Nuevas alternativas para superar la actual tendencia de restringir el Litisconsorcio Facultativo dentro de los procesos regulados por el artículo 18 de la Ley Procesal del Trabajo Nº 29497

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Jorge Luis Mayor Sánchez*

Sumilla: I. Introducción. II. Conceptos generales. III. Análisis de la Resolución N° 01 del Expediente N° 98883-2013 del Décimo Quinto Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lima. IV. Antecedentes de la controversia. V. La Finalidad de la liquidación de beneficios individuales y de litisconsorcio facultativo. VI. ¿La Desacumulación procesal podría ser una inmediata alternativa para evitar futuros autos admisorios improcedentes? VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

RESUMEN DE UN PARRAFO DEL ARTÍCULO EN CASTELLANO E INGLES:

El presente artículo de investigación busca obtener una interpretación alternativa para poder interrelacionar  aquellas instituciones procesales aparentemente contradictorias, esto es, la clásica institución procesal del Litisconsorcio Facultativo y la novedosa institución procesal laboral denominada “Liquidación de Beneficios Individuales”, para que estas puedan ser herramientas jurídicas útiles para todos aquellos demandantes que quisieran entablar una demanda de forma conjunta, y que su denegatoria no pueda constituir una flagrante vulneración a los principios de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, la Economía Procesal y el Indubio pro Operario que es propio de nuestra disciplina denominada Derecho del Trabajo desde el punto de vista del Derecho procesal laboral.

PALABRAS CLAVES:

Procesal laboral. Litisconsorcio. Beneficios laborales. Tutela Laboral.

  1. INTRODUCCION

Se ha señalado, en los textos académicos y en los modelos prácticos, que el rol de la Tutela Jurisdiccional Efectiva – en general – es el reconocimiento y la inmediata satisfacción de los intereses particulares ante puntuales conflictos, sean estos de carácter laboral, civil, administrativo, penal, etc. Sin embargo, a nosotros, como sujetos adscritos a la aplicación del Derecho y sujetos a continuos procesos, o, como a cualquier individuo interesado en el cumplimiento de las normas

  • Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Derecho Procesal por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Política Jurisdiccional por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Doctorado en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca – España.

laborales, resulta penoso e incomprensible que, en la realidad nacional, algunas innovaciones legislativas o instituciones  clásicas del Derecho Procesal Civil sigan siendo aplicadas en forma mecánica o literal en los procesos de trabajo, a costas de la impotencia de los litigantes, al contemplar con perplejidad como una mera interpretación literal de una norma referente a la Nueva Ley Procesal del Trabajo podría impedir o dilatar la legítima satisfacción de obtener un determinado ingreso económico para poder sustentar el bienestar de una familia.

  1. CONCEPTOS GENERALES

En efecto, como el lector podrá apreciar del presente trabajo, una innecesaria y reiterada interpretación mecánica del artículo 18 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo- NLPT- referente a la Liquidación de Derechos Individuales, ha originado que muchos actores no puedan ejercer su Derecho de Acción en forma acumulativa, o detallado en otros términos, que un conjunto de trabajadores que posean una misma categoría o el mismo derecho vulnerado, incurran en la imposibilidad de interponer una demanda de forma conjunta, en cuanto la literalidad de la norma acotada, indicaría supuestamente- para los impartidores de Justicia-  que los miembros o quienes “individualmente” fueran afectados, solamente se podrían iniciar procesos  individuales  de liquidación del derecho reconocido, en pos de “garantizar” el Principio de Economía Procesal.

Por consiguiente, ante aquella arbitrariedad y literalidad impuesta a los justiciables, mediante el presente análisis se busca obtener una interpretación alternativa para poder interrelacionar aquellas instituciones procesales aparentemente contradictorias. Es decir, la clásica institución procesal del Litisconsorcio Facultativo  y la novedosa institución procesal laboral denominada “Liquidación de Beneficios Individuales”, para que estas puedan ser herramientas jurídicas útiles para todos aquellos demandantes que quisieran entablar una demanda de forma conjunta, y que su denegatoria no pueda constituir una flagrante vulneración a los principios de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, la Economía Procesal y el Indubio pro Operario que es propio de nuestra disciplina denominada Derecho del Trabajo.

  1. ANALISIS DE LA RESOLUCION No 01 DEL EXPEDIENTE No 9883-2013 DEL DECIMO QUINTO JUZGADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

          El presente análisis recae sobre la Resolución No 01- Auto Admisorio- expedido por el Décimo Quinto Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de la República- Lima, expediente No 9883-2013, en el proceso seguido por don Tomás Espinola Carranza y otros contra la empresa Electroperú S.A, sobre Liquidación de Derechos Individuales originado del Pago de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 1994. Ante aquel petitorio, la Judicatura declaró IMPROCEDENTE  una demanda acumulativa en forma subjetiva, alegando, para tal efecto, que se había ejercido una “debida acumulación de pretensiones”  en forma contradictoria a lo dispuesto por el artículo 18 de la NPLT al no observar minuciosamente las exigencias contenidas en la  misma norma, al no demandar en forma exclusiva e individual.

Si aquello dejara de ser sorprendente, el fundamento de aquella debatible decisión se sustenta en que si bien el artículo 83 del Código Procesal Civil ha señalado claramente que “En un proceso puede haber más de una pretensión, o más de dos personas.  La primera  es una acumulación objetiva y la segunda es una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y subjetiva pueden ser originadas o sucesivas, según lo propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente”, aplicable en forma supletoria, faculta a las partes a demandar acumulativamente. Aquella disposición normativa no debería contradecirse con la finalidad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; es decir, que toda interpretación sistemática se encontraría sujeta al artículo I del Título Preliminar de la NLPT,[1]  el cual  reconoce que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de Celeridad y Economía procesal.

          Por tal motivo, la razón fundamental para no admitir a trámite la presente demanda era no obtener “un gran gasto o esfuerzo humano”. Además de alegar- en forma sorprendente- que aquel tipo de actuación procesal no permitiría una plena aplicación del Principio de Celeridad Procesal. Por tal motivo, es posible inducir con mucha facilidad que el único fundamento para que la presente demanda sea declarada improcedente, era evitar un gran esfuerzo humano del Juez para valorar la totalidad de la supuesta controversia, sin considerar que aquella motivación no era y no es causal de improcedencia, a lo más para otorgar alguna desacumulación procesal.

  1. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

Para comprender ampliamente el presente problema, originado por la literalidad de la interpretación del artículo 18 de la NLPT, es recomendable que el lector pueda conocer los orígenes del presente proceso a fin de observar los alcances y los serios problemas que ha originado la presente restricción procesal.

          Tal es el caso que la mencionada Liquidación de Derechos Individuales se había sustentado en el Pago de Utilidades obtenido por la empresa Electroperú S.A dentro del ejercicio económico de 1994, derecho que fue negado reiteradamente por la emplazada, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto por el Decreto Legislativo No 677 vigente en aquel entonces, regulaba el derecho de los trabajadores de todas las empresas a participar en las Utilidades de aquellas generadoras de Rentas de Tercera Categoría, luego de publicados los Balances Económico Financieros.

En tal sentido, no obstante, la claridad y de la norma en su aplicación a la realidad, con fecha  28 de julio del año 1995, el gobierno del señor Fujimori dictó la Ley No 26513[2] en cuya Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y final , bajo una supuesta negada “precisión” modificó claramente el artículo 2 del Decreto Legislativo No 677 lo cual resultaba  a todas luces inconstitucional por ser violatorio del principio de irretroactividad de las normas jurídicas preceptuado en el numeral 103 de la Constitución Política del Estado y del principio de seguridad jurídica que debe imperar en todo Estado social y democrático de Derecho. En una postura contraria a la asumida en el presente trabajo, se podrá analizar el informe  titulado “Ejecutoria Laboral sobre participación de los Trabajadores en las utilidades de las Empresas”, elaborado por el Dr. Luis Hernández Berenguel, en el cual concluye que la Ley No 26513  se encontraba sujeta a Derecho, por lo que el autor concluye que las utilidades se deberían calcular sobre la renta neta declarada para fines de impuesto a la renta, lo que supone la previa deducción de las pérdidas de ejercicios anteriores que para efectos de dicho impuesto todavía era compensable en 1993.

Por tal motivo, frente a la negativa de la empresa de cumplir con dicha obligación legal- luego de muchas solicitudes y requerimientos de los  trabajadores ante los diferentes estamentos de la empresa-sin encontrar una respuesta positiva, un grupo de 328 trabajadores, encabezados por una ex trabajadora doña María Rosa Antich Guillén, interpuso con fecha 27 de febrero de 1998, ante el Décimo Sétimo juzgado de Trabajo de Lima, (Expediente No 2035-1998) una demanda de pago de utilidades correspondientes al ejercicio económico 1994 amparada por la derogada Ley Procesal del Trabajo N0 26636, la misma que después de 12  largos y penosos años, concluyó con una Sentencia dictada por la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, que con fecha 13 de mayo de 2009- Casación No 1210-2007-Lima-, declaró Infundado el recurso de Casación interpuesto por la demandada.

Ahora bien, al haber adquirido el presente proceso la calidad de Cosa Juzgada por no proponerse otro medio impugnatorio, con fecha 20 de abril de los corrientes, unos nuevos recurrentes, también ex trabajadores de Electroperú S.A,  accionaron bajo la modalidad descrita en la parte introductoria del presente texto, al amparase en el mencionado artículo No 18 de la NLPT, alegando que la propia norma disponía que “Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individualmente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido, siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de justicia de la República. El demandado puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia en concordancia con el  artículo 26 numeral 2 de la Constitución Política del Estado, referido al carácter IRRENUNCIABLE de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, a fin de que ordene a la emplazada pagar las UTILIDADES correspondientes al ejercicio económico 1994. Sin embargo, al calificar la demanda, la Judicatura dispuso el lamentable y criticable resultado que ya se ha detallado en anteriores párrafos. 

  • LA FINALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS INDIVIDUALES Y DEL LITISCONSORCIO FACULTATIVO

Tal como ha sido consagrado en la presente Nueva Ley Procesal del Trabajo, la institución procesal denominada Liquidación de Beneficios Individuales se identifica como un novedoso mecanismo procesal que permite a los trabajadores sujetos a los regímenes privado o público, si bien en la mencionada Ley Procesal se los identifica como prestadores de servicios, es claro sostener que aquellos prestadores son claramente Trabajadores. Para una inmediata reflexión sobre el presente tema, es necesario revisar lo sostenido por el profesor Jorge Rendón Vásquez en su “Derecho del Trabajo- Teoría General”,  pág. 40, al señalar que no se puede negar la relación de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada o los funcionarios y empleados públicos a una relación de trabajo, puesto que hay en ella, de una parte, el suministro de fuerza de trabajo  para ser utilizada bajo dependencia y, de otra, el pago de una remuneración, con derechos y obligaciones similares; por lo que es  clara y legitima advertencia que propone el maestro al señalar que el hecho que el empleador sea un privado o el Estado no cambia la naturaleza de la presente relación. En una similar posición se puede apreciar el trabajo del maestro francés Jean- Claude Javillier, en su libro “Droit du Travail”, traducción española realizada por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid, Dr. Luis Enrique de la Villa Gil, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, a accionar un procedimiento cuando exista una Sentencia del propio Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que declare la afectación de un derecho por los mismos actos o hechos considerados como lesivos que afecten un grupo o categoría de trabajadores. Para tal efecto, tal como ha detallado la doctrina procesal laboral,[3] su finalidad claramente es evitar que se inicien procesos por conflictos que ya fueron materia de evaluación sobre el fondo y sobre los cuales existiesen sentencias reconocidas con anterioridad.

Por ello, los propios autores impulsores de la norma han señalado detalladamente que, para que se configure la presente modalidad, es necesario que se deban cumplir con una serie de presupuestos. Dentro de los presupuestos establecidos por la Ley y por la Doctrina, se puedan clasificar los siguientes criterios:

  1. Tendría que existir una afectación a un derecho con contenido patrimonial (como es de apreciarse en el presente caso), que corresponda a un grupo o categoría  de trabajadores “o” prestadores afectados en forma individual.
  2. Es necesario la expedición de una Sentencia declarativa de derechos que sea dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República  que se pronuncie sobre el derecho sustancial, en el cual se declare claramente el derecho vulnerado.
  3. La Sentencia recaída deberá  poseer la calidad de Cosa Juzgada, por el cual no deberá ser posible algún recurso impugnatorio contra la misma.   

Para declarar su procedencia, en consecuencia, al momento de calificarla y admitirla, la propia Ley ha determinado que el Juez que valora la causa no podrá negar el Derecho ya reconocido por una sentencia anterior, en tanto que la única posibilidad permitida al demandado- para que pueda ejercer su Derecho de Defensa- será contradecir la posición del demandante ante el campo de aplicación de la misma; es decir, que el demandante no se encuentre circunscrito dentro del grupo o categoría alegado.

En concordancia con lo señalado anteriormente, en términos procesales civiles, el Código Procesal Civil[4]– CPC- y la propia doctrina adjetiva ha sostenido que la finalidad de la mal llamada Acumulación Subjetiva de Pretensiones para la doctrina Procesal Civil, ha definido a la institución Litisconsorcio Facultativo, mal llamada Acumulación Subjetiva de Pretensiones, como la relación jurídica procesal tendida entre varios sujetos que ostentan la calidad de parte, en tanto se manifiesten o permanezcan en comunidad de postulación, es decir cuando coincidan básicamente en propiciar el triunfo o el rechazo de la pretensión o el de la petición la correspondiente a un acto procesal, sin resultar de ellos posiciones encontradas, antagónicas o incompatibles con dicha comunidad es evitar la contradicción  de sentencias en cualquiera de sus modalidades, en cuanto una futura colisión de estos criterios podría incurrir en la imposibilidad de que dichas sentencias pudieran ser ejecutadas o acatadas al mismo tiempo. Ante tal supuesto, el autor Dante Ludwing Apolín Meza en su artículo “La conexidad como requisito para una Debida Acumulación de Pretensiones” publicado en el libro El Proceso Civil- Enfoques Divergentes, Juan Morales Godo (coordinador), Edic. Iuris Consulti, Lima, pág. 78, sostiene que no cabe duda que existiría una imposibilidad de que ambas sentencias  puedan cumplirse, generando así, una crisis en la resolución del conflicto, lo que configura una grave afectación al valor Seguridad Jurídica en un sistema de Justicia. Por tal motivo, la presente institución procesal ha sido desarrollada en base al Principio de Economía Procesal, teniendo en cuenta que, mediante aquel principio se procura verdaderamente un ahorro en el tiempo, gasto y esfuerzo humano, tal como ha sustentado la propia teoría procesalista civil, el Principio de Economía Procesal, más que una finalidad, la obtención del presente principio ES LA CONSECUENCIA DE LA ACUMULACION SUBJETIVA DE PRETENSIONES (LITISCONSORCIO FACULTATIVO para nosotros), pues no se puede permitir que se deje abierta la posibilidad de que las sentencias que se expidan en los procesos puedan devenir en inejecutables. al supeditar y evitar  sentencias que valoren los mismos hechos. Por el contrario, es evidente concluir que la Judicatura de trabajo no ha analizado detalladamente tales fundamentos –a pesar de haber indicado en su resolución tales principios- dado que se señaló claramente lo contrario.  

Por consiguiente, ante la finalidad conjunta de ambas instituciones procesales para evitar sentencias contradictorias y poder ejecutar inmediatamente los derechos que ya han sido reconocidos por sentencias anteriores, es evidente que el lector pueda concluir que es posible que todos los trabajadores que se encuentren involucrados dentro de los beneficios declarados puedan interponer demandas en forma individual o colectiva (si así lo consideran conveniente en su amplia libertad de elección) para poder tutelar legítimamente su Derecho, en donde alguna supuesta omisión a la literalidad del artículo 18- como se observa en la Resolución ya descrita- no constituya alguna causal de Improcedencia[5]. Se concluye de esta manera, dado que la mera acumulación subjetiva de pretensiones no se encuentra regulada como una causal de improcedencia en la nueva NLPT, tampoco ha sido establecida en la antigua Ley Procesal del Trabajo No 26636, al solo ser un requisito para ordenar de oficio una desacumulación procesal, y los problemas surgidos por el Código procesal Civil son de distinta naturaleza a lo descrito en el presente trabajo. El propio artículo 86 del CPC ha detallado que esta acumulación es procedente siempre que las pretensiones provengan  de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, exista conexidad entre ellas y, se cumplan los requisitos del artículo 85 del CPC.

En tal sentido, es sorprendente que el Juzgado haya rechazado de forma liminar la viabilidad del presente proceso en cuanto si bien la propia norma reconoce al presente derecho como de ejecución individual, también es de acuerdo con la finalidad de la misma, que, de su redacción, se aprecie la figura de la individualidad de los derechos como un mecanismo para identificar los derechos de cada trabajador dentro del conjunto beneficiado, a la par de individualizar los efectos producidos en la sentencia, y no como una causal improcedencia,  a pesar que en la norma se indique “procesos individuales”. 

  • ¿LA DESACUMULACION PROCESAL PODRIA SER UNA INMEDIATA ALTERNATIVA PARA EVITAR FUTUROS AUTOS ADMISORIOS IMPROCEDENTES?

Al criticar constructivamente las actuaciones judiciales, proponemos una inmediata y justificativa solución para que la presente limitación ya no sea un modelo a seguir. Por tal motivo, ante la clara posibilidad de admitir demandas que contengan acumulaciones subjetivas, la pregunta que formularía inmediatamente sería ¿Cuál será el procedimiento para poder calificar y ejecutar los derechos determinando la individualidad de cada uno de ellos posterior a su admisión?

Ahora, si bien, la presente modalidad no ha sido desarrollada ni redactada en la NLPT, también es conforme a la verdad y a Derecho, que aquella institución ha sido desarrollada por la doctrina procesal civil y es una idónea herramienta jurídica que permite administrar una adecuada justicia a aquellos litigantes que opten por aquella acumulación. Por lo que, mediante aquella herramienta, cada demandante podrá obtener su legítima pretensión ante audiencias y debates independientes dentro de un mismo proceso sin que aquello pudiese vulnerar la individualidad de cada derecho reconocido por la finalidad del artículo 18 de la nueva Ley.

Para que no pudiera quedar duda sobre la idoneidad de la señalada propuesta, el presente instrumento procesal también se encontraba regulada con anterioridad en la derogada Ley Procesal del Trabajo No 26636, al indicar que el Juez podría ordenar la desacumulación cuando se afecte el principio de economía procesal por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano. Cabe rescatar la figura de la improcedencia en la antigua Ley Procesal del Trabajo No 26636, que aparte de no contemplar la figura de Improcedencia por una indebida acumulación subjetiva de pretensiones en el artículo 18 de forma restrictiva, permitía la desacumulación subjetiva  de pretensiones en el segundo párrafo del artículo 13, al señalar que el Juez podría ordenar la desacumulación cuando se afecte el principio de economía procesal por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano. Asimismo, como se ha indicado en el párrafo precedente, el  Código Procesal Civil en su artículo 89 de aplicación supletoria, dispuso con meridiana claridad que- cuando dos o más pretensiones atendiendo a la conexidad y a la eventual diferencia del trámite de los procesos acumulados- el Juez podría disponer la Desacumulación en el trámite, reservándose el derecho de expedir una sola sentencia.

Por tal razón, al individualizar los procedimientos y las audiencias correspondientes, el Juez de Trabajo  podrá analizar las pretensiones de forma individual, valorar los medios probatorios ofrecidos en su individualidad y pronunciarse sobre el fondo correspondiente al pedido hecho por cada trabajador Entonces, al desarrollarse todas las audiencias, finalmente la Judicatura podrá  expedir la sentencia definitiva en el referido proceso, en concordancia con la voluntad de los accionantes, y así el Principio de Economía Procesal se podría aplicar plenamente en los procesos individuales regidos en la Nueva Ley Procesal.

  • CONCLUSIONES

Ante lo desarrollado en el presente trabajo, podremos llegar a las siguientes conclusiones y alternativas de solución:

1.- Una innecesaria y reiterada interpretación mecánica del artículo 18 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, referente a la Liquidación de Derechos Individuales, ha originado que muchos actores no puedan ejercer su Derecho de Acción en forma acumulativa, o detallado en otros términos, que un conjunto de trabajadores que posean una misma categoría o el mismo derecho vulnerado, incurran en la imposibilidad de interponer una demanda de forma conjunta.

2.- La presente institución procesal denominada Liquidación de Beneficios Individuales se identifica como un novedoso mecanismo procesal  que permite a los trabajadores sujetos a los regímenes privado o público, a accionar procedimiento cuando exista una Sentencia del propio Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que declare la afectación de un derecho por los mismos actos o hechos considerados como lesivos que afecten un grupo o categoría de trabajadores. Para tal efecto, tal como ha detallado la doctrina procesal laboral,  su finalidad claramente es evitar que se inicien procesos por conflictos que ya fueron materia de evaluación sobre el fondo y sobre los cuales existiesen sentencias reconocidas con anterioridad.

3.- La finalidad de la mal llamada Acumulación Subjetiva de Pretensiones, Litisconsorcio Facultativo, es  evitar la contradicción  de sentencias en cualquiera de sus modalidades, en cuanto a una futura colisión de criterios podría incurrir en la imposibilidad de que dichas sentencias puedan ser ejecutadas o acatadas al mismo tiempo, por lo que su finalidad no se contrapone a la Liquidación de beneficios individuales reconocido por Ley.

4.- Si bien, el instrumento procesal denominado Desacumulación Procesal no ha sido desarrollada ni redactada en la NLPT, aquella institución es una idónea herramienta jurídica que permite administrar una adecuada justicia a aquellos litigantes que opten por la acumulación procesal, por el cual, cada demandante podrá obtener su legítima pretensión ante audiencias y debates independientes dentro de un mismo proceso, sin que aquello pudiese vulnerar la individualidad de cada derecho reconocido.

  • BIBLIOGRAFIA

APOLÍN MEZA, Dante Ludwing

2005                      “La conexidad como requisito para una Debida Acumulación de Pretensiones”. MORALES GODO, Juan. El Proceso Civil- Enfoques Divergentes. Lima: Ediciones Iuris Consulti, 73 a 82.

CONGRESO DE LA REPUBLICA

1995                      Ley N° 26513. Ley de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 27 de julio.

CONGRESO DE LA REPUBLICA

2010            Ley N° 29497. Nueva Ley Procesal del Trabajo. 13 de enero.

HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis

1995            “Ejecutoria Laboral sobre participación de los Trabajadores en las utilidades de las Empresas”. Revista Ius et Veritas. Lima, volumen 5, número 10, pp. 293-295. 

JAVILLIER, Jean- Claude

1981                      Droit du Travail. Traducción de Luis Enrique de la Villa Gil. Madrid: Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social.

PAREDES PALACIOS, Paul

2010            “Las innovaciones en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. Alerta Informativa Loza- Avalos Abogados. Lima, 2008. Consultado en: http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=contenido&com=contenido&id=2891 (10/06/2014)

PODER EJECUTIVO

1991                      Decreto Legislativo No 677. Participación en la Utilidad, Gestión y Propiedad de los Trabajadores en las Empresas. 2 de octubre.

PODER EJECUTIVO

1992                      Decreto Legislativo No 768. Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 29 de febrero.

RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge

2007            Derecho del Trabajo- Teoría General. Segunda Edición. Lima: Juridica Grijley.

RIVAS, Adolfo Armando                                                                                                                 Tratado de Tercerías. Buenos Aires. Abaco 1996, tomo II. p.p. 40 y 41.

VINATEA RECOBA, Luis y Jorge Luis TOYAMA MIYAGUSUKU

2012                      Análisis y Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lima: Editorial Gaceta Jurídica


[1] El artículo I del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497,  ha señalado con meridiana claridad que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de Inmediación, Oralidad, Concentración, celeridad, Economía Procesal y Veracidad. 

[2] La referida Ley N° 26513 señalaba  en uno de sus apartados que la renta anual  para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se encontraba  referida a la renta neta  después de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores.

[3] VINATEA RECOBA, Luis  y Jorge Luis Toyama Miyagusuku  Análisis y Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ed. Gaceta Jurídica 2012, Lima, pág. 136; Paul Paredes, Las innovaciones en la Nueva Ley Procesal del Trabajo;  Loza- Avalos Abogados, pp. 6.

[4] Como ya se ha indicado, el artículo 83 como en el 92 del CPC, se  ha dispuesto  que “En un proceso puede haber más de una pretensión, o más de dos personas.  La primera  es una acumulación objetiva y la segunda es una acumulación subjetiva. La acumulación objetiva y subjetiva pueden ser originadas o sucesivas, según lo propongan en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente”.  Agregando en el segundo inciso del artículo 89 que “Atendiendo  a la conexidad y a la eventual diferencia del trámite de los procesos acumulados. El Juez PUEDE DISPONER SU DESACUMULACIÓN EN EL TRAMITE…”.

[5] La propia NLPT no ha determinado que la Acumulación Subjetiva de Pretensiones sea causal de Improcedencia.

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