¿Por qué el dictamen de proyecto de ley aprobado por el Congreso que promueve la deforestación es inconstitucional?

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

Se trata del Dictamen de la Comisión Agraria del Congreso recaído en los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR CON TEXTO SUSTITUTORIO QUE PROPONE LA “LEY QUE MODIFICA LA LEY 29763, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Y APRUEBA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORIENTADAS A PROMOVER LA ZONIFICACIÓN FORESTAL”, el cual ya cuenta con dictamen aprobatorio de la Comisión Agraria, pues promueve la deforestación en la Amazonía peruana y agudizará la disputa por tierras y la violencia contra los defensores de la Amazonía. 

i. Las normas constitucionales que regulan el régimen constitucional de los recursos naturales y del patrimonio forestal, no solo son normas jurídicas, sino que son normas que tienen la mayor jerarquía en el sistema de fuentes jurídicas (artículo 51 de la Constitución), son de aplicación inmediata (artículos 38 y 45 de la Constitución) y protegibles a través de los procesos constitucionales (artículo 200 de la Constitución).

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ii. Lo que este dictamen busca es que tierras con aptitud forestal pasen del régimen de protección de los recursos naturales al régimen agrario, a través de la eliminación de los requisitos de calificación de tierras y de la prohibición de cambio de uso. Lo que busca en realidad es convalidar la deforestación, y más en concreto, lo que persigue es legalizar y formalizar actividades ilícitas. 

iii. En virtud del principio de retroactividad benigna en materia penal, recogida en el artículo 103 de la Constitución, que consiste en la aplicación de la ley penal más favorable al reo, la aprobación de este dictamen traería como consecuencia, que todas las investigaciones policiales, fiscales y los procesos judiciales contra los taladores y madereros serían archivados, dejan en la impunida la deforestación de miles de hectáreas de la Amazonía. 

iv. El dictamen viola el modelo constitucional recogido en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Constitución, toda vez que desconoce que el patrimonio forestal, es patrimonio de la nación, está bajo el régimen de protección de los recursos naturales (no del régimen agrario), de dominio eminencial del Estado (no del dominio público), y que no puede ser objeto de aprovechamiento privado y particular.

v. De acuerdo con el artículo 102 inciso 1 de la Constitución, es atribución del Congreso “Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”. Es también atribución y obligación del mismo Congreso en el inciso 2 del mismo artículo, “Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”.

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vi. De acuerdo con el artículo 45 de la Constitución, el ejercicio del poder de todo funcionario público en general y de los congresistas en particular, debe realizarse en el marco de las competencias expresamente reconocidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Cuando ese ejercicio del poder se realiza fuera del ordenamiento jurídico, ese poder de jura se vuelve un poder de facto, carente de efectos jurídicos. 

vii. Las normas que reconocen que los recursos naturales, y más en concreto, los recursos forestales son patrimonio de la nación y el Estado es libre en su aprovechamiento, contenidas en el artículo 66 de la Constitución, al tener una naturaleza de normas regla, y no de normas principio, son de aplicación directa, y no admiten ponderación con algún principio o derecho fundamental. 

viii. Al intentar el dictamen a través de una ley ordinaria del Congreso alterar este régimen constitucional, incurre en un vicio de nulidad, por un principio de jerarquía normativa, en consonancia con el artículo 51 y segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.

ix. Al afectar el dictamen el derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibro y adecuado a la vida, este dictamen tiene un vicio de nulidad, toda es que de acuerdo con el último párrafo del artículo 31 de la Constitución, todo acto que restrinja un derecho fundamental es nulo y punible, en consonancia con el artículo 10.1 de la Ley general de procedimientos administrativos, aprobada por Ley No 27444.

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