Prisión Preventiva: El peligro procesal

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Prisión Preventiva

SENTENCIA CASACIÓN N° 1640-2019/NACIONAL

Sumilla. 1. Sobre el riesgo de fuga, el artículo 269 identificó, con un criterio de numerus apertus, las situaciones constitutivas del mismo, las cuales han de valorarse en concreto y de un modo individualizado, así como desde una perspectiva relacional para determinar la solidez del peligro que se quiere superar. El estándar de convencimiento del juez -las circunstancias acreditativas del riesgo, ha de ser siempre el de sospecha fuerte -no de un convencimiento cabal-. Como transcurrió un tiempo entre el inicio de las investigaciones y el requerimiento de prisión preventiva, desde luego, la situación de gravedad de la pena previsible no es suficiente. Se requerirá, entonces, no solo una falta de arraigo social sino de datos relevantes que indiquen razonablemente la posibilidad concreta de una fuga (contactos en el exterior con entidad para apoyar su alejamiento o en el que se encuentran personas o logística vinculada al hecho delictuoso atribuido). Si se trata de integración en una organización delictiva es de rigor valorar si ésta permanece activa, con qué recursos cuenta, el número de integrantes con capacidad de realizar maniobras de ocultación del imputado, etcétera -no es de recibo mencionar que se está ante una organización delictiva, sino es del caso describirla y resaltar su fuerza y estructura para dar cobertura de huida a uno de sus miembros-. 2. Acerca del peligro de obstaculización o entorpecimiento, el artículo el artículo 170 del Código Procesal Penal determinó, igualmente con un criterio enumerativo no taxativo, las situaciones constitutivas del mismo, que siempre requieren del imputado conductas activas, tanto directamente como indirectamente (por terceros vinculados) sobre los órganos y las fuentes de prueba, que demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del imputado. A ello se denomina «peligro efectivo». Se busca evitar que el imputado aparte, por cualquier vía, medios de investigación o de pruebas decisivos para el resultado del proceso, que efectúe actos de «destrucción probatoria» en sentido amplio.

SENTENCIA DE CASACIÓN

VISTOS; en audiencia pública: los recursos de casación por inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal y vulneración de la garantía de motivación interpuestos por la defensa de los procesados NANCY MILAGROS SUITO MEZA y HELBERTH ALFREDO BARRERA BARDALES contra el auto de vista de fojas doscientos ochenta y siete, de cinco de agosto de dos mil diecinueve, en cuanto revocando el auto de primera instancia de fojas ciento veintiocho, de once de julio de dos mil diecinueve punto tercero-, les impuso la medida de prisión preventiva por dieciocho meses, con lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal que se les sigue por delitos de organización criminal, colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios por auto de fojas ciento veintiocho, de once de julio de dos mil diecinueve, en lo pertinente declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial contra los investigados Nancy Milagros Suito Meza y Helberth Alfredo Barrera Bardales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. En aplicación del artículo 271, apartado 4, del Código Procesal Penal les impuso la medida de comparecencia restringida y, en aplicación del artículo 297 del Código acotado, dictó concurrente la medida de suspensión temporal en el ejercicio del cargo que venían ostentando en el Gobierno Regional del Callao, por el plazo de treinta y seis meses.

SEGUNDO. Que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia Especializada en delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios emitió el auto de vista de fojas doscientos ochenta y siete, de cinco de agosto de dos mil diecinueve, en cuya virtud revocó el auto de primera instancia y dictó en su reemplazo la medida de prisión preventiva por dieciocho meses. o Contra el referido auto de vista los abogados de los encausados Suito Meza y Barrera Bardales interpusieron recursos de casación.

TERCERO. Que los hechos objeto del proceso penal son los siguientes:

A. Al encausado BARRERA BARDALES se le incriminó haber integrado una organización criminal enquistada en el Gobierno Regional del Callao durante los años dos mil once a dos mil dieciocho, conformada por funcionarios y servidores públicos. El rol que le correspondía era iniciar y/o continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización.

B. Es así que, en su condición de Coordinador del Proyecto Costa Verde y como presunto integrante de la organización criminal durante el periodo comprendido entre los años dos mil trece al dos mil dieciséis, acordo con ejecutivos representantes de la empresa Odebrecht, lo siguiente: (i) favorecer a la citada constructora en el proceso de selección de la licitación pública 09–2013 de la obra “Construcción de la vía Costa Verde – Tramo Callao»; y (ii) realizar, durante la etapa de ejecución de la obra, modificaciones al expediente técnico a mérito de las propuestas de la empresa Odebrecht planteadas antes de convocada la licitación.

C. De igual manera, con la finalidad de materializar dichos acuerdos, impulsó el proceso de contratación de la referida licitación, en contravención a las normas de contratación pública. Los actos que realizó son los siguientes: (i) solicitó la aprobación de crédito presupuestario cuando aún no se había determinado el valor referencial de la obra, pues el expediente técnico todavía no había sido aprobado; (ii) visó el resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, aun cuando éste no se encontraba suscrito por el órgano encargado de las contrataciones y afirmaba que se contaba con la disponibilidad física del terreno; y, (iii) absolvió las consultas de los postores de manera imprecisa, con lo que generó el cambio de diseño de la escollera en la etapa de ejecución.

D. Adjudicada la obra, continuó con las siguientes conductas: (i) tramitó e impulsó el cambio de diseño de la defensa marítima de la obra, no atendiendo oportunamente los requerimientos del contratista sobre la consolidación de las secciones típicas de la escollera con las bases del proceso; (ii) no emitió respuesta alguna al conocer la propuesta de compatibilización presentada por el contratista al conocer la propuesta utilizada para cuantificar los metrados que sustentarían el adicional de obra número tres; (iii) tramitó y recomendó la aprobación de la prestación adicional número tres, aun cuando implicaba el cambio del diseño contemplado en el proyecto original; (iv) no consideró elevar al proyectista el expediente de la prestación adicional número tres, propuesto por el contratista, cuando así fue recomendado por la supervisión; (v) no advirtió las inconsistencias vinculadas a la partida de excavación el presupuesto de la prestación adicional número tres; y, (vi) tramitó y recomendó la aprobación de la prestación de adicional número cuatro, pese a que esta tenía inconsistencias, con lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad edil.

E. Asimismo, en su condición de Coordinador del Proyecto Costa Verde, en noviembre de dos mil catorce, se interesó indebidamente en la aprobación de la prestación adicional de la obra número uno propuesta por el contratista, pese a que era perjudicial para la vida útil del proyecto y los objetivos de la entidad. Siendo así: (i) no urgió el análisis y estudio técnico de la propuesta adicional de la obra número uno por parte del área profesionales competentes para ello; y, (ii) tramitó y recomendó la aprobación de la propuesta de adicional de la obra número uno, no obstante que no había sido objeto de análisis y estudio técnico por parte del área y profesionales competentes para ello.

F. Por su parte, a la encausada SUITO MEZA se le atribuyó haber integrado la organización criminal enquistada en el Gobierno Regional del Callao durante los años dos mil once a dos mil dieciocho, conformada por funcionarios y servidores públicos de la misma entidad, y dedicada a delinquir en perjuicio de los intereses de la Región Callao. Dentro de la organización tuvo el rol o papel de iniciar y/o continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización.

(…)

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