No hay indicios de que ingreso a establecimiento penitenciario deteriore la salud del interno [Expediente 02349-2016-PHC-TC]

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ICA 
ARTURO MURILLO LÓPEZ, 
REPRESENTADO POR GUILIANA 
MARÍA CONTRERAS RAMÍREZ (ABOGADO) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Asimismo, se agrega el voto singular del magistrado Blume Fortini. 

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ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Guiliana María / Contreras Ramírez contra la resolución de fojas 255, de fecha 29 de febrero del 2016, expedida por la Sala Superior de Emergencia de Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

FUNDAMENTOS RELEVANTES

El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución 19, de fecha 27 de abril de 2015, que revocó la condicionalidad de la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad que le fuera impuesta a don Arturo Murillo López con el carácter de suspendida, por el periodo de prueba de tres años bajo el cumplimiento de reglas de conducta, mediante la sentencia de conformidad Resolución 2, de fecha 18 de mayo de 2012, por el delito tributario en la modalidad de defraudación tributaria agravada (Expediente 2011-146-JCP-Nasca/146-2011-0- 1409-JR-PE). Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos y humillantes, entre otros. 

Consideraciones previas: la firmeza de la resolución cuestionada 

2. Este Tribunal considera que debe emitir dicho pronunciamiento respecto no solo de la Resolución 19, de fecha 27 de abril de 2015, que revocó la condicionalidad de la pena, sino también del auto de vista Resolución 9, de fecha 6 de octubre de 2015, que confirmó la Resolución 19 (Expediente 0146-2011-8-1409-JR-PE-01). En ese sentido, la resolución cuestionada cumple con el requisito de firmeza para que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional.

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Actuaciones del Ministerio Público sin incidencia en la libertad personal 

3. Respecto a este extremo de la demanda, se presentan dos cuestionamientos: 

a) En el requerimiento de acusación fiscal, el representante del Ministerio Público de forma abusiva solicitó el pago de seiscientos veintisiete mil quinientos setenta cuatro soles (S/627 574.00) por concepto de deuda tributaria, a partir del informe técnico elaborado por la administración tributaria, desconociéndose la procedencia de dicho monto. 

b) El fiscal demandado presuntamente obligó al favorecido a autoincriminarse, a fin de que este se acoja a la conclusión anticipada del proceso. Ello, bajo la promesa de que pueda obtener beneficios penitenciarios para así trabajar y poder pagar su deuda tributaria. 

[Continúa…]

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