Prisión preventiva. Análisis del peligro de fuga y test de proporcionalidad en tiempos de Covid-19

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Percy  Puma Ccañihua

Bachiller por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)

Sumario: 1. Introducción, 2. Alcance del concepto de prisión preventiva y sus presupuestos, 3. Sub principio de idoneidad, 4. Sub principio de necesidad, 5. Ponderación 6. El peligro de fuga en tiempos de Covid-19, 7. El test de proporcionalidad en tiempos de Covid-19, 8. ¿Está la prisión preventiva en emergencia?, 9 Conclusiones.

1. Introducción:

A raíz de la propagación del virus Covid-19 a nivel mundial muchos países se vieron obligados a tomar medidas necesarias  para evitar su dispersión, en tanto nuestro país no ha sido ajeno a ello.

 Dentro de las medidas tomadas por el  estado peruano como reacción inmediata, resaltan la declaratoria del estado de emergencia,  aislamiento social obligatorio y cierre de fronteras, medidas estas que han venido siendo  ampliadas constantemente.

Sin embargo tales decisiones han evidenciado  y sacado a relieve algunas cuestiones preocupantes respecto a  diversas instituciones jurídicas del  estado, lo que me  lleva a analizar en este caso en concreto el peligro de fuga como  presupuesto de la prisión preventiva y el test de proporcionalidad aplicada a la misma dentro de la coyuntura nacional actual.

2. Alcance del concepto de prisión preventiva y sus presupuestos

La prisión preventiva es una medida de coerción procesal de carácter excepcional, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos formales y materiales, los que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de decidir su aplicación.

En tal sentido Claus Roxin, señala que:

La prisión preventiva  tiene tres objetivos: 1. Pretender asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. 2. Pretender garantizar una investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de persecución penal. 3. Pretender asegurar la ejecución de la pena.[1]

Sin embargo la aplicación de esta medida está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos formales y materiales, los que deben ser tomados en cuenta por el juzgador  y que se detallan a continuación.

El art. 268 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) de 2004 señala:

  1. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
  2.  Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y
  3. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)

Adicional a los presupuestos antes referidos, el Nuevo Código Procesal Penal ha establecido como criterio de análisis del juzgador el denominado peligro procesal, el mismo que supone el desarrollo del  peligro de fuga y la obstaculización del proceso.

Respecto al peligro de fuga, el artículo 269 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP),  establece los siguientes criterios a calificar:

1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;

3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo;

4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y

5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas.

Y la obstaculización del proceso, regulado en elartículo 270°, que señala que para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.

 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

Adicional a los mencionados presupuestos se debe incluir otros requisitos establecidos por la  Corte Suprema en la Casación 626-2013, Moquegua, el cual desarrolla el  test de  proporcionalidad y sub principios como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

3. Sub principio de idoneidad

Este sub principio del test de proporcionalidad exige, en primer término, “identificar un fin de relevancia constitucional, y, una vez determinado, verificar si la medida es idónea o adecuada para lograr tal fin” (Avaloz Rodrigues, pág. 36)

Es decir, se debe adecuar la medida restrictiva de un derecho fundamental a la consecución de un resultado, por esta razón se le llama también de adecuación por  el fin perseguido y el medio empleado.

4. Sub principio de necesidad

Al respecto, el Tribunal Constitucional (TC) ha sostenido que: “El principio de necesidad significa que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado”.

3. Sub principio de idoneidad

Consiste en equilibrar entre la intensidad de la medida y la magnitud del peligro procesal, de modo que el grado de afectación de un determinado derecho fundamental, como la libertad, no debe ser mayor a la finalidad que se busca con ello.

Es decir el grado de realización del objetivo de esta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades: el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental.

En buena cuenta, se exige una comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho fundamental a la libertad individual.

Habiendo hecho un recuento de todos los presupuestos de la prisión preventiva en esta oportunidad solo me encargare de hacer  un análisis acerca del presupuso del peligro de fuga y el test de proporcionalidad, puesto que son los únicos dos presupuestos que más se ha desestabilizado la institución de la prisión preventiva  a raíz de la propagación del virus Covid-19.

3. El peligro de fuga en tiempos de Covid-19

La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante Resolución 01/2020 dispuso que cada Estado debe adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, reevaluar los casos de prisión preventiva y convertirlos en medidas alternativas (comparecencia). A raíz de ello muchos abogados han optado por solicitar el cese de la prisión preventiva.

Esto debido que durante el estado de emergencia que venimos afrontando, el peligro de fuga ha  perdido intensidad como presupuesto de la prisión preventiva,  motivo por el cual haciendo un test ponderativo puedo argumentar lo siguiente. Al haberse cerrado fronteras y suspendido el transporte aéreo, marítimo y terrestre, se elimina por completo la posibilidad de que un procesado pueda fugar y por ello se debe preferir una medida menos fatal ya que todas ellas cumplen el objetivo que es la presencia del imputado a la audiencia y el proceso.

4. El test de proporcionalidad en tiempos de Covid-19

En el contexto anterior a  la propagación de virus del Covid-19, optar por la medida cautelar de prisión preventiva resultaba ser la más idónea, necesaria y proporcional, ello a fin de  asegurar la presencia del investigado durante el proceso judicial.

Empero en la situación actual,  ya no resulta proporcional optar por la misma, ello traslucido a que la permanencia en un centro penitenciario, sin tener una sentencia  firme y ejecutoriada, coloca al investigado en una situación vulnerable, afectando con ello claramente su derecho a la salud, por estar expuesto innecesariamente al contagio, especialmente en aquellas personas que padezcan de enfermedades preexistentes,  (diabetes, asma, enfermos crónicos) adultos mayores, y mujeres embarazadas o con hijos lactante, que sumadas a los síntomas de virus Covid-19 pasan a formar parte del grupo más vulnerable,  contraviniendo de esta manera los sub principios de idoneidad, necesidad, y ponderación.

Cabe resaltar que nuestro Código Procesal Penal, prevé otras medidas  coercitivas de mejor aplicación durante el contexto actual y que a la fecha han sido dejadas de lado por la aplicación automatizada de la prisión preventiva.

5. Conclusiones:

Existe motivo suficiente para que los procesados por prisión preventiva opten por solicitar una medida de coerción procesal de menor rango, puesto que se ven imposibilitados de salir del país. Además resulta desproporcional optar por la misma, ya que existen medidas menos gravosas como la comparecencia, y el arresto domiciliario que permiten cumplir la misma finalidad de la prisión preventiva durante el estado de emergencia.

Bibliografía:

  1. Chavez Tafur, Gabriel. Prisión Preventiva en el Perú. Lima:( 2013), p. 6.
  2. Cordova, Gabriela. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, (2000).
  3. Avaloz Rodrigues, C. (enero-2003). El principio de proporcionalidad en el mandato de comparecencia. Gaceta juridica.
  4. Instituto de Defensa Legal. (s.f.). La Prisión Preventiva en Perú: ¿Medida Cautelar o Pena Anticipada?, p. 109.
  5. 5. Ortells Ramos, citado por San  Martín Castro, César. La privación de la libertad personal en el proceso penal y el derecho internacional de los derechos humanos, en: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano-2004, T. II; Fundación Konrad-Adenauer, Montevideo, 2004.

[1] Cordova, Gabriela. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, (2000).