Presunta violación al plazo razonable exige su análisis individual en cada coprocesado [Expediente 05811-2015-PHC/TC]

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EXP N.º 05811-2015-PHC
LIMA
NADINE HEREDIA ALARCÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2015. el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Presidente; Blume Forlini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan.

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ASUNTO

Recursos de agravio constitucional interpuestos por el procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público y el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y pérdida de dominio, contra la sentencia de fojas 1407, de fecha 14 de agosto de 2015, emitida por la Sexta Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 16 de febrero de 2015, doña Nadine Heredia Alarcón interpuso demanda de hábeas corpus contra el Fiscal Titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio del Ministerio Público, solicitando que se declare nula y sin efecto legal la Resolución N.º 1 del 29 de enero de ese año, emitida en la carpeta de investigación fiscal 480-2014, y como consecuencia de ello, se disponga la nulidad de todo tipo de resolución fiscal o judicial emitida en la carpeta de investigación fiscal 480-2014, y el archivamiento de dicha investigación preliminar.

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Se alega que a través de la resolución cuestionada, el Ministerio Público reabre, en su opinión, de manera irracional y arbitraria una nueva investigación penal en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos, sobre hechos que ya han sido materia de investigación en la carpeta fiscal 122-2009, por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, razón por la cual solicita se tutele su derecho a la tutela procesal efectiva. Sostiene que el contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonable que una persona se halle en un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Sin embargo, refiere que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, ello debe ser en concurrencia con la existencia de una causa probable y la búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal.

De otro lado, asegura que se ha vulnerado el principio del ne bis in idem y el derecho a la cosa decidida en sede fiscal, pues considera que las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal adquieren un estatus inamovible o cosa decidida, quedando abierta la posibilidad de reabrir la investigación solo si se presentan dos supuestos que se sustentan en el principio de seguridad jurídica: a) cuando existan nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, o, b) cuando la investigación ha sido deficientemente realizada.

[Continúa…]

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