Nuevo juicio oral ante incumplimiento deber de esclarecimiento

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Nuevo juicio oral ante incumplimiento deber de esclarecimiento

RECURSO NULIDAD N.° 544-2019/ANCASH

Sumilla.

Es evidente que si los medios de prueba se ordenan, de oficio, por el Tribunal Supremo, no hace falta que en el juicio de reenvío deban ser previamente ofrecidas por las partes. De iure están considerados como medios de prueba necesarios y de indispensable ejecución en el nuevo juicio oral, salvo claro está si se presentan o surgen motivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su no actuación. En el presente enjuiciamiento estos medios de prueba llanamente no se actuaron porque el Tribunal no cursó las notificaciones y mandatos correspondientes. Esta omisión probatoria generó una indefensión material a los imputados, lo que no puede superarse en sede revisión impugnativa dado que se afectó el núcleo duro de la garantía de defensa procesal: el derecho a la prueba pertinente. El debido esclarecimiento de los hechos es un deber u obligación del órgano jurisdiccional y su alcance está en función a las exigencias del caso concreto. Siendo así, no es posible un examen sobre el fondo del asunto; esto es, valorar si la apreciación de la prueba es legalmente correcta, si no se incurrió en vicio lógico alguno y si el juicio de subsunción normativa es el que corresponde.

Lima, seis de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los encausados ABEL EMERSON ASENCIOS DOMÍNGUEZ, RICHER RONALD  SALAZAR TRUJILLO, ROSSBEL DONATO SALAZAR TRUJILLO y ADOLFO  PEDRO CAMILOAGA JARA contra la sentencia de fojas dos mil novecientos  treinta y cinco, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que los condenó como autores de los delitos de homicidio calificado, robo con agravantes y  violación sexual real en agravio de Epifania Garay Silva a cadena perpetua y  al pago solidario de veinte mil soles por concepto de reparación civil; con lo  demás que al respecto contiene.  

OÍDO el informe oral.  

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS

1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DE LOS IMPUTADOS

PRIMERO. Que los encausados Asencios Domínguez, Richer Salazar  Trujillo, Rossbel Salazar Trujillo y Camiloaga Jara en su recurso de nulidad  formalizado de fojas tres mil veinte, de cuatro de febrero de dos mil  diecinueve, instaron la absolución de los cargos. Alegaron que el único testigo de cargo proporcionó versiones contradictorias e inconsistentes, así  como no explicó claramente los hechos y respondió evasivamente las  preguntas que se le formularon; que esta declaración no cuenta con  elementos objetivos periféricos de corroboración; que la sentencia no se  pronunció respecto de determinados medios de prueba documental, pese a  que fue un motivo de anulación de la sentencia anterior; que la sentencia  contradictoriamente reconoció que no se acreditó la preexistencia de lo  supuestamente robado, pese a lo cual dictó condena por delito de robo; que  no se actuaron las pericias psicológicas de los imputados pese a que se le  atribuyeron delitos execrables; que existe insuficiencia probatoria; que se vulneró el debido proceso ante el incumplimiento de los plazos y términos  procesales establecidos por ley.

2. DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado los siguientes  hechos:

  • El día ocho de junio de dos mil siete, como a las veintidós con cincuenta  horas, previo concierto, se reunieron los encausados Asencios  Domínguez, Richer Salazar Trujillo, Rossbel Salazar Trujillo y  Camiloaga Jara, así como el menor infractor Maguiña Garay, de quince  años de edad, cerca de la casa de la agraviada Garay Silva, de setenta y  nueve años de edad [DNI de fojas ochenta y siete], ubicada en el  Caserío de Orcosh, comprensión del distrito de San Marcos, provincia de  Huari – Ancash, con fines de robo, pues sabían que la agraviada prestaba  dinero. 
  • Los imputados, acto seguido, ingresaron al espacio contiguo de la  referida vivienda y, a continuación, incursionaron en la misma. El menor  Maguiña Garay se ubicó en la puerta ubicada al lado de la escalera que  da al segundo piso y, luego, al frente de la habitación ocupada por la  agraviada Garay Silva. 
  • Los encausados sorprendieron a la agraviada Garay Silva cuando dormía  en su cama. El encausado Rossbel Salazar Trujillo, ante los gritos de la  agraviada, le tapó la boca con una media de color carne hasta que se  desmayó y, a continuación, una vez que aquélla perdió el conocimiento,  le introdujo la mitad de la media dentro de la boca. Los imputados  registraron el predio y se apoderaron de varios bienes: televisor, cocina,  licuadora y frazadas, así como dinero en efectivo. Asimismo,  aprovecharon que la agraviada estaba inconsciente para hacerle sufrir el  acto sexual. 
  • Finalmente, los imputados se dieron a la fuga. Se dirigieron al sitio  llamado Shiquip, a la altura de la chacra de don Agustín Laguna, donde  los esperaba un camión, en el que introdujeron el botín.
  • Lo robado no fue recuperado.
  • El día nueve de junio de dos mil siete, en horas de la mañana –al día  siguiente de los hechos–. Fue encontrado el cuerpo sin vida de la  agraviada en su propio domicilio por doña Gloria Vilma Leyva  Mogollón. 

3. DE LA ABSOLUCIÓN DEL GRADO

TERCERO. Que es de precisar que la sentencia de instancia anterior, corriente  a fojas dos mil cuatrocientos treinta, de veintitrés de agosto de dos mil  diecisiete, condenó a los cuatro imputados por dos delitos: homicidio  calificado y robo con agravantes, y los absolvió del delito de violación  sexual. Solo recurrieron los condenados. El Fiscal no recurrió [fojas dos mil  cuatrocientos sesenta y seis: se reservó el derecho y, luego, no impugnó].  

Esta sentencia condenatoria fue anulada por este Tribunal Supremo a fin  de que cumpla con el deber de esclarecimiento y, por ende, se lleven a cabo  determinadas actuaciones probatorias, según se señaló expresamente en la  Ejecutoria Suprema de fojas dos mil quinientos veintitrés, de diez de abril de  dos mil dieciocho [Fundamento Jurídico sexto]. 

CUARTO. Que como la absolución por el delito de violación sexual quedó  firme al no interponerse recurso alguno contra este extremo de la sentencia  de fojas dos mil cuatrocientos treinta, de veintitrés de agosto de dos mil  diecisiete, no es posible que, con vulneración del efecto negativo de la cosa  juzgada (ne bis in ídem), nuevamente se vuelva a juzgar este extremo de la imputación y se dicte una condena al respecto. Por tanto, este aspecto  condenatorio de la sentencia recurrida es nulo de pleno derecho, al amparo  del artículo 298, numeral 1, del Código Procesal Penal. 

QUINTO. Que, de otro lado, la pena impuesta contra los cuatro encausados  recurrentes en la aludida sentencia fue de treinta y cinco años de privación de  libertad. Solo recurrieron las partes acusadas, no así el Ministerio Público. La  nulidad declarada por la Ejecutoria Suprema de fojas dos mil quinientos  veintitrés, de diez de abril de dos mil dieciocho, no se refirió al juicio de  determinación de la pena. Luego, habiéndose ganado como límite esa pena  no es posible que en un ulterior enjuiciamiento el Tribunal Superior,  contradiciendo su anterior decisión, imponga una condena mayor a la  infligida en ese momento, respecto de la cual la Fiscalía no cuestionó en esa  oportunidad –se incurrió, por tanto, en una incongruencia ultra petita–. En  estos casos no es posible la imposición de una pena superior a la  anteriormente dictada que a estos efectos estabilizó la situación jurídica de  los imputados, quienes en un nuevo enjuiciamiento solo podrían ser beneficiados con una absolución o una menor pena o, de no ser posible, se  harían acreedores a la misma pena impuesta en esa ocasión.

SEXTO. Que en la sesión de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho se  acordó que la siguiente sesión se llevaría a cabo el ocho de noviembre de dos  mil dieciocho, como consta de fojas dos mil setecientos ochenta y uno.  Empero, el indicado día ocho de noviembre de dos mil dieciocho el Tribunal  Superior advirtió que había transcurrido el término de ocho días hábiles –ese  día era el noveno hábil–, por lo que en esa misma sesión dictó la resolución  número ochenta y cuatro de fojas dos mil setecientos ochenta y tres.  

El auto en cuestión, sobre la afirmación de un error en el cómputo de los  días hábiles para la designación de la fecha, en atención a que las partes no  objetaron la fecha elegida y porque se habían ejecutado diligencias  importantes en el curso de las sesiones pasadas, por economía y celeridad  procesales, convalidó todas las actuaciones procesales realizadas y, para no  dilatar la causa, dispuso la continuación del juicio oral.  

Según el acta de fojas dos mil setecientos ochenta y cuatro el abogado  defensor señaló que tal convalidación si no tiene un fundamento jurídico será  observada por la Corte Suprema. Las demás partes mostraron su  conformidad con el auto en cuestión. 

(…)

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