Multas y pasivos mineros: lo que no se dice al hablar de minería

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Multas y pasivos mineros lo que no se dice al hablar de minería

Miles de soles en multas por incumplir obligaciones ambientales y casi 8 mil pasivos mineros hasta agosto de 2020. 

El impacto de la minería en el medio ambiente es uno de los elementos que origina los conflictos con la población. Sin embargo, las sanciones y los registros de impactos ambientalista han sido poco investigados. A continuación compartimos el artículo sobre “Multas y pasivos mineros: lo que no se dice al hablar de minería” publicado en el portal Servindi.


El anuncio del cierre de cuatro unidades mineras en Ayacucho ha desatado una ola de críticas contra la premier Mirtha Vásquez promovida por la prensa concentrada y el gremio empresarial.

Estos actores, alineados claramente con sus intereses, se olvidan de mencionar convenientemente el impacto que genera la minería en el medio ambiente y que origina los conflictos con la población, como ocurrió en Ayacucho.

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Sin embargo, las sanciones y los registros de impactos los delatan: las cuatro unidades mineras que cerrarán en Ayacucho recibieron multas de más de medio millón soles por incumplir sus obligaciones ambientales.

Además, hasta agosto de 2020, en el país se registraban 7956 pasivos ambientales mineros que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población y el ecosistema.

Multas contra mineras

Las multas contra las unidades mineras Pallancata, Inmaculada, Apumayo y Breapampa, ubicadas en el sur de Ayacucho, son omitidas por quienes se han indignado ante el futuro cierre de estas instalaciones.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), hasta la fecha habían impuesto multas por un monto total de 114.913 UIT (un promedio de 505.692 soles) contras estas unidades.

Las multas responden al incumplimiento de obligaciones ambientales detectadas por el OEFA durante las 82 acciones de supervisión ambiental que realizó en estas unidades mineras entre 2010 y 2021.

Estas multas, que fueron pagadas en su totalidad, fueron impuestas según el siguiente detalle: 75.971 UIT a la unidad minera Inmaculada de la Compañía Minera Ares S.A.C.

Así como 20 UIT a la unidad minera Pallancata de Compañía Minera Ares S.A.C.; y 18.942 UIT a la unidad minera Apumayo de Apumayo S.A.C.

Pero eso no es todo. El OEFA también informó que han venido verificando el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los planes de cierre de minas de las cuatro unidades mineras.

Estos planes de cierre son instrumentos que contienen medidas de control para que las mineras puedan cerrar adecuadamente sus actividades, desde el punto de vista ambiental.

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En esa línea, la entidad supervisora identificó presuntos incumplimientos en los planes de las unidades mineras Pallancata e Inmaculada, las cuales fueron comunicadas al Ministerio de Energía y Minas.

Pero, quienes defienden a capa y espada la minería, evitan mencionar este aspecto, de la misma forma que evitan hablar sobre los pasivos que la actividad minera ha dejado en el país.

Pasivos mineros

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) son definidos, según la Ley N° 28271, como aquellas “instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, las cuales en la actualidad se encuentran abandonadas o inactivas”.

Según la misma ley, son considerados pasivos “aquellos que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y de la propiedad”.

De acuerdo a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta agosto de 2020, en nuestro país se registraban 7956 pasivos mineros.

De ese total, las regiones que presentaban mayor número de pasivos son: Áncash (15,5%), Cajamarca (14,5%) y Puno (11,6%).

Mientras que Cajamarca (30,7%), Áncash (17,5%) y Lima (11,6%) eran las regiones con mayores PAM de niveles de riesgo alto y muy alto del total registrado (921PAM).

Desde que se publicó el primer inventario de PAM, en 2006, las cifras han ido en aumento. Aquel año se registraron 850 y para el 2012 la cifra de pasivos ya ascendía a 7,576.

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De 2013 al 2019, la cantidad de PAM no bajó de los 8,000. Recién en 2020 esta cifra descendió a 7956, de los cuales 4830 figuran como “no gestionados”, según el Anuario Minero 2020.

El figurar como “no gestionados” significa, en la práctica, que están abandonados, que ninguna autoridad ni empresa se hace cargo de ellos y que permanecen expuestos a la población.

La Defensoría del Pueblo ya advertía de esta situación en 2019 cuando en su informe sobre pasivos mineros recomendó realizar “mayores esfuerzos” para identificar a los responsables de PAM.

En el mismo documento, dio cuenta que los pasivos mineros y de hidrocarburos son uno de los principales causantes de la contaminación del agua.

Mientras que, en 2018, el Ministerio de Salud confirmó que los pasivos ambientales son los principales causantes de la contaminación de personas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

Parece que para la prensa concentrada y los gremios empresariales es más fácil tildar presentar como “antiminera” a la premier Vásquez, que sentarse a reflexionar sobre los impactos de la minería.

Fuente: Servindi

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