Pretensión resarcitoria, perjuicio y Estado

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El derecho de acción asiste, por regla general, para gestionar pretensiones jurídicas por parte del sujeto pasivo, independientemente de si nos encontramos en una relación jurídica procesal y/o material. Sin embargo, mediante ficción legal, la ley establece potestades o facultades para plantear acciones. Es decir, pretensiones jurídicas. Por ejemplo, la acción penal que se faculta al fiscal como sujeto procesal activo legitimado para instarla.

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En esa medida, también se legitima al procurador público para instar la pretensión resarcitoria, pero no la reparatoria, en el proceso penal mediante ficción legal. Dado que la pretensión reparatoria, por regla general, además del fiscal, tiene como sujeto procesal legitimado exclusivamente al actor civil, quien previamente fue agraviado en el proceso penal.

En efecto, en la pretensión resarcitoria, el legitimado por excelencia es el procurador público. Con mayor razón, tratándose de delitos contra la administración pública o donde los bienes jurídicos compitan a varias personas, es decir, bienes supraindividuales.

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Así, para ciertos delitos en los cuales no hay un daño concreto, se establecen pretensiones civiles en el proceso penal. Ello no desnaturaliza la pretensión civil, puesto que la pretensión resarcitoria se erige en una pretensión de naturaleza accesoria al objeto procesal penal, es decir, a la pretensión punitiva.

En buena cuenta, si existe mérito para la pretensión punitiva, es decir, si se prueba que hubo una conducta antijurídica en virtud de una norma penal constitutiva de delito, es factible resolver accesoriamente por la pretensión resarcitoria, eximiendo de la misma

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