Plantean inaplicar la pena mínima del robo agravado [Sentencia 677/2021]

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Plantean inaplicar la pena mínima del robo agravado
Diplomado en derecho administrativo y pas

EXP. N.° 01075-2020-PHC/TC

AREQUIPA

SANDRO ARSENIO RODRÍGUEZ LAJO, representado por

SHARON PIERINA MANRIQUE RONDON (ACCIONANTE)

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Saúl Mendoza Flores, abogado de doña Sharon Pierina Manrique Rondón, a favor de Sandro Arsenio Rodríguez Lajo, contra la resolución de fojas 506, de fecha 11 de febrero de 2020, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

FUNDAMENTOS RELEVANTES

2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que, para que proceda el habeas corpus, el hecho denunciado de inconstitucional necesariamente debe incidir de manera negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad. Y es que, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, la finalidad del presente proceso constitucional es reponer el derecho a la libertad personal del agraviado.

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3. En el caso de autos, el recurrente alega, en un extremo, la vulneración del derecho al debido proceso, por cuanto sostiene que no se valoró de manera adecuada la documentación probatoria recabada durante el trámite del proceso. En esa línea, acota que no se tomó en consideración la declaración de don Aaron Eduardo Rodríguez Lajo, hermano del favorecido, no obstante que con el testimonio que brindó respecto a la ocurrencia de los hechos se acredita la falta de responsabilidad penal de su representado en los hechos por los cuales fue sentenciado. Del mismo modo, el accionante refiere que los jueces emplazados, al momento de emitir la resolución en cuestión, no consideraron que el fiscal supremo en lo penal opinó que se declare nula la sentencia condenatoria emitida en primera instancia y que se devuelvan los actuados al juzgado penal.

4. Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha expresado que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y de su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria, que no compete revisar a la judicatura constitucional.

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8. En otro extremo de la demanda, el recurrente alega que la sala suprema demandada, al momento de resolver, confirmó la condena impuesta en su contra en primera instancia, sin tener en consideración el dictamen emitido por el fiscal supremo por el cual opina que se declare nula la sentencia condenatoria de fecha 11 de octubre de 2010, materia del recurso de nulidad; e insubsistente el dictamen fiscal, debiendo la Sala devolver los actuados al juzgado penal. Asimismo, el accionante manifiesta que fue sentenciado a pesar de que la resolución judicial impugnada no expresa razones suficientes que sustenten los alcances de su decisión.

9. Al respecto, cabe señalar que en la Sentencia 07717-2013-PHC/TC, este Tribunal dejó en claro que el artículo 158 de la Constitución reconoce la autonomía del Ministerio Público. A su vez, dicha característica ha sido recogida en el artículo 1 del Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). Por tanto, los fiscales gozan de autonomía funcional y pueden actuar con independencia, tal como lo establece el artículo 5 de la LOMP cuando refiere lo siguiente:

Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.

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Diplomado en gestión pública y derecho municipal