#LOÚLTIMO | Empresas privadas podrán importar vacunas contra la COVID-19 [Expediente 00680-2021]

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Empresas privadas podrán importar vacunas contra la COVID-19

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EXPEDIENTE : 00680-2021-0-3204-JR-CI-02  

MATERIA : ACCION DE AMPARO  

JUEZ : NILTON AUGUSTO LOPEZ CAMPOS  ESPECIALISTA : IVAN OSORIO MATEO  

DEMANDANTE : ALVARO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO  DEMANDADOS : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS   CONGRESO DE LA REPUBLICA  

MINISTERIO DE SALUD  

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE  

La Molina, treinta y uno de mayo  

Del dos mil veintiuno.-  

Traídos para sentenciar conforme a su estado; Y, CONSIDERANDO;

I.- PARTE EXPOSITIVA.- 

A.- Argumentos de la demanda.- 

Mediante escrito presentado con fecha 3 de Marzo del 2021 el  ciudadano Alvaro Paz de la Barra Freigeiro, defendiendo derechos  difusos, interpone demanda de Acción de Amparo contra la Presidenta  del Consejo de Ministros y contra el Procurador Público de dicho  Consejo, a fin de que se ordene de conformidad con la Ley 31091  liberalizar la compra de vacunas contra el Covid-19, a fin de que los  gobiernos regionales, locales y el sector privado puedan comprar dichas  vacunas. Los principales argumentos de su demanda son:  

-El Perú atraviesa actualmente una situación extremadamente crítica  debido a la pandemia del coronavirus; enfermedad que es altamente  contagiosa y que viene cobrando muchas vidas en todo el mundo, por lo  que los gobiernos han venido implementando una serie de mecanismos  con el objetivo de luchar contra ese flagelo.  

-En el Perú el 6 de marzo del 2020 se detectó el primer infectado, y el  15 de Marzo del 2020 se decretó estado de emergencia nacional, que generó que el Estado ejecute programas de asistencia social para todos  los sectores de la población.  

-El 20 de agosto del 2020 el Presidente Martin Vizcarra anunció que se  otorgará autorización al Laboratorio Chino Sinopharm para llevar a  cabo ensayos clínicos.  

-Hoy el país atraviesa una situación crítica, ya que no solamente existe  el riesgo de no contar con vacunas suficientes durante el presente año,  sino que además hay un déficit de oxígeno, falta de camas UCI, entre  otras demandas necesarias, y en los últimos días se tiene un promedio  de 300 víctimas mortales diarias.  

-El Estado Peruano no ha tomado las previsiones del caso para poder  asegurar la compra de vacunas suficientes, pero, hasta el 20 de febrero  se ha vacunado 161, 113 personas; el gobierno no garantiza la  vacunación de los más de 22 millones de peruanos.  

-El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y  Culturales de 1996 contiene previsiones más completas y de mayor  alcance sobre el derecho a la salud, pues, señala que es el estado  completo de bienestar físico, mental, y social, y no solamente la  ausencia de enfermedad.  

-Los Estados tienen la obligación de llevar a cabo actos y adoptar  medidas necesarias para garantizar su disfrute a través del adecuado  acceso a los medicamentos.  

-Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y  compartidas que les asigna la Constitución, entre ellas, la salud  pública, en ese orden de ideas los más de 1,800 municipios podrían  acceder a más vacunas y beneficiar a sus respectivas jurisdicciones.  

-Frente a esta compleja situación la propia CONFIEP ha planteado al  sector privado se les permita comprar vacunas contra la Covid-19 y  afirma: “El Estado es el que traza la ruta de priorización para el uso de  las vacunas (…) el sector privado podría tener un rol protagónico para  apoyar con esta vacunación a trabajadores, a familias y extender la  ayuda social para que se acelere el acceso de más peruanos a la  vacunación, porque si esperamos un cronograma (de prioridades)  quizás nos vayamos a demorar mucho tiempo.”  

-Hay un reconocimiento de parte del Gobierno de la existencia de un  marco legal tanto para la compra de vacunas por los gobiernos sub  nacionales y el sector privado, sino también existe una importante  voluntad del sector empresarial y político, que es la de asegurar la  inoculación para todos los peruanos en tiempo oportuno, evitando con  ello una posible catástrofe que produzca miles de muertes y contagios.  

-Si el Estado no puede asumir de manera integral y oportuna la  donación de vacunas en cantidad suficiente, el sector privado debe  participar.  

La intervención de los privados en la compra de vacunas no es  competencia con el Estado, sino colaboración, es una medida razonable  porque busca garantizar el acceso universal a la vacuna en tiempo  oportuno. 

La decisión del Gobierno de no autorizar la compra de vacunas es  gravosa a un conjunto de valores, toda vez que estamos ante una  potencial amenaza a la vida y la salud de las personas.  Finalmente señala que el amparo debe ser procedente porque como  diría el profesor Saguez, no se puede admitir cuando se corra el riesgo  de brindar al recurrente una protección judicial pero posterior a su  ruina.  

Ampara jurídicamente su demanda en los artículos 1 y 7 de la  Constitución del Perú, y en el artículo 4° de la Convención Americana  de Derechos Humanos, entre otras normas y sentencias del Tribunal  Constitucional.

C.- Argumentos de la contestación de la Presidencia del Consejo de  Ministros.-  

El Procurador Público del Consejo de Ministros al contestar la  demanda, mediante su escrito de fojas 203 a 237, manifiesta,  principalmente los siguientes argumentos:  

-El proceso constitucional de amparo no es un escenario en donde se  deba debatir la titularidad de un derecho, este proceso tiene por  finalidad restablecer su ejercicio. En el proceso de amparo no se  declaran ni constituyen derechos constitucionales a favor de ninguna  de las partes.  

-La demanda deviene improcedente por cuanto la amenaza no es cierta  y de inminente realización, debido a que no existe ningún impedimento  para que el sector privado o los Gobiernos Locales o Regionales puedan  acceder a la compra de vacunas. No existe prueba alguna que acredite  que se le haya negado al sector privado o los gobiernos locales o  regionales la adquisición de vacunas..  

– De los dispositivos legales emitidos para la adquisición, distribución y  disponibilidad de la vacuna del Coronavirus no existe ninguna  prohibición para la compra de las vacunas SARS CoV-2 por parte de los  Gobiernos Municipales y Gobiernos Regionales y del sector privado.  

– El Decreto Supremo No. 002-2021-SA que aprueba el Reglamento  para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos establece la  posibilidad de la participación del sector privado en la compra de las  vacunas del coronavirus SRAS Co2.  

-Los Gobiernos locales, Regionales y el sector privado no se  encuentran deshabilitados para realizar las gestiones necesarias  para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, siempre que el  Laboratorio con el que negocien cuente con el registro sanitario por  parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas –  DIGEMID.  

-El sector privado que adquiera bienes esenciales no podrá  comercializar dicho producto a un precio mayor del mercado o  establecido por el Estado, y siendo que el Estado está administrando de  forma gratuita las vacunas del COVID-19, el sector privado puede  adquirir las vacunas y debe distribuirlas de forma gratuita, pero no las puede comercializar (vender) porque son catalogadas como bienes  esenciales. 

– De acuerdo a la Ley 26842, Ley General de Salud, es responsabilidad  del Estado regular, vigilar y promover la salud.  

– El Ministerio de Salud ha elaborado el Plan Nacional de Vacunación  contra la Covid-19 aprobado mediante Resolución Ministerial No. 848- 2020/MINSA.  

-El Gobierno peruano viene normando y supervisando el acceso  equitativo de la vacuna contra el COVID 19, diseñando y conduciendo  en forma plural y descentralizada su aplicación para todos los  ciudadanos, por lo que las normas que se vienen implementando no  vulneran el derecho fundamental a la salud ni a la vida. Asimismo el  Estado viene realizando convenios para la adquisición de más vacunas  con otros laboratorios para asegurar el proceso de vacunación para este  año a todos los peruanos, más aun cuando ya se ha suministrado la  vacuna a los peruanos que se encuentran en la primera línea de batalla,  como es el personal de salud, y se viene vacunando a las personas de la  tercera edad.  

-El hecho que los privados pretendan adquirir vacunas contra el  coronavirus, conllevaría a que se origine una competencia para  comprar las vacunas, incrementando la demanda y el costo de la  vacuna poniendo en riesgo, los procesos de negociación y adquisición  que viene desarrollando el estado peruano por intermedio del Ministerio  de Salud, lo que generaría un problema grave para que el Estado  garantice el acceso universal gratuito de la vacuna a la población  peruana.  

-Admitirse la posibilidad de que el sector privado pretenda adquirir  vacunas en un contexto de escasez, no sólo causaría un retraso en las  negociaciones que viene realizando el Estado peruano, sino que además  vulneraria el derecho a la igualdad y a la no discriminación por la  condición económica. Si se consiguiera la importación de vacunas para  su comercialización conllevaría que acceden a las vacunas aquellas  personas que cuenten con solvencia económica, causando  discriminación.  

-El demandante no ha logrado demostrar de forma objetiva que el  Gobierno peruano no haya asegurado la compra de vacunas suficientes  para asumir de manera integral y oportuna la dotación de vacunas para  los más de 22 millones de peruanos, y de igual manera no existe  fundamento adecuado que demuestre la viabilidad de que el sector  privado pueda importar y comercializar la vacuna contra el Covid-19,  por lo que debe declararse infundada la demanda.

(…)


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