Parámetros económicos y racionales en los procesos de alimentos

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Parámetros económicos y racionales en los procesos de alimentos

La maratónica carrera por conseguir un alimento digno

Carlos C. Mormontoy Ccanahuire[1]

Resumen

En este artículo, se aborda el problema actual de los alimentos desde una perspectiva racional, así como los criterios de fijación, el incremento o la suspensión de los alimentos entre otros fenómenos, que dan cuenta, que el sistema peruano aún no prevé un mecanismo eficaz sobre el monto que compela a satisfacer la prioridad de los alimentos, ello frente a los defectos de la norma, la jurisprudencia nada ha mencionado o poco ha señalado en referencia al tema, pese a ser de necesidad actual.

Palabras clave: Alimentos, criterios, factores económicos, obligación alimenticia.

 

Abstract

In this article, the current food problem is addressed from a rational perspective, as well as the criteria for fixing, increasing or suspending food, among other phenomena, which show that the Peruvian system does not yet provide an effective mechanism Regarding the amount that compels to satisfy the priority of food, this in the face of the defects of the norm, the jurisprudence has mentioned nothing or little indicated in reference to the subject, despite being of current necessity.

Keyword: Food, criteria, economic factors, maintenance obligation.

 

1. Introducción

Es innegable que en el Perú; un país ajustado a las nuevas tendencias procesales y dotadas de un sistema garantista, aún siga padeciendo de frecuentes menoscabos y ulteriores afectaciones respecto al tema de los alimentos. Y no porque exista una desregulación o innegables vacíos normativos, sino que además de ello, existe un sin número se situaciones que generan dudas, cuestionamiento o ameritan un análisis más riguroso, tal es el caso de los alimentos de origen afín o el tema de criterios racionales objetivos del obligado alimentista, lo que en la mayoría de los casos ha quedado estancado en la sola aplicación mediante la discrecionalidad judicial. Si bien los alimentos son -considerados como un derecho de índole constitucional- en los últimos años, este ha quedado rezagado y a la vez enclaustrado en problemas que aparentemente no tienen solución por un lado, y por otro, no existe jurisprudencia vinculante que haga mención a estos fenómenos procesales. Al respecto se tiene que en la sentencia de alimentos, el juez lo único que prevé en la dación y otorgamiento del quantum alimenticio, es aligerar y sopesar con criterios aquellos vacíos normativos o defectos partiales de postulación e incidencia probatoria, mediante razonamiento que no solo da a conocer un cumulo de situaciones de ventaja sino también desventaja para las partes.

2. Los alimentos en el contexto moderno

Los alimentos, siempre fueron considerados como todo suministro de vida para las personas, una obligación y un derecho al mismo tiempo[2], por lo que es innegable la conexión directa de este con el ser humano y su desarrollo en la familia. Si bien la doctrina ha podido inferir que los alimentos están integrados por varios conceptos v.gr., como por ejemplo la vestimenta, la educación, etc.; en la actualidad existen conceptos modernos que se aúnan a dicho factor configurativo, tal es el caso del recreo o el factor psicológico (salud) e incluso se suele hablar de amparo moral –económico y el estatus social. Aspectos que denotan una perspectiva evolutiva constante que impetra a que el Estado innove con nuevos criterios a través de la administración de justicia o políticamente hablando, refuerce el sistema normativo a través de la dación de leyes que tutelen de forma óptima -el tema de los alimentos- en el país. Se tiene en mente que el Estado a través de la Constitución Política, ha optado por tutelar la familia y los alimentos, pues en la práctica, este solo viene cayendo en letra muerta, puesto que no existe -procesalmente hablando- la rapidez para la obtención o los mecanismos tutelares que agiliten el trámite (tal es el caso de una demanda oral[3]).

Es más, en el tema de alimentos es innegable que se omita hablar de factores derivados de  índole familiar que no necesariamente devengan del parentesco, ya que el derecho comparado ha dado muestra fidedigna de ciertos elementos modernos que permiten una protección de los alimentos; tal es el caso de los padres afines[4] respecto a los hijos bajo la misma nomenclatura (afines). Esta relación indudablemente hace mención a la familia ensamblada donde los lazos de consanguinidad quedan relegados a una de no parentesco. En el Perú, existe un reconocimiento de su existencia y es a través de la doctrina que se ha podido desarrollar con mayor amplitud esta institución; empero no se debe dejar de lado que aún no existe regulación que los ampare o tutele en el país de forma expresa (como son los derechos y obligaciones de los integrantes que lo conforman). Por lo tanto, los padres afines en el Perú no están en la obligación de pasar alimentos a los hijos afines, este sentido normativo aplicado en ello, tiene un fundamento que trasciende en –la carencia de relación paterno –filial entre las personas (padres e hijos); es decir que la norma en el país, no obliga a una persona a acudir con los alimentos -mientras no se demuestre el vínculo de consanguinidad.

3. Los criterios para fijar los alimentos

En el sistema normativo material, el legislador en el Perú, ha optado por señalar solo dos criterios para determinar los alimentos, la capacidad (posibilidad) del obligado y las necesidades del alimentista. Aspectos sobre los que recae un estándar de quien tiene más paga más frente (contrario sensu) a quien debe de recibirlos (en torno a la edad). Estos criterios no son más que solo pistas de un camino oscuro (rectius: incierto), ya que en la práctica se verifica la existencia de varios criterios (la fuente de ingresos, el trabajo permanente, etc.) que el legislador no las ha precisado dejando a libre entendimiento, interpretación o lo peor para una aplicación de forma discrecional a merced del juez, quien en muchos de los casos los obvia o los toma muy en cuenta pero bajo una motivación defectuosa, que en la mayoría de los casos, se sustenta en los gastos del menor únicamente.

Los criterios aplicados, obedecen a ciertas particularidades de cada caso en concreto como: i. Las posibilidades del obligado, basado en su fuente de ingresos; ii. Las necesidades del alimentista, que obedece a los gastos comunes y naturales, tanto en la edad como el ámbito de desarrollo; iii. El margen legal, establecido bajo dos patrones, –el primero- basado en el 50% que le corresponde al obligado como cuota alimenticia y -el segundo- basado en el 60% como margen límite para el embargo de las remuneraciones del trabajador (obligado), cuando se requiera judicialmente; iv. El margen jurisprudencial que debiera existir, para poder señalar un tope racional –de aplicación- regional, local o nacional, frente a la realidad vivida por las familias en el país; v. La base de cálculo de los alimentos sobre el mínimo vital, cuando el obligado demuestre no tener ingresos reales o efectivos; vi. Las otras obligaciones que tiene el obligado, como deudas, otros alimentistas, etc.; vii. El trabajo doméstico no remunerado, como una forma de aporte económico a los alimentos; viii. El factor socioeconómico del obligado y la posición social del alimentista.

Es así, que la mayoría de los criterios aplicados resultan siendo muy subjetivos y si de aplicación se refiere frente a la cuota alimenticia, son discrecionales, ya que quedan bajo una apertura de supuestos de índole personal, donde la perspectiva normativa queda de lado, donde incluso se aprecia: la carga familiar, las deudas existentes, la fuente de ingresos, el trabajo permanente, la profesión u oficio, las herramientas o instrumentos de trabajo propios. Aspectos que se toman en cuenta al momento de decidir.

4. El monto racional de los alimentos

Uno de los aspectos que fundan la esencia de la protección de los alimentos, es el quantum alimenticio, que no solo dista entre lo solicitado y lo obtenido, sino que sobre ello, se tejen muchas posturas y teorías, algunas que distan de la realidad. Ya que en principio se debe tener en cuenta que el juez a la hora de resolver se ha se topar con dos criterios normativos las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado principalmente. Sobre el primero, poco se ha hecho referencia en esta investigación, empero se debe señalar que, sobre esta existe un cumulo enorme para poder disgregar y esgrimir en que consiste, siendo el principal meta-criterio la edad y el factor social del menor, ya que sobre esta ha de gravitar el monto idóneo a obtener.

Y es que la edad, juega un papel muy importante a la hora de determinar los alimentos (ya que no es lo mismo las necesidades que sufre un menor de 2 años al que sufre uno de 10 años), y que impera a que la designación sea variada. Por ende el factor etario es una de las piedras angulares por las que discurre los alimentos, no solo por la premura sino por la misma necesidad de desarrollo del menor. Otro de los factores señalados como criterio es el factor social y regional sobre los que recaen los alimentos, ya que no es novedoso el saber que las necesidades varían entorno a factores de índole económico regionales (rectius: locales, provinciales o nacionales). Puesto que las necesidades son distintas en las ciudades variopintas y cosmopolitas del país, frente a las zonas alejadas, incomunicadas e incluso nativas.

Por lo que, suena anecdótico señalar el rol importante del juez a la hora de fijar los alimentos, si por un lado la misma norma no señala cuanto es el monto a fijar y por otro la inexistencia de un monto estándar de acuerdo a la realidad vivida en los distintos lugares del país, la edad del alimentista, posición social o económica (rectius: alimento congruo). A criterio del investigador se colige que debería existir un baremo de fijación base para poder optar a un monto racional que se pueda aplicar a nivel local, regional o nacional, dotándole de más herramientas al juez para poder emitir una decisión justa.

5. Es suficiente la declaración jurada para demostrar la capacidad del obligado

La realidad del obligado a veces suele converger entorno su capacidad adquisitiva y factores personales, como la falta de trabajo, los altos índices de desempleo, la deudas o la mal denominada carga familiar del obligado[5]. Aspectos que en muchos de los casos el juez no los toma en cuenta, ya que se basa en un monto fijo o subjetivo, el cual está señalado comúnmente en la boleta de pago del obligado alimentista o las presunciones sobre otros medios probatorios; es más, conforme al reporte de ingresos del obligado señalado por este, se precisa un aspecto objetivo de percepciones económicas, las mismas que no se dan en todos los casos. La norma jurídica (instrumental) en el art. 565 del C.P.C., prevé en los procesos de alimentos, que el demandado como anexo especial en la contestación de la demanda, presente la última declaración jurada para la aplicación del impuesto a la renta o la que legalmente la sustituya (es decir la boleta de pago, ya que es en ella donde se verifica no solo el pago de la remuneración sino el pago de los tributos adheridos a él).

Por otro lado, la misma norma procesal señala –también- que el demandado, puede presentar una declaración jurada de sus ingresos con firma legalizada. Al respecto, se debe precisar que este anexo especial de la contestación de la demanda -en teoría- suele acreditar el monto que viene percibiendo. Hecho del cual se aprecia un aspecto irreal, que en muchos de los casos verifica una interpretación variada, ya que conforme a dicha declaración, el obligado percibe un monto real (aparentemente), cuando en la práctica este es un monto desconocido, e incluso en muchos de los casos se denota de esta -una acción ficticia-, que el sistema no ha podido resolver.  Lo que sí está claro, es la existencia de una ligazón entre los demás criterios (de determinación de los alimentos) que necesariamente se unen a este, para poder darle un énfasis de credibilidad; caso contrario este medio probatorio, solo caería en gaseoso e ideal cuando se ha de señalar el monto que percibe como ingresos económicos frente a la inexistencia de otro medio probatorio. 

6. Se debe hacer un seguimiento estricto de las posibilidades económicas del alimentista

Según refiere el artículo 481 del C.C., no es necesario investigar rigurosamente los ingresos del que debe prestar los alimentos. La norma en mención alude no solo a una falta de rigurosidad en la investigación de lo alegado por el obligado alimentista, sino a una falta de previsión (exhaustividad) y permisibilidad a la vez, dotando de libertad en el señalamiento de los ingresos del obligado alimentista. Lo que permite abrir una brecha entre la verdad de los ingresos y una mentira soslayada por ley, ya que en el momento de señalar las posibilidades económicas, el obligado alimentista refiere aspectos llenos de subjetivismo en los que se aprecia incluso una presunción de la veracidad (relativa) que únicamente pueden ser enervados por una boleta de pago u otro análogo. Se debe mencionar también, que a colación de lo previsto en el artículo 565 del C.P.C., se establece una posibilidad de enmienda frente el subjetivismo señalado por el obligado cuando este menciona sus ingresos (posibilidades), el cual recae en la certificación jurada (declaración de los ingresos) que en suma, es solo un atributo más que impera un esquivo desmedro de verdad frente a la real intención de señalar los ingresos. Al parecer al legislador se le ha olvidado que el interés superior del niño es un meta-derecho que emerge del derecho al desarrollo, la vida y los alimentos. En tal sentido, el  no realizar una investigación rigurosa, respecto a la fuente de los alimentos es una nefasta protección en el país que debe ser analizada y corregida de forma inmediata.

7. Los abuelos están en la obligación de pagar los alimentos a favor del menor alimentista (cuando los padres pagan los errores de los hijos)

En el país, conforme se aprecia de la normativa vigente (Código Civil) frente a la obligación reciproca o de prelación, existe la permisibilidad para demandar por alimentos a la persona que ostente una capacidad para poder cubrir la cuota alimenticia, ello basado en factores de obligación y orden de prelación (Arts. 474 y 475 del C.C.). En algunos casos se verifica que el demandante dirige la demanda contra el más próximo -distinto al obligado principal- (padre); es decir una demanda frente a los abuelos, como si estos además de haber cumplido con la obligación de alimentos del hijo (obligado) tengan además la obligación de pasar los alimentos hacia los nietos –error que genera una cadena infinita-. A juicio personal, según las posibilidades de este obligado (abuelos) conforme a los miembros de la familia tendría una obligación ad infinitum (nietos, bisnietos)[6]. Generándose así una pregunta ¿Y dónde quedó la obligación de prestar alimentos de los padres?; ya que es evidente que existe un vacío en la norma respecto a los límites (económicos y etarios) para prestar los alimentos (orden y prelación).

El legislador ha optado por establecer una obligación de orden que debiera de ser excepcional, ya que en la práctica este orden no se cumple, más únicamente el señalado respecto de los padres a los hijos; y sobre el tema de los alimentos prestados por los abuelos existe un límite racional que impera, a que en la mayoría de casos esta no se cumpla (teóricamente hablando), ya que es evidente que de acuerdo a la ratio local,  nacional o regional, en el país, los abuelos tienden a cuidar (pasar alimentos) a los nietos, no por obligación sino por el mismo vinculo que los une a este, razón por el cual, no se hace obligatorio el requerimiento de la pensión de alimentos de forma obligatoria (judicial).

8. Cada cuanto tiempo se debe incrementar los alimentos

Otro de los fenómenos apreciados en la norma material respecto a la regulación de los alimentos, es el referido al tiempo prudencial para poder llevar a cabo el aumento de alimentos. Del cual se viene estableciendo varios aspectos, como: a). La inexistencia de una edad para solicitarlo; b). Frente a qué aspectos opera dicho aumento; y c). Si este debe operar de forma automática.  Al respecto, se debe tener en cuenta, que el único sustento previsto por la norma (sobre el reajuste de los alimentos), está enfocado en la variación de los criterios de fijación de alimentos (necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado) en base al aumento o reducción de estos; es decir un aspecto relativamente subjetivo que en muchos de los casos es improbado y peor aún, cuando los lineamientos jurisdiccionales en vez de dar una solución dan una respuesta esquiva y contradictoria e incluso finalista (tal es el caso del Acuerdo Jurisdiccional Nacional de Jueces de Paz Letrado, respecto a la reducción de alimentos).

Por lo que se prevé la inexistencia de una base o previsión para poder llevar cabo la variación de los alimentos (el aumento o incremento de los alimentos) específicamente “sobre la edad del alimentista” ya que se entiende de forma natural, que la necesidad del alimentista tiende a incrementarse con el pasar de los años, por ende se requiere de una regulación al respecto. No solo que opere a iniciativa de parte, sino que permita una facultad tuitiva del juez (oficiosamente) para que exista una monitorización de los casos que requieran un reajuste natural sin necesidad de volver a activar el aparato judicial.

9. Debería existir una suspensión de oficio o legal de los alimentos (ante la mayoría de edad)

Nuestro sistema tutelar del derecho alimenticio prevé las figuras jurídicas de la exoneración, extinción, aumento, reducción y prorrateo de alimentos; mas no prevé regulación sobre la suspensión. Groso problema que amerita una atención y estudio, puesto que en la casuística se aprecia el fenómeno del padre que cambio su posición de tenencia del menor (tenencia fáctica) y dentro de este la obtención de los alimentos sea este en un proceso o extrajudicialmente hablando. En tal sentido, resulta irracional que el padre que no ostenta la tenencia del menor, siga percibiendo los alimentos[7] (en merito a la posición habilitante ya extinguida) en representación del menor alimentista. En la praxis se verifica la aplicación de la suspensión de los alimentos, ya que el objeto de tutela habría variado en contraposición al obligado alimentista. Este supuesto resulta siendo complejo no solo a la hora de resolver cuando conjuren los requisitos antes expuestos; también se torna compleja frente al suceso natural de la edad del alimentista y frente al vacío normativo; es decir ante la falta de previsión, de la situación del alimentista que cumple la mayoría de edad o frente a la existencia de una tenencia compartida de los menores alimentistas. Es así que el sistema no regula la suspensión automática y la exoneración del derecho alimentario de forma ordinaria o extraordinaria (18 años o 28 cuando se sigue estudios satisfactoriamente) requiriendo necesariamente la solicitud de parte para poder llevarlo a cabo. Lo que conlleva a que en muchos de los casos el obligado continúe pagando los alimentos de forma indefinida, pagando montos -sobre alimentos- que en un determinado tiempo debió de llegar a su fin.   

10. La naturaleza jurídica de los alimentos dictados en los procesos de violencia familiar

En los procesos de violencia familiar ocurre un fenómeno único, que es de verificar la existencia de violencia per se y sus consecuencias; empero también se verifica una permisibilidad normativa -que es la posibilidad de obtención de los alimentos- a favor de la agraviada (o) en derecho propio o representación de los alimentistas pero de forma anticipada. Atendiendo a su naturaleza, esta permisbilidad, se encuentra enmarcada como una medida cautelar especial, ya que no siendo el objeto de dicho proceso, se puede percibir la necesidad de la agraviada en la obtención de los alimentos; así como la facultad del juez (de familia) en el otorgamiento de dicho concepto. Frente a este hecho, existen algunos puntos que requieren ser analizados como la trascendencia de dicha medida amén de sus efectos, si se tiene en consideración, que al ser esta una medida cautelar –es lógico que ha de depender del proceso principal- no siendo así, ya que el proceso de violencia familiar ha de concluir con la resolución que da por finalizada el proceso pero como es de notar y de común conocimiento, los alimentos en nuestro sistema únicamente tienen cosa juzgada formal, es decir continúan surtiendo sus efectos por ende no puede ser concluido así por así (cuando se trate de un proceso común); pero cuando se trata del otorgamiento de los alimentos en un proceso de violencia familiar, esta medida se torna en deficiente no solo por el mismo otorgamiento unilateral sino que no reviste la previsión exhaustiva de los criterios para el otorgamiento de los alimentos (las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado, etc.). Por lo que se aprecia que esta medida es  ineficiente e inejecutable.


[1] Abogado por la Universidad Andina del Cusco; Especialista en Derecho Civil y Procesal Civil; Árbitro y Conciliador Extrajudicial; Socio y Abogado principal del Estudio Deza & Mormontoy – Abogados.

[2] Pérez Contreras M., M. (2001). Derechos de los padres y de los hijos. México; UNAM. p. 35

[3] El estado debería realizar una especie de reingeniería procesal, y adaptar la tecnología a los estándares modernos del proceso. Y mediante ello crear una plataforma no solo virtual para demandar en casos de alimentos vía telefónica; sino a la vez crear unidades de atención personalizada (como el CEM) donde se recepcione la demanda verbal (oral) y de esta forma se evite dilaciones indebidas o un engorroso trámite.

[4] Los padres afines, desvinculan la clásica idea de la familia integrada por papá, mamá e hijos vinculados consanguíneamente. El origen de los padres afines es sin duda la familia ensamblada, reconstituida o desensamblada, que se origina a la vez mediante la unión de padres (personas) divorciados, viudos, solteros con hijos, etc.  Una especie de familia moderna, donde el núcleo de configuración es la unión de dos familias de distinto origen.

[5] Lo que generalmente se denomina carga familiar es un concepto errado, ya que el concepto de carga hace alusión a un peso o gravamen que recae sobre una persona, como si la familia fuera una especie de objeto; por este hecho natural (peso o gravamen) es contradictorio entorno al funcionalismo – social de la familia y más aún sobre los vínculos que recaen sobre ello. En tal sentido, el concepto más apropiado es la obligación familiar ya que sobre este se aprecia factores de unión de la persona mediante lazos de parentesco. En: Durkheim E. (1975) Textes 3: Fonctions sociales et institutions: Famille, marriage et systemes domestiques.París;Edit. Minuit.

[6] Si se tiene en cuenta que los abuelos gozan de una estabilidad económica ostentosa, por un lado, no sería nada raro que este factor sea aprovechado por los hijos para poder desconocer su obligación; y por otro lado la norma no prevé un sustento frente a este hecho, como el de dejar de acudir, cuando el obligado principal tenga cierta edad, para poder acudir económicamente los alimentos del alimentista por sí solo.

[7] Titularidad que emergió en merito a la representación legal del menor, al momento de iniciar el proceso de alimentos y su correspondiente resultado.