¿PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS O PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD? EFECTIVIDAD DE LAS SANCIONES JURÍDICO-PENALES EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

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Por: Wynny Fiorella Martos Colonia

Estudiante del noveno ciclo de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca

Resumen:

En el presente artículo, se pretende brindar una explicación de lo que sucede en la actualidad mediante el estudio de la institución jurídica de los alimentos y además de ello, brindar una alternativa de solución, presentada mediante una propuesta de lege ferenda del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal referido al delito de omisión a la asistencia familiar, abocada a la creación de una nueva institución jurídica denominada prestación de servicios comunitarios compensados.

Palabras clave: omisión a la asistencia familiar, prestación de servicios comunitarios compensados.

Abstract:

In this article, it is intended to provide an explanation of what is currently happening through the study of the legal institution of food and in addition to this, provide an alternative solution, presented through a proposal of lege ferenda of article one hundred forty-four nine of the Penal Code referring to the crimen of omission to family assistance, aimed at the of a new legal institution called the provision of compensated community services.

Key words: Omission to family assistance, provision  of compensated community services.

  1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, existe una problemática muy latente en el contexto peruano, ello porque el primer párrafo del artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal nacional establece que la persona que omite su obligación de prestar alimentos, todo ello contenido en una resolución judicial, deberá ser sancionado con “una pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial”[1]; pero cabe preguntarse, ¿qué sucede en el actual contexto donde muchas personas se encuentran sin trabajo, lo cual genera una insolvencia económica que ataca incluso a la misma integridad del deudor alimentario?

Es por ello que se redacta el presente artículo, dado que, a raíz de la emergencia de salud a nivel mundial, se ha divisado que la efectividad de las sanciones que establece el estado para los deudores alimentarios, son totalmente ineficaces, y que, por el contrario, lo único que se logra con ese tipo de medidas, es un hacinamiento penitenciario, en el caso de la pena privativa de libertad; y un incumplimiento total de la obligación alimentaria, en el caso de la prestación de servicios comunitarios, dado que, si bien es cierto, existe un trabajo efectivo realizado por parte del deudor, pero no existe un apoyo económico que ayude a solventar los gastos esenciales del alimentista.

  1. ALIMENTOS Y OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR

Para comenzar a desarrollar el presente artículo, es necesario, plantear la idea de lo que son los alimentos, es por ello que, en el ínterin de la vida común se los entiende como todo aquello que sirve para nutrir al ser humano; por otro lado, ya en la legislación civil peruana, se los conceptúa como todo lo necesario para el sostén, domicilio, vestido y mantenimiento de la salud de determinados miembros de una familia, desde el momento de la concepción a lo largo de su desarrollo.

Pero, ¿qué sucede en los casos donde la familia decide separarse?, ¿cómo se solventan esas necesidades?; es allí donde usualmente se generan diversos conflictos entre las personas que sostienen el hogar; si bien es cierto, existen diversas formas de solucionarlos, como por ejemplo, mediante mecanismos autocompositivos de resolución de conflictos, como por ejemplo la mediación; pero generalmente las personas acuden al órgano jurisdiccional para que sea un tercero quien determine si es que corresponde o no el cumplimiento de esa obligación, además de plantear la medida de ellos.

Una vez que el juez, quien es el tercero enterado del asunto; emite una resolución conteniendo el monto que el obligado debe cancelar en favor del alimentista (denominada liquidación de alimentos[2]), él tiene el deber jurídico de comenzar a pagar tal monto, pero si éste no cumple con la obligación contenida en la mencionada resolución; es allí donde se construye la figura típica del delito de omisión a la asistencia familiar.

  1. DEL DELITO Y LA EFICACIA DE LAS PENAS A IMPONER: ¿PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD O PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNITADOS?

El delito de omisión a la asistencia familiar se encuentra recogido en el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, para el trabajo en cuestión se analizará únicamente el primer párrafo, donde se establece que: “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial”[3].

Ya analizando al delito, la acción típica que lo configura se aboca en que el deudor alimentario con conocimiento e intención omite prestar su obligación, ello implica que este es un delito de omisión propia[4], luego de haberse llevado a cabo un proceso sumarísimo de alimentos, donde ya se ha emitido una sentencia judicial, un auto final o un auto de asignación provisional de alimentos[5]; debiendo resaltar que este es un delito de peligro abstracto dado que no es necesario un resultado que perjudique efectivamente a la salud del alimentista sino que el fundamento de su sanción, es la misma peligrosidad que reviste la realización de la conducta.

Los sujetos implicados son, el judicialmente obligado a prestar la pensión de alimentos como sujeto activo; ellos según el Código Civil (Art. 474) pueden ser los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, tutores, sin interesar si la línea es de consanguineidad o afinidad; solo importa que tenga la calidad de “sujeto obligado”. En la parte pasiva del delito, se encuentran los descendientes como los menores de edad, mayores de edad que se encuentran cursando una carrera profesional o técnica, mayores de edad que se encuentran en condiciones de incapacidad; y ascendentes en estado de necesidad como los cónyuges afectados por la separación de hecho[6].

Así mismo, la doctrina establece que la calidad del delito es permanente, ello implica que la “acción antijurídica y el efecto necesario para su consumación se mantienen en el tiempo sin intervalo por la voluntad del agente”[7], ello porque la omisión se va realizando de manera periódica por parte del sujeto activo, quien tiene la esfera de dominio.

En cuanto al bien jurídico existe una discusión en la doctrina, por un lado, Peña Cabrera establece que es el bienestar e integridad de la familia, pero también menciona que existe la posibilidad de un bien jurídico dual, dado que por un lado se protege al eficaz cumplimento de los deberes familiares establecidos por el Código Civil, los cuales son el de asistencia y solidaridad en la familia; y, por otro lado, sería el principio de autoridad de las resoluciones judiciales. Otro doctrinario que muestra su posición es Salinas Siccha, quien establece que el bien jurídico protegido es el deber se asistencia, auxilio o socorro que tienen los miembros de la familia entre sí. A nuestro criterio, el bien jurídico que se debe tomar en cuenta es el referente a los deberes de asistencia a nivel familiar, porque si se adopta la posición de la vulneración del principio de autoridad de las resoluciones judiciales, ya se perdería la esencia del delito y su ubicación en el capítulo de delitos contra la vida, cuerpo y salud sería equívoca; lo que si se podría dar es un concurso con un delito contra la administración pública.

Ya analizando el aspecto subjetivo del tipo, es necesario atribuirle el título de dolo; pero se abre la posibilidad de la existencia de un error de tipo, referida al alcance de la resolución judicial, analizando el supuesto de ausencia de dolo, debe de existir un tipo de error de tipo invencible o absoluto, dado que contrario, del delito debería ser sancionado como culposo, pero como ya se mencionó anteriormente el delito únicamente puede tipificarse con conocimiento e intención, en cuanto a la falta de conocimiento al alcance de la resolución, esta se podría dar cuando se extravía la notificación judicial y el deudor no toma conocimiento de la sentencia judicial y el plazo para cancelar el monto fijado por el juez.

En cuanto a los dos aspectos restantes, antijuricidad y culpabilidad, no existe ninguna causa de justificación ni causa de inimputabilidad; en el último ámbito, la evaluación respectiva a la capacidad del agente ha quedado a criterio del juez civil al momento de convocar la audiencia y evaluar las posibilidades socioeconómicas del deudor alimentario.

Entonces, al analizar la penalidad de delito, se debe aclarar que existe una pena alternativa, específicamente una pena privativa de libertad no mayor de tres años, o, una prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas; en el tema de la pena en general se debe recordar que existen diversas formas de reacción social frente a un determinado comportamiento descrito como delito, esas reacciones pueden ser, un encierro en una prisión por un determinado tiempo, medidas de seguridad[8] que son aplicadas cuando la persona responsable carece de un determinado grado de imputabilidad y únicamente se la considera solo como una persona peligrosa, reparación civil, etc.

En el caso que nos ocupa, se brindan dos sanciones jurídicas penales, la primera es una pena privativa de libertad, la cual es la sanción más grave de todo el ordenamiento jurídico peruano, pues se limita al derecho fundamental a la libertad y por ello es duramente criticada, generalmente porque en determinados delitos, no logra la tan ansiada resocialización del delincuente; en cuanto a la duración de ella, el legislador ha dejado libre el extremo mínimo, por lo cual se entiende que es de dos días y en el extremo máximo, se establece que es de tres.

En cuanto a la otra sanción referida a la prestación de servicios comunitarios, en este caso se debe realizar una evaluación personal del procesado, ello en base a que se debe observar la aptitud de aquel para realizar determinadas actividades, posteriormente a ello, el juez debe comunicar la decisión adoptada al órgano de ejecución y control, y una vez coordinadas esas diligencias, se puede proceder a la ejecución del trabajo comunitario.

Es necesario recalcar que, en el último caso, que el trabajo realizado o a realizar no es considerado como un trabajo forzado por la Organización Internacional de Trabajo, ello porque se prefiere tal disposición a una que afecte el derecho fundamental a la libertad; así mismo, “esta pena está asociada a la finalidad de prevención especial puesto que somete al condenado a una especie de “training social”: el contenido educativo subyacente a su ejecución tiene un efecto socialmente integrador”[9], además del hecho que las entidades beneficiadas son netamente públicas, equilibrando de esa manera el sistema social.

La materia del presente artículo se aboca a una creación de una pena alternativa a las dos propuestas por el legislador en el Código Penal, la cual a su vez implica la creación de una nueva política criminal, ello en base a la efectividad referida a la prestación de alimentos y el desarrollo de un trabajo para obtener recursos para el alimentista; todo se realizará observando en todo momento a los tratados internacionales, además de la Carta Magna peruana.

  1. DECISIÓN POLITICO-CRIMINAL, CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN JURÍDICO-PENAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPENSADOS

En cuanto a la idea de política criminal, se debe recordar que, esta se encuentra conceptuada como una serie de instrumentos que “deben asociarse nominal o fácticamente a la producción presente o futura del delito en orden a evitar que éste se produzca o se reitere”[10], tal actividad engloba a dos aspectos, el primero referido al conjunto de actividades empíricas, organizadas y ordenadas orientadas a la protección de individuos y la sociedad en general; y en segundo lugar, referida a un aspecto teórico, donde se evalúa al conjunto de principios teóricos que dan una base racional a la lucha contra el delito.

Es menester recordar que, toda decisión político criminal acarrea un mal para una persona, el cual únicamente se debe aplicar de manera subsidiaria, con la finalidad de no causar un daño innecesario al procesado; el fundamento de ello se solventa en el aspecto funcionalista relativo a la autoconservación del grupo social, la valoración de tal daño respecto a otros se debe someter a una estricta evaluación, la cual debe ser sustentada en si el interés protegido (el de la sociedad) es de mayor valor que el lesionado (del delincuente).

De esa manera, toda política criminal debe de enmarcarse en un verdadero respeto de la persona, su dignidad y los derechos fundamentales, los cuales son recogidos de manera plena en el tratado internacional de derechos humanos; la base de ello se encuentra en la preexistencia de valores fundamentales inherentes a la naturaleza humana misma, por ello todo delito legislado en el Código Penal, tiene en su mayoría, miras teleológicas ligadas a la eficiencia social, y en algunos casos, ligadas al ámbito económico.

Por su parte la eficiencia económica implica un utilitarismo, el cual no tiene nada que ver con una conducta que aporta beneficios para todos y no perjudica a nadie, sino con aquel comportamiento que beneficia a todos, pero cuyos costos son reducidos; en pocas palabras, “las ganancias de los beneficiados superan las pérdidas de los perjudicados de modo que los primeros pueden indemnizar a los segundos”[11].

De esta manera, con la creación de una nueva política criminal se busca una alternativa de solución a un comportamiento ineficaz realizado racionalmente, con la finalidad de maximizar un beneficio tanto para cualquier ser humano y un delincuente en particular.

Pero, ¿de qué manera todo lo mencionado anteriormente, se aplicaría al delito de omisión a la asistencia familiar?, se debe recordar que antiguamente, el cálculo económico de un castigo se daba entre ciudadanos iguales, pero sobretodo, emancipados económicamente. Ahora cabe analizar ese supuesto en la realidad peruana, ¿existe tal emancipación, en los sectores informales de nuestra economía?; pongamos un ejemplo, Juan es un comerciante ambulante que gana 10 soles diarios, a causa de su precaria economía, el postula a un trabajo en la empresa de seguridad “Hermes”, pero a la par, se le abre un proceso penal por omisión a la asistencia familiar (obviamente luego de agotar la vía civil), siendo sentenciado a cumplir un año de prisión efectiva, por ende quedando fuera del trabajo pues la mencionada empresa necesita personal sin antecedentes penales; ¿es prudente aplicar esa sanción evaluando esas condiciones?, ¿dónde quedó la eficiencia de la que se habló anteriormente?, y la pregunta que más curiosidad causa, ¿de qué manera va a cancelar el monto adeudado si él se encuentra purgando una condena?

Por ello, se pretende crear una nueva institución político criminal denominada, prestación de servicios comunitarios compensados, los cuales deberán ser regulados de similar manera que lo estipulado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1191[12],por ende, en cuanto a las jornadas que se deben realizar estas deben ser de veinticuatro horas semanales; ello se debe aplicar entendiendo que, las personas que cumplirán esos servicios se encuentran desempleadas y por ello no se encuentran realizando labor alguna.

En cuanto a la supervisión de la efectiva labor de los servicios a la comunidad compensados, esa actividad será realizada por los inspectores, los cuales serán miembros del INPE, ellos se encargarán de realizar visitas inopinadas al centro donde el sentenciado por omisión a la asistencia familiar, se encuentra cumpliendo la condena.

Para que exista un correcto desarrollo de esos servicios es necesario crear un plan individual de actividades, donde se describirá la labor que deberá realizar el deudor, además de asignar el centro donde las realizará, obviamente después de realizar una evaluación de capacidades psíquicas y motoras.

Una vez que sea iniciado el cumplimiento de esas labores, el Instituto Nacional Penitenciario, deberá emitir un Informe de Tratamiento, donde se explicarán las acciones que ha realizado el condenado como pago de su deuda con la sociedad y el alimentista, además de explicar de qué manera esa actividad ha contribuido a su resocialización.

En ese ínterin, deben existir principios en su aplicación, donde el principal, será el principio del fin de la pena el cual consiste en  garantizar las funciones preventivas, protectoras y resocializadoras; en beneficio del reo. En ello influirá de gran manera el ámbito donde se realizarán esas actividades, las cuales serán instituciones públicas o privadas en general, englobando en ellas, municipalidades provinciales y distritales, gobiernos regionales, y, micros y pequeñas empresas; obviamente de donde reside el condenado para que sea más fácil su desplazamiento. Por su parte, las actividades a realizar serán actividades asistenciales, sociales, educativas, psicológicas, educativas, hospitalarias, de enseñanza, orfanatos u obras de utilidad social.

Por su parte, en cuanto a la compensación se debe recordar que, la política criminal propuesta busca el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias del condenado, además de pretender lograr una adaptación de éste en la sociedad, sin generar antecedentes judiciales ni penales, ello en base a que, por la naturaleza persistente de la obligación, el sujeto que la debe cumplir necesitará contar con un empleo fijo, al menos, hasta que el alimentista cuente con la mayoría de edad o hasta que aquel haya culminado sus estudios técnicos o universitarios; por ello monto que este deberá asistir al alimentista deberá oscilar entre trescientos soles, como extremo mínimo, y seiscientos soles como extremo máximo, para precisar esos montos es necesario evaluar qué actividad desarrollará el sujeto[13].

En cuanto al tiempo de la prestación, ésta debe ser determinada hasta que el obligado a la pensión alimenticia consiga un trabajo estable que le permita cumplir con su obligación o hasta que se extinga la obligación, en los supuestos de muerte, cumplimiento de mayoría de edad o solvencia económica del alimentista.

Un beneficio extra del cumplimiento de esta pena es que además de que obligado efectivamente cumpla con prestar alimentos, éste logre una readaptación a la sociedad que le permita posteriormente conseguir un empleo para lograr el primer objetivo; si bien es cierto se le embargará el cien por ciento de la compensación que debía recibir por el trabajo efectivo, ello en salvaguarda de la subsistencia del alimentista, pero cabe preguntarse, ¿sí el deudor trabaja y se le embarga toda su compensación, como podrá subsistir o alimentarse?, pues también propongo que el centro donde el deudor está prestando servicios se encargue de brindar alimentos que dotarán de energía a éste. Así mismo, como segundo beneficio estará la expedición de un certificado en el que conste que el procesado cuenta con experiencia laboral en el rubro que este se ha desarrollado, ello en base a la resocialización de este, dado que ello contribuirá a la desestigmatización del deudor alimentario en la sociedad y aumentará su grado de empleabilidad.

  • PROPUESTA DE LEGE FERENDA
    • TEXTO VIGENTE VS. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Cabe resaltar que, para nuestra propuesta de modificación, es necesario tomar en cuenta la creación de la nueva institución jurídico-penal mencionada en el acápite anterior, referida a la política criminal: prestación de servicios comunitarios compensados; realizando esa salvedad, se procederá a exponer la proposición:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Art. 149: Omisión de prestación de alimentos El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial (…). Art. 149: Omisión de prestación de alimentos El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario compensado hasta el número de jornadas suficientes para cumplir con su obligación contenida en el mandato judicial (…).
  • EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como ya se explicó en el acápite anterior, es necesario tomar en cuenta la nueva institución, en base los siguientes motivos:

  1. Compresión efectiva del fundamento jurídico de la medida de seguridad

Como se recuerda, el fundamento jurídico de una medida de seguridad es el estado peligroso del sujeto activo del delito, pero tal peligrosidad, según las líneas generales de la teoría del delito debe ser relacionada al grado de imputabilidad del agente, es decir, éste debe de contar con una enfermedad mental o un determinado grado de psicosis; pero, es incomprensible que se aplique esa sanción para el delito en cuestión, ello en base a que esto debió ser evaluado, no el proceso penal, sino el proceso civil con la sentencia en contra del obligado, eso porque ello influiría en gran medida en el monto a asignar, o también en la legitimidad pasiva del proceso de alimentos; es decir, que sí el obligado fuese incapaz, las personas responsables para cubrir  esa responsabilidad serán los familiares de este (como abuelos, tíos, parientes por grado de afinidad, etc.).

Por esa razón, como se puede evidenciar, existe una inconsistencia en la institución jurídico penal sancionatoria de prestación de servicios comunitarios; por ende, se pone en tela de juicio la efectividad, dado que, se le restringen derechos referidos al ocio y al tiempo libre del deudor, pero se deja totalmente de lado dos aspectos, el cumplimiento de la obligación alimentaria y el fin de la pena, que en este caso es la reeducación para el trabajo del imputado; aún más por la naturaleza del delito, dado que, precisamente por la falta de empleo y la subsecuente falta de dinero del procesado, se lo castiga.

Por ello, lo que se busca con este planteamiento es adecuar correctamente el delito cometido con la sanción jurídico penal, para que, de esa manera, se evite el hacinamiento en las prisiones por delitos que podrían ser sancionados de otra manera, sin poner en riesgo la salud y alimentación de terceras personas; específicamente a las mencionadas en el artículo cuatro de la Constitución Política del Perú (niños, adolescentes, madres y ancianos en estado de abandono).

  • Dar cumplimento a los objetivos del desarrollo del milenio

La política criminal a proponer tiene una mirada, esencialmente, a los diversos tratados a los que nuestro país se encuentra suscrito; así se debe tomar en cuenta lo que propone las Naciones Unidas, pues ellos pretenden eliminar cualquier grado de pobreza extrema, la cual engloba a su vez el hambre, falta de educación, recreación, trabajo infantil de hombres, mujeres, niños y ancianos.

De esta manera, el estado y las empresas de actividad privada con miras a la responsabilidad social, deben garantizar tal aspecto; pues bien, si el obligado no cuenta con recursos y mucho menos con un empleo que garantice una existencia digna del obligado y sus ascendentes o su prole; éstos podrían intervenir en apoyo de ellos.

Pero ese apoyo no será a cambio de nada, pues ellos obtendrán un trabajo dentro de sus entidades, de manera que se compense el monto de dinero que van a desembolsar de manera directa a las cuentas de los alimentistas; además de contribuir con la formación social, laboral y empleabilidad del procesado.

  • EFECTOS DE LA VIGENCIA

La presente propuesta modifica el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, ello en base a que la propuesta genera, en primer lugar, la creación de una nueva institución jurídico penal referida a la pena denominada prestación de servicios comunitarios compensados, la cual consiste en que el procesado por el delito de omisión a la asistencia familiar; en lugar de la prestación de servicios comunitarios básica o la pena privativa de libertad, se le asigne un centro de labores en entidades del estado o en alguna micro y pequeña empresa, a cambio de una retribución proporcional al trabajo realizado, la cual no será cancelada al deudor de manera directa sino que será asignada al alimentista o a su representante legal; pero para no afectar la subsistencia de aquel, la entidad donde se realiza el servicio, será la encargada de brindar alimentos que doten de energía al deudor, además, de ser el caso, de otorgar movilidad para ellos. Ello porque encerrado el deudor, no podrá realizar trabajo alguno y por ende no podrá cancelar la deuda de alimentos la cual se le ira acumulando de manera progresiva; en caso de incumplimiento de la sanción, la pena tendrá la naturaleza de alternativa, es decir, esta será revocada y se le impondrá al deudor la pena de cárcel efectiva; cumpliéndose así la naturaleza de ultima ratio del derecho penal.

Por otro lado, otorgando un fiel cumplimento a los fines del derecho penal ligados a la reeducación, resocialización y rehabilitación; es necesario precisar que una vez cumplida la nueva sanción jurídico penal, el órgano que ha tenido al deudor prestando servicios, se encargará de otorgarle un certificado de trabajo, precisando las labores que ha realizado en el centro; de esta manera se generaría una experiencia laboral que le podrá servir para un futuro trabajo que servirá para solventar los gastos del alimentista. Aunado a ello, no se le generarán antecedentes judiciales o penales, ello porque podría atentar a la inclusión del deudor a la sociedad, esto porque así se podría eliminar la posibilidad de encontrar un centro de labores.

  • ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

En cuanto al costo, este será asumido por la entidad estatal o empresa privada donde el deudor se encuentre prestando servicios.

Por su parte el beneficio será por partida doble, por un lado, se encuentra el realizado por el deudor, quien se encontrará recibiendo una educación para el trabajo que le servirá para que posteriormente pueda aumentar su empleabilidad en diversos puestos; y, por otro lado, será el de la entidad beneficiada pues será reconocida por su labor social con el estado peruano y sus habitantes que no pueden solventarse autónomamente.

  • CONCLUSIONES
  • El delito de omisión a la asistencia familiar se configura cuando el deudor alimentario, luego de una sentencia en el fuero civil; con conocimiento e intención omite prestar su obligación.
  • Las penas a imponer por la comisión de ese delito, son ineficientes y no contribuyen a la reeducación, rehabilitación y resocialización del deudor, dado que generan antecedentes penales además de una separación de un medio donde el deudor, podría llegar a cumplir con su obligación.
  • La pena de prestación de servicios comunitarios es ineficiente para el delito de omisión a la asistencia familiar, dado que esta solo se debe aplicar a personas con un grado de inimputabilidad.
  • La prestación de servicios comunitarios compensados, brinda la posibilidad de solvencia económica y resocialización del deudor, dado que cumple con su obligación legal además de generarle una constancia de experiencia en el servicio prestado.

[1] Poder legislativo. (1991). Código Penal. Lima, Lima, Perú. Recuperado el 5 de junio de 2020

[2] Chávez Rodríguez, Á. A. (2018). Los intereses de la liquidación de pensiones devengadas en los procesos penales de omisión a la asistencia a la luz de los derechos fundamentales, del menor agraviado en la provincia del Huancavelica. Huancavelica: UNHEVAL. Consiste en una operación de cálculo matemático realizada por el Juez con la finalidad de establecer el monto que debe el demandado por el concepto de alimentos, el cálculo se realiza del lapso de la emisión de la sentencia hasta el momento de la liquidación.

[3] Poder legislativo. (1991). Código Penal. Lima, Lima, Perú. Recuperado el 5 de junio de 2020

[4] Villacreses Palomeque, J. L. (2018). Los delitos de omisión propia y el derecho penal ecuatoriano. Ecuador: Universidad San Gregorio de Portoviejo. Recuperado el 06 de junio de 2020. Implica que un determinado sujeto no realiza una conducta exigida por la norma penal, concurriendo los siguientes requisitos: a) Que las circunstancias estén previstas en un mandato, b) Que el obligado haya podido obrar, pero no lo hizo, c) Que la persona que no haya realizado la acción haya conocido el deber.

[5] Salinas Siccha, R. (2008). Derecho Penal Parte Especial. Lima, Lima, Perú: Grijley (pp. 404 – 423). Recuperado el 05 de junio de 2020.

[6] Peña Cabrera Freyre, A. R. (2009). Derecho Penal Parte Especial (Vol. I). Lima, Lima, Perú: IDEMSA (pp.440 -445). Recuperado el 31 de mayo de 2020

[7] Salinas Siccha, R. (2008). Derecho Penal Parte Especial. Lima, Lima, Perú: Grijley (pp. 404 – 423). Recuperado el 05 de junio de 2020

[8] Cárdenas Ruiz, M. (2007). Presupuestos, procedimiento y oportinidad de aplicación de la medida de seguridad de internación conforme a la jurisprudencia vinculante. Derecho y Cambio Social. Recuperado el 8 de junio de 2020. Las medidas de seguridad son dos, la primera es la internación la cual consiste en enviar al inimputable a un centro especializado de tratamiento, un ejemplo de ellos son las personas que tienen un trastorno mental permanente o transitorio, además la duración de esa medida será la misma que se le hubiese impuesto en el caso de ser una persona con todas sus facultades mentales completas. La segunda es el tratamiento ambulatorio, la cual únicamente se le aplica a los inimputables relativos, los cuales cumplen conjuntamente su pena con el dicho tratamiento; en este caso la persona no se encuentra recluida en un centro, sino que es evaluado periódicamente para comprobar el tratamiento mencionado y además con la finalidad de ser reintegrado a la sociedad.

[9] Navarro Althaus, M. (2014). El sistema de penas en el CP peruano de 1991. Lima. Recuperado el 8 de junio de 2020. La prevención general trata de persuadir la comisión de ilícitos, ello porque se pretende restaurar a la sociedad por el daño sufrido.

[10] Silva Sánchez, J.M. (2000) Política Criminal y Persona (págs. 15 – 77). (R. Villela, Ed.) Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: AD-HOC S.R.L. Recuperado el 10 de junio de 2020.

11 Silva Sánchez, J.M. (2000) Política Criminal y Persona (págs. 15 – 77). (R. Villela, Ed.) Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: AD-HOC S.R.L. Recuperado el 10 de junio de 2020.

[12] Consejo de ministros. (2015). Decreto legislativo 1191. Lima, Lima, Perú: El peruano. Recuperado el 9 de junio de 2020

13  Redacción Gestión. (02 de agosto de 2018). Solo de cada 10 sentencias de pensión de alimentos cumplen por la parte demandada. Gestión. Recuperado el 12 de junio de 2020, de https://gestion.pe/economia/4-10-sentencias-pension-alimentos-cumplen-demandada-240343. Las pensiones asignadas posteriormente a la demanda son menores a quinientos soles.