Peculado: Criterios para la suspensión de la pena [Casación 2469-2021, Callao]

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Peculado Criterios para la suspensión de la pena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Título. Delito de Peculado. Prescripción. Congruencia procesal. Medición de la pena

Sumilla. 1. Las reglas sobre prescripción de la acción penal o del delito tienen un carácter material o sustantivo y están en función a la necesidad de pena. El artículo 339, numeral 1, del Código Procesal Penal, al establecer la suspensión de la prescripción una vez se dicte la disposición de formalización de la investigación preparatoria, contiene una norma sustantiva, no procesal, pues tiene efectos sobre la reacción penal, sobre la punición de la conducta, por lo que, en tal virtud, su vigencia está en función a la fecha de comisión del delito; y, como éste se perpetró con anterioridad a la entrada en vigor del citado código, no es aplicable al sub judice.

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2. El artículo 80 del Código Penal, según la Ley 28117, estableció que en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste –que es el caso del delito objeto de este proceso penal–, el plazo de prescripción se duplica. Siendo así, el plazo será de dieciséis años (el delito de peculado tiene previsto una pena máxima de ocho años de privación de la libertad). A este plazo se agrega una mitad: ocho años más, como consecuencia de la interrupción de la acción penal en mérito a las actuaciones del proceso, atento al artículo 83 del Código Penal: veinticuatro años.

3. En el trámite impugnatorio de segunda instancia la señora Fiscal Superior presentó el escrito de treinta de mayo de dos mil diecinueve, por el que, en la Sección I, pidió la confirmación de la sentencia en todos sus extremos, pero en el cuerpo del requerimiento, en su Sección Tercera, en especial en el último punto, ratificó en todos los extremos el recurso del fiscal provincial, para luego, en las últimas líneas, solicitar la confirmatoria en todos sus extremos de la sentencia apelada. Sin duda la petición final de la fiscal superior constituye un error material desde que su razonamiento fue por la línea de ratificar la impugnación del fiscal provincial. A ello se agrega, como consta en el acta de la audiencia de apelación, que el fiscal adjunto superior, en virtud del artículo 424, apartado 2, del Código Procesal Penal, se ratificó en las pretensiones del fiscal provincial.

4. La gravedad del injusto cometido y la culpabilidad por hecho objeto de reproche ya fue evaluada al imponer cuatro años de pena privativa de libertad. Lo relevante es llegar a la conclusión que el agente, de suspenderse la ejecución de la pena, no cometerá nuevo delito, para lo cual los tres criterios legalmente incorporados, que han de ser ponderados con arreglo al principio de proporcionalidad, son la naturaleza del delito, la modalidad del hecho punible y la personalidad del agente.

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

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VISTOS; en audiencia pública: los recursos de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y apartamiento de doctrina jurisprudencial interpuestos por los encausados JUAN GUILLERMO HERRERA RÍOS, MARCO ANTONIO ARANAGA MORALES y LUIS EDUARDO SATTUI CASTAÑEDA contra la sentencia de vista de fojas mil doscientos setenta y nueve, de veintisiete de agosto de dos mil veinte, que anulando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia, de fojas ochocientos sesenta y uno, de treinta de noviembre de dos  mil dieciocho, ordenó se realice nuevo juicio oral contra Juan Guillermo Herrera Ríos y condenó a Luis Eduardo Sattui Castañeda y Marco Antonio Aranaga Morales como autores del delito de peculado doloso en agravio de Estado a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva y dos años de inhabilitación, así como al pago solidario de cuarenta mil soles por el Hecho I y, en lo pertinente, veinte mil soles por el Hecho II; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que, según la acusación fiscal, Luis Eduardo Sattui Castañeda, como Presidente Ejecutivo de FINVER–CALLAO Sociedad Anónima –e adelante FINVER–, Mario Hernán Revoredo Castañón, igualmente como Presidente Ejecutivo, conjuntamente con Marco Antonio Aranaga Morales, como Gerente Administrativo y Financiero –durante los años dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, y como Gerente Administrativo en el año dos mil
ocho–, y Juan Guillermo Herrera Ríos, como Gerente de Finanzas durante todo el año dos mil ocho, incurrieron en el delito de peculado doloso en la modalidad de utilización de fondos públicos. Ellos dispusieron de los citados fondos públicos mediante la emisión de comprobantes de pago vouchers y giro de cheques por un monto total ascendente a ciento sesenta y seis mil novecientos soles para ser utilizados por los trabajadores de la empresa, bajo la modalidad de préstamos administrativos, los mismos que carecen de sustento y justificación legal, ya que los fondos públicos estaban constituidos por los ingresos transferidos a FINVER por la Municipalidad Provincial del Callao para el pago de gastos administrativos, por lo que infringieron sus normas operativas, como son: sus estatutos, reglamento de organización y funciones y manual de organización y funciones, así como las normas presupuestarias vigentes durante los años observados y el presupuesto institucional de la empresa. 

[Continúa…]

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