de las medidas de protección es cuando luego de la apelación presentada ante el juez de Familia o Mixto, el Superior Jerárquico correspondiente proceda a revocar la decisión del a quo dejando sin efecto la medida de protección otorgada [12].

4. La ley de violencia familiar

4.2 El lado bueno

  • Es la celeridad del proceso especial a fin de poder salvaguardar el bienestar integral a través de las medidas de protección a favor de la mujer y cualquier miembro integrante del grupo familiar, dejando de lado las formalidades que si se respetan en otros procesos contenciosos. Este la ley es uno de los tantos remedios  – no la cura – para controlar la problemática que alberga a nuestra sociedad que es la violencia.
  • Es un buen incentivo por parte del Estado y la importancia para proteger de manera inmediata a las mujeres que son el género más afectado por actos de violencia en sus distintas modalidades,  y de igual manera a la protección a los integrantes más vulnerables del grupo familiar.
  • Las notificaciones por cedula no cumple con la celeridad de este proceso especial, es por ello que la ley da la facilidad de poder notificar a las partes a través de llamadas telefónicas, facsímil, WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.
  • En los casos de flagrancia de delitos relacionados con actos de violencia familiar, los efectivos policiales procederán a detener al agresor, allanar el domicilio o el lugar donde se produzcan los hechos, posteriormente comunicar de lo acecido al fiscal Penal o Mixto de turno para que realice las investigaciones correspondientes, y el juez de Familia o Mixto para que dicte las medidas de protección a la víctima.
  • Con esta nueva ley de violencia familiar el solo abandono del proceso de violencia familiar no trae consigo el archivamiento del caso, la inconcurrencia de las partes audiencia tampoco da por concluido el proceso de violencia familiar para posteriormente ser archivado, ni a pedido del agresor cuando solicita el archivo del caso por desinterés de la víctima, con esta  nueva ley el juzgado actúa  de oficio al proceso conforme a la magnitud del desarrollo que se encuentre. El juez de Familia o Mixto resolverá el auto de medidas protección conforme a la declaración de la víctima y lo medios probatorios recabados por parte de policía – debiendo cumplir con los parámetros y protocolos de medicina forense del Ministerio Publico – pues es necesario que exista una concordancia entre lo narrado por la víctima y lo encontrado el prueba material relativa, – la misma que también será utilizada por el fiscal al inicio de la investigación preliminar – y conforme a ello dará lugar o no a las medidas de protección.

4.3 El lado malo

  • La carga judicial, en este punto se tendría que abarcar uno de los problemas de los juzgados de nuestro país, en ocasiones por la misma falta personal capacitado y el empapelamiento innecesario, cuando las partes no muestran interés al caso, hace que el dictado de las medidas de protección no se han emitidos dentro del plazo establecido por ley.
  • La falta de comunicación entre los juzgados y la policía nacional del Perú, hace imposible el diligenciamiento de oficios y la ejecución de las medidas de protección.
  • Sobre las evaluaciones psicológicas y los certificados médicos legales, estas en algunas ocasiones no son practicadas conforme a los protocolos de medicina forense del Ministerio Publico, reciben como respuesta de dichos profesionales no estar capacitados para ello, y en la etapa de sanción en donde el fiscal encargado de las investigaciones decide no formalizar la investigación preparatoria y archivar el caso, al no poder en muchas ocasiones identificar la naturaleza del daño de gravedad perpetrado a la víctima, y a consecuencia de ello se deja sin efecto a las medidas de protección, el cual el denunciado podrá presentarlo ante el juzgado que dicto las medidas de protección para dejarlo sin efecto.
  • Las fichas de valoraciones, considero que deberían ser practicado por profesionales capacitados – si bien es cierto estas son practicadas por efectivos policiales, fiscales, asistentes en función fiscal, juez y secretario de juzgado – en la materia, es decir, como psicólogos, ya que están óptimas condiciones para hacerlo, no basta llenar una ficha y sacar como resultado que esta persona tiene daño severo o grave, y luego dictar las medidas de protección dentro de las 24 horas si el daño es severo, esto sucede en la práctica y  está mal pues es necesario saber si estas personas al momento de responder estas diciendo la verdad, el solo movimiento corporal y gesticulación facial delata al mentiroso (a), y es aquí que los profesionales como psicológicos actúan. 
  • Otro gran problema de la ficha de valoración es que esta se encuentran en muchas páginas de internet, como el diario oficial el peruano, ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, centro de emergencia de la mujer y otras, estas pueden ser aprovechadas por estas personas para victimizarse al momento de responder las preguntas de la ficha de valoración, con el fin de conseguir las medidas de protección.

5. Conclusiones:

  • La presente ley cuenta con un proceso especial que cuenta con dos etapas: etapa de protección y etapa de sanción. Cada una de ellas tiene una finalidad, la primera de ellas busca dictar las medidas de protección y/o medidas cautelares a favor de la víctima, la segunda busca que los actos de violencia se ha configurado como delito o falta, a fin de buscar una sanción penal para el agresor.
  • La carga excesiva que tiene actualmente los juzgados de familia a nivel nacional, es uno de los problemas que existe en la actualidad ya que estos se encargan de ver temas de familia penal, familia civil y tutelar, pues considero que deben existir juzgados especializados en violencia familiar como ahora existe en las fiscalías especializadas en violencia familiar, de esa manera se evita la carga innecesaria a las labores que tiene los juzgados de familia.
  • Sobre la derecho de defensa del agresor en la etapa pre judicial o etapa de protección existe un debate respecto a ello, pues un grupo de juristas indican que el derecho a la defensa del agresor se vulnera y esta va en contra la constitución, a mi punto de vista considero que este al ser un proceso especial es  célere – diferente a los demás procesos – lo que trata es de proteger a la víctima de violencia de manera inmediata, y esto no significa que no se le tendrá que notificar al agresor, pues es necesario que el mismo tenga conocimiento de la fecha de la audiencia para que pueda presentarse, aunque no es necesario su presencia se tiene que poner en conocimiento del contenido de las medidas de protección, pues considero que en la etapa de sanción debe surgir el contradictorio entre las partes, en donde el agresor contradiga los medios probatorios recabados que dieron origen a las medidas de protección, al igual que en la segunda instancia el agresor puede interponer su recurso de apelación pues considera que su derecho a la defensa fue vulnerado por el aquo.
  • Es recomendable que si la persona considera que ha sufrido violencia psicológica interponga su denuncia al juzgado de Familia o Mixto, ya que estos cuentan con el Equipo Multidisciplinario, psicólogos y trabajadores sociales. Si considera la víctima que ha sufrido afectación física es necesario que este interponga su denuncia a la dependencia policial o fiscalía Penal o Mixto de turno, ya que cuentan con acceso directo con el instituto de medicina legal forense. 
  • Es bueno tener una ley que proteja a la mujer y a los miembros de la familia, pero esta no es la solución al problema que es la violencia pues debe  existir (…) políticas sociales previas, acciones educativas y las inversiones estatales destinadas a mitigar los efectos de estas conductas en relación con las víctimas [13].
  • Nuestro legisladores deberían actuar no solo cuando exista el problema, sino actuar con medidas preventivas y educativa para evitar el mayor números de casos de violencia, con participación de profesionales en centros educativos y charlas gratuitas para los padres de familia, una sociedad que vive en violencia es un reflejo de las familias que no pueden solucionar sus problemas buscando el camino más fácil que es la violencia e intimidación.

[1]Adrianzen Ibarcena, Irma Corina. ¡Alto! Problema de violencia contra la mujer. Lima: Fondo editorial de USMP, 2014.p. 41.

[2] Artículo 4 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

[3] Castillo Aparicio, Johnny E. La Prueba en el delito de Violencia contra la Mujer y el grupo familiar. Lima: editorial Editores del Centro, 2019. p.40.

[4] Primer párrafo del artículo 5:

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición como tales, tanto en el ámbito público como en el privado.

[5]Parte del artículo 1:

(…) debe entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o privado.

[6] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conoce la Ley 30364 – Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su Reglamento D.S 009-2016-MIMP, p. 05. Página Web www.mimp.gob.pe [consulta: 10 de junio de 2020].

[7] Del Águila Llanos, Juan Carlos, Violencia Familiar. Lima: editorial Ubi Lex, 2017. p.47.

[8] Incidente a) y b) artículo 16:

El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

  1. En el caso de riesgo leve o moderado, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas,  contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la victima
  2. En el caso de riesgo severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y emite las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima. En este caso puede prescindir de la audiencia.

          [9] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.Op.cit., p.10.

          [10] Primer párrafo del artículo 368:

El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario    público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años. (…)

         [11] artículo 24:

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal.

[12] Del Águila Llanos, Juan Carlos, .Op.cit., p.133.

[13] Arocena, Gustavo Alberto. El femicidio o feminicidio en el derecho Argentino. Lima: Editorial el Pacifico, 2016. p.248.