LOS DERECHOS LABORALES ESPECIFICOS E INESPECIFICOS Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO LABORAL PERUANO EN TIEMPOS DE COVID-19

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JORGE LUIS MAYOR SANCHEZ

Sumario: I. Resumen. II. Introducción. III. Derechos laborales específicos. IV. Derechos laborales inespecíficos o implícitos. V. Protección de los derechos laborales específicos e inespecíficos en el Perú en tiempos de Covid-19. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

  1. RESUMEN

El Estado Social de Derecho contenido en la Constitución peruana de 1993. La Constitución de nuestro país se sigue adscribiéndose a los países que tienen una Constitución que consagra un Estado social y democrático de Derecho.

Por otro lado, se reconocen una serie de derechos de “segunda generación” (el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación y otros, etc.), se asigna un papel fundamental al Estado en la vigencia, promoción y respeto de estos derechos sociales y el artículo 3 de la Constitución Política de 1993 establece una lista abierta de los derechos que tienen nivel de carácter constitucional. Sin duda, se han reducido, con relación a la Constitución de 1979 que tenía un gran carácter social y esencia jurídica como parte del Estado de Derecho. Ello no es una casualidad, respondió en su momento al interés de los miembros de la Asamblea Constituyente que dio origen final a la Constitución Política de 1993 por volver más sencillo y concreto el texto constitucional. Esta situación condujo, de acuerdo a lo señalado por varios constitucionalistas peruanos, a la configuración de un Estado liberal como es lo que hoy se percibe en materia económica; En nuestra opinión, la Constitución de 1993 mantiene en sí la esencia del carácter social del Estado de manera expresa y taxativa. Ciertamente, se han eliminado varias declaraciones principistas y no hay una profusión de normas que señalen la orientación del Estado peruano; empero, ello no implica que se pueda señalar que la Constitución establezca un Estado liberal. Podemos criticar a la Constitución de “austera” e incluso de mezquina, al desaparecer las normas que consagraban derechos de precisa que la Constitución de 1993 presenta características propias de un Estado policía -categoría similar  lo que se denomina un Estado liberal.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Derecho Procesal por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Política Jurisdiccional por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial por la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Doctorado en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca – España. Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca – España. Diplomado en Estudios Superiores en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Salamanca – España. Email: [email protected]

En nuestra opinión, la Constitución de 1993 mantiene el carácter social del Estado. Ciertamente, se han eliminado varias declaraciones principistas y no hay una profusión de normas que señalen la orientación del Estado peruano; empero, ello no implica que se pueda señalar que la Constitución establezca de por sí en el Perú un Estado liberal.

Es necesario, para conceptualizar los derechos laborales constitucionales implícitos y en su momento inespecíficos, clarificar ciertas cuestiones previas. En doctrina se distingue entre derechos fundamentales y derechos constitucionales, en cuanto los primeros refieren no solo a aquellos derechos reconocidos en la Constitución, y su validez no depende de su reconocimiento expreso, sino que deriva de su condición de inherentes al ser humano, contando con una especial relevancia material.

De otra manera; sr puede decir en cambio, el concepto tradicional de derecho constitucional tiene un carácter más restringido, y describe sólo a aquellos que están formalmente reconocidos muchos de ellos en materia laboral en la Constitución. Tenemos entonces que pueden existir derechos que en estricto sentido son “constitucionales” sólo porque se encuentran expresamente contemplados en la Constitución Política del Perú de 1993.

Los derechos fundamentales que no se encuentran incorporados en la redacción del documento constitucional, se asimilarán como “derechos constitucionales implícitos” o “derechos fundamentales innominados”. Entre los derechos contenidos en el catálogo constitucional y los derechos fundamentales implícitos existe una diferencia sustantiva radicada en un requisito de existencia exclusivo de los derechos innominados o inespecíficos y en materia laboral no es la excepción, a saber: la falta de vigencia normológica.

Esta condición impone al operador jurídico el poder-deber de realizar un ejercicio hermenéutico que permita aclarar el sentido de ciertas disposiciones. Existen ocasiones en que la interpretación es insuficiente para cubrir lagunas constitucionales consustanciales a los nuevos derechos laborales de carácter inespecíficos que demandan una tutela normativa, legislativa y de protección como todos los demás derechos laborales que son objeto de tutela jurisdiccional efectiva en nuestro país.

PALABRAS CLAVE: Derechos laborales. Específicos. Inespecíficos. Ámbito laboral. Constitución.

AREA: Derecho del Trabajo.

  1. INTRODUCCION

Los Derechos fundamentales, que en principio son derechos públicos subjetivos a ejercer frente al Estado peruano, despliegan además una eficacia en las relaciones entre particulares, es decir, una eficacia frente a terceros, a particulares (que no son poderes públicos) y en materia de derecho laboral no es la excepción. Esto no se discute. La cuestión es si estamos ante una eficacia directa o sólo ante una de carácter indirecto: es la cuestión conocida en la doctrina alemana como Drittwirkung der Grundrechte. Para el análisis de los problemas relativos a los derechos fundamentales, a la vista de la jurisprudencia española y de la doctrina y jurisprudencia alemana, Brage Camazano propone un método que “distingue entre el ámbito normativo del derecho fundamental, como contenido ab initio del derecho fundamental”, antes de toda posible restricción; la intervención en el derecho fundamental, que se refiere a las distintas formas de interferencia o injerencia en ese ámbito inicialmente protegido por el derecho; y la justificación constitucional de esa intervención.

Es un método de enjuiciamiento que, en buena medida responde a la naturaleza de las cosas, al esquema regla (libertad o derecho) excepción (restricciones de la libertad o derecho) que rige en tantos aspectos o ámbitos del derecho, pero que, a nuestro modo de ver, es antes que nada un expediente técnico que facilita el examen de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y hace más transparente dicho análisis.

En el Perú se ha ido formando una larga tradición de reconocimiento de derechos fundamentales innominados e incluso una serie de derecho laborales inespecíficos hacia el año 1993 la Constitución Política del Perú incorporo uno que otro artículo con esa tendencia previsora al revelar que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de Gobierno.”

  1. LOS DERECHOS LABORALES ESPECÍFICOS

La revolución francesa consagró derechos fundamentales del hombre frente al absolutismo monárquico; la libertad, igualdad y fraternidad fue una conquista del pueblo, promovida para enaltecer al individuo frente a la potestad despótica del poder de la nobleza, frente a la cual se le opuso el sistema republicano y democrático, la división de poderes y el sometimiento al imperio de las leyes fue la creación del Estado de Derecho.

Esos derechos del hombre, expresados individualmente no tenían el mismo peso en la balanza frente a los que detentaban el dominio de los bienes de la producción, el contrato de derecho privado que era ley y lo más justo para las partes, hasta ese momento, no avalaba un equilibrio en las prestaciones llevadas a cabo en el trabajo dependiente, en donde la voluntad se somete y el cuerpo se constriñe a la producción. Esa desigualdad fue equilibrada con la invención de lo colectivo (las organizaciones obreras, el conflicto, la negociación y el acuerdo colectivo), acompañó a ello la creación de normas estatales protectorias que evolucionaron progresivamente hacia la construcción del Constitucionalismo Social (1917).

Esta estructura superior fue la expresión de la necesidad de establecer derechos sociales inamovibles, que no quedaran en manos de la democracia representativa, siempre atada a la coyuntura política y económica. Con la culminación de la primera guerra mundial (1914) y el Tratado de Paz de Versalles en 1919, se crea la Organización Internacional del Trabajo. El Derecho del Trabajo nace internacional y se expresa de manera constitucional. Al finalizar la segunda guerra mundial (1945) aparecen una nueva oleada de Derechos Humanos internacionales como manifestación del “nunca más” a los regímenes totalitarios, aquellos valores del derecho natural transformados en derechos positivos como construcción histórica, cultural y colectiva.

A partir de este cambio de paradigma la protección de la dignidad de las personas es garantizada en la Declaración Universal de Derechos en materia laboral diseñada en normas de derecho positivo, despejando todo debate acerca de su formulación desde el derecho natural o juicio de valor filosófico trascendente, moral, o de otra índole. Aquella legitimidad a texto expreso pertenece al ius cogens internacional y como tal resulta de aplicación obligatoria por parte de los Estados miembros de los organismos internacionales de dónde emanaron.

  1. LOS DERECHOS LABORALES INESPECIFICOS O IMPLÍCITOS

Por todo ello; es necesario para conceptualizar los derechos laborales constitucionales implícitos, clarificar ciertas cuestiones previas. En doctrina se distingue entre derechos fundamentales y derechos constitucionales, en cuanto los primeros refieren no solo a aquellos derechos reconocidos en la Constitución, y su validez no depende de su reconocimiento expreso, sino que deriva de su condición de inherentes al ser humano, contando con una especial relevancia material.

En cambio, el concepto tradicional de derecho constitucional tiene un carácter más restringido, y describe sólo a aquellos que están formalmente reconocidos en la Constitución. Tenemos entonces que pueden existir derechos que en estricto sentido son “constitucionales” sólo porque se encuentran expresamente contemplados en la Constitución Política del Perú de 1993. Los derechos fundamentales que no se encuentran incorporados en la redacción del documento constitucional, se asimilarán como “derechos constitucionales implícitos” o “derechos fundamentales innominados”. Entre los derechos contenidos en el catálogo constitucional y los derechos fundamentales implícitos existe una diferencia sustantiva radicada en un requisito de existencia exclusivo de los derechos innominados, a saber: la falta de vigencia normológica.

Esta condición impone al operador jurídico el poder-deber de realizar un ejercicio hermenéutico que permita aclarar el sentido de ciertas disposiciones. Existen ocasiones en que la interpretación es insuficiente para cubrir lagunas constitucionales consustanciales o legales a los nuevos desafíos planteados por la evolución social y del derecho laboral peruano. En algunas de esas oportunidades, la magistratura ha efectuado construcciones normativas que justifican la protección constitucional de algunas pretensiones subjetivas sometidas a su decisión.

Este proceso invariablemente requiere validar la existencia del “nuevo derecho”, reconociéndole “fundamentalidad” y relevancia material. Una mejor comprensión de los derechos constitucionales implícitos requiere ilustrar sus principales características. Estos derechos son suprapositivos, irreversibles y carentes de reconocimiento expreso. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Las fuentes del derecho internacional de derechos humanos son variadas y complementarias; tratados, convenios, principios generales del derecho, costumbre, actos unilaterales de los Estados, y resoluciones de diversos organismos internacionales destacan entre las más importantes.

La interpretación de las normas internacionales también puede beneficiarse de la jurisprudencia que se genere sobre el punto en los Estados de todo el continente americano que son parte del sistema, puesto que la aplicación de normas domésticas a casos particulares también puede dar alcance y contenido más precisos a las normas de derechos humanos. Mirando esto desde otro ángulo, también el juez nacional, al interpretar una norma de derechos humanos nacional, debe tener en consideración las normas internacionales y la jurisprudencia internacional.

Luego de la Segunda Guerra Mundial y dada las atrocidades cometidas durante ese período, globalmente surgió una gran inquietud por establecer mecanismos internacionales que protegieran los derechos básicos de las personas y entre ellos los derechos laborales y expresaran aquellos valores universalmente compartidos, reconociendo a los individuos como sujetos de derecho internacional.

En el mes de abril de 1945, aún con las cicatrices frescas de la cruenta guerra, representantes de 50 países se reunieron en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos de Norteamérica, con el objeto de idear un organismo de carácter internacional, que permitiera promocionar la paz y evitar futuros enfrentamientos internacionales que amenazarán con poner en riesgo el futuro de la golpeada civilización, la comunidad internacional tradujo este deseo en la formación de la Organización de las Naciones Unidas, cuya acta fundante fue complementada con la intención manifiesta de establecer un documento capaz de garantizar un conjunto de derechos fundamentales con reconocimiento supranacional y amparo global, este instrumento finalmente conocido como “Declaración Universal de Derechos Humanos” fue aprobado en Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París – Francia, el 10 de Diciembre de 1948.

En la declaración se enuncian treinta derechos fundamentales que son considerados como un acervo jurídico común de observancia obligatoria para todos los países comprometidos como también es el Perú, sin perjuicio de esta enumeración de garantías se advierte en el Preámbulo de la Declaración la intención de valorar otros derechos inherentes al ser humano, consagrando que: el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

Las buenas intenciones reproducidas en la Declaración eran fuertemente limitadas por la naturaleza jurídica del instrumento, pues al ser una mera declaración los preceptos allí consignados no tenían fuerza jurídica obligatoria, en razón de ello y con la finalidad de otorgarles la eficacia capaz de garantizar los derechos enunciados, la declaración fue refundida en dos grandes tratados multilaterales, el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

A nivel continental se impulsa la creación de lo que hoy se conoce como un sistema interamericano de protección de los derechos humanos, este esfuerzo tiene como primer antecedente la IX Convención Interamericana efectuada durante el año 1948 en Bogotá, lugar donde se acordó la Carta de la Organización de Estados Americanos, y se ideó lo que meses después se aprobaría como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas por Resolución N° 2.200, del 16 de diciembre de 1966 encomendó al Consejo Interamericano de jurisconsultos dos tareas de enorme valor: impulsar la creación de un proyecto de Convención Americana de Derechos Humanos referido a la parte substantiva de la materia y liderar el establecimiento de un tribunal que aplicara ese derecho. Además se acordó crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya labor fundamental sería la promoción y observancia de los Derechos Humanos. La gestación del proyecto de Convención encomendada al Consejo Interamericano de Jurisconsultos fue una extensa labor enriquecida a lo largo de diez años por las propuestas de varios gobiernos del continente.

Corría el año 1969 cuando el Consejo de la Organización de Estados Americanos – OEA – convocó a una reunión especial en San José de Costa Rica, allí se aprobó el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido también como Pacto de San José de Costa Rica, a este instrumento podían adherirse todos los miembros de la organización y en todos ellos se tuvieron presente la opción futura de contemplar una serie de derechos laborales inespecíficos de futura concreción. En la misma ocasión, se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya finalidad principal encomendada es garantizar los derechos consagrados en la Convención.

La Corte posee una competencia contenciosa, limitada a los Estados partes en la Convención que expresamente le hayan conferido tal atribución, y una competencia consultiva extendida a todos los países miembros del sistema interamericano. En cuanto a la relación entre la Convención y los derechos fundamentales implícitos muchos en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Pacto de San José de Costa Rica incorpora un catálogo de derechos civiles y políticos (artículos 3 a 25) al que agrega una cláusula que eventualmente acogería derechos implícitos, esta regla interpretativa se encuentra establecida en el artículo 29° letra c) del instrumento, y señala que ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de “excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”.

A partir de lo cual podría señalarse que todos los países que ratificaron esta Convención habrían incorporado un catálogo abierto de derechos fundamentales -no enumerados- a sus ordenamientos, pero la escasa aplicación jurisprudencial que ha tenido esta cláusula como ventana para la consideración de nuevos derechos no permite otorgarle esta función, observándose más bien como una regla destinada a restringir la discrecionalidad del intérprete respecto a los derechos de libertad e igualdad consagrados en la Convención.

El artículo 29.c) también refleja la disposición del sistema interamericano en el sentido de que los tratados no conceden derechos humanos, sólo los reconocen. Y que pueden existir derechos humanos que no han sido formalmente reconocidos en cuerpo jurídico alguno. El artículo 29 de la Convención incluye en ella no sólo los derechos enunciados en el instrumento sino que todos aquellos que por medio de este precepto pudieran incorporarse. En el Perú, poco a poco la doctrina y jurisprudencia ordinaria mayoritarias han otorgado reconocimiento constitucional a los tratados internaciones ratificados por nuestro país, a partir de lo señalado en el artículo 75° inciso 22 de la Constitución Nacional, como ya se ha señalado.

La Convención Americana no contiene norma alguna en su articulado que regule el espacio que tiene en el derecho interno de cada Estado, sin embargo, en el Preámbulo se hace cargo de posibles conflictos reconociendo expresamente el carácter coadyuvante o complementario del instrumento. Señala al respecto que “reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.”

En el Perú se ha ido formando una larga tradición de reconocimiento de derechos fundamentales innominados e inespecíficos en materia laboral de forma y de manera progresiva, hacia el año 1993 la Constitución Política del Perú incorporo un artículo innovativo al revelar lo siguiente:

Artículo 3°.- Derechos Constitucionales. Númerus Apertus La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución Política del Perú de 1993, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de Gobierno peruano.”

Con esta investigación se logra que ciertos derechos considerados fundamentales, que no fueron incluidos en el texto de la Constitución de 1993, tengan nivel Constitucional y sean respetados por todos y para todos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad del hombre. “La enumeración que se hace de los derechos y garantías de los individuos, que en algunos se hacen extensivos a los todos los ciudadanos como entidades colectivas, no deben tomarse sino como ejemplos para ir de lo concreto y lo expreso a lo desconocido y tácito”.

Los derechos de igualdad y no discriminación de todos los trabajadores y trabajadoras, han sido reconocidos por la Constitución Política del Perú de 1993 en el Artículo 2º; por eso deben ser considerados fundamentales y cuentan con la particularidad de presentarse como derechos específicos e inespecíficos al mismo tiempo. Cuando la Constitución peruana ordena al legislador en los artículos 22º, 23º y 24º asegurar “condiciones dignas de trabajo” subyace la idea de preservar al trabajador de todo trato discriminatorio de manera implícita, para luego, de forma expresa, garantizar “igual remuneración por igual tarea”.

La dignidad de la persona humana es fundamento de la prohibición de discriminación en todo el sentido de la palabra. En materia de derechos fundamentales la idea de la igualdad debe ser reemplazada por las ideas de tolerancia, dignidad y respeto. La dignidad humana no es un derecho, sino en sí una fuente de derechos. En el derecho antidiscriminatorio, la dignidad requiere que todos sean integralmente respetados, y los tratos desiguales constituyen fuertes indicios de la falta de respeto a la humanidad esencial de cada uno, de una posible humillación.

No es la desigualdad en sí misma, sino lo que fuertemente presume una violación de la dignidad del hombre detrás de la categorización injustamente utilizada para maltratarlo, para negarle la calidad de hombre esencial. Por ello, estos deben ser considerados como derechos fundamentales de carácter laboral inespecíficos derivados de la propia Constitución peruana.

  • PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES ESPECÍFICOS E INESPECÍFICOS EN EL PERU EN TIEMPOS DE COVID-19

Los derechos fundamentales, que en principio son derechos públicos subjetivos a ejercer frente al Estado, despliegan además una eficacia en las relaciones entre particulares, es decir, una eficacia frente a terceros, a particulares (que no son poderes públicos). Esto no se discute. La cuestión es si estamos ante una eficacia directa o sólo ante una de carácter indirecto: es la cuestión conocida en la doctrina alemana como Drittwirkung der Grundrechte.

Para el análisis de los problemas relativos a los derechos fundamentales, a la vista de la jurisprudencia española y de la doctrina y jurisprudencia alemana, Brage Camazano propone un método que “distingue entre el ámbito normativo del derecho fundamental, como contenido ab initio del derecho fundamental, antes de toda posible restricción; la intervención en el derecho fundamental, que se refiere a las distintas formas de interferencia o injerencia en ese ámbito inicialmente protegido por el derecho; y la justificación constitucional de esa intervención.

Es un método de enjuiciamiento que, en buena medida responde a la naturaleza de las cosas, al esquema regla (libertad o derecho) excepción (restricciones de la libertad o derecho) que rige en tantos aspectos o ámbitos del derecho, pero que, a nuestro modo de ver, es antes que nada un expediente técnico que facilita el examen de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y hace más transparente dicho análisis”.

En materia de derechos laborales inespecíficos, uno de los inconvenientes con el que se enfrentará el trabajador al momento de su despido es el gasto que le podría generar el acceso a la Justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva. Para ello, el legislador, ha impuesto una norma que le asegura al dependiente la posibilidad de acceder a la defensa de sus derechos en las vías administrativas y judiciales, sin desembolsar previamente suma de dinero hasta un determinado monto de Unidades de Referencia Procesal en discusión.

Existe regulado en el Decreto Legislativo Nº 728 que rige el régimen laboral de la actividad privada el Contrato de Trabajo, el principio que garantiza el acceso gratuito de los trabajadores o sus derechos habientes a la justicia para reclamar por sus derechos derivados de la aplicación de esta ley, normas o convenciones colectivas de trabajo; se materializa en la exención a los trabajadores del pago de la tasa de justicia. Se trata de evitar que los trabajadores resignen sus derechos por falta de recursos económicos, en cualquier caso.

Artículo  VIII que aborda el tema del Principio de Gratuidad en el acceso a la justicia del Título Preliminar del Código Procesal Civil de 1993 y la Ley Procesal del Trabajo Ley Nº 29497 en el Artículo III.- con respecto a los fundamentos del proceso laboral que regula el proceso laboral con relación al contrato de trabajo, consagra el principio de gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos que deba incoar el trabajador, o sus derecho habientes, contra el empleador; pero limitado todo hasta un tope de determinadas Unidades de Referencia Procesal.

La norma se sustenta en el estado de poca suficiencia económica que, por regla general, afecta a los trabajadores dependientes y tiende garantizar la posibilidad de acceso ante los tribunales del país en concordancia con las prescripciones de rango constitucional. Al respecto, se ha dicho que el beneficio de gratuidad se otorga independientemente de la condición patrimonial del trabajador, de sus ingresos, de tener lo indispensable para procurarse su subsistencia, de percibir un sueldo o salario o disponer de otros bienes

Lo resuelto se inspira en el principio protectorio y coincide con la tesis defendida por un vasto sector de la doctrina pues, por ejemplo, se afirma que la protección discernida por el legislador es tan amplia que, aun en el supuesto de que el accionante no acredite su condición de trabajador dependiente y la misma sea desconocida en el fallo judicial, deben aplicarse las prescripciones del artículo bajo estudio.

Así es que podemos observar tres partes claramente diferenciadas en la norma que trata el tema que nos ocupa. La primera en donde se establece el derecho a activar procedimientos administrativos y judiciales en forma gratuita. La segunda en donde se prohíbe que el pago de costas se haga sobre su vivienda. Y la tercera en donde se solidariza al profesional actuante con el actor, cuando hay una desmedida e infundada petición ante los tribunales.

Entonces, en la primera parte, lo que se intenta es asegurar el Acceso a la defensa administrativa o judicial de los derechos laborales. Eso implica que, desde el reclamo en el Ministerio de Trabajo hasta la demanda judicial iniciada ante los tribunales en cualquiera de sus niveles, no pueden ser impuestos de gastos que eviten avanzar en esos procedimientos.

Formular un reclamo ante una delegación de la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima, iniciar un juicio por despido, producir la prueba ofrecida, hacer cualquier petición en ese sentido no puede ser gravado con ningún impuesto o tasa. Pero, se trata del acceso y el desarrollo de cualquier procedimiento que se dirija a la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero eso cesa, cuando finaliza aquel con una decisión adversa al dependiente. Eso aparece indicado en el segundo párrafo del artículo invocado.

Previo a la etapa judicial se produce un intercambio comunicativo, que como se mencionado tiene el carácter de gratuito para el trabajador y culminado el mismo existe un proceso de conciliación obligatoria. La Ley N° 26872 creó la Conciliación Extrajudicial empleada incluso en el rubro laboral Obligatoria en lo que en la actualidad es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ante este organismo, de instancia administrativa, se dirimen con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial, todos los reclamos individuales y pluriindividuales que versen sobre conflictos de derecho correspondientes a la competencia de los diversos juzgados y salas laboral de cualquier distrito judicial del país.

Hoy en plena propagación de la pandemia del Covid-19 en todo el territorio peruano no debería menguar de ninguna manera y por ninguna naturaleza los derechos laborales de carácter específicos e inespecíficos que les asisten a los trabajadores del Perú a los cuales acompañan a lo largo de todo el desarrollo de su contrato de trabajo porque los derechos laborales fundamentales no se suspenden como consecuencia del desarrollo evolutivo del SARS-COV-2. Aunque podría pensarse que los derechos laborales específicos e inespecíficos en una situación de emergencia como la que actualmente agobia a todos los países del orbe podrían limitarla o restringirla de una manera determinada y supeditada a las medidas de carácter mínima y esencial,

VI. CONCLUSIONES

1. En la relación laboral se configura una situación de disparidad donde el empleador asume un estatus particular de preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional, se proyecta en sentido tuitivo hacia el trabajador. Desde tal perspectiva, las atribuciones o facultades que la ley reconoce al empleador no pueden vaciar de contenido los derechos del trabajador; dicho de otro modo, no pueden devenir en una forma de ejercicio irrazonable.

2. Es por esto que la Constitución precisa que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la dignidad del trabajador (art. 23º, segundo párrafo). Es a partir de esta premisa impuesta por la Constitución que debe abordarse toda controversia surgida en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, en todo momento: al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral.»

3. Si concebimos que los Derechos Humanos se fundamentan en la naturaleza humana, tales derechos le son inherentes al hombre, por el sólo hecho de ser persona humana y por tal razón también su dignidad emana de su naturaleza como ser moral, libre y racional, considerado siempre sujeto de derecho y nunca instrumento o medio para un fin. Conlleva un valor central -la dignidad-, que irradia también los valores como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son dimensiones básicas de la persona a la vez que se encuentran unidos estrechamente, no constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hallan abiertos a las continuas y sucesivas necesidades que los hombres experimentan en el devenir de la historia.

4. En el tema laboral, el eje central donde se desarrolla el trabajo como actividad esencial del ser humano en su dimensión individual y social, es la persona denominada trabajador, y por ende debe considerarse como sujeto de protección, trasciende tanto la integridad corpórea como la moral en el desempeño de su labor, no pudiendo posibilitarse cualquier injerencia hacia su privación o violación de alguna norma de naturaleza laboral que por ley y derecho le asiste.

5. En el desarrollo de la actividad laboral toda persona y en especial el Estado debe preservar el valor supremo del trabajo, la dignidad de la persona humana y el bienestar de los mismos y sus familias por el hecho de ser justicia social. Ello implica la responsabilidad y compromiso de señalar los derroteros a seguir y sus razones. Se conseguirá en la medida que las normas jurídicas sean mucho más maleables a la realidad imperante, no con mayores normas, sino aplicando los principios rectores en el ámbito laboral y su efectividad buscando los resultados adecuados. Asimismo con la continuidad de promoción y fomento de la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

6. En cuanto a la efectividad de los Derechos Fundamentales del Trabajo, deben pasar por tres vertientes: la primera, se basa en una adecuada normatividad y funcionalidad de principios y valores, el aspecto sustantivo; la segunda, se establecerá en su ejecutabilidad es decir poder garantizar su vigencia y defensa en caso de omisión, violencia o amenaza a tales derechos, el aspecto procesal; y la tercera, que es la más importante cuando exista un convencimiento y conocimiento por el respeto irrestricto de la dignidad del trabajador por parte de la sociedad en su conjunto, sin que haya necesidad de invocarlos, acarreará por consiguiente su plena satisfacción. Todo ello girara en torno a lo que poco a poco se va denominando derechos laborales inespecíficos que siempre han existido y se encuentran en calidad de latentes para su manifestación inmediata.

VII. BIBLIOGRAFÍA

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