Pago de Liquidación de Devengados e Intereses Legales [Casación 34970-2022, Ucayali]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Lima, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Procurador Público del Gobierno Regional de Ucayali, mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 20211 , contra la Sentencia de Vista de fecha 26 de noviembre de 20212 , que confirmó la sentencia emitida en primera instancia de fecha 12 de mayo de 20213 , que declaró fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser calificados conforme a la modificación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifica diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. 

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Contexto del caso 

Segundo. Se advierte de la demanda, que el demandante Manuel Carrasco Moreno solicita se dé cumplimiento al acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Nº 400-2020-GRUDIRESAU-OAJ de fecha 06 de julio de 2020 mediante la cual se le reconoce el monto de S/. 138,974.06 soles por concepto de devengados e intereses legales derivados de la aplicación del artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94, en virtud a lo dispuesto por la Ley Nº 29702, derecho otorgado y reconocido a favor de la demandada. 

Requisitos de admisibilidad y procedencia 

Tercero. Del análisis del presente medio impugnatorio se verifica que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, y con lo dispuesto en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fin al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notificada la resolución recurrida; y, d) La parte impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° literal g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27231. 

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El Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 

Cuarto. En ese orden de ideas, debe indicarse que el derecho a impugnar, constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva proclamada como derecho y principio de la función jurisdiccional en el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado y, como tal, garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico aunque su ejercicio y dispensación estén supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. 

[Continúa …] 

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