Omisión a la Asistencia Familiar: ¿El periodo de prueba puede ser superior a la pena suspendida? Prevención general y prevención especial de la pena [Casación 2381-2021, Puno]

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Omisión a la Asistencia Familiar Casación 2381-2021, Puno

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla. Omisión de asistencia familiar, determinación de la pena, suspensión de la ejecución punitiva y prevención especial.

I. La prevención general tiene lugar al momento que el ordenamiento jurídico autoriza la suspensión de la ejecución de la pena para delitos no graves; en tanto, la prevención especial despliega su vigencia al instante en que se determina el plazo de suspensión.

II. Los antecedentes procesales evidencian que la pena (diez meses y nueve días) y el plazo de suspensión (un año) se establecieron en la sentencia conformada, del veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la cual se declaró consentida y, como tal, adquirió la condición de cosa juzgada.

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Con excepción de las conversiones reguladas en los artículos 52-A y 52-B del Código Penal, de acuerdo con el artículo 139, numerales 3 y 13, de la Constitución Política del Estado no debió alterarse o modificarse dicho quantum, sea para aumentarlo o reducirlo.
En ese sentido, la Sala Penal Superior yerra al soslayar sus efectos jurídicos, pues, elaboró un nuevo esquema de dosificación punitivo sustentado en que “el periodo de suspensión en el caso concreto, debe ser igual o menor a la pena impuesta [sic]”.
Dicha interpretación colisiona con la jurisprudencia penal, en la que se estableció que el criterio de medición del periodo de prueba es de carácter “preventivo especial [sic]” y que, además, no posee una relación “automática o lineal [sic]” con la pena privativa de libertad.
Esto último tiene sustento legal, debido a que el artículo 57 del Código Penal no estipula una regla específica que imponga una determinada medida o magnitud cuantitativa del periodo de prueba.

III. Asimismo, es relevante efectuar precisiones de lege lata. Si bien la ley no lo prohíbe, no es aconsejable que los jueces sentenciadores, por razones de sistematicidad y lógica jurídica, fijen un periodo de suspensión superior a la pena privativa de libertad impuesta. En líneas generales, si el marco punitivo o, en su caso, el resultado de la determinación penal, arrojan una sanción de cuatro años o un quantum inferior, entonces, es viable hacer uso de las opciones que franquea el ordenamiento jurídico, es decir, las sustituciones, las conversiones, la reserva del fallo condenatorio o la exención, previstas en los artículos 32, 52, 52-A, 52-B, 62 y 68 del Código Penal, siempre que se cumplan sus requisitos de procedencia.

IV. En consecuencia, al haberse constatado la vulneración de los principios jurisdiccionales de cosa juzgada y tutela judicial efectiva (en su vertiente del derecho a la ejecución de sentencias judiciales), no es imperiosa la realización de una nueva audiencia de apelación; por ello, se emitirá una sentencia de casación, conforme al artículo 433, numeral 1, del Código Procesal Penal. En ese sentido, se declarará fundado el recurso de casación, se casará el auto de vista y, actuando en sede de instancia, sin reenvío, se confirmará el auto de primera instancia, que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de pena suspendida por efectiva, revocó la pena suspendida impuesta a MATEO SILVESTRE TICONA MAMANI, y le aplicó diez meses y nueve días de pena privativa de libertad efectiva. Se relieva que la decisión apelada y sus fundamentos tienen sustento en el artículo 59 del Código Penal, por ende, dieron cumplimiento a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

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Lima, veinte de abril de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR contra el auto de vista, del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 125), emitido por la  Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora y Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Puno, que revocó el auto de primera instancia, del trece de enero de dos mil veinte (foja 99), que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de pena suspendida por efectiva, revocó la pena suspendida impuesta a MATEO SILVESTRE TICONA MAMANI, y le aplicó diez meses y nueve días de pena privativa de libertad efectiva, en el proceso penal que se le siguió por el delito de omisión de asistencia familiar, en agravio de los menores Lisbet Pilar Ticona Álvarez, Brígida María Ticona Álvarez y Yohan Beker Ticona Álvarez; reformándolo, declaró infundado el aludido requerimiento.

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Al comienzo, se emitió la sentencia conformada del veintiocho de enero de dos mil diecinueve (foja 72), que aprobó la conclusión anticipada. Se condenó a MATEO SILVESTRE TICONA MAMANI como autor del delito de incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de los menores Lisbet Pilar Ticona Álvarez, Brígida María Ticona Álvarez y Yohan Beker Ticona Álvarez, se le impuso diez meses y nueve días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de un año, se establecieron reglas de conducta (comparecer mensualmente al Juzgado, reparar los daños ocasionados y cumplir con la deuda alimenticia) y se fijó como reparación civil la suma de S/ 1500 (mil quinientos soles).

[Continúa]

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