El acuerdo de colaboración firmado entre la constructora brasileña Odebrecht y el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc del Perú podría ser revocado si los beneficiarios incumplen las condiciones impuestas por el Poder Judicial Nacional.
Según la resolución del acuerdo referido, ”son obligaciones de los colaboradores eficaces los descritos en el considerando 131 y 138 de la presente sentencia. En este sentido, no deben cometer nuevo delito doloso dentro de los diez años siguientes de habérsele otorgado el beneficio. Asimismo, deberán informar de todo cambio de residencia al Ministerio Público. También, al ejercer oficio, profesión u ocupación”.
En ese sentido, los imputados Henrique Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimarães, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior estarán bajo constante seguimiento del Ministerio Público peruano en torno al acuerdo de colaboración con Odebrecht.
Reparación Civil
Pese a que dichos representantes de la compañía brasilera asumen sus delitos cometidos, no pagarán la reparación civil fijada de S/ 610 millones. Los que asumirán el pago al Estado serán las empresas representantes de Odebrecht en el Perú: Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y, Odebrecht Perú Ingenieria y Construcción S.A.C.
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Acuerdo de colaboración con la constructora brasilera
Recordemos que el acuerdo de colaboración con Odebrecht y la Fiscalía junto a la Procuradoría Ad Hoc, aseguran el pago de la reparación civil, los testimonios de sus exdirectivos y la información de sus servidores.
La firma del acuerdo se llevó a cabo el pasado 15 de febrero en Sao Paulo, Brasil. Consta de 739 tomos, revisados por el juzgado a cargo de la magistrada María de los Ángeles Álvarez Camacho el pasado 25 de marzo.
Algo más
El acuerdo de colaboración con la empresa brasilera es un mecanismo que permitirá a la fiscalía peruana conocer información de los mismos implicados en los presuntos delitos de corrupción.
En tal sentido, deberá corroborarse y efectuarse bajo los lineamientos establecidos por el Poder Judicial.
En este caso, los beneficiarios deberán notificar informaciones personales, así como no cometer ningún delito doloso durante los próximos 10 años.
