No existe la prolongación de la medida de suspensión preventiva de derechos [Apelación 64-2023, Corte Suprema]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla. Desistimiento fiscal aprobado. I. El desistimiento no es absoluto e ilimitado. Su estimación demanda del órgano jurisdiccional un control de legalidad sobre la suficiencia y logicidad de sus argumentos, más aún en el marco de un proceso penal en el que se salvaguardan bienes jurídicos de mayor relevancia social.

II. Así, esta Sala Penal Suprema coincide con la posición del representante del Ministerio Público, por los siguientes motivos: el artículo 299 del Código Procesal Penal —norma específica relativa a la duración— no prescribe la prolongación de las medidas de suspensión preventiva de derechos —entre ellas, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo—.

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Después, el artículo 301 del código adjetivo solo autoriza su acumulación con la comparecencia restrictiva, a efectos de dictarlas en el mismo acto; luego, si bien apunta que en la sustitución, acumulación e impugnación —previamente reconocidas por el artículo 300— regirán las previsiones del artículo 274, numerales 2 y 3, del aludido código, esto debe interpretarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo VII (numerales 3 y 4) del Título Preliminar respectivo, es decir, de modo restrictivo, no extensivo y sin analogías, salvo que se favorezca a la libertad o al ejercicio de los derechos del inculpado. Nótese, igualmente, que conforme al artículo X del mismo Título Preliminar: “Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código.

Serán utilizadas como fundamento de interpretación”. Es evidente que la prolongación de la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, al conllevar la restricción de derechos fundamentales —esto es, el derecho al trabajo, regulado en los artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú, así como, las garantías de la carrera judicial consagradas en el artículo 146 de la norma normarum— requiere de una norma de autorización expresa y determinada. 

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Queda proscrita la interpretación extensiva, mucho menos la interpretación por analogía, como se pretendió en el recurso de apelación, del veinte de febrero de dos mil veintitrés —respecto del cual hubo desistimiento en la audiencia de impugnación—. Se impone, en este caso, el principio de interdicción de la arbitrariedad contenido en el artículo 45 de la Constitución. No todo lo que no está prohibido en la ley está jurídicamente permitido. Este es un axioma de libertad y no de legalidad, en cuyo caso, como se sabe, se exige la presencia de dispositivos explícitos y categóricos para limitar los derechos constitucionales. Los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal poseen un espacio acotado, no poseen la previsión legislativa de la prolongación de la suspensión. Después, acumulación y sustitución deben justificarse en virtud del incremento de peligro procesal.

III. En ese orden de cosas, se advierte que el desistimiento formulado por la Fiscalía Suprema cumplió con las formalidades exigidas por la norma adjetiva. Así, lo postulado evidenció el contenido expreso de su voluntad; esgrimió un razonamiento lógico y fundado en derecho, y justificó su posición, como se resalta ut supra. Después, ante la renuncia de la pretensión impugnatoria, este órgano jurisdiccional carece de competencia para dilucidar la apelación formalizada, conforme a lo estipulado en el artículo 409, numeral 1, del Código Procesal Penal. Asimismo, tal retracción impugnativa conlleva que se decrete la firmeza de la decisión impugnada. Esto es, conforme al artículo 343 del Código Procesal Civil.

[Continúa …] 

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