Plataforma permite identificar que los derechos de las comunidades violados comúnmente son el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente sano.
Según la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, el Perú tiene el mayor número de comunidades indígenas y campesinas que han visto amenazados y vulnerados sus derechos colectivos por la presencia de proyectos extractivos y de infraestructura en sus territorios a nivel de Latinoamérica.
En total son 585 comunidades, de cuales 424 son amenazadas por el proyecto Hidrovía Amazónica que aún no inicia su construcción y el resto son afectadas por proyectos de infraestructura (1) y otras actividades extractivas en ejecución, planificadas o paralizadas, ya sean de minería (94), gas o petróleo (62), agroindustria (3) y madera (1).
En el análisis realizado sobre estos proyectos, se detalla que los derechos de las comunidades violados comúnmente son el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente sano, vulneraciones que son identificadas en 9 de los 19 proyectos identificados en nuestro país.
Asimismo, otros derechos vulnerados son los derechos al consentimiento libre, previo e informado (8); a la defensa de la tierra ancestral (6); y a la vida (6); así como los derechos a la libertad de expresión (5); al acceso al agua (4); a la libertad de reunión y asociación (4); y a la integridad física y moral (2).
Los proyectos que forman parte de este estudio, señalan el impacto en las comunidades que están ubicadas mayormente en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas.
También revela que los impactos ambientales más frecuentes en las comunidades son la contaminación del agua y aire, presentes en el 84.2% y 57.9% de los casos, mientras que, en el caso de los impactos sociales, los más frecuentes fueron la alteración de la disponibilidad de agua (52% de los casos) y la alteración de los medios de vida tradicionales (47% de los casos).
La plataforma también presenta información sobre proyectos vinculados a conflictos con comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, entre otros.
