Peculado doloso y relación funcional con los caudales [Recurso de Nulidad 829-2019, Junín]

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Peculado doloso y relación funcional con los caudales

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

El delito de peculado doloso y relación funcional con los caudales

La relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos significa el poder de vigilancia y control sobre la cosa, esto es, competencia del cargo, confianza en el funcionario en virtud del cargo, y el poder de vigilar y cuidar los caudales o efectos. En este caso, una dirección territorial de la PNP celebró un convenio con un grifo para abastecimiento de combustible a las unidades de la jurisdicción. El recurrente, como jefe de la Oficina de Administración de la Diterpol, tuvo el manejo y custodia de dicho bien, y como tal debió ejercer un control efectivo sobre su abastecimiento, lo cual no ocurrió. Esta situación generó que el grifo no abastezca el total de combustible asignado, saldo que constituye el caudal materia de apropiación.

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Principio de jerarquía en el ministerio público

La aplicación de este principio, si bien despliega sus efectos con mayor notoriedad en el ámbito de los recursos cuando el fiscal superior en grado se encuentra conforme con el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, lo que conllevaría a que se ponga fin al proceso; sin embargo, pueden existir supuestos excepcionales que habilitarían al Tribunal Revisor a realizar un control de la resolución impugnada. En tal sentido, para que opere el principio jerárquico debe considerarse que la posición del fiscal jerárquicamente superior sea razonable y no entre en conflicto con otros principios o derechos constitucionales que ameriten su tutela y satisfacción. En este caso, si bien el fiscal superior interpuso recurso de nulidad contra la absolución de los otros dos procesados, el fiscal supremo estuvo conforme con dicha decisión absolutoria, posición esta última que al ser razonable se comparte.

Lima, veintiocho de octubre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos contra la sentencia del treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 20394), emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, por: i) Las defensas de los sentenciados PABLO ROBERTO HERENCIA CANO y PEPE JUAN CHUQUILLANQUI ALIAGA, en el extremo que los condenó como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio del Interior, y les impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo e inhabilitación por el plazo de un año, conforme con los incisos 1 y 2, artículo 36, del Código Penal1, y fijó el pago de quince mil soles por concepto de reparación civil que deberán abonar ambos sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada, sin perjuicio de la devolución del monto ilícitamente apropiado. ii) El FISCAL DE LA QUINTA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE HUANCAYO, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a Rodolfo Asencio Porras Jiménez y Daniel Rubén Guerra Sapaico por el delito y en agravio de la entidad ya referida. Oído el informe oral de la defensa de Herencia Cano. De conformidad, en parte, con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.

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Intervino como ponente la jueza suprema Castañeda Otsu.

CONSIDERANDO

HECHOS MATERIA DE PROCESO

PRIMERO. Conforme con la acusación fiscal (foja 17818), durante el periodo de junio a noviembre de 2007, la Dirección de Logística de la Policía Nacional del Perú programó el abastecimiento de combustible para los vehículos de las diversas subunidades de la VIII DIRTEPOL-PNP-Huancayo, conforme con el siguiente detalle:

El combustible debía ser trasladado desde la planta de Petroperú ubicada en Pasco hasta Huancayo. Por ello, para el transporte, almacenamiento y distribución del combustible, el jefe de la VIII DIRTEPOL-PNP-Huancayo, José Policarpio Paz Zavaleta, firmó un convenio con el gerente del grifo José Olaya E. I. R. L., Pepe Juan Chuquillanqui Aliaga, el cual se renovaba mensualmente. En el convenio se estipuló como forma de control que el grifo debía mantener una “planilla de abastecimiento de combustible diario”, en la cual debía registrarse: el número de Tarjeta de Abastecimiento de Combustible (TAC) del vehículo atendido, documento de identidad y firma del chofer, y la cantidad de galones despachados. Asimismo, un “cuaderno de registro” con los siguientes datos saldo del día anterior, y consumo y saldo del día. El grifo recibió de Petroperú, mediante órdenes de salida, el total del combustible ya mencionado.

Para la ejecución de este convenio, Pablo Roberto Herencia Cano, en condición de jefe de la Oficina de Administración de la VIII DIRTEPOL-Huancayo, debía controlar el abastecimiento del combustible y por ello designó para esta función a: Daniel Rubén Guerra Sapaico y Rodolfo Asencio Porras Jiménez. Ellos tuvieron el poder de vigilancia y control sobre el uso legal del combustible; sin embargo, realizaron de manera irregular la dotación de dicho bien para beneficio propio.

[Continúa…]

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