Peculado: control jurisdiccional de las actuaciones fiscales [Casación 1590-2018, Arequipa]

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Peculado control jurisdiccional de las actuaciones fiscales

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS ACTUACIONES FISCALES

Si bien el ejercicio de la acción de la acción penal es una competencia de titularidad exclusiva del Ministerio Público; “ello no impide que, ante un proceder arbitrario, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional pueda corregir tales actuaciones”. La razón se sustenta, justamente, en que la titularidad de la acción penal no justificaría, en lo absoluto, un proceder arbitrario que afecte derechos fundamentales, lo que constituiría una causal de nulidad absoluta. Ningún acto del poder público pues, está fuera del control de constitucionalidad y convencionalidad; cuyo carácter imperativo y autoaplicativo de sus normas son transversales al ordenamiento jurídico y a toda la organización pública estatal.

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POTESTAD NULIFICANTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Los tribunales jurisdiccionales están facultados a declarar la nulidad de los actos procesales, incluso, de oficio, sin solicitud de las partes procesales. En tal sentido, es posible retrotraer el proceso penal hasta el momento en que se generó el vicio estructural determinante de la ineficacia de los actos posteriores. No obstante, dicha facultad debe ponderarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto, ponderando principios y situaciones que permitan concluir en un resultado no nulificante, sobre la base de una interpretación restrictiva orientada a la conservación de determinadas actuaciones que no menoscaben derechos fundamentales.

Lima, veintitrés de julio de dos mil veintiuno

Visto: en audiencia pública virtual, el recurso de casación interpuesto por el recurrente GERARDO AGUSTÍN PASTOR PEREA contra la sentencia de vista del 8 de agosto de 2018, emitida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró: (i) nula la sentencia de primera instancia del 20 de noviembre de 2017, que absolvió al citado sentenciado de la acusación directa formulada en su contra por la comisión del delito de peculado, en agravio del Estado (Municipalidad Distrital de Samuel Pastor); (ii) insubsistente el juicio oral y la etapa intermedia; (iii) improcedente la acusación directa; y (iv) ordenó que la Fiscalía disponga lo que corresponda conforme a ley.

Ponencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

A NIVEL FISCAL

1. El 27 de octubre de 2014, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná formuló acusación directa1 en contra de GERARDO AGUSTÍN PASTOR PEREA, por el delito de peculado, tipificado en el artículo 387, segundo párrafo, del Código Penal, en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Samuel Pastor (en adelante, MDSP). No obstante, en el mismo escrito, luego solicitó que si “en caso el acusado logre demostrar que el monto de lo apropiado no sobrepasa las 10 UIT (…) la tipificación se encamine por el delito de peculado previsto el primer párrafo” del citado artículo.

2. El 16 de febrero de 2015, la Fiscalía absolvió la “devolución de la acusación directa”2 y formuló acusación por el delito de peculado en similares términos a los señalados en el párrafo precedente; sin embargo, alternativamente, calificó los hechos como delito de apropiación ilícita, tipificado en el artículo 190 del Código Penal. El factum de imputación, en lo central, fue el siguiente:

Circunstancias precedentes

El 23 de marzo de 2013, GERARDO AGUSTÍN PASTOR PEREA asumió las funciones como alcalde del centro poblado menor de La Punta (periodo 2013-2017), conforme con la Resolución de Alcaldía N.º 123-2013-MPC-A.

Circunstancias concomitantes

En mérito de sus funciones, administró los diferentes ingresos que se generaron por la temporada de verano del año 2013, por el alquiler de espacios en la playa, obligando a los administrados al cumplimiento del pago, bajo advertencia de retirar sus stands. Al ser requerido por la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, para que sustente los gastos realizados, presentó un balance con un Estado de Ejecución de Presupuestos de Ingresos y Gastos. Mediante este documento, dando cuenta que al 30 de diciembre de 2013 se obtuvo como recursos directamente recaudados el monto de S/ 88 145,18 (ochenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco con 18/100 soles) y, como ejecución de gastos, S/ 47 048,70 (cuarenta y siete mil cuarenta y ocho con 70/100 soles). Sin embargo, no presentó ningún documento con las formalidades de ley que justifiquen esos gastos; de lo que se colige que los ingresos declarados habrían sido apropiados para su beneficio.

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Previamente, el 5 de diciembre de 2013, el acusado abrió a su nombre una cuenta de uso exclusivo en el Banco de Crédito, por el monto de S/ 21 874,02 (veintiún mil ochocientos setenta y cuatro con 02/100 soles).

Circunstancias posteriores

El acusado fue notificado para declarar acerca de los hechos sucedidos y brinde sus descargos, sin embargo, no acudió a la Fiscalía. Tampoco ofreció la documentación sustentatoria sobre el balance que presentó, pese de haber sido forzado judicialmente a hacerlo. Y como se encuentran ad portas de iniciarse una nueva temporada de verano, el acusado puede volver a tener a su cargo los ingresos por diferentes conceptos por el alquiler de espacios en las playas.

3. En la audiencia de control de acusación3, del 11 de mayo de 2014, la Fiscalía retiró la acusación por el delito de apropiación ilícita e “insistió” por el delito de peculado, conforme con el segundo párrafo, del artículo 387, del Código Penal —alternativamente por el primer párrafo—. En esa misma audiencia, mediante Resolución N.° 14-2015, el Juzgado de Investigación Preparatoria (en adelante, JIP) emitió el auto de enjuiciamiento en contra del recurrente conforme con lo requerido por la Fiscalía.

A NIVEL JUDICIAL

Primer juicio

4. El 7 de junio de 2016, mediante la Sentencia N.° 34-2016 ICC-CAMANA4, el Juzgado Colegiado de Camaná condenó a Gerardo Agustín Pastor Perea como autor del delito de peculado —previsto en el primer párrafo, del artículo 387, del Código Penal—, en agravio del Estado (MDSP), a 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el término de 3 años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta. También fijó en S/ 39 224,68 (treinta y nueve mil doscientos veinticuatro con 68/100 soles) el monto de la reparación civil, que comprende: (i) la devolución de S/ 19 224,68 (diecinueve mil doscientos veinticuatro cuatro con 68/100 soles) a las arcas de la Municipalidad del Centro Poblado de Balnearios del Cono Sur La Punta (en adelante, MCPLP); (ii) el monto de S/ 20 000,00 (veinte mil soles) por indemnización de daños y perjuicios; sin desmedro de que la suma equivalente a S/ 21 874,02 (veintiún mil ochocientos setenta y cuatro con 02/100 soles), depositada en su cuenta del Banco de Crédito, la abone a nombre de la municipalidad.

[Continúa…]

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