Omisión de justificar el restablecimiento del cobro de pensiones devengadas [Sentencia 222-2021, San Martín]

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Omisión de justificar el restablecimiento del cobro de pensiones devengadas

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 222/2021

EXP. N.º 01249-2015-PA/TC

SAN MARTÍN

REINERIO AMASIFEN ISHUIZA

RAZÓN DE RELATORÍA

En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 26 de enero de 2021, los magistrados, Miranda Canales, Blume Fortini, Sardón de Taboada han emitido, la siguiente sentencia, que declara FUNDADA la demanda de amparo que dio origen al Expediente 01249-2025-PA/TC. Los magistrados Ferrero Costa y Ramos Núñez, con voto posterior, coincidieron con el sentido de la ponencia.

Los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera emitieron votos singulares declarando improcedente la demanda.

La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza la sentencia y los votos antes referido, y que los magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad.

Flavio Reátegui Apaza Secretario Relator


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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima a los 26 días del mes de enero de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa- Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, y con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, conforme al artículo 30- A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, con los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan. Se deja constancia que los magistrados Ferrero Costa y Ramos Núñez votarán en fecha posterior.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reinerio Amasifen Ishuiza contra la resolución de fojas 100, de fecha 3 de diciembre de 2014, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de noviembre de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Primer Juzgado de Paz Letrado de San Martín sede Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, el Juzgado Especializado de Familia de Tarapoto de la misma corte y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones emitidas en el proceso de alimentos en etapa de ejecución, seguido en su contra por Maribel Shuña Amasifuen en representación de su hijo Weninger Amasifen Shuña (Exp.00120-1996):

– Resolución 30, de fecha 10 de mayo de 2013 (f. 12), que declaró improcedente su observación a la liquidación realizada, basado en la prescripción extintiva de las pensiones devengadas, y aprobó la liquidación por la suma de S/ 19 670.00 nuevos soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas más S/ 7.306.83 nuevos soles de intereses legales en el período comprendido entre el mes de diciembre de 1996 al mes de marzo del 2013.

– Resolución 2, de fecha 13 de setiembre de 2013 (f. 4), que revocó la apelada y declaró fundada en parte su observación a la liquidación de devengados e intereses calculados y dispuso se practique nueva liquidación a partir de enero de 2006 a la fecha de lo solicitado por Maribel Shuña Amasifuen.

Manifiesta que dicho proceso culminó con sentencia favorable para doña Maribel Shuña Amasifuen, quien lo demandó por alimentos a favor de su menor hijo, ordenándosele el pago mensual de S/ 100.00 a partir del 1 de diciembre de 1996. Sin embargo, asegura que nunca se le requirió dicho pago, hasta que, en el mes de abril de 2013, se le notificó una liquidación que asciende a S/ 19 670.00 por pensiones devengadas y a S/ 7306.83 por intereses legales. En tal sentido, advierte que al habérsele solicitado abonar dicha cantidad después de haber transcurrido 16 años, ha prescrito el derecho a cobrar dicha pensión en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil; debido a lo cual considera que se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales.

El Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda solicitando se la declare improcedente, argumentando que el amparo no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, así como tampoco procede contra resoluciones que deriven de procedimientos regulares, como el presente caso.

El Juzgado Especializado Civil de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con fecha 19 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda por considerar que las cuestionadas resoluciones se encuentran debidamente motivadas y no se evidencian indicios que adviertan que se hubiese realizado un procedimiento irregular.

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por fundamentos similares.

Mediante auto de fecha 25 de octubre de 2017 (f. 5 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), el Tribunal Constitucional, dispuso notificar a doña Maribel Shuña Amasifuen con la demanda, sus anexos y el recurso de agravio constitucional y conferirle el plazo excepcional de cinco (5) días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que juzgue conveniente, bajo apercibimiento de ley. Sin embargo, por razón de Relatoría, de fecha 4 de diciembre de 2019, se dio cuenta que no se pudo notificar a la mencionada ciudadana, por lo que correspondía continuar con el trámite de la causa según su estado.


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FUNDAMENTOS

1. Este Tribunal Constitucional, en el fundamento 4, del auto de fecha 25 de octubre de 2017, determinó que la controversia gira en torno a determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, ha prescrito el derecho a cobrar la pensión de alimentos (Expediente 120-1996).

2. De la revisión de autos se aprecia que en la Resolución 30, de fecha 10 de mayo de 2013, del proceso subyacente (fojas 12), el juez de la causa desestimó la observación del actor referido a la prescripción extintiva de las pensiones devengadas y aprobó la liquidación de las pensiones de alimentos devengadas a cargo del actor, desde el mes de diciembre de 1996 al mes de marzo de 2013. Y que, al ser apelada, mediante Resolución 2 (fojas 4), el órgano revisor precisó que el plazo de prescripción para la ejecución de la sentencia de alimentos era de 10 años conforme a lo previsto en el Código Civil, por lo que revocó la impugnada por considerar que no obstante haber obtenido sentencia favorable, la madre del alimentista dejó transcurrir el tiempo para luego de 16 años reclamar el pago de la pensión, por lo que, reformando la resolución, declaró fundada la observación y ordenó que se practique nueva liquidación desde el mes de enero de 2006.

3. En el caso de autos, tanto del escrito de apelación y de observación a la liquidación de pensiones de alimentos devengadas, presentados por el demandante, se aprecia que el actor invoca la aplicación del artículo 2001, inciso 1) del Código Civil, referido al plazo prescriptorio nacido de una ejecutoria para dilucidar la controversia del requerimiento de pago ordenado en el proceso subyacente, invocando para ello lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 02132-2008-PA/TC (publicado el 13 de mayo de 2011).

4. Siendo así, en el presente caso, se evidencia que el principal problema que se plantea es respecto de la interpretación del artículo 2001, inciso 1) del Código Civil, que establece lo siguiente:


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