Los centros penitenciarios en el Perú, en tiempos de covid-19

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Luis Alberto Santamaria Chavesta

Estudiante de pregrado de Derecho por la

Universidad Católica Santo Toribio de

Mogrovejo de Chiclayo

Sumario: 1. Introducción, 2. Panorama normativo, 3. Población carcelaria en el Perú y su enfoque actual, 4. ¿Qué medidas se están adoptando?, 5. Reflexiones finales, 6. Bibliografía

1.Introducción

Últimamente estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial, y específicamente en el Perú, donde estamos dando dura batalla al nuevo enemigo del siglo XXI, el llamado covid-19, y, frente al problema del sistema de salud en los hospitales que hoy en día se encuentra totalmente colapsado, tenemos otro gran dilema, que se viene arrastrando durante años atrás, nos referimos, a los hacinamientos carcelarios, que algunos lo definen como “la acumulación o amontonamiento de personas en el sistema carcelario considerado excesivo en relación con la capacidad máxima de los establecimientos penitenciarios”[i], que dentro de éste se encuentran inmersos problemas de recursos humanos, atención en salud, infraestructura y el tratamiento hacia las personas restringidas de su libertad, vulnerando de esta manera, derechos fundamentales que son reconocidos por cortes nacionales e internacionales.

Es evidente que, frente a esta pandemia, se ha visto la hecatombe en las cárceles, aunado a ello, el trato denigrante e inhumano que reciben, y a la vez, poniendo en riesgo la vida de muchos reclusos con enfermedades crónicas, enfermedades terminales, personas que aún se encuentran sin sentencia –presos preventivos- y muchos más casos en la que los poderes del estado en conjunto han debido trabajar y poner énfasis a esta crisis carcelería desde hace mucho tiempo.

2.Panorama normativo

Evocando el art. 7 de la Constitución Política del Perú nos menciona que: “todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa” el derecho a la salud integral se encuentra ligada con el derecho fundamental a la vida, que recoge el inciso 1 del art. 2 de la CPP; teniendo esto en cuenta, vale decir que el derecho a la vida constituye el primer derecho fundamental de la persona humana cuya protección y defensa corresponde a la sociedad y al Estado, de no existir el derecho a la vida carecería de sentido referirse a la constelación de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico para la protección y tutela de la persona humana.

Por otro lado, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce en su art. 5 inc. 2 que: “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, lo que confirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos que: “Toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”.

El Estado Peruano busca dar cumplimiento al propósito de brindar tratamiento integral a la población privada de su libertad, así como a las personas que se encuentran en semilibertad o de liberación condicional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020). En una política social de estado, es necesario saber, que al derecho penal se le debe conceptuar de ultima ratio para afrontar y enfrentar violación de derechos.

las cárceles cumplen un rol de ente ejecutor de la sanción penal y así mismo con funciones sociales e instrumentales, esto es, como “espacios educativos” para cumplir los objetivos del art. 139. inc. 22 de nuestra Carta Magna, señalando que “tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”.

El Código de Ejecución Penal reconoce el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en su art. 76 prescribiendo lo siguiente:

El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La administración penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, teniendo en cuenta las políticas nacionales de salud y especialmente los lineamientos y medidas establecidas por el Ministerio de Salud.

3.Población carcelaria en el Perú y su enfoque actual.

Cada vez que se ha intentado frenar a los hechos delictivos, las soluciones planteadas han incurrido en aumentar penas, cárceles, leyes, incrementación de resguardo policial; lo que ha llevado en no ayudar en mucho, pues, esto se sigue saliendo de control. El sistema penitenciario, ultimo eslabón del sistema penal Peruano sigue siendo el más olvidado y descuidado[ii].

En un último informe actual 2020 según parte la Defensoría del Pueblo, en el Perú operan un total de 68 penales a nivel nacional registrándose una población de 97 111 presos, de los cuales aproximadamente 5,156 son féminas; además, de los adultos, en las cárceles viven alrededor de 165 niños, de los cuales 86 son varones y 79 mujeres, éstos últimos tienen el derecho de permanecer con sus madres hasta haber cumplido los tres (03) años de edad[iii], originándose de esta manera una sobrepoblación carcelaria en los centros penitenciarios, pues, la capacidad a nivel nacional son para aproximadamente 40 600 internos. Este nuevo foco infeccioso a causa de la pandemia en centros penitenciarios, ha puesto en peligro la vida de las personas privadas de su libertad, declarándolos reos vulnerables al virus, por ello, se requiere una actuación inmediata por parte de los órganos de poder.

Actualmente el ministro de Justicia y Derechos humanos, Fernando Castañeda informó que, en el caso de los reos, han fallecido hasta el momento 182 presos por covid a nivel nacional, se han efectuado 3, 212 pruebas, resultando positivas 1, 223, de los cuales 9 se encuentran internos se encuentran hospitalizados, a esto se unen los agentes del Inpe, pues hasta la fecha 12 trabajadores de éste órgano han fallecido.

La salud se representa en una dimensión problemática al interior de nuestras cárceles peruanas, no solo por la sobrepoblación y el riesgo de internos e internas sino también por quienes laboran dentro de éstas, personas que están trabajando bajo infraestructuras deplorables, sin las medidas sanitarias adecuadas, a consecuencia de esto, la pandemia ha traído consigo muertes y daños irreparables, generando preocupación por los familiares tanto de reos como de agentes que laboran en el Inpe, los cuales necesitan un pronunciamiento y soluciones eficaces, por parte de las autoridades.

4. ¿Qué medidas se están adoptando?

Al parecer, las soluciones y respuestas han sido un tanto tardías para los centros penitenciarios, frente a estas medidas que tratan de solucionar los hacinamientos y de paso evitar la vulneración de derechos reconocidos nacional e internacionalmente, mencionaremos las siguientes medidas:

  • Mediante Decreto de Urgencia 029-2020 se otorgó al Inpe 10 millones de soles para adoptar medidas de prevención contra el covid-19.
  • Se aprobó el Decreto de Ley 1459 que optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios de covid-19.
  • Mediante Decreto Supremo 004-2020-JUS, se estableció supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales, y determina su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria pro covid-19. Para este Decreto Supremo se establecieron que esto sería en beneficio a: i) madres que tengan niños dentro del penal, ii) en estado de gestación, iii) que su condena se cumpla en los próximos 6 meses, iv) que se le haya impuesta pena efectiva no mayor de cuatro años y que sea mayor de edad, v) padecimiento de alguna enfermedad crónica que aumente su riesgo frente al covid-19.
  • El Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 5326/2020-PE que fue presentado por el Poder Ejecutivo, con la finalidad de que se le puedan delegar facultades para poder legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria para que establezcan medidas que permitan deshacinar los penales y centros juveniles
  • Como un plus ante esta pandemia, el Inpe mediante nota de prensa 190-2020-INPE comunico que el Poder Ejecutivo aprobó la entrega de un bono está de 720 soles para el personal del Instituto Penitenciario.

En un reciente fallo del 26 de mayo de 2020, el Tribunal Constitucional declaro un Estado de cosas inconstitucionales sobre la situación del hacinamiento carcelario a nivel nacional, además las condiciones deficientes de la infraestructura y servicios básicos; a consecuencia el colegio dispuso mediante expediente N 05436-2014-PHC/TC, que de no haber superado dicho Estado de cosas inconstitucionales se deberán cerrar seis (06) establecimientos penitenciarios con mayor hacinamiento, asimismo, se exhorto además al MINJUS para que elabore un nuevo Plan Nacional de Política Penitenciaria 2021-2025, en un plazo no mayor a tres meses.

Además, advirtió también al Poder Judicial a identificar un adecuado nivel de equilibrio entre los principios y derechos que se encuentran involucrados al dictar las prisiones preventivas, pues, las cárceles debes estar pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social.

5.Reflexiones finales

  • Debemos tener en cuenta que para un mejor ordenamiento carcelario y con el fin de evitar una sobrepoblación de ésta misma, se deben implementar políticas sobre cómo prevenir la delincuencia, que va más allá del incremento de penas gravosas, políticas que ayuden a un desarrollo y formación educativo y laboral.
  • Debemos dejar de crear indiferencias sociales y comenzar a identificar las zonas de riesgo que se encuentren al tope de la delincuencia, para que conjuntamente se trabaje con niños y jóvenes, desarrollando en ellos mejores formas de poder salir adelante, teniendo en cuenta los problemas que arraigan desde sus hogares, realizando, asimismo, charlas educativas y motivacionales que se trabajen en primera línea con las autoridades municipales.
  • Es necesario también velar por la salud tanto de internos como de todo el personal involucrado en los sistemas penitenciarios, de esta manera el Estado tiene la obligación de velar por al salud de todas las personas, dando una correcta atención médica, conjuntamente con la implementación de lugares adecuados para el correcto tratamiento de las personas privadas de su libertad, pues las defectuosas infraestructuras en los centros penitenciarios no permiten que se refleje un buen desarrollo normal de una persona.
  • En un enfoque económico según Cesar Peñaranda, el presupuesto anual del INPE para el año 2019 ascendió a S/820,5 millones, de los cuales S/170,6 millones se destinaron a infraestructura, monto insuficiente para los altos ratios de hacinamiento de la población carcelaria y la baja probabilidad de reinserción en la sociedad[iv].
  • La reinserción de un excarcelado implica un tema discriminatorio, pues para trabajar este punto negativo –discriminación-, sería fundamental la implementación de programas de reinserción ciudadana en coordinación conjunta de autoridades municipales y comités vecinales, que brinden ayuda familiar, emocional, para que posteriormente puedan reinsertarse a al ámbito laboral y social.
  • El mejoramiento y capacitación de profesionales y personal que laboran en distintas áreas de los penales, presentando programas establecidos para su buen desempeño dentro de los centros penitenciarios, promover especializaciones y brindar estímulos para un buen desarrollo laboral y personal.  y prestar atención dentro de las cárceles.
  • El covid-19, hoy, ha “desnudado” nuestras falencias, deficiencias y errores en temas carcelarios, problemas que abundan desde hace muchos años y los cuales nunca les hemos prestado atención, el momento es hoy, de poder cambiar estos males y trabajar en conjunto para dar soluciones, como país democrático se tienen que respetar y escuchar las voces de los que reclaman sus derechos –presos-, si esto no se respeta no sería correcto mencionar que el Perú es un país democrático comprometido con los derechos humanos y la libertad.

6.Bibliografía

Comision Episcopal de Accion Social. (2006). Una mirada al mundo carcelario Peruano. Lima : Editorila Roel SAC.

Defensoria del Pueblo. (2018). Un diagnostico de la realidad carcelaria de mujeres y varones. Lima: Tarea Asociacion Grafica Educativa.

Escobar, O. R. (2011). El hacinamiento carcelario y sus consecuencias. Revista Digital de la Maestria en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, 27.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2020). Apuntes para una politica penitenciaria. Lima: INDAGA.

Pontificia Universidad Catolica del Perú. (2008). Politica Penal y Politica Penitenciaria. Lima: Departamenteo academico de derecho de la PUCP.


[i] Revista digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica Nº3, 2011

[ii] Informe de Adjuntía Nº 006-2019-DP/ADHPH

[iii] Serie de informes especiales Nº 03-2020-DP

[iv] Informe económico, Cámara de Comercio de Lima, 2019