Litigio constitucional contra la minería ilegal en el Cénepa

0
170
Litigio-constitucional-contra-la-mineria-ilegal-en-el-Cenepa

Loading

Mañana en el 1er juzgado civil de Bagua en Bagua, en la Corte de Amazonas es la audiencia en la demanda de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal y Cooperación, contra el andamiaje normativo que promueve la minería ilegal. 

Es increíble la capacidad de la minería ilegal y de las economías ilegales organizadas en torno a la minería ilegal, de destruir tejido social, institucionalidad pública, organizaciones de la sociedad y sobre todo de contaminar los recursos naturales de los cuales depende su subsistencia los pueblos indígenas. 

1. ¿Cuál es el hecho lesivo?

Los hechos lesivos son:

a. La aplicación del artículo 2° de la Ley Nº 31388, (que modifica el Decreto Legislativo 1293) al caso de la minería ilegal en la región de Amazonas, en el extremo en que amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo del proceso de formalización minera modificando lo establecido en el art.6 del Decreto Legislativo

1293, la cual constituye materialmente, en los hechos, una autorización otorgada para que nuevos mineros accedan al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y con ello afecten al medio ambiente. 

[Lee también: Ruta de Litigio Constitucional de Defensa de Cabecera de Cuencas]

Esto implica que un número mayor de personas pueda continuar realizando actividades mineras sin contar con los permisos y autorizaciones que las normas exigen, es decir, sin título de concesión minera o contrato con el titular, sin acreditar derecho sobre los terrenos superficiales, sin autorizaciones de agua ni instrumento de gestión ambiental. Todo ello, mientras dura el proceso de formalización.

b. La realización de actividades mineras en la región de Amazonas por parte de mineros ilegales e informales, las cuales afecten al medio ambiente. Cada vez son más las personas que vienen realizando actividades mineras sin contar con los permisos y

autorizaciones que las normas exigen, es decir, sin título de concesión minera o contrato con el titular, sin acreditar derecho sobre los terrenos superficiales, sin autorizaciones de agua ni instrumento de gestión ambiental. 

2. ¿Cuá es el petitorio de la demanda de amparo? 

De conformidad con los artículos 1° y 72° del Código Procesal Constitucional, le solicitamos declarar fundada la presente demanda de amparo y, en consecuencia:

a. Primera pretensión principal: Declarar fundada la demanda y disponer el cese inmediato de la afectación y amenaza cierta e inminente a los derechos constitucionales descritos, y, en consecuencia, ordenar la suspensión inmediata de las actividades mineras ilegales e informales que vienen llevándose a cabo amparadas ella en la Ley N.º 31388 en toda la región de Amazonas; debiendo ordenar al Ministerio de Interior disponga de efectivos policiales para ejecutarse este extremo. 

[Lee también: Chumbivilcas: audiencia contra corredor vial minero]

b. Segunda pretensión principal: Ordenar al MINEM, en aplicación del segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución, y el artículo 8 del NCPConst. la inaplicación de la Ley N.º 31388 y sus disposiciones complementarias finales, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo de vigencia del proceso de

formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, que venció en diciembre 2021.

c. Pretensión Accesoria a la Segunda Pretensión Principal: Ordenar la culminación definitiva del proceso de formalización minera y la culminación del proceso de la inscripción a nivel nacional de los pequeños mineros y mineros artesanales en el Reinfo.

3. ¿Cuáles son los derechos constitucionales afectados?

En el caso concreto existen vulneraciones y amenaza cierta e inminente a los siguientes derechos fundamentales:

a. Vulneración del derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida, reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución, y desarrollado en la OC.023 de la Corte IDH;

b. Vulneración del derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política, en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, los artículos I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre;

c. Vulneración del derecho fundamental a la vida y a la integridad física, reconocido en el artículo 2.1 de la Constitución y en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos;

d. Vulneración del derecho fundamental a la vida y condiciones de existencia digna, reconocido en el artículo 4 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre (DADDH), el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), los artículos 4 y 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y el artículo 2.1 de la Constitución Política del Estado; 

[Lee también: ¿Le conviene a una comunidad nativa volverse centro poblado menor?]

e. Vulneración del derecho fundamental al agua, reconocido en el artículo 7-A de la Constitución Política del Estado y el artículo 24.2.C de la CDN;

f. Amenaza cierta e inminente del derecho fundamental a la identidad cultural y religiosa de las comunidades Awajun del Cénepa, (arts. 2.19 y 89 de la Constitución Política; art. 2.2.b, 4.1, 5.a y b del Convenio 169 de la OIT; art. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 27º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; jurisprudencia de la Corte IDH);

g. Amenaza cierta e inminente al principio constitucional de conservación de la diversidad biológica, reconocido en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado;

h. Vulneración al principio constitucional de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, reconocido en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política del Estado; y

i. Vulneración al principio constitucional de prevención ambiental, en la forma de su incumplimiento, el cual se activa, señala el Tribunal Constitucional, ante los daños que puedan causar al ambiente como consecuencia de intervención humana en especial en relación de una actividad económica; haciendo énfasis en el riego del daño que no pueda ser conocido anticipadamente porque no se puede materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo.

[También te puede interesar: [Actualizado] Ley de recursos hídricos y reglamento]