Operadores judiciales no pueden eludir decisiones de la Corte IDH

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Operadores judiciales no pueden eludir decisiones de la Corte IDH

Más aún cuando interpretan la extensión o la profundidad de un derecho nacional.

Los operadores del sistema judicial no pueden ignorar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando interpretan la extensión o la profundidad de un derecho nacional, afirmó el jurista argentino Néstor Pedro Sagüés, durante su participación en la sesión 167 de la Cátedra de los Jueves invitado por la judicatura peruana.

El especialista detalló que para la Corte IDH, a nivel de control de convencionalidad, lo dicho en una opinión consultiva tiene tanto valor como lo señalado en una sentencia del tribunal regional.

Sagüés se refirió, a través de su exposición virtual, a la opinión consultiva de la Corte IDH sobre identidad de género, no discriminación a parejas del mismo sexo, de noviembre del 2017.

Lineamientos

La Corte IDH reconoce que la mayoría de los pueblos y de las sociedades no comparte la tesis del matrimonio igualitario, pero indica que si este no puede instrumentalizarse por vía legislativa o judicial, no deben adoptarse políticas estigmatizantes o discriminatorias contra una pareja del mismo sexo. “Es una opinión consultiva casi legislativa, muy curiosa, expresó.

En tal sentido, consideró que los tratados de derechos humanos se deben interpretar evolutivamente, no regresivamente ni históricamente.

Además, afirmó que las palabras de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no son fijas, y que el catálogo de los derechos enunciados en el Pacto de San José de Costa Rica puede ser incrementado por los Estados o por la Corte IDH.

De esta forma, un Estado puede verse obligado a cumplir hoy más derechos que aquellos a los que se le obligaron cuando firmó el Pacto de San José.

“Por voluntad de la Corte IDH, un país puede verse comprometido a mucho más de lo que se comprometió inicialmente cuando se incorporó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó el jurista argentino.

Al interrogarle cuál es la solución a este conflicto, dijo que el Estado que no quiera cumplir hoy con nuevos derechos, no incluidos inicialmente en el Pacto de San José, pero expandidos por la voluntad de la Corte IDH, puede denunciar el Pacto dentro de los términos previstos por este.