Máximas de la experiencia: Actitudes del violador sexual a menor [Expediente 01696-2019-PHC/TC]

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Máximas de la experiencia Actitudes del violador sexual a menor

EXP. N.° 01696-2019-PHC/TC 
AYACUCHO
YANCARLOS RICARDO BENAVIDES 
CHACALIAZA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de octubre de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, y con el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini, que se agrega. Se deja constancia de que el magistrado Ramos Núñez votará en fecha posterior. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Yancarlos Ricardo Benavides Chacaliaza contra la resolución de fojas 332, de fecha 30 de enero de 2019, expedida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente de Lucanas-Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. 

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FUNDAMENTOS RELEVANTES

Petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas:(i) la sentencia, Resolución 2, de fecha 24 de diciembre de 2014 (f. 3), que condenó a don Yancarlos Ricardo Benavides Chacaliaza a seis años de pena privativa de la libertad como autor del delito de violación sexual de menor de edad; y (ii) la sentencia de vista, Resolución 9, de fecha 24 de agosto de 2015 (f. 33), que confirmó la precitada sentencia (Expediente 01425- 2013-75-1401-JR-PE-03). Se alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, a la prueba, de defensa y a la debida motivación de resoluciones judiciales, al plazo razonable, al debido proceso, al juez natural y de los principios de igualdad y de imputación necesaria.

Análisis de la controversia 

2. En un extremo de la demanda se alega que la sentencia condenatoria fue emitida sin haberse observado lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 392 del Nuevo Código Procesal Penal, lo que conllevó el quiebre del juicio oral y acarrea la nulidad de todo lo actuado; es decir, que se señaló fecha para la lectura de sentencia, pero no se realizó en dicha fecha porque el juez demandado se encontraba en una ceremonia judicial, con lo cual se transgredió dicho artículo y los artículos 395 y 396 del referido código. Además, la sentencia debía dictarse en la sesión en fue programada o al día siguiente, pero no a las cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio. Manifiesta que se emitió el fallo y se programó una fecha y hora para el dictado integral de la sentencia; empero, conforme al inciso 2 del artículo 396 en mención, solo se permite esta actuación ante la complejidad del asunto o cuando, por lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción de la sentencia, lo cual no ha sido considerado por el juzgado demandado para optar por dicha alternativa. Así, se interrumpió el debate por haber transcurrido más de ocho días.

[Lee también: ¿Puede rebajarse la pena a un violador para evitar desamparo de los hijos con la agraviada? (R.N.761- 2018, Apurímac)

3. Alega que la sentencia fue emitida mediante la errónea valoración de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, pues no se logró demostrar los hechos imputados; es decir, se valoraron documentos que no coinciden con la realidad; máxime si no se ha determinado la fecha en que ocurrieron los hechos investigados. Sostiene que se consideró como cierta la versión de la menor agraviada, pese a resultar inverosímil y no haber sido sustentada con otros medios probatorios; no se ha exigido que se practique una pericia a la menor; tampoco se ha valorado el Certificado médico legal 001895-VLS, que concluye que no hubo agresión sexual y no se merituó el Protocolo de pericia psicológica 003362-2013-PSC practicado a la menor.

4. Añade que se interpretó de forma errada el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, en cuanto a los requisitos para la sindicación, pues hubo incoherencias y relatos distintos, los cuales no guardan relación, no son uniformes, consistentes y dejan dudas que favorecen al imputado (actor); no obstante, el juzgado demandado realizó actuaciones que favorecieron a la menor. Aduce que las pruebas actuadas no desbarataron la presunción de inocencia del actor, no se las analizó de forma independiente y las sentencias condenatorias no resultan lógicas ni razonadas, sino más bien contradictorias.

[Continúa]

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