¿Por qué la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez es inconstitucional?

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

La inhabilitación de por el Congreso de la República de los miembros de la Junta Nacional de la Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez en la sesión del pleno del día de ayer. es inconstitucional por las siguientes razones:

1. El debido proceso se aplica a los actos parlamentarios. El Congreso debe respetar el debido proceso en los procesos parlamentarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha indicado que el conjunto de garantías mínimas no se limita a la materia penal, sino por el contrario, han de observarse en las instancias procesales de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos y obligaciones”. 

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(Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, párrs. 69-70). De acá se desprende un mandato, de una norma convencional adscrita, que exige que cada vez que el Estado en general, y el Congreso en el caso particular va a tomar una decisión que implique materialmente ejercicio del poder sancionador/punitivo, y que afecte derechos o establezca obligaciones, se deberá aplicar un contenido mínimo del debido proceso

2. Solo puede inhabilitarse por “causa grave”. Si bien el artículo 157 de la Constitución reconoce la facultad del Congreso de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto no puede realzarse contra cualquier inconducta, sino solo cuando estemos ante una “causa grave”.

3. La “causa grave” no ha sido reglamentada por el Congreso. Ni el Congreso ni el Reglamento del Congreso de la República han reglamentado que es “causa grave”. En consecuencia, no se puede sancionar a ningún miembro de la JNJ mientras no se precise el contenido de este supuesto de inconducta funcional.

4. Nadie puede ser jugado y sancionado por un proceso si esté no ha sido previamente establecido. La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez viola el artículo 139.3 de la Constitución Política, cuando establece que “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos”.

5. Violación del derecho a la legalidad penal. La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez viola el derecho y el principio de legalidad penal, reconocido a partir de una interpretación del artículo 2.24.f. Para el TC, el principio de legalidad penal garantiza: a) la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia); b) la prohibición de la analogía (lex stricta); c) la prohibición de cláusulas legales indeterminadas (lex certa); y d) la prohibición de aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta). (STC No 00012-2006-AI/TC, f.j. 17-22). A partir de esta norma se desprende una exigencia que las causales de inhabilitación estén previamente establecidas y estén claramente delimitadas en los procedimientos parlamentarios. Esta es una exigencia del principio de legalidad penal, y más en concreto a los principios de lex previa y lex certa.

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6. Violación del principio de ley cierta, taxatividad o de tipicidad. El principio de taxatividad exige que la conducta infractora a ser sancionada debe estar clara y adecuadamente descrita, a efectos que las personas ajusten su conducta a dicho parámetro. De lo contrario, si esta es ambigua o imprecisa, las personas no van a poder saber cuándo han incurrido en un acto prohibido, dando pie a una discrecionalidad y a posibles abusos por parte del poder político, tal como ocurre en este caso. Para el TC, “lo que prohíbe la lex certa es la existencia de las cláusulas o disposiciones jurídicas totalmente indeterminadas o imprecisas, cuyo contenido normativo no es suficiente preciso o fácilmente cognoscible, sino que, requiere ser definido ex post y de manera discrecional por la autoridad competente”. (STC No 00025-2013-PI, f.j. 216)

7. Violación del principio de ley previa. La garantía de la “ley previa” exige que la conducta infractora haya sido establecida en ley, pero previamente a la imposición del poder coercitivo. Esto se desprende del principio constitucional de seguridad jurídica. No se le puede exigir a Inés Tello y Aldo Vásquez que adopten un criterio adoptado con posterioridad a los hechos. Lo contrario implicaría una aplicación retroactiva de la ley. En tal sentido, la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez, sin antes previamente haberse establecido una interpretación vinculante del artículo 157 de la Constitución, resulta incompatible con los principios de taxatividad y ley previa.

8. No existe falta grave pues en su momento la elección fue convalidada. En relación con Inés Tello, consideramos que no se constituye falta grave ocupar un cargo público cuando los propios miembros de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como Ernesto Blume, dijeron en su momento que los 75 años era una edad para ingresar y no para permanecer en la JNJ.

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9. Tampoco hay fundamento para inhabilitar a los otros miembros de la JNJ. En relación con los otros miembros de la JNJ, consideramos que no constituye falta grave ocupar el cargo de miembro de la JNJ junto a Inés Tello, cuando nadie antes cuestionó el tema de la edad. Tampoco tiene razonabilidad, inhabilitar a Aldo Vásquez y no a los otros miembros de la JNJ, solo porque fue crítico con el Congreso.

10. No existe proporcionalidad entre la sanción de inhabilitación y la presunta inconducta funcional. Como dice el Tribunal Constitucional “las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”. (STC No 00090-2004-AA, f.j. 35) Consideramos que no estamos ante una sanción desproporcionada, pues no hay consistencia entre la presunta inconducta y la sanción (inhabilitación).

11. En realidad, estamos ante actos de venganza política contra las sentencias expedidas por Inés Tello. La razón de fondo es que Inés Tello condenó a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos. Asimismo, no les perdonan a Inés Tello, investigar a la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, con quienes los congresistas que ayer votaron por la inhabilitación de Inés Tello, negociaron sus votos para que el Ministerio Público archive investigaciones en su contra.

12. La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez violan el principio de interdicción de la arbitrariedad. Toda vez que queda en evidencia que no hay razones objetivas para sancionar por causa grave. Para el TC el principio de interdicción de la arbitrariedad, “tiene un doble significado: a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad”. (exp. Nº 0090-2004-AA/TC, f.j. 12). En este caso consideramos que no hay fundamentación objetiva para inhabilitar a los miembros de la JNJ que no sea la simple vendetta política.

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13. La violación del derecho a ocupar cargos públicos. La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez viola el derecho a la participación política, y más en concreto el derecho a ocupar públicos. El artículo 23.1.c de la CADH precisa que “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades […] de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Para la Corte IDH; este derecho se respeta cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución s[ean] razonables y objetivos” (Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela y otros, párr. 206), De acá se desprende un mandato, una norma convencional que los criterios de destitución deben ser razonables y objetivos lo que no ha ocurrido en este caso.

14. La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez afecta la independencia del sistema de justicia. Esta inhabilitación constituye una grave interferencia en el sistema de justicia por parte del Congreso y lanza un mensaje intimidante a todos los jueces y fiscales, para que no afecten los intereses del Congreso. Esta inhabilitación resulta incompatible con el artículo 139 de la Constitución que reconoce la garantía de la “independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Según esta norma: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional [y ante el órgano fiscal] ni interferir en el ejercicio de sus funciones”. La inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vásquez constituye un avocamiento en los procesos que la JNJ estaba impulsando contra los congresistas que negociaron con la fiscal Patricia Benavides.

15. La inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vásquez resulta incompatible con el principio de lucha contra la corrupción[1]. Estamos ante un principio normativo vinculante de rango constitucional, en la medida que se desprende de normas de la Constitución, tal como lo ha sustentado el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Resulta incompatible con este principio que varios congresistas investigados por la fiscalía por presuntamente negociar con la Fiscal de la Nación, no pueden votar para inhabilitar a los que investigan a su presunta socia. En un primer momento, se ha señalado que “la eficacia de la lucha anticorrupción prevista por el Estado peruano como su principal objetivo en el diseño de la política criminal”, agregando “la dimensión particularmente disvaliosa de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provocan al cuadro material de valores reconocido por la Constitución”. (STC No 0019-2005-PI/TC, f.j. 59). En un segundo momento, ha señalado que “la lucha contra la corrupción es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución”, agregando que “se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupción”. (STC No 00006-2006-PCC/TC, f.j. 11). En un tercer momento ha establecido que “se debe partir por considerar que el ordenamiento constitucional, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción”, añadiendo que “El proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquéllas vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la sociedad civil- obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal Constitucional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción constitucional concentrada y difusa, tomar medidas constitucionales concretas a fin de fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello, un directo atentando contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo integral del país”. (STC, No 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC, f.j. 54 y 55)

16. Conclusión: La inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez tiene un vicio de nulidad. Si bien el Congreso tiene facultad de remover a los miembros de la JNJ, debe respetar la Constitución y los derechos fundamentales en ella contemplados, los cuales cumplen una función de criterios de validez sustancial y límites materiales. En tal sentido, el proceso de acusación constitucional en contra de los miembros de la JNJ tiene un vicio de nulidad, toda vez que ha sido adoptada violando el derecho fundamental al debido proceso y la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución, y más concreto el principio de legalidad penal, y fundamentalmente, los principios de taxatividad y ley previa, así como la garantía de la independencia en la función jurisdiccional y el derecho a ocupar cargos públicos.

[1] Esta línea jurisprudencial ha sido analizada por la profesora de la PUCP Erika García Cobián Castro, Lucha contra la corrupción y derechos fundamentales en el Perú: ¿transitar del principio constitucional de proscripción de la corrupción a un derecho fundamental a vivir libre de corrupción? Disponible en http://themis.pe/wp-content/uploads/2018/07/Erika-Garci%CC%81a-Cobia%CC%81n.docx. Ver también ¿Es posible la justiciabilidad del principio constitucional de lucha contra la corrupción? https://www.idl.org.pe/es-posible-la-justiciabilidad-del-principio-constitucional-de-lucha-contra-la-corrupcion/?fbclid=IwAR1OqiQBneXmsrveoh5bzQTuzAxA5s07Pv_8k79c-2tPzhFVr2HMjm3OW6w

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