Ministerio Público 2024: Nuevo TUPA precisa el costo de la fotocopia certificada y escaneo [Resolución 275-2024-MP-FN]

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Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de Ministerio Público

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 275-2024-MP-FN

Lima, 29 de enero de 2024

VISTOS:

El memorando N° 000024-2024-MP-FN-GG-OGFIN, de fecha 16 de enero de 2024, de la Oficina General de Finanzas; el Oficio Nº 000056-2024-MP-FN-OGASEJ, de fecha 19 de enero de 2024, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el informe Nº 000012-2024-MP-FN-GG-OGPLAP, de fecha 24 de enero de 2024, de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; el oficio Nº 133 -2024-MP-FN-GG, de fecha 29 de enero de 2024, de la Gerencia General, y;

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CONSIDERANDO:

El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado, que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces, y el interés social, así como velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil.

Mediante los artículos 43 y 44 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, se establecen las obligaciones de todas las entidades públicas de elaborar, aprobar o gestionar su Texto Único de Procedimientos Administrativos (en adelante, el TUPA), el que comprende: “Todos los procedimientos de iniciativa de parte, requeridos por los administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal (…), y la descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada procedimiento los cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto (…)”; por lo cual, contiene la relación de los servicios prestados en exclusividad, entendidos como las prestaciones que las entidades se encuentran facultadas para brindar de forma exclusiva en el marco de sus competencias, no pudiendo ser realizadas por otra entidad o terceros.

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La norma en mención establece también que, mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas: “se precisa los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos, y servicios administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de tramitación”; señalando que resultan obligatorios estos preceptos para la determinación de los costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad en los procesos de elaboración o modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada entidad. Concluye el citado párrafo estableciendo que: “La entidad puede aprobar derechos de tramitación menores a los que resulten de la aplicación de los criterios, procedimientos y metodologías aprobados según el presente artículo”.

[Continúa …] 

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