Presunción de propiedad y la medida de incautación en el proceso penal

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Paul Iriarte

1. Introducción

La incautación como medida de coerción cautelar de carácter real se realiza sobre la posesión que tiene un sujeto determinado sobre una especie de presunta procedencia antijurídica; esto en razón de que la incautación como medida de coerción de carácter real asiste a su pretensión principal. Es decir, la pretensión de decomiso.

Por tanto, la medida y la pretensión principal operan sobre una presunción iuris tantum de procedencia antijurídica de una especie; aunado a una conducta constitutiva de delito, porque la ley prevé que esa especie esté vinculada a un delito. Por tanto, una conducta constitutiva de delito. En suma, una conducta antijurídica quebrantadora de la norma penal.

Art. 122.- Decomiso

El juez, siempre que no proceda el proceso autónomo de extinción de dominio, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiera ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieran podido experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del Estado.

(…)

Por ende, además de operar con una presunción iuris tamtum de antijuridicidad entra en tensión con una presunción de propiedad prevista en la Convención, Constitución y ley, por constituir, la propiedad en un derecho inviolable, salvo excepción. En buena cuenta, rige la posesión y su presunción de propiedad.

Puesto que, la posesión asegura el mantenimiento de la situación fáctica en las relaciones con los terceros, excepto contra los que tienen un título mejor (Barrón, 2003, pág. 366).

Por esa razón, para que se resuelva por una medida gravosa como la incautación se exija una alta probabilidad de la procedencia antijurídica de la especie. Tanto al requerir y resolver su dación por el juez. Es decir, se requiere de una motivación cualificada. En perjuicio, de una posesión y la presunción de propiedad.

Puesto que, con esta medida de coerción se despoja prácticamente de la especie, objeto de la medida de incautación, que asiste a la pretensión de decomiso gestada en el proceso penal.

En esa medida,La doctrina conocida en nuestro país suele mostrarse favorable a esta presunción de propiedad. Para tal efecto, se invocan consideraciones de índole jurídico, económico y práctico. Desde el punto de vista jurídico, la presunción se fundamenta en la apariencia y en la función de legitimación que la posesión cumple. Desde el punto de vista práctico, la presunción habría sido reconocida por la complejidad – parafraseando, que presenta en muchas ocasiones lograr la prueba absoluta del derecho de propiedad la denominada (“probatio diabólica”) (Barrón, 2003, pág. 364).

Por ende, estas presunciones permiten dar por ciertas afirmaciones o supuestos de hecho. En consecuencia, al materializarse un determinado supuesto fáctico; por ley, se le otorga determinado efecto jurídico.  Es decir, quien alegue la posesión rige la presunción de propiedad. En buena cuenta, corresponderá al propietario probar su derecho. Con mayor razón, frente a esa presunción de antijuridicidad. De modo que, quien alegue la procedencia antijurídica frente a la presunción de propiedad corresponderá probarlo en juicio con todas las garantías previstas en ley.

Así, con el dictado de la medida de incautación, se despoja la especie presuntamente antijurídica contraviniendo la posesión y la presunción de propiedad. Por ello, corresponderá establecer en el requerimiento de la medida de coerción de incautación y en su resolución; la suficiencia conviccional de la procedencia antijurídica de la especie vinculada al delito en grado altamente probable (motivación cualificada). Con mayor razón, al resolver el mérito de la pretensión de decomiso. Es decir, luego de ser objeto de prueba, además de la proporcionalidad de la medida, peligro procesal y los otros presupuestos previstos en ley.

Art. 196.- Carga de la prueba

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

Por tanto, constituye una regla, la presunción de propiedad del posesionario. Es decir, de quien ostenta el dominio de una especie.  Por tanto, al resolver una medida de incautación, se deberá motivar cualificadamente sobre sobre la suficiencia conviccional de la especie y su procedencia antijurídica. En efecto, asistirse de elementos de convicción, y estos sean conducentes, útiles y pertinentes. En buena cuenta, al requerir su imposición y su resolución.

Dado que, la presunción de propiedad opera como argumento de defensa de la posesión (Ríos, 2011, pág. 207).

Además, como medida de coerción cautelar de carácter real, la incautación conjura un peligro procesal como toda medida de coerción. Ello es lo determinante. Por ejemplo, el peligro procesal sobre la reiteración delictiva. Por esa razón, su objeto de prueba se relega a juicio a través del principio informador de contradicción y se pruebe su mérito.

2. Carga de la prueba

Por imperativo de ley, corresponderá además de la suficiencia conviccional de la medida de incautación y la pretensión de decomiso corroborar a quien afirma. Es decir, al fiscal por imperativo de ley (regla de carga de la prueba). Por tanto, corresponderá corroborar y probar la procedencia antijurídica de la especie en cuestión. Dado que, al poseedor se le presume propietario por ley. Salvo se demuestre lo contrario.

Por esa razón, esa presunción será objeto de prueba en juzgamiento en el proceso penal. En efecto, corresponderá al fiscal por carga de la prueba – probar o corroborar esa procedencia antijurídica de la especie. Por ende, ande la duda se resuelva a favor del poseedor, con mayor razón al quien alegue antijuridicidad de la especie vinculada al delito.

Art. 912.- Presunción de propiedad

El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho inscrito.

Por tanto, el poseedor esta dispensado de la carga de la prueba y vence, si el propietario, o en este caso; el fiscal no corrobora o prueba su pretensión. Porque precisamente en el caso de la presunción de propiedad se posee en concepto de dueño sin imperar a que lo exhiba necesariamente. En cambio, en el caso de la pretensión de decomiso, se alega que es la especie de procedencia antijurídica. Por ello la carga de la prueba se relega al fiscal.

Por ejemplo, en el ámbito civil, esta presunción no opera sobre el posesionario inmediato al mediato; por habérsele irrogado el título el poseedor mediato al inmediato. Por ejemplo, el arrendatario, usufructuario, comodatario, depositario.

Para tal efecto, opera un justo título que avale al posesionario mediato sobre el inmediato. 

3. Primacía de la presunción de propiedad

En algunos supuestos en el proceso penal, predomina la presunción de propiedad. En efecto, en casos de la devolución u entrega de la especie presuntamente antijurídica, o eventualmente la restitución en la pretensión civil.

Por ejemplo, antes de la convalidación judicial de la incautación en flagrancia; sea el fiscal o el agente estatal quien devuelva o entregue la especie incautada.

En efecto, en delitos patrimoniales, hurto, robo, etcétera, y se trate de especies crematísticas. Dado que, la incautación tiene función probatoria para corroborar la pretensión punitiva y la función preventiva para garantizar el pago de la pretensión resarcitoria. No obstante, de haber una convalidación judicial corresponderá al juez de investigación preparatoria realizar la entrega o devolución, e inclusive, variar dicha medida de incautación por una caución económica.

4. Presunción de propiedad y pretensión de decomiso en juicio

Corresponderá la probanza del que alegue la procedencia antijurídica de la especie antijurídica vinculada al delito – su probanza(prueba) o corroboración en el proceso penal. Sin perjuicio de la constitucionalización de dicha presunción.

Por ende, su probanza se relegue al legitimado procesalmente activo frente al sujeto procesal pasivo. Es decir, al fiscal. Dado que, la ley es clara al establecer la carga de la prueba. Salvo prueba en contrario.

Por tanto, con la medida de coerción cautelar de carácter real de incautación el estándar de prueba sobre la suficiencia conviccional será el de alta probabilidad. En cambio, para el mérito y ser objeto de prueba en razón de la pretensión de decomiso en juicio; el estándar de prueba será el de probabilidad rayana en la certeza porque esa procedencia antijurídica implica delito. Por ende, de una conducta sobre la especie y su procedencia antijurídica.

Por esa razón, como toda medida de coerción se informa del principio de variabilidad. En ese sentido, es factible sustituir la medida de coerción por otra menos gravosa. En efecto, por ejemplo, una caución económica. En consecuencia, prime la presunción de propiedad prevista en el bloque convencional, constitucional y ley.

Puesto que, la propiedad no se presume, se prueba o corrobora (objeto de prueba). Con mayor razón la procedencia antijurídica de la especie vinculada al deito. En cambio, la posesión si es demostrable objetivamente con el factum. Por tanto, el estándar de prueba exija justificar ambas hipótesis propuestas, e inclusive en juzgamiento al resolver su mérito o la cuestión incidental de incautación (medida de coerción).

Sin embargo, esta presunción de propiedad no opera para bienes inscritos (erga omnes). Es decir, frente a la publicidad registral.  En efecto, bienes muebles e inmuebles registrados. Puesto que, constituye un elemento probatorio, la inscripción del bien en los registros públicos.

Por tanto, sea objeto de prueba en juicio con todas las garantías, sobre la procedencia antijurídica de la especie vinculada al delito. Para tal efecto, se formule debidamente la pretensión de decomiso; y se postule medios de prueba, además de generar convenciones probatorias y determinar los puntos controvertidos (objeto de debate).

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