Proceso de terminación anticipada: Aspectos esenciales

0
7
Proceso de terminación anticipada: Aspectos esenciales

ACUERDO PLENARIO N° 5-2009/CJ-116

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la  República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución  Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del  Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los  Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto  Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar  Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios,  Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de  Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo  Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una  previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de  las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica,  luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización  del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286- 2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y  procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se  designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión  de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además,  se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la  sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas  resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sobre diversos aspectos del proceso especial de terminación anticipada. En  concreto, sobre su viabilidad en la etapa intermedia del proceso común u ordinario, la  posibilidad de emitir sentencia absolutoria a pesar de existir un acuerdo entre las partes,  los criterios para determinar la aplicación del beneficio de rebaja de un sexto sobre la  pena, los alcances de la aplicación de la atenuación excepcional por confesión sincera, y  la procedencia y alcances, en su caso, de la apelación del auto que desaprueba el  acuerdo de terminación anticipada y de la sentencia anticipada.

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se  determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo  116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial  dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su  especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema  abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se  invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e  incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para  configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente  expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en  concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la  Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder  Judicial.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y  en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo  Plenario. Se ratificó como ponente al señor NEYRA FLORES, quien, con la intervención  del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresa el parecer del Pleno.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 1. Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada

La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de  simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de  los exponentes de la justicia penal negociada. Su regulación, en sus aspectos esenciales,  está suficientemente desarrollada en el Libro V, Sección V, artículos 468°/471°, del  Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP-. Frente al proceso común del NCPP  y el ordinario e incluso el sumario del antiguo sistema procesal penal, que sigue las  pautas del antiguo Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP-, se erige en  un proceso penal autónomo, no es una mera incidencia o un proceso auxiliar  dependiente de aquél.  

Por tanto, la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aquella que establece la  aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los  principios que sustentan el proceso de terminación anticipada o las disposiciones y su  estructura procesal.

2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP

El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por  parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad  de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación  civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5  NCPP. Al haberse regulado para todo tipo de delitos –ámbito de aplicación general- y  sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones de coherencia  normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal  determinado, las disposiciones del NCPP han venido a reemplazar a las disposiciones procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin  embargo, en el caso de los delitos aduaneros –Ley número 28008-, las normas de  contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a  las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso  de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.

El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde  la calificación de la solicitud de terminación anticipada –sin que para ello o para la  continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o  tomar una declaración al imputado- [fase inicial], hasta la realización de la audiencia  respectiva [fase principal] y la consecuente emisión de la decisión resolutoria  correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o sentencia anticipad [fase decisoria].  Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya justificación estriba  en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la investigación  preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos  benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile  públicamente. 

Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación  anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha  de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia del  acuerdo al que puede llegar –es, precisamente, el segundo paso de la audiencia,  inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía-. El  consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos  que entraña, ha de ser libre, voluntario –sin presiones o amenazas-, informado, prestado  con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja  de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo.

Si es que las partes arriban a un acuerdo –que tiene como presupuesto la afirmación  de la responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las  consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el  principio de legalidad-, corresponde al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional  llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la legalidad del acuerdo y de la  razonabilidad de la pena.

El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes:

  • El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible.
  • El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los  parámetros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las  circunstancias modificativas de la responsabilidad –esto es lo que se denomina  „pena básica‟-. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos  legalmente definidos de la reparación civil –siendo del caso resaltar que en este  extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las  consecuencias accesorias. 
  • La exigencia de una suficiente actividad indiciaria. Ello implica que las  actuaciones o diligencias de la investigación permitan concluir que existe base  suficiente –probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y  de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los  presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad.

(…)

Descargue la resolución completa aquí: