Organización Criminal: Cesación de prisión preventiva y condición de no habido [Apelación 236-2022, Del Santa]

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Organización Criminal Cesación de prisión preventiva y condición de no habido

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Cesación de Prisión Preventiva. Condiciones

Sumilla: 1. El artículo 283, apartado 3, del CPP estipula que la cesación de la prisión preventiva procede cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos (presupuesto y requisitos) que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. 2. El planteamiento fundamental del investigado Huallpa Chuctaya incide en el requisito de sospecha fuerte o grave y fundada, propiamente en que nuevos medios de investigación han enervado los cargos inicialmente considerados como suficientes y consistentes para dictar mandato de prisión preventiva. Empero, los medios de investigación asumidos al momento de disponer la prisión preventiva no han sido enervados con los elementos de investigación resultantes de las diligencias realizadas con posterioridad. Por ahora, es consistente, desde la perspectiva del estándar de prueba exigible para dictar la medida de coerción personal de prisión preventiva, estimar que el fiscal encausado realizó intervenciones y dictó medidas y disposiciones que beneficiaban, en lo relevante, al procesado Pablo Martín Mendoza Chávez (a) “Cheto”, hermano del asistente de función fiscal de la Fiscalía de Huarmey, José Antonio Mendoza Chávez. 

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El contenido del acta de denuncia verbal de once de junio de dos mil diecinueve, la intervención que correspondió al fiscal Huallpa Chuctaya en el trámite de varias carpetas fiscales por las que favoreció irrazonablemente, de modo directo o indirecto, a Pablo Martín Mendoza Chávez, a día de hoy, no ha sido enervado.
3. En lo concerniente al peligrosismo procesal, es de resaltar no solo la gravedad del delito investigado, su especial naturaleza al mediar intervención de un fiscal vinculado a una organización criminal y la magnitud del daño causado al servicio de justicia y a la propia institución a la que pertenecía cuando se produjeron los hechos punibles investigados, sino que, más allá de que el imputado presenta una discapacidad visual severa, ha concretado su fuga. Desde el inicio del proceso está en la condición de “no habido”, por lo que no es posible sostener que se enervó el peligro de fuga, ésta permanece latente. Frente a ello los arraigos que dice tener no tienen la virtualidad de enervar la fuga ya producida.

Lima, veinte de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado TONY CARLOS HUALLPA CHUCTAYA contra el auto de primera instancia de fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro, de doce de septiembre de dos mil veintidós, que declaró infundado el pedido de cesación de prisión preventiva que planteó; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal que se le sigue por delito de organización criminal en agravio del Estado.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ 1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA DEL IMPUTADO

PRIMERO. Que la defensa del encausado HUALLPA CHUCTAYA en su escrito de recurso de apelación formalizado de fojas quinientos siete, de cinco de octubre de dos mil veintidós, instó se revoque el auto de primera instancia y se declare fundada la cesación del mandato de prisión preventiva. Como causa de pedir planteó múltiples errores de motivación que determinan la injusticia manifiesta de la denegación del cese de prisión preventiva.

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∞ Alegó lo siguiente: Que no consta elemento de convicción que revele alguna desavenencia entre los fiscales por la detención de Pablo Mendoza Chávez, más aún si luego de informarse del desalojo ilegal no se continuó con las diligencias respectivas –del acta de uno de mayo de la investigada fiscal Villar se tiene que suspendió las diligencias desde el uno de mayo hasta el día siguiente, y el fiscal Huallpa Chuctaya continuó las diligencias–. Que no se señaló que las nuevas investigaciones incriminen aún más a alguno de los investigados como integrantes de la organización criminal, y se omitió analizar la disposición seis, del caso 512-2019, por la que su defendido, el fiscal Huallpa Chuctaya, dispuso la formalización de la investigación contra Pablo Mendoza Chávez y Juan Diego Aguilar por delito de usurpación, con lo que se desacredita que favoreció a Pablo Mendoza Chávez. Que el testigo reservado TR 01-2019 no señaló conocer de los pagos a los fiscales o que las coimas eran como premios al desalojo producido el quince de enero de dos mil dieciocho –las testimoniales de Michel Inocente Alvarado y Mildo Mendoza Leyva no corroboran aquellos supuestos pagos–. Que no se valoró que era falso que su patrocinado, el fiscal Huallpa Chuctaya, concurría al local de Pablo Mendoza Chávez, picantería que aún no funcionaba. Que se tiene presente las declaraciones de Flor Edith Patricio López, Adely Gaby Quispe Rosales, Santa Verónica Monsalve Vicencio y Rubén Jonás Carrión Maguiña, y es falso que en la diligencia se requería fiscales de prevención del delito, pues la defensa solo señaló que su defendido, el fiscal Huallpa Chuctaya, actuó en vía de prevención; que con el oficio 2-2008-MPH-PPM se acredita que la procuraduría municipal recién solicitó el desalojo, el mismo día, con la fiscalía de Huarmey, por lo que era imposible una coordinación; además, en el auto de prisión preventiva no se valoró audio o transcripción del video de desalojo del quince de enero de dos mil dieciocho; que es falso que la disposición 75-2018 se expidió para realizar control administrativo, sino para la verificación y análisis de los delitos denunciados de abuso de autoridad, 

[Continúa…]

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