Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emite informe de fecha 19 de octubre del año 2023, donde reconoce que en el Perú se ha restringido el derecho a la protesta y que ha habido un uso arbitrario de la fuerza.
Este informe debería de ser leído por los abogados del movimiento nacional de derechos humanos.
Estas son las conclusiones
III. CONCLUSIONES
195. El Estado aplicó restricciones al derecho de reunión pacífica, incluso mediante estados de emergencia, el establecimiento de controles de identidad, la detención de manifestantes y el uso de fuerza letal y menos letal para dispersar a los manifestantes. La mayoría de las protestas que tuvieron lugar en Perú entre diciembre de 2022 y julio de 2023 se desarrollaron de forma pacífica, aunque algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia.
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Los actos de violencia, en el contexto del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no están protegidos por el derecho de reunión pacífica bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
196. En los casos documentados, las personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley hicieron uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida. Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad. También se documentó el uso de armas menos letales que sería incompatible con las normas internacionales, al causar lesiones graves, incapacitantes y mortales a manifestantes. Estos casos se encuentran bajo investigación por el Ministerio Público.
197. En algunos casos, las personas manifestantes heridas sufrieron retrasos en el acceso a la atención médica urgente y denunciaron discriminación en los centros hospitalarios. Las personas manifestantes heridas y sus familias sufrieron efectos físicos y psicológicos devastadores que alteraron sus planes de vida. La mayoría de las víctimas eran personas indígenas.
198. Cientos de personas manifestantes fueron detenidas con el pretexto del control de identidad, en algunos casos en masa. Las personas entrevistadas denunciaron falta de garantías jurídicas en el contexto de la detención, incluidas injerencias indebidas en el derecho a una defensa legal. En cuatro casos, OACNUDH documentó situaciones que podrían implicar un trato cruel, inhumano y degradante de los manifestantes, posiblemente equivalente a tortura.
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199. Se presentaron denuncias penales, incluidas acusaciones de terrorismo, contra personas manifestantes y personas con un papel activo en las protestas, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio del derecho a la libertad de asociación. En algunos casos, estas denuncias penales suscitan preocupaciones por su compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos. Es positivo que algunas de estas investigaciones hayan sido archivadas.
200. Dentro de un contexto de polarización social y política, en el discurso público aumentó la práctica del “terruqueo” y el uso de un lenguaje que calificaba a los y las manifestantes como violentos, vándalos o vinculados a actividades ilegales, así como el discurso racista con comentarios despectivos basados en la etnia, la condición social o el origen regional de los manifestantes. Varias personas informaron de que las fuerzas de seguridad hostigaban e intimidaban a los manifestantes, incluso mediante el uso de vigilancia, amenazas y otras formas de coacción, como medio de disuadirlos o limitar su participación en las manifestaciones.
201. Los y las periodistas y profesionales de los medios de comunicación que participaban en el seguimiento de las asambleas o informaban sobre ellas se enfrentaron a limitaciones en el ejercicio de su labor, tanto por parte de manifestantes como de agentes de seguridad, incluidas amenazas, lesiones y daños o confiscación de sus equipos.
202. El Ministerio Público creó un equipo especial de fiscales para investigar los hechos descritos en este informe, con recursos humanos y económicos fortalecidos, el cual ha avanzado en la determinación de las responsabilidades penales. Es importante que las investigaciones garanticen un enfoque centrado en la víctima, incluida la participación activa de las víctimas, sus familias y su representación legal.
203. El Gobierno ha dado un paso importante al proporcionar una ayuda económica única a las víctimas de las protestas y a sus familias. También es positivo el pedido de perdón de la Presidenta de la República, en nombre del Estado, a las personas afectadas durante las manifestaciones y su anuncio sobre el relanzamiento del Acuerdo Nacional para trabajar en una agenda social que atienda las necesidades de la población. Todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas deben recibir una reparación integral por parte del Estado.
204. Por otra parte, es necesario que se adopten medidas para reducir las tensiones, así como para garantizar la independencia de las instituciones electorales y judiciales, abordar la discriminación racial estructural e implementar las reformas pendientes en el sector de la seguridad.
205. OACNUDH agradece al Gobierno de Perú por la buena coordinación y apertura durante las reuniones y reconoce el compromiso para una agenda de cooperación a mediano plazo con OACNUDH, orientada a fortalecer las capacidades en derechos humanos en el país. Reconoce los esfuerzos realizados en el manejo de las manifestaciones sociales en julio de 2023 que resultaron en menos afectaciones sobre los derechos humanos.
206. Las siguientes recomendaciones pretenden establecer las condiciones necesarias para ayudar a reducir las tensiones y la polarización actuales y promover cambios estructurales y reformas que aborden las causas profundas de las violaciones de derechos humanos y garanticen la rendición de cuentas al respecto.
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