Precedente vinculante sobre el delito de estafa [Recurso de Nulidad 2504-2015, Lima]

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Precedente vinculante sobre el delito de estafa

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA

Sumilla: 1. La sola constatación de un engaño, vinculado causalmente a una disposición patrimonial perjudicial, con déficit de información –error–, no implica, per se, la configuración del delito de estafa. 2. Solamente existirá un engaño típico de estafa, cuando la superación del déficit de información –error– no es competencia de la víctima disponente sino del autor del hecho o suceso fáctico; esto es, cuando la víctima carece de accesibilidad normativa a la información. 3. En estos casos, el autor es garante de brindar a la víctima la información que a ésta no le competía recabar o descifrar.

Lima, siete de abril del dos mil diecisiete

VISTOS;

El recurso de nulidad interpuesto por la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima, y por la defensa técnica de la procesada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco, contra la sentencia de fecha once de mayo de dos mil quince, obrante a folios once mil novecientos cincuenta y cinco, emitida por la Segunda Sala Penal para procesos con reos en cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima, que falló absolviendo a la acusada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco de la acusación fiscal por los delitos contra el Patrimonio -Estafa-, en agravio de José Antonio Requejo Morales y otros; y, contra la Fe Pública -Falsedad Genérica-, en agravio de José Antonio Requejo Morales y otros; y, condenando a Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco como autora del delito contra el patrimonio -Estafa-, en agravio de Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria Iraola; imponiéndole cuatro años de pena privativa de libertad efectiva; y, fijando en cinco mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar la condenada a cada uno de los agraviados Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria Iraola; sin perjuicio de devolver lo estafado.

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Con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Hinostroza Pariachi.

CONSIDERANDO

§. HECHOS IMPUTADOS

PRIMERO: De la acusación obrante a folios siete mil doscientos dos, se desprende que el Ministerio Público atribuye a la procesada Hilda Cecilia Chacaltana Pacheco la realización de dos hechos ocurridos entre enero a octubre de 2007, en los cuales esta empleó «engaño» y ocasionó perjuicio patrimonial en agravio de diversas personas:

i. El primer hecho consiste en haber “engañado” a los propietarios de las empresas Menzala Motors S.A.C. –Néstor Menzala Huahuasonco–, y Grupo “Escarabajo» –integrado por los agraviados Cristian Cabrera Torres, Fidel Vasconzueío Zorrilla, Benito Quispe Salas, Henry Cabrera Mayorga, Ulises Gonzales Ramírez, José Antonio Requejo Morales y Marco Mazza Corso–; empresas cuyo giro comercial era la venta y alquiler de vehículos motorizados; resultando que la procesada se presentó ante estos agraviados como una persona solvente y confiable; logrando que, bajo error, la primera empresa le entregara seis y la segunda cuarenta y nueve vehículos, en su mayoría camionetas cuatro por cuatro, con el objetivo de ser llevados a empresas mineras con sede en la ciudad de lea, a efectos de ser dados en alquiler o alquiler-venta; para lo cual la procesada solamente abonó una parte del dinero pactado y, posteriormente, sin tener la condición de propietaria ni las facultades jurídicas para ello, procedió a venderlos a terceras personas.

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ii. El segundo hecho está referido al “engaño” en perjuicio de Jorge Jesús Salas Gutiérrez, Fernando Augusto Campos Pacheco, Juan Pablo Pérez Olivos, Julio Roger Zamora Chunga, Cristian Karlo Rivero Schoster, Ana María Méndez de Espejo, Alejandro Sayón Fetzer, María Ofelia Soriano Barrantes, Carlos Encarnación Echevarría Cabrera, Marvin Ornar Alva Acra, Alcira Maruja Ávila Concepción y Giancarlo Sarria Iraola; a quienes la procesada les vendió los vehículos sin tener la condición de legítima propietaria y manifestándoles que provenían de remates judiciales. Dichos «agraviados adquirientes», motivados por los precios bajos en que los vehículos eran ofrecidos procedían a adquirirlos mediante contrato de compra-venta a plazo con reserva de Dominio de Vehículo Usado, cuyo pago se garantizaba también con letras de cambio. Sin embargo, al momento que estos agraviados adquirientes solicitaban la entrega de las Tarjetas de Propiedad, la procesada les decía que estaba realizando los trámites hasta que culminen con pagar la totalidad del vehículo; todo lo cual no constituía más que un ardid o engaño de su parte, pues las compañías vendedoras no iban a entregar la Tarjeta de Propiedad debido a que, en algunos casos, la procesada solamente pagaba un adelanto e incumplía con los abonos mensuales, y, en otros casos, los vehículos habían sido entregados solamente en alquiler; es decir, en ambos casos la acusada no podía disponer sobre la propiedad de los vehículos. Por esa razón, los agraviados adquirientes tuvieron, finalmente, que devolver los autos, sin que les hayan devuelto el dinero que pagaron por los mismos.

§. FUNDAMENTOS DE LA SALA PENAL SUPERIOR

SEGUNDO: La Segunda Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió su sentencia sobre la base de los siguientes fundamentos:

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i. Respecto de la acusación fiscal por delito de estafa en agravio del grupo comercial «Escarabajo” y “Menzala Motors Sociedad Anónima Cerrada» -Agraviados Otorgantes-, la conducta de la acusada Chacaltana Pacheco es atípica; dado que el mérito de las obligaciones contenidas en los contratos denotan un incumplimiento de índole civil. Asimismo, debe considerarse que la referida procesada firmó los referidos contratos con su propio nombre, y revistiendo las formalidades de ley; no configurándose los elementos del tipo penal de Estafa.

ii. Respecto de los “agraviados adquirientes”: Jorge Jesús Salas Gutierrez, Juan Pablo Pérez Olivos y Giancarlo Sarria Iraola, ha quedado acreditado que la procesada Chacaltana Pacheco los engañó de forma idónea y eficaz, pues les ofreció en venta vehículos a un precio por debajo del mercado, aduciendo que los vehículos provenían de remates judiciales; aparentando cualidades supuestas (bienes, créditos, comisión); provocando un error en los agraviados quienes, viciados en su voluntad, contrataron con la procesada la compra de vehículos. El resto de «agraviados adquirientes”, sin embargo, no cumplió con presentar los elementos de prueba originales que acrediten sus afirmaciones en contra de la procesada, a pesar de que ello les fue ordenado por la Corte Suprema mediante Ejecutoria recaída en el Recurso de Nulidad N° 2372-2012, en mérito del cual se ordenó la realización de un nuevo Juicio Oral.

[Continúa…] 

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