Procedimiento Administrativo Sancionador en Perú: Definición y principios

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El procedimiento sancionador garantiza que la actuación de la Administración se lleve a cabo de una manera ordenada y orientada a la consecución de un fin y respetando un mínimo de garantías para el administrado. Por ello, es importante conocer qué es el procedimiento administrativo sancionador en Perú y cuáles son sus principios. En esta nota te lo explicamos.

¿Qué es el procedimiento administrativo sancionador en Perú?

El procedimiento administrativo sancionador es el conjunto de actos y trámites destinados a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción.

En ese sentido, el artículo 245 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que las disposiciones que disciplinan la potestad sancionadora de las entidades públicas, y se encuentran previstas en su Capítulo III, deben aplicarse con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales. 

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Además, se precisa, que dichos procedimientos deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador, no pudiéndose imponer condiciones menos favorables a los administrados.

Principios del procedimiento administrativo sancionador en Perú

La potestad sancionadora se rige por los siguientes principios especiales: 

1. Legalidad. Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades administrativas la potestad sancionadora. 

2. Debido procedimiento. Las sanciones se aplicarán sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 

3. Razonabilidad. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo las sanciones deben ser proporcionales a la infracción, debiendo observar los siguientes criterios: la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; el perjuicio económico causado; la repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; las circunstancias de la comisión de la infracción; el beneficio ilegalmente obtenido y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

4. Tipicidad. Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

5. Irretroactividad. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

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6. Concurso de Infracciones.Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

7. Continuación de Infracciones. Para determinar la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo

8. Causalidad. La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta o misiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 

9. Presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

10. Non bis in ídem. No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. De esta manera se proscribe una doble sanción por los mismos hechos. 

11. El principio de culpabilidad. La incorporación del principio de culpabilidad en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador constituye una de las grandes novedades de la modificación operada mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, define la culpabilidad como:“La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva”.

Algo más

La imposición de sanciones administrativas no excluye que se reponga la situación alterada a su estado anterior, así como que se establezca la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la que será determinada en el proceso judicial correspondiente. 

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