Peculado doloso: ¿Qué debe contener la debida motivación de las resoluciones judiciales? [Casación 967-2020, Huancavelica]

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Peculado doloso Casación 967-2020, Huancavelica

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

INFUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN 

SUMILLA: Se declara infundado el recurso de casación al no haberse acreditado la concurrencia de la causal casacional alegada por el recurrente. De la revisión de la sentencia de vista recurrida se advierte un razonamiento lógico y el respeto de la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Lima, veinte de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS: en audiencia pública —mediante el aplicativo Google Meet—, el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público —Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Huancavelica— contra la sentencia de vista emitida el primero de octubre de dos mil veinte por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en el extremo en el que confirmó la sentencia de primera instancia del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, que absolvió a los acusados Edverina Ana Suárez Loardo y Paúl Armando Laime Ancalle de la acusación fiscal en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública-peculado doloso —artículo 387 del Código Penal—, en agravio del Estado —Municipalidad Provincial de Angaraes—; y con los actuados que acompaña. 

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS. 

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FUNDAMENTOS DE HECHO 

Primero. Hechos materia de imputación 

Del tres al diez de septiembre de dos mil doce se habilitaron y encargaron caudales al Estado que superaban las diez UIT. Entonces la Municipalidad Provincial de Angaraes, cuyo alcalde era Ramiro Guzmán Ibáñez, con el objetivo de brindar los escenarios deportivos en óptimas condiciones, así como parques y jardines para la población y los turistas, a través de la Gerencia de Servicios Públicos y la de Administración Tributaria, bajo la dirección de Milton Monge Donaires, y en coordinación con el alcalde, el tesorero, el gerente municipal y el jefe de planificación y presupuesto, con fecha tres de septiembre de dos mil doce, elaboró el plan de trabajo denominado “Mantenimiento general de parques, jardines, parque de la Identidad, Estadio Alberto Vargas, lozas y complejos deportivos de Lircay, Merado Qatun Tambo Angara”, y lo elevó al gerente municipal, Álvar Capcha Ortiz, quien mediante la Resolución número 182-2012 aprobó el plan de trabajo por la suma de S/200,000.00 (doscientos mil soles) y ordenó el cumplimiento de tal acto a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, así como a las áreas de Contabilidad y Tesorería. Entonces, mediante memorándum, ordenó a Wilfredo Gutiérrez Altez, jefe de Tesorería, habilitar fondos del Estado a nombre de Milton Monge Donaires por un monto de S/100,000.00 (cien mil soles). A fin de cumplir con ello, Gutiérrez Altez emitió el comprobante de pago número 4056, del diez de septiembre de dos mil doce, registrado en el SIAF número 4642, con el visto bueno de Álvar Capcha, así como de Edverina Ana Suárez Loardo, jefa de Contabilidad. 

Segundo. Itinerario del procedimiento

2.1 Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica absolvió a los acusados Edverina Ana Suárez Loardo y Paúl Armando Laime Ancalle de la acusación fiscal en su contra por la presunta comisión del delito contra la administración pública-peculado doloso —artículo 387 del Código Penal—, en agravio del Estado —Municipalidad Provincial de Angaraes—, y condenó a Ramiro Guzmán Ibáñez como autor del mencionado delito y, en consecuencia, le impuso ocho años de pena privativa de libertad y fijó en S/100,000.00 (cien mil soles) la reparación civil a favor del Estado.

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2.2 No conforme con lo resuelto, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia en el extremo en el que absolvió a los acusados Edverina Ana Suárez Loardo y Paúl Armando Laime Ancalle de los cargos imputados en su contra; asimismo, el sentenciado Ramiro Guzmán Ibáñez interpuso recurso de apelación respecto al extremo en el que se le condenó como autor del delito, por lo que, elevados los autos y vista la causa, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica emitió la sentencia de vista del primero de octubre de dos mil veinte, que confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus extremos. 

2.3 Contra esta, el representante del Ministerio Público y el sentenciado Ramiro Guzmán Ibáñez interpusieron recursos de casación; no obstante, elevados los actuados pertinentes a la Corte Suprema, se emitió el auto de calificación del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, donde únicamente fue admitido el recurso presentado por el primero —y se declaró nulo el concesorio respecto al segundo—, por lo que, luego del trámite correspondiente, sin alegatos complementarios, se dejó el expediente por diez días en la Secretaría de esta Sala Suprema para los fines correspondientes —conforme al artículo 431.1 del Código Procesal Penal (en adelante CPP)—. Vencido el plazo, se fijó fecha de audiencia de casación para el pasado nueve de mayo de dos mil veintidós; culminada esta, de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada —en la que se debatieron el contenido del expediente y las alegaciones oralizadas en la vista—, en cuya virtud, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

[Continúa]

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