Prevaricato: ¿Cuál es el fundamento de punición en este delito? [Recurso de Nulidad 1697-2019, Sala Penal Especial]

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Prevaricato Recurso de Nulidad 1697-2019

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Sumilla. Pretensión acusatoria y principio de legalidad penal. El numeral 3, del artículo 225, del Código de Procedimientos Penales estipula que la acusación fiscal debe contener la postulación de la pena con la precisión del modo y duración de esta. No obstante, el modelo antiguo establece taxativamente que dicha pretensión acusatoria no necesariamente vincula la determinación del quantum punitivo a imponer por parte del Tribunal. Conforme lo normado en el numeral 4, del artículo 285-A, del Código de Procedimientos Penales. Lo que no conlleva a desconocer los alcances del principio acusatorio. Por el contrario, dimana del principio de legalidad penal, estipulado en el artículo 2, numeral 24, literal d, de la Constitución Política y el artículo II, del Título Preliminar, del Código Penal, según el cual, nadie será sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en la ley.

Lima, veintiocho de febrero de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por los encausados Carlos Simón Rodríguez Ramírez, Betty Elvira Tinoco Huayaney y Demetrio Robinson Vela Marroquín1 contra la sentencia de apelación del trece de marzo de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República (foja 1846), que confirmó la sentencia de primera instancia, del veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 1458), en el extremo que:

i. impuso contra el acusado Demetrio Robinson Vela Marroquín la pena de inhabilitación por el periodo de dos años e

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ii. integró a las reglas de conducta impuestas el pago de la reparación civil ascendente a S/10 000 (diez mil soles) que, solidariamente, deberán cancelar los sentenciados en el plazo de cuarenta y cinco días naturales de notificada la sentencia, bajo los apercibimientos previstos en el artículo 59 del Código Penal. En los seguidos en su contra como autores del delito de prevaricato, en perjuicio del Estado.

De conformidad en parte con el dictamen del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

DELIMITACIÓN DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. Los acusados Carlos Simón Rodríguez Ramírez, Betty Elvira Tinoco Huayaney y Demetrio Robinson Vela Marroquín en su recurso de nulidad formalizado por escrito del diecinueve de abril de dos mil dieciocho (foja 1877) denunciaron la vulneración al deber de motivación y puntualizaron, en lo pertinente, que:

1.1. La recurrida refiere que la imposición de mayor reproche penal contra el encausado Vela Marroquín se debe a su condición de ponente en la sentencia materia de procesamiento, criterio que es subjetivo, pues la decisión final se adopta de manera conjunta o colegiada, máxime que con el nuevo Código Procesal Penal las decisiones se resuelven culminadas las audiencias.

1.2. La sentencia no respondió los extremos de la apelación relacionados con la imposición de la pena de inhabilitación por el periodo de dos años cuando el titular de la acción penal solicitó un año.

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1.3. Se afectó la prohibición de reforma en peor y el principio de tantum apellatum quantum devolutum. El Ministerio Público y la Procuraduría Pública no interpusieron recurso impugnatorio alguno, menos respecto a la reparación civil, pese a lo cual se integra la sentencia de primera instancia y se considera la reparación civil como regla de conducta.

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

Segundo. La Sala Superior mediante sentencia de apelación del trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 1846) sostuvo, en lo pertinente al presente análisis, que:

2.1. La imposición contra el encausado Vela Marroquín de una pena mayor respecto a sus cosentenciados se sustentó en el hecho que fue el ponente de la resolución prevaricadora, lo que implicó un nivel de reproche que se sustenta en la mayor exigibilidad de comportarse conforme a la norma.

2.2. El pedido de la Procuraduría Pública respecto a la imposición del abono del monto resarcitorio como regla de conducta al amparo de lo previsto en el numeral 4, artículo 58, del Código Penal, debe ampararse. Se encuentra legalmente permitido que ante la imposición de una pena suspendida se establezca el pago de la reparación civil como regla de conducta y en caso de incumplimiento se opte por alguna de las opciones previstas en el artículo 59 del acotado código.

[Continúa…]

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