Prescripción adquisitiva de dominio [Casación 3872 – 2011]

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Prescripción adquisitiva de dominio

Lima, veintiséis de setiembre del año dos mil doce.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA;

Vista la causa número tres mil ochocientos setenta y dos – dos mil once, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.

RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos noventa y nueve por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, contra la sentencia de vista obrante a fojas trescientos ochenta, su fecha once de abril del año dos mil once, expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia apelada obrante a fojas trescientos siete, de fecha tres de marzo del año dos mil diez que declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada; en los seguidos por Leoncio Lozano Pino y otra con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, sobre prescripción adquisitiva de dominio.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha once de octubre del año dos mil once, que corre a fojas veintinueve del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal por la causal prevista en el artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, por la que se denuncia:

a) La infracción normativa del inciso quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, dado que la Sala Superior ha expedido la sentencia sin una motivación a que al tratarse de un área de propiedad estatal inscrita en el Tomo trescientos cuatro, obrante a fojas trescientos cincuenta y uno, Asiento Registral número ochenta y dos del Registro de Predios de Lima, es que se opuso a dicha acción judicial; pues la sentencia de vista solo se ha limitado a enumerar cada uno de los medios probatorios sin analizar debidamente si el demandante cumple con los requisitos de la usucapión. La Sala reviso si los demandantes cumplían o no con los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio y previo estudio de los medios probatorios, es así que se desprende que no han merituado si los demandantes habrían poseído como propietarios del bien, si ésta ha sido realizada de manera continua o si la posesión fue ejercida solo por uno de los cónyuges -en el entendido que solo uno fue reconocido en las declaraciones testimoniales-. No efectúo un análisis concreto del porqué cumplían o no estos requisitos, limitándose a argumentar que de los medios probatorios se advierte una posesión mayor a los diez años requerido por el artículo novecientos ochenta y cinco del Código Civil. Se vulneró la tutela procesal efectiva dado que no se ha resuelto la incertidumbre respecto a la determinación del animus domini y/o la posesión continua, dado que la Sala no ha cumplido con esbozar debidamente la justificación fáctica y jurídica del porqué los demandantes cumplen con los requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio.

b) Infracción normativa por inaplicación del artículo dos de la Ley número veintinueve mil seiscientos dieciocho, por medio de la cual se dispone la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado, pero en la Sentencia recurrida no se ha merituado si el bien materia de litis, seria pasible de una declaración judicial de prescripción adquisitiva de dominio. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico vigente existe una disgregación entre los bienes de dominio público y privado del Estado; debemos tener en cuenta que en la actualidad ambos tipos dominales cumplen una similar característica, constituida en la imprescriptibilidad. El artículo setenta y tres de nuestra Carta Magna reconoce que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles; y el artículo dos de la Ley número veintinueve mil seiscientos dieciocho, por el cual se dispone que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles. Ello quiere decir que existe una expresa declaración normativa que determina que este tipo de bienes tampoco son susceptibles de ser adquiridos en propiedad por prescripción adquisitiva. Así se haya comprobado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo novecientos cincuenta del Código Civil no es pasible declarar la propiedad de los bienes del Estado a favor de terceros, dado que existe una norma legal que así lo prohíbe y que no ha sido aplicado por el Órgano Judicial. Norma imperativa que el Juzgador no ha aplicado al caso en concreto para determinar si legalmente corresponde declarar la propiedad de los bienes de dominio privado del Estado a favor de particulares;

c) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo novecientos cincuenta del Código Civil, sobre las características de la posesión para acceder a la declaración de propiedad, como es la posesión continua y como propietario -animus domini-. Efectivamente, el Colegiado solo se ha limitado a determinar si se cumplió el plazo de posesión en virtud a los medios probatorios- sin advertir si éste ha sido realizado bajo los requisitos que se requiere para una declaración judicial como propietario. Es así que ni siquiera estudia de una forma adecuada los documentos ya revisados en primera instancia y sin determinar desde que momento adquieren una fecha cierta para la comprobación de los hechos. No se reviso ni fundamento si los demandantes han cumplido con la posesión continua y como propietario. Tal es así que no se ha advertido que el bien se utiliza para fines estrictamente comerciales – consultorio dental- lo que nos lleva a determinar que la vivencia lo realiza en otro bien inmueble conjuntamente con su cónyuge. Asimismo, los testigos solo han reconocido solo a uno de ellos como trabajador del centro dental, es decir, no se ha determinado que ambos cónyuges han realizado la posesión al que alude la norma. Situación que no ha sido materia de fundamentación por la Sala. Además no se ha determinado si el bien solo se ejerce como una simple ocupación o éste se ha realizado como propietario. Es en tal sentido, a través de sendas ejecutorias, que la Corte Suprema ha determinado que no e que una simple posesión de facto convierta al ocupante en propietario del bien; razón por la que, ni el arrendatario, comodatario, usufructuario, tenedor de la posesión, entre otros, pueden ejercer la figura de la prescripción adquisitiva de dominio.

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