Peculado: defectos de motivación. laudo arbitral. preeminencia jurisdicción penal [Casación 313-2021, Moquegua]

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Peculado Casación 313-2021, Moquegua

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Título. Defectos de motivación. Laudo Arbitral. Preeminencia jurisdicción penal 

Sumilla. 1. El artículo 436, apartado 2, del Código Procesal Penal, significa que no puede volverse a discutir un punto impugnativo ya resuelto por el Tribunal Supremo, lo que es consecuencia de la garantía de cosa juzgada formal derivada de la garantía de tutela jurisdiccional. La sentencia dicta en reenvío debe respetar escrupulosamente los puntos ya resueltos por la sentencia casatoria precedente, no puede contradecirlos ni fallar en sentido contrario u opuesto a lo decidido por el Tribunal Supremo, lo que resulta del artículo 433, apartado 2, última oración, del Código Procesal Penal.

2. En estos casos se debió tener presente la existencia de una cuestión prejudicial penal, de imposible prescindencia y de carácter imperativo, de suerte que para que el Tribunal Arbitral pueda resolver era menester que primero se suspenda el procedimiento arbitral mientras no se pronuncie la jurisdicción penal, cuya decisión, dado su ámbito de actividad, no podía ser materia de prescindencia, a fin de que, al condicionar su contenido, era de rigor suspender el procedimiento arbitral mientras tal cuestión prejudicial no sea resuelta por los órganos penales, los que tienen una preeminencia para hacerlo. Luego, estando en curso un procedimiento penal, en tanto y en cuanto, como en el presente caso, existen hechos con relevancia jurídica propia (delictiva), la jurisdicción arbitral debe abstenerse de intervención hasta que la jurisdicción penal resuelva. 

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3. En función a la preeminencia de la jurisdicción penal y al hecho que debió suspenderse el procedimiento arbitral, es patente lo resuelto en esa vía no puede condicionar la sentencia penal. Además, con independencia de su razonamiento de derecho mercantil, el laudo no contiene una evaluación pericial y un análisis del curso de los pagos desde consideraciones periciales, así como un examen de la prueba indiciaria o presuncional que, en este caso, es de la esencia de la jurisdicción penal, a la que no puede renunciar sin afectar las garantías del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva. 4. Con ello, en modo alguno, se desconoce la jurisdicción arbitral ni su marco de decisión, en los términos de la STC 6167-2005-PHC/TC, de veintiocho de febrero de dos mil seis. Solo se precisa, desde el instituto de la prejudicialidad, que forma parte del Derecho procesal general, sus alcances globales y se reafirma la primacía de la jurisdicción penal cuando aborda elementos de hecho que son parte indesligable de la configuración de tipos delictivos y que deben analizarse puntualmente desde el Derecho penal: no hay cuestiones de derecho mercantil que debieron analizarse en forma previa al proceso penal, sino todo lo contrario. Ante la emisión de un laudo arbitral expedido al margen de los resultados del proceso penal y que contienen datos fácticos de previa dilucidación jurídico penal, desde luego, no es posible aceptarlo por todo lo que ello significaría en la lucha contra la corrupción y la preeminencia de la jurisdicción penal.

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Lima, treinta de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y violación de la garantía de motivación, interpuesto por el encausado RICARDO PINO TRINIDAD contra la sentencia de vista de fojas dos mil novecientos veinticuatro, de veintidós de julio de dos mil veinte, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas dos mil setecientos cuarenta, de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, lo condenó como autor del delito de peculado doloso por apropiación en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a cinco años de pena privativa de libertad y dos años de inhabilitación, así como al pago de cuatrocientos un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que las sentencias de mérito declararon probado que el encausado Octavio Eduardo Diez Canseco Rivero, cuando ocupaba el cargo de Inspector de la Obra “Asfaltado de la carretera Chilligua – Carumas”, de treinta y tres kilómetros de longitud, ubicada en el distrito de Carumas, sector Chilligua – Carumas, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, debidamente designado por la Municipalidad agraviada, en el periodo comprendido entre el veintinueve de agosto de dos mil dos y veintidós de enero de dos mil nueve, emitió el Informe 069/A–2008–ODCR– IO/OSLO/GM/MPMN, de cuatro de diciembre de dos mil ocho, que aprobó la valorización número uno por la suma de trescientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis soles con noventa y nueve céntimos, pese a que la obra no contaba con ningún avance real del asfaltado –no se adjuntó la sustentación pertinente: el cuaderno de obra y el panel fotográfico–. Valorizó insumos que no eran susceptibles de valorización, como piedra chancada, arena y otros. 

En tal virtud, favoreció a la contratista, Consorcio Nuevo Mundo, representada por el imputado RICARDO PINO TRINIDAD, en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El informe permitió que este último pueda cobrar el dinero sin una justificación técnica real –las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta– (comprobante de pago 019815, de cinco de diciembre de dos mil nueve). L

[Continúa]

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