Los derechos de los pueblos indígenas cuando son procesados por la justicia estatal

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

Finalmente se realizó la audiencia en el proceso de hábeas corpus presentado por personas de la comunidad campesina de Urancancha, contra la sentencia que condena a 8 de sus miembros sin respetar las garantías del debido proceso.

1. Contra qué se presentó el hábeas corpus.

Contra la violación de derechos procesales de los condenados en que se ha incurrido a propósito de la expedición de la sentencia contenida en la resolución s/n del proceso penal recaído en el expediente N° 0900-2017 en la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el extremo en que confirma la condena a doce años de pena privativa de la libertad como autores del delito contra la libertad, en la modalidad de secuestro a Marcos Mario Arone Fernández, Víctor Fortunato Llantoy Ventura, Germán Llantoy Pérez, Yuri Jesús Huamani Melgar, Santos Fernández Huaranca, Paulino Ayala Jayo y Erison Licas Morales; todos ellos de la comunidad campesina de Urancancha, distrito de Victor Fajardo, provincia de Vilcanchos, Región de Ayacucho.

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2. Derechos procesales de las comunidades campesinas violados 

Esta sentencia ha sido emitida:

i. Sin proporcionar intérpretes a los procesados, como lo exige el artículo 2.19 de la Constitución, violándose además el derecho a la defensa, reconocido en el artículo 139. 14 de la Constitución. El fundamento 44 de la STC No 00367-2016-HC exigen proporcionar intérpretes cuando se autoperciban como comunidades campesinas quechua hablantes. (incide en derecho a la defensa)

ii. Sin ordenarse previamente peritaje antropológico, el cual hubiera permitido tomar en cuenta las diferencias culturales, como lo exige el artículo 10.1 del Convenio 169 de la OIT, violándose además el derecho a la defensa, reconocido en el artículo 139. 14 de la Constitución. (incide en derecho a la defensa)

iii. Sin preferirse las penas alternativas a la pena privativa de la libertad, como lo ordena el artículo 10.2 del Convenio 169 de la OIT, norma de rango constitucional.

Las violaciones de todos estos derechos procesales, tienen una incidencia directa en el derecho a la libertad ambulatoria, razón por la cual nos encontramos ante un hábeas corpus conexo.

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3. Necesidad de tomar en cuenta las diferencias culturales

i. El derecho a la identidad étnica y cultural, que no es otro que el derecho a ser diferente, a vivir según sus propias costumbres y cultura, diferente a la cultura dominante mayoritaria(art. 2.19 de la Constitución).

ii. La obligación del Estado reconocer y proteger el pluralismo cultural del país en general. Esto supone reconocer que hay varias culturas y naciones en el Perú, la obligación de proteger ese pluralismo, y hacer todos los esfuerzos para evitar que algún pueblo indígena se extinga (art. 2.19 de la Constitución).

iii. El reconocimiento constitucional de la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. (art. 89 de la Constitución).

iv. Respeto al principio de interculturalidad, que exige que la relación del Estado con los pueblos indígenas no es la imposición violenta del primero sobre el segundo, sino el diálogo respetuoso y el aprendizaje mutuo entre las diferentes culturas. (art. 17 de la Constitución Política y art. 4 de Ley 29798).

v. La obligación del Estado de promover sectores excluidos, y de crear las condiciones y satisfacer las necesidades mínimas de la población, en el marco de la clausula constitucional del Estado Social (art 43 y art. 59 de la Constitución).

vi. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, no solo prohíbe tratar diferente a los iguales sino, dar el mismo trato a los que no están en una situación similar, como es el caso de los pueblos indígenas. (art. 2.2 de la Constitución).

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