Esclareciendo el Proceso inmediato peruano

0
6168

Loading

POR: JOSÉ EDUARDO PRADO SORIANO
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Honorario del Taller de Ciencias Penales de la UNMSM. Asistente académico del Doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Adjunto de docencia de Derecho Penal III del profesor Fidel Rojas Vargas en la UNMSM. Investigador del Instituto Derecho y Justicia. Colaborador de la Revista Ius Puniendi. Autor y director de diversas publicaciones en materia jurídico-penal. Actualmente labora en la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo.

ESCLARECIENDO EL PROCESO INMEDIATO PERUANO*

Análisis desde una perspectiva de lege lata y de lege ferenda—

José Eduardo Prado Soriano**

SUMARIO

  1. I. Introducción. — Nociones preliminares. — III. Análisis jurídico. 3.1. Supuestos de aplicación. a) De la obligatoriedad de la incoación. b) De la flagrancia como supuesto de procedencia. c) Sinsabores en la regulación. 3.2. Audiencia única de incoación. a) De la detención. b) Del cómputo del plazo para la realización de la audiencia. c) Del orden del debate. d) De la apelación. 3.3. Audiencia única de juicio inmediato. a) ¿De la etapa intermedia? b) De la prisión preventiva. c) De los órganos de prueba. d) De la reprogramación de la audiencia. e) Del proceso inmediato al proceso común. 3.4. Del actor civil y del tercero civilmente responsable. — IV. Conclusión. — V. Referencias bibliográficas. 5.1. Libros y artículos. 5.2. Jurisprudencias. 5.3. Normativas.

RESUMEN

Se evalúa desde un método hermenéutico las principales cuestiones del proceso inmediato; es decir, se analiza su actual regulación, se la compara con sus formulaciones anteriores (ya que la norma ha sufrido diversos cambios) y se proponen vías de solución a los problemas diagnosticados. Estas soluciones van desde una correcta interpretación de las instituciones hasta el planteamiento de puntuales modificaciones en un sentido determinado; sin perderse nunca, en cualquiera de esos casos, el objetivo de optimizar los principios de celeridad procesal, plazo razonable y el derecho de defensa.

Así a nivel de lege lata, por ejemplo, se delimita el concepto de la “obligatoriedad” de la incoación; se restringe la flagrancia, como supuesto de procedencia, a su manifestación estricta; se legitima y limita el alcance de la detención para la realización de la audiencia única de incoación; se evalúa por qué, cuándo y cómo el proceso inmediato se transforma en un proceso común, etc. Mientras que desde una perspectiva de lege ferenda se propone que se excluya definitivamente a la cuasi-flagrancia y flagrancia presunta como supuestos habilitantes de este proceso especial; además, entre otros aportes, se exige que en una próxima reforma la apelación del auto de incoación sea desarrollada en un artículo independiente, de un modo coherente con la lógica misma del proceso inmediato.

PALABRAS CLAVE

Proceso inmediato – flagrancia delictiva – derecho de defensa – lege ferenda – evidencia delictiva

  1. INTRODUCCIÓN

Desde la promulgación del Código Procesal Penal de 2004 el proceso inmediato había permanecido prácticamente inadvertido por los fiscales. A razón de ello el legislador consideró que este proceso especial no estaba siendo explotado adecuadamente, sobre todo, si se tomaba en consideración la gran cantidad de delitos patrimoniales flagrantes que conocía la administración de justicia todos los días. Por lo que, con el fin de brindar a los justiciables seguridad en sus contactos sociales, obtener una respuesta rápida de las autoridades en la persecución y sanción del delito y lograr el descongestionamiento procesal; se reformó la sección del proceso inmediato a través del Decreto Legislativo N° 1194.

Dicha modificatoria avivó como nunca antes su discusión en los tribunales y en la doctrina e impulsó positivamente su desarrollo exegético (de lege lata) y propositivo (de lege ferenda). Justamente nosotros, sin ánimos de negar o deslegitimar la institución del proceso inmediato, en lo que sigue de este escrito nos moveremos dentro de esos criterios de análisis mencionados.

Vale entender que si bien la revisión y crítica al proceso inmediato podemos abordarla de diferentes ángulos; sea desde una mirada de la capacidad de gestión y organización del Ministerio Público, de la preparación de los señores Fiscales y de la defensa, de su implementación en los Distritos Judiciales, de las implicancias políticos criminales, etc. Estos puntos no serán objeto de preocupación por parte nuestra. Tampoco buscamos, con el presente estudio, explorar los antecedentes históricos y legales del proceso inmediato, ahondar en conceptualizaciones, presentar las distintas posiciones que hay al respecto o describir, de un modo didáctico, las etapas de la misma (puesto que presuponemos que el lector tiene conocimientos mínimos del tema). Lo relevante para nosotros es analizar dogmáticamente las principales cuestiones de la actual regulación; lo que implica compararla con sus enunciaciones anteriores, criticar la conformación legal vigente y proponer vías de solución para superar las dificultades evaluadas (que bien puede ser a través de una correcta interpretación o planteando reformulaciones normativas).

  1. NOCIONES PRELIMINARES

            El proceso inmediato es un proceso especial que se encuentra reglamentado en la sección primera del libro quinto del Código Procesal Penal de 2004 (CPP.), junto a los otros procesos especiales: por razón de la función pública, de seguridad, por delito de ejercicio privado de la acción penal y más.

            Tiene por objeto una rápida solución del caso penal, puesto que dado los hechos no se requieren mayores actos de averiguación[7]; para lo cual se acorta la etapa de investigación preparatoria y se fusiona la etapa intermedia con la de juzgamiento[8]. Esto es, con la finalidad de procurar una mayor celeridad, las fases del proceso ordinario se reorganizan sin perder el carácter funcional de cada una de ellas.

            Se diferencia de la acusación directa –que es también un mecanismo de aceleración procesal– por cuanto esta pertenece al proceso común, mientras el proceso inmediato es otro tipo de proceso penal (uno especial). Por lo tanto, en la primera las reglas y criterios del proceso común se aplican directamente; en cambio, en el proceso inmediato estas reglas inciden de un modo supletorio (art. 448°.6 CPP.). Asimismo, en la acusación directa el Fiscal se salta la formalización de la investigación preparatoria (lo obvia) luego de concluida las diligencias preliminares o de recibido el informe policial, formulando así acusación ante el Juez de la investigación preparatoria para que tal requerimiento pueda ser evaluado en la etapa intermedia (art. 336°.4 CPP.), continuándose de este manera con la marcha regular del proceso; por su parte, en el proceso inmediato el requerimiento puede darse hasta antes de los treinta días luego de formalizada la investigación preparatoria (art. 447°.7 CPP.); además, aquí no hay etapa intermedia propiamente dicha a la cual recurrir, sino se va directamente al juzgamiento penal, pero sin antes no haber sido filtrada en una audiencia de incoación; es decir, a diferencia de la acusación directa que está a la entera potestad del Fiscal, en el proceso inmediato se requiere previamente la aprobación del juez. Finalmente, los supuestos de procedencia de este proceso especial se encuentran pre-establecidos (art. 446° CPP.); en tanto en la acusación directa solo basta el ahorro de un trámite innecesario bajo cualquier motivo, pues ya se tiene todo listo para formular acusación, debido a que tempranamente se ha determinado la suficiente realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión (art. 336°.4 CPP.).

  • ANÁLISIS JURÍDICO

3.1.- Supuestos de aplicación

  1. a) De la obligatoriedad de la incoación

            Iniciamos el análisis con un tema sumamente controvertido que trajo consigo la reforma. Es el cambio de la frase “El fiscal «podrá» solicitar la vía del proceso inmediato (…)” por “El fiscal «debe» solicitar la incoación del proceso inmediato (…)”.

            A primera vista la modificación nos sugiere comprender que el director de la investigación, sí y solo sí, tiene que pedir al Juez la incoación de este proceso especial cuando concurra cualquiera de los 5 presupuestos establecidos en el artículo 446° CPP.: 1) La flagrancia; 2) la confesión sincera; 3) los evidentes elementos de convicción; 4) la omisión de asistencia familiar o 5) la conducción es estado de ebriedad o drogadicción. Pero, ¿esto en realidad tiene que ser entendido así? Por supuesto que no, la función del Fiscal no se reduce a un mero tramitador o nuncio; por lo que dicha disposición tiene que ser interpretada a la luz de otras normas jurídicas igual de relevantes; de este modo el contenido de la “obligatoriedad” tomará una forma acorde con nuestro Derecho.

El fiscal, en virtud de la Constitución[10], la LOMP.[11] y el CPP.[12], no tiene simplemente el deber de investigar los hechos con apariencia criminal, sino la imperiosa tarea de hacerlo con objetividad e independencia de criterio; esto quiere decir, por tanto, que el Ministerio Público posee ámbitos de entera discrecionalidad en la toma decisiones para elegir la vía más idónea en la consecución de los fines del procesamiento que optará, no de acuerdo a su arbitrio o subjetividad; sino, en base de la ley y la defensa de los Derechos Fundamentales, así también de conformidad con el tipo de estrategia que demanda la naturaleza de los hechos a indagar. En ese orden de ideas, la obligatoriedad de la incoación no es automática y formal.

No bastaría, por ejemplo, el acta policial que certifique el contexto de flagrancia; sino que además el Fiscal debe tener otros elementos suficientes (testigos, cámaras que hayan registrado el suceso, etc.) que le permitan convencerse de que el imputado es probablemente el agente del hecho delictivo; un buen ejemplo sobre la importancia de nuestro razonamiento se da en el caso de la cuasi-flagrancia y flagrancia presunta, conforme lo veremos en el siguiente subcapítulo. Asimismo, recordemos que el artículo 65° CPP. dice que el fiscal para ejercitar la acción penal, tal y como se da cuando se formula el requerimiento de acusación en el proceso inmediato, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos.

Lo dicho no podía ser para menos, porque si nos fijamos en el segundo supuesto habilitante del proceso inmediato; es decir, en la figura de la confesión sincera, veremos que el artículo 160° exige que dicha manifestación libre y espontánea del sindicado, para que tenga un valor probatorio, tendrá que estar debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción, pues como sabemos la mera confesión no es suficiente para acusar ni sancionar a alguien.

Dentro de esa misma lógica evidentemente está el tercer supuesto de procedencia: “Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.”

Finalmente, los supuestos de la omisión de asistencia familiar y la conducción en estado de ebriedad o drogadicción tampoco escapan a ese razonamiento; toda vez que, en la primera, el Fiscal necesita la resolución judicial proveniente del proceso civil de alimentos y la negativa de pago[13]; mientras en el otro, requiere la pericia de alcoholemia o toxicológica –siempre y cuando ambos sean casos fáciles que configuren causa probable[14]–.

            En conclusión, tal parece que solo bastaría como único requisito para accionar el proceso inmediato el tercer supuesto (los evidentes elementos de convicción), pues encierra una premisa general que termina por absorber a los demás, tal y como quedó ya demostrado[15]. Naturalmente esto tiene que ser entendido así, ya que los presupuestos materiales del proceso inmediato son: la ausencia de complejidad y la evidencia delictiva. Por lo tanto, no siempre que el Fiscal se tope con un asunto de flagrancia va a tener que ciegamente solicitar la incoación del proceso especial, sino ante las circunstancias de una falta de evidencia delictiva, éste tendrá que simplemente continuar con la investigación preparatoria, y más adelante, si se da el caso, ya recién efectuar una acusación directa. Ello significa entonces que la sanción disciplinaria contra el representante del Ministerio Público tendrá lugar cuando, dentro del plazo de las diligencias preliminares o hasta antes de treinta días de formalizada la investigación, omite incoar el proceso inmediato sin fundamento razonable, pese que tiene a la mano todos los elementos necesarios y suficientes de convencimiento[16].

            Otro grave problema que se presenta, si interpretásemos la obligatoriedad de la incoación de un modo literal, es la de llegar a la absurda afirmación de que hay que esperar a la audiencia única para aplicar recién algún criterio de oportunidad. Si el Fiscal no gozara de autonomía y margen de discrecionalidad, las partes ciertamente tendrían que hacer tiempo hasta la audiencia para discutir y acordar alguna salida procesal alternativa, aun así lo hayan querido desde mucho antes. Felizmente dicho funcionario tiene la potestad, amparada plenamente por nuestro orden jurídico vigente, de buscar soluciones no punitivas y más bien fomentar mecanismos de composición de conflictos durante la fase preliminar. Lo que da cuenta nuevamente que estamos ante una “obligatoriedad” relativa o residual.

            De otro lado, también puede suceder que con posterioridad a la incoación del proceso inmediato las partes arriban a buenos términos, entonces el Fiscal se presentará a la audiencia y expondrá al Juez de garantías el motivo del desistimiento de su requerimiento, exhibiendo el acta del acuerdo al cual se llegó.

            Asimismo, viene a limitar el contenido de la “obligatoriedad” el hecho de que la confesión sincera, por más que esté debidamente corroborada por otros elementos de convicción, no siempre implicará que el caso se siga en un proceso especial inmediato. Esto se da cuando la confesión del sindicado ha resultado ser esencial para descubrir un hecho criminal aun de mayor dimensión.

            Por último, volviendo al tema de la flagrancia, la defensa técnica puede solicitar al Fiscal la realización de actos de investigación que superen el plazo de detención, y este último procederá a formalizar investigación preparatoria, siempre y cuando el pedido resulte justificado y pertinente, lo cual significa que el proceso se tramitará en la vía común; de este modo, en aras de la objetividad que ostenta, puede dejar de requerir el proceso inmediato para tutelar el derecho de defensa. Esto ocurrirá si, a pesar de que el delito es estrictamente flagrante, existen causas de justificación o de exculpación que deban ser indagados y evaluados con mayor detenimiento.

            Todos estos puntos también serán tomados en cuenta por el Juez de garantías al momento de llevarse a cabo la audiencia única de incoación, ya que este solo filtrará aquellos asuntos que realmente merezcan ser ejercitados en el proceso inmediato. Pero ello no obsta que el Fiscal, desde su haz de facultades, pueda hacerlo con antelación a la audiencia.

  1. b) De la flagrancia como supuesto de procedencia

            La flagrancia delictiva es el primer supuesto señalado en el artículo 446° CPP. que habilita la vía del proceso inmediato.

            Anteriormente la norma lo regulaba solamente del siguiente modo: “El imputado ha debido ser sorprendido y detenido en flagrante delito”; ahora dice lo mismo pero agrega en su última parte esto: “(…) en cualquiera de los supuestos del artículo 259°[17].”

            Al respecto opinamos que la potencia interpretativa de uno y otro varía considerablemente; y esto es así porque la actual modificación pretende determinarnos a comprender que absolutamente todas las modalidades de la flagrancia valen para incoar el proceso inmediato, cuestión que es muy criticable puesto que la cuasi-flagrancia y, por sobre todo, la flagrancia presunta han debido ser excluidos como supuestos del proceso inmediato por resultar, a opinión de muchos destacados juristas[18] y argumentos del TC[19]., excesiva. No puedo yo considerar a una figura tan cuestionada como puerta para un procedimiento que flexibiliza, en cierto grado, derechos procesales fundamentales[20]. En cambio, si la norma se hubiese mantenido como antes, entonces habría ofrecido a los aplicadores jurídicos mayor seguridad para circunscribir la exégesis solo a los casos de flagrancia directa (inciso 1 y 2 del artículo 259°), pues la ley a secas decía: “ha sido sorprendido” y en ese contexto “se lo ha detenido”[21].

            Por supuesto que mediante una adecuada interpretación uno puede corregir tales desatinos del legislador; no obstante, de todos modos sigue latente, mientras eso sea derecho positivo, que los jueces con toda libertad puedan juzgar céleremente y sentenciar (incluso con cadena perpetua) hechos que a prima facie son considerados como flagrantes pero bajo un análisis debido se las excluiría como tal[22].

Es decir, llevando el razonamiento a nivel de lege lata, tenemos que el fundamento material por el cual se explica el proceso inmediato es el de “evidencia delictiva”[23] o “prueba evidente”, lo que significa que lógicamente la actuación probatoria se ve comprimida o reducida por falta de necesidad de la misma. Así, en los casos de cuasi-flagrancia y flagrancia presunta, como no se conoce al delito mediante una aprehensión directa en una relación de inmediatez temporal y espacial que no deje duda alguna de la intervención criminal del imputado, y, por el contrario, se llega a ella basada en indicios del cual se desprenden afirmaciones con un margen considerable de inexactitud en las que, intrínsecamente a su propias definiciones, se requieren ulterioriores actos de investigación y/o corroboración; lo que claramente no se compatibiliza con los fundamentos del proceso inmediato, porque ya no hay prueba evidente[24] [25]. Por consiguiente, no se podrá habilitar este proceso especial en los meros casos de cuasi-flagrancia y flagrancia presunta.

            Precisamente el efecto práctico que diferencia a este supuesto de procedencia de los otros consiste en que su incoación es casi al instante; vale decir, mientras los demás pueden esperar hasta antes de los treinta días luego de formalizada la investigación preparatoria para solicitar la aprobación del Juez de garantías para que el asunto sea discutido en la vía del proceso especial objeto de comentario; por su parte, la flagrancia (incluida en ella la conducción en estado de ebriedad o drogadicción), de acuerdo a su propio carácter, exige que al poco tiempo que la persona ha sido detenida se tenga que incoar el proceso inmediato, pues se sobreentiende, como razona el Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, que la flagrancia se ve, no se demuestra y su comisión por el detenido, de suerte que como existe una percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, intuición o deducción (f.j.: 8). Si no existiera una sólida evidencia delictiva tendrá que ser sometido el imputado a un proceso común o, en su defecto, esperar que se cumpla otro de los supuestos de procedencia de este proceso especial célere.

            De todos modos seguimos insistiendo que de lege ferenda, para evitar los efectos perniciosos que se han venido dando en la realidad, solamente los dos primeros incisos del artículo 259° del CPP. deberían estar explicitados como las únicas modalidades de procedencia del proceso inmediato en caso de flagrancia.

            Por último, ¿el arresto ciudadano puede incluirse dentro del proceso inmediato bajo el supuesto de flagrancia delictiva? “(…) estimamos que sí es posible hacerlo pues la ley no distingue si la detención es policial o ciudadana. El supuesto es el mismo, la diferencia es la persona que realiza la intervención.”[26]

  1. c) Sinsabores en la regulación

            Para comenzar, el inciso 1 del artículo 446° CPP. dice que el fiscal “(…) debe solicitar la incoación del proceso inmediato (…)”, o de lo contrario dicho funcionario está sujeto a responsabilidad. Esto último es una expresión que está de más en la ley, ya que no existe ni puede existir en nuestro derecho una omisión de la conducta obligatoria para los funcionarios y servidores públicos que no tenga una sanción detrás[27].

            Otro punto que nos parece absurdo es colocar a la conducción en estado de ebriedad y drogadicción como un supuesto más para incoar el proceso inmediato. Preguntamos, ¿no es acaso que este delito tiene su inicio procedimental en un contexto de flagrancia? Claro que sí; por lo que resulta inútil y exhibe una falta de técnica legislativa haberla considerado como una condición (autónoma) de procedencia. A manera de menguar nuestra crítica se puede alegar que el legislador sólo ha pretendido “resaltar” estos casos debido a que en nuestro país no es menor el número de procesados por aquel delito. Pero lamentamos decepcionarlos, porque no es así, puesto que de lo contrario no se habría dicho en el inciso 4 de la ley: «Independientemente» de lo señalado en los numerales anteriores (…)” (refiriéndose a los tres primeros supuestos ya mencionados líneas más arriba) o “(…) el fiscal «también» deberá solicitar la incoación del proceso inmediato (…)” (dándonos a entender que ese “también” equivale a decir “aparte de”).

            De otro lado, pensamos que en una próxima reforma el proceso inmediato solo debe aplicarse a hechos para el cual se prevea una sanción penal menor. El Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, vía interpretación, trata de establecer, en observancia al principio de proporcionalidad, un filtro para contener los supuestos de procedencia en razón de la magnitud de la pena diciendo que basta que el delito sea especialmente grave y, por las características específicas de su comisión concreta, requiera algún tipo de esclarecimiento acentuado respecto a una categoría del delito o a una circunstancia relevante en la medición de la pena para proscribir constitucionalmente la vía del proceso inmediato (f.j.: 10). Sin embargo, la gravedad del hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal no es un elemento inherente al proceso inmediato; además, todo asunto –como ya vimos- que requiera de algún esclarecimiento, especialmente si es acentuado, será llevado a un proceso común; es decir, cualquiera sea el hecho –de menor o mayor gravedad– la elección a este proceso especial tiene que estar asentado de todas formas en criterios rigurosos. En ese sentido, no contamos de lege lata con ninguna norma (constitucional o infra-constitucional) que asegure que los magistrados limiten la procedencia del proceso inmediato solamente a los casos de punición menor.

3.2.- Audiencia única de incoación

            La finalidad básica, aunque no la única, de la audiencia de incoación es determinar, por parte del Juez de investigación preparatoria[28], si el asunto corresponde ser llevado a un juicio inmediato o, en su defecto, tendrá que ser reconducido a un proceso ordinario o común[29].

  1. a) De la detención por flagrancia

            El artículo 447°.1 CPP. dispone que: “Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264°, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia.”[30]

            Cabe precisar que el plazo de detención a la cual el dispositivo legal precitado nos remite ha sido derogado tácitamente por la Ley N° 30558[31]; esto es, antes de la modificación constitucional el plazo máximo de detención era de veinticuatro horas, en cambio la actual regulación prevé una duración no mayor a cuarenta y ocho horas; salvo en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los delitos cometidos por organizaciones criminales, en el que el tiempo varía hasta quince días naturales.

            Ahora bien, transcurrido el tiempo límite de detención que es de cuarenta y ochos horas[32], la policía, luego de realizar las diligencias urgentes a fin de asegurar la investigación y esclarecimiento de los hechos[33] o culminado de elaborar el documento policial correspondiente[34], pone al detenido a disposición del Fiscal[35]. Y si esta autoridad cuenta con todos los elementos de convicción analizados por nosotros en el subcapítulo anterior, solicitará al Juez de garantías la incoación del proceso inmediato. El juez ni bien recepciona el requerimiento fijará fecha para la audiencia dentro de cuarenta y ocho horas.

            De lo descrito salta inmediatamente la pregunta: ¿Cuál es la situación procesal del imputado entre el tiempo que hay desde que la Policía coloca al ciudadano a disposición del Fiscal hasta que se efectúe la audiencia de incoación del proceso inmediato?

            El artículo 447°.1 CPP. lo soluciona estableciendo claramente en sus literales que la detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia de incoación; sin embargo, cuando dicha parte del enunciado legal lo contrastamos frente al ordenamiento jurídico resulta no ser tan pacífico e indiscutible como aparenta. Pues bajo qué concepto el imputado debe permanecer retenido en ese lapso de tiempo si, de acuerdo al artículo 264°.1 del CPP. y el segundo párrafo del artículo 2.24°.f) de la Const., el plazo de detención ya venció (máximo 48 horas); es más, para llegar a esa situación materia del presente análisis el imputado ha debido de salir necesariamente de la condición de detenido, según la literalidad del propio artículo 447°.1 CPP.

            El artículo 2.24°.f) de nuestra Constitución Política señala, sin duda alguna, que toda persona puede ser “detenido” solamente en dos momentos: por flagrancia o por mandato escrito y motivado del Juez. En consecuencia, la “detención” que se hace mención en la última parte del artículo 447°.1 CPP. está referido no a la detención (policial) pues esa ya finiquitó, sino a la detención (judicial). Lo que significa que el plazo de detención no se ha ampliado automáticamente, sino que deberá de obedecer los procedimientos, límites y garantías que exige el carácter mismo de la detención preliminar; de lo contrario estaríamos frente a una falsa detención (privación arbitraria de la libertad ambulatoria).

            El paso de una detención policial a una detención judicial está previsto en el artículo 266° CPP[36]., en el que se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos de modo concurrente:

  • El Fiscal puede requerirlo al Juez de garantías dentro de las 12 horas de producida la detención efectiva por la Policía Nacional: Si el plazo venció y el Fiscal no solicitó el mandato de detención judicial (así sea porque los policías no le comunicaron oportunamente), el imputado tendrá que ser dejado en libertad y asistir en esa condición a la audiencia única.
  • Motivado por las circunstancias del caso, en el que se desprende cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad: El fiscal no está obligado a solicitar la detención judicial en todos los casos, sino lo decidirá dependiendo de la estrategia que mejor se le ajuste según las características de los hechos y la entidad del delito, por supuesto, tomando siempre en consideración los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Por lo tanto, el Fiscal puede dejar sin más en libertad al sospechoso o pretender requerir la detención cuando considere viable la prisión preventiva; a la vez que considere, obviamente, que hay necesidad de llevar el asunto a un proceso especial célere.

Para aquellos delitos que la pena conminada no sea mayor a 4 años, automáticamente el investigado será dejado en libertad, debido a que es un imposible jurídico pretender mantenerlo detenido judicialmente si de plano no supera la proporcionalidad establecida que hace factible un pedido de prisión preventiva.

  • El juez, antes del vencimiento de las 48 horas de ocurrida la detención, realiza una audiencia: El cumplimiento de esta audiencia inaplazable lógicamente está sujeta al calendario de audiencias de los órganos jurisdiccionales, lo que en la práctica puede conllevar a un problema en el respeto de los tiempos que jugaría en contra del imputado.

En esa audiencia se resolverá el requerimiento de mandato de detención teniéndose a la vista la Carpeta Fiscal que contiene las actuaciones proporcionadas por el Ministerio Público. El Juez se pronunciará mediante resolución motivada sobre la necesidad y proporcionalidad de dictar la detención judicial; del mismo modo sobre la legalidad de la detención policial y del cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del artículo 71° CPP. Si la declara improcedente, vencido el plazo de detención, el ciudadano quedará libre y asistirá cuando se lo requiera a la audiencia única. Por su parte, si se declara procedente, la detención policial se convierte en una detención judicial hasta la realización de la audiencia de incoación del proceso inmediato.

  1. b) Del cómputo del plazo para la realización de la audiencia

            Sabemos que, de conformidad con el artículo 447°.1 CPP., dentro de las 48 horas siguientes del requerimiento, el Juez de la investigación preparatoria realiza una audiencia única de incoación para determinar, además de otras cuestiones, la procedencia del proceso inmediato.

            No obstante, con el fin de satisfacer de mejor manera el derecho al plazo razonable y garantizar el derecho de defensa, especialmente en el supuesto de flagrancia delictiva, interpretamos que ese plazo de 48 horas debe computarse desde que el citado (imputado) fue notificado correctamente con el auto de citación a la referida audiencia[37]. Para ello el Fiscal ha tenido que indicar adecuadamente los domicilios procesales o las casillas electrónicas de quienes se hubieran apersonado a la causa.

            Naturalmente esta audiencia está sometida a un calendario fijado por los órganos jurisdiccionales, lo que fuerza a la administración no poder respetar siempre los plazos señalados por la ley al pie de la letra, que tendría como consecuencia concomitante un efecto positivo al brindar mayor tiempo para que la defensa técnica pueda elaborar una mejor estrategia del caso.

  1. c) Del orden del debate

            Originariamente el Decreto Legislativo N° 1194, al modificar el artículo 447° CPP., estableció, en el inciso 4, que el Juez en la audiencia única de incoación se pronuncia oralmente en el orden que a continuación se señala:

            1°.- Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal.

            2°.- Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o          de la terminación anticipada, solicitada por las partes.

            3°.- Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

            Empero, esa manera de ordenar los puntos a tratar en la audiencia única era un rotundo desastre.

Con esto, se obtenía una resolución de medida coercitiva que puede ser prisión preventiva, sin que existiese un proceso constituido, ya que, siguiendo el orden del debate podría rechazarse en última instancia la incoación del proceso inmediato. O de igual manera, resolver una prisión preventiva y encontrarnos con un principio de oportunidad que fuera aceptado por las partes en audiencia (Ugaz Zegarra, 2017, pp. 149 y 150).

También podría originar que la imposición de la prisión preventiva actúe como un mecanismo de extorsión procesal, por cuanto sugeriría al imputado que se acoja a una salida alternativa o, incluso, a la terminación anticipada –en la que la pena a imponer podría ser condicional– para evitar que se haga efectiva la prisión por aplicación de la mencionada medida de coerción (Oré Guardia, 2017, p. 12).

En esos casos la prisión preventiva impuesta deviene en nula, debiendo el Juez dejarla sin efecto de oficio; por lo que tiempo, esfuerzo y dinero fueron agotados inútilmente. ¿Y si el Juez, por contingencias de la vida, no la dejó sin efecto? Tendríamos un auto de prisión preventiva que, de modo malicioso o inocente, podría ser ejecutado por las autoridades competentes, aun así las partes hayan llegado a buenos términos.

            Felizmente el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1307 corrigió ese desatino reformulando el orden de prelación de los temas que se abordarán en la audiencia:

            1°.- Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

2°.- Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes.

            3°.- Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal.

            Así se logra superar los inconvenientes que traía consigo la anterior regulación, pues la primera es condición lógica de la segunda y la segunda es condición previa de la tercera[38]. Aunque hubiésemos preferido, para una mayor coherencia y sistematicidad, que en primer término se examine en lo concerniente a las salidas alternativas del proceso.

De este modo, en virtud del principio de mínima intervención, el primer requerimiento que debe ser materia de pronunciamiento judicial es aquel vinculado a cualquier mecanismo de composición de conflicto (principio de oportunidad y acuerdo reparatorio), puesto que su procedencia, evidentemente, permitirá agotar la persecución penal sin necesidad de haber ordenado el entablamiento formal del proceso (Ibidem).

Cabe agregar, por último, un tema más de discusión en la audiencia de incoación, nos referimos al control de la imputación penal.

Aunque es inexistente la previsión en torno el procedimiento a seguir al respecto, debemos ser conscientes que no se cuenta con otro momento procesal para encausar la calificación jurídica efectuada por el representante del Ministerio Público, a pedido de parte o de oficio, que no sea esta audiencia única; todo esto con el fin de hacer valer el derecho a la imputación suficiente del procesado. Si bien, haciendo una interpretación sistemática con el proceso común, la discusión se podría postergar para la primera parte del juicio inmediato (que mantiene el carácter funcional de la etapa intermedia)[39]. Pensamos que ello no es lo correcto, porque el Juez encargado del juicio perdería imparcialidad al tener que reconducir la calificación.

Tómese en cuenta que en un proceso ordinario el Juez de la investigación preparatoria es quien direcciona la etapa intermedia, mientras que en el proceso inmediato el propio Juez de juzgamiento lo hace; debido a esto, para mantener la imparcialidad del juzgamiento pero sin menoscabar tampoco el Derecho de la imputación necesaria del imputado, la oportunidad de su debate no tendrá más lugar que en la audiencia única de incoación en el que está presente el Juez de la investigación, personaje que tiene como función primordial velar por los Derechos Fundamentales de las partes.

Además, cuando el Fiscal decide incoar proceso inmediato significa que ya tiene –o debería tener– una causa probable, lo que a su vez implica que ya hay una calificación jurídica concreta.

Sin duda la calificación jurídica es el punto de referencia normativo para controlar la imputación fáctica. Es cierto que el eje central del debate son las proposiciones fácticas, sin embargo, estas se configuran en función de los elementos típicos que corresponde a la calificación jurídica atribuida por el Ministerio Público. En ese orden, es exigible, en la audiencia de incoación del proceso inmediato una calificación jurídica determinada (en diagnóstico célere) para la organización y preparación de la audiencia única del juicio inmediato (Mendoza Ayma, 2017c, p. s/n).

En conclusión, si el caso lo requiere se puede adicionar un último orden objeto de discusión:

4° Sobre el control de la imputación penal.

  1. d) De la apelación

Parafraseando el artículo 447°.5 CPP., tenemos que el auto que resuelve el requerimiento es apelable con efecto devolutivo. Nuevamente el legislador no se ha expresado con propiedad, dado que un recurso de apelación por su carácter indiscutiblemente jerárquico siempre tiene efecto devolutivo. Lo relevante es determinar si esa apelación tiene o no un efecto suspensivo.

El auto que acepta o rechaza la incoación del proceso es un auto no equivalente (o sea, no pone fin a la persecución penal como sí lo hace las sentencias y los autos de sobreseimiento); por lo que en razón del artículo 418° CPP., el procedimiento no se suspende.

Las demás apelaciones contra resoluciones interlocutorias (las referidas al principio de oportunidad, proceso anticipado y medidas coercitivas), igualmente no tienen efectos suspensivos por las mismas razones expresadas en el párrafo anterior.

De otro lado, como la apelación del auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato no tiene efecto suspensivo, el mismo artículo 447°.5 CPP. dispone que el trámite de dicha apelación se seguirá conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 278° CPP[40].

En principio, esa remisión normativa no valdría para todos los extremos del auto, sino específicamente en lo concerniente a la prisión preventiva, puesto que ese dispositivo legal está pensado para aquella situación, tal y como se desprende de su propio tenor literal. Eso quiere decir que la parte de la resolución en lo que se refiere a la procedencia de la incoación o de otras medidas coercitivas se le tendría que aplicar los artículos 414°, 416° y ss. CPP. Pero, con el fin de evitar una disparidad de los plazos y dualidad de procedimientos que irían en contra de los fines del proceso inmediato, se debe interpretar que esa última parte del artículo 477°.5 CPP. regula una analogía técnica intra legem; esto es, que el auto apelado en su totalidad se tramita de conformidad con el artículo 278°.2, lo que lleva a una mayor optimización del principio de celeridad que se condice con este proceso especial, ya que la impugnación de la prisión preventiva es resuelta en un menor tiempo en relación a otras apelaciones.

Aun así, no hallamos compatibilidad entre los plazos del trámite de apelación y la instalación del juicio. Pongámonos en el caso que el Juez decidió disponer la incoación del proceso inmediato; es decir, aceptó el requerimiento del Fiscal de juzgar céleremente al imputado. De acuerdo a los artículos 278°.2 y 447°.5 CPP., ni bien el juez comunique en la audiencia el contenido de su resolución, la defensa técnica en ese preciso instante, sin necesidad de presentar algún posterior escrito, puede apelar aquel auto emitido por el Juez de investigación preparatoria, aquel Juez lo eleva a la Sala en un período no mayor de 24 horas para que esta, previa vista de la causa que se llevaría a cabo máximo en 72 horas de recibido el expediente, se pronuncie antes de 2 días de celebrado la vista; mientras tanto de un modo paralelo, la instalación y realización del juicio inmediato puede efectuarse en un tiempo menor, debido a que los artículos 447°.6 y 448° CPP. señalan que el fiscal procede a formular acusación en un plazo que no exceda las 24 horas desde el pronunciamiento del Juez, este funcionario ni bien recepciona la acusación lo remitirá en el mismo día al Juez penal competente para que, en un solo acto procesal, dicte el auto de enjuiciamiento y el de citación a juicio para ese día o, en todo caso, la realización del juzgamiento no tiene que exceder las 72 horas desde la recepción. En suma, la apelación del auto que habilita el proceso inmediato terminaría por ser más un saludo a la bandera que un medio impugnatorio eficaz, toda vez cuando la sala se pronuncie ya será muy tarde.

Algunos dirán, entonces, que el abogado defensor tiene que bregar por la suspensión del trámite hasta el pronunciamiento de la sala. Eso se lograría sin necesidad de apartarse de las disposiciones legales, interpretando correctamente el inciso 6 del artículo 447° CPP. La citada norma nos dice: “Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro horas (…)” Para evitar los efectos perjudiciales expuestos líneas más arriba, las autoridades deben entender que el pronunciamiento de la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato tiene que ser un pronunciamiento definitivo o acabado. ¿Y cuándo estaremos ante una decisión definitiva en este caso? Cuando se ha consentido el auto que emitió el Juez de la investigación preparatoria declarando procedente el proceso inmediato; o cuando luego de haberse impugnado el auto, la Sala Superior lo confirma. Sin embargo, todo este razonamiento no tiene sustento jurídico alguno, pues, si recordamos, la apelación de ese auto no tiene efecto suspensivo.

Es por ello que consideramos, a nivel de lege ferenda, que en una próxima reforma se desarrolle el tema de la apelación con mayor detalle en un artículo independiente, guardando la coherencia lógica y teleológica del caso. Por ejemplo:

(…) se debe regular el carácter suspensivo de la apelación y se debe establecer un trámite sumario para resolver dichas apelaciones, de tal forma que, una vez que haya quedado firme la decisión de procedencia del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación ante el Juez de investigación preparatoria, quien deberá dictar el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio; en los casos de improcedencia, el Fiscal deberá dictar la disposición de formalización y continuación de la investigación (Reyna Alfaro, 2015, p. 23).

Mientras esperamos que esta dificultad se corrija, el jurista Reyna Alfaro brinda una salida práctica a los aplicadores jurídicos cuando se enfrentan a ese problema:

De esta forma, si la Sala Superior resuelva revocar la resolución que declara procedente la aplicación del proceso inmediato, deberá ella ordenar la continuación del proceso conforme a las reglas del proceso común, dejando sin efecto todo aquello actuado bajo las reglas del proceso especial, inclusive las sentencias emitidas en la audiencia única de juicio, lo que implicará que aquel procesado que haya sido absuelto en proceso inmediato pueda ser juzgado nuevamente conforme a las reglas del proceso común, con todo lo que ello implica, inclusive ser condenado.

En los casos en que se trate de procesados condenados en audiencia única de juicio, la revocatoria o nulidad de la resolución de procedencia de proceso inmediato dejará sin efectos dichas sentencias, y se ordenará su adecuación al proceso común, debiéndose actuar nuevamente los medios de prueba sin poder tener en cuenta las valoraciones que se hayan realizado en el juicio inmediato y pudiendo emitir, si fuera posible, sentencia absolutoria (Ibidem).

3.3.- Audiencia única de juicio inmediato

  1. a) ¿De la etapa intermedia?

            Es totalmente equivocado pensar que el proceso inmediato salta o suprime la etapa intermedia[41]. Lo que ocurre, en sí, es que las fases del proceso común se reorganizan, sin perder el carácter funcional de cada una de ellas.

            La etapa intermedia, como un instituto autónomo y con nomenclatura propia claro que no existe en este proceso; no obstante, eso no significa que su función general de saneamiento[42] se omita. Si fuera lo contrario, entonces en qué momento, por ejemplo, se analizaría la pertinencia del medio probatorio ofrecido. No habría forma.

            Interpretando apropiadamente el artículo 448° CPP., entendemos que la audiencia de juicio inmediato se subdivide en dos niveles; primero, se aborda lo concerniente al saneamiento procesal y a otras cuestiones que se dan en la etapa intermedia (art. 350° CPP.): la exposición sucinta de la acusación, su observancia y corrección por defectos formales y materiales, sobre las excepciones y otros medios de defensa, el sobreseimiento, las convenciones probatorias y más. Posteriormente, una vez resueltas las cuestiones planteadas, el Juez penal emite el auto de enjuiciamiento e inicia así la celebración del juzgamiento propiamente dicho. Para el desarrollo del juicio se aplicará, en tanto sea compatible con el carácter célere del proceso inmediato, los artículos 371° y ss. del Código Procesal Penal de 2004.

            Finalmente, recogiendo la opinión de uno de los juristas más descollantes de nuestro medio, Arublú Martínez (2017):

En la fase de control de admisión de la prueba que se hace en inicio del juicio oral, tiene que ser congruente con las decisiones del Juez de investigación preparatoria, pues se sostiene que, si se rechazó la prisión preventiva en base a actos de investigación inconstitucionales, estos configuran prueba prohibida y no pueden admitirse para juicio (p. 50).[43]

  1. b) De la prisión preventiva

            Del artículo 448°.3 CPP. se desprende que, en la primera parte de la audiencia única de juicio inmediato, las partes pueden plantear cualquiera de los puntos previstos en el artículo 350° CPP., lo que incluye, también, al inciso c): “Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción (…)”

            De manera que si el Juez de garantías en la audiencia de incoación impuso prisión preventiva contra el imputado, la defensa técnica tiene la oportunidad aquí para solicitar su revocación y/o variación; si el Juez del juicio considera que las razones de esa medida cautelar ya no subsistente declarará fundado el pedido (art. 283° CPP.). Asimismo, si en un primer momento la solicitud por parte del Fiscal de alguna medida de coerción no tuvo éxito, podrá volver a plantearlo, pero con el fin de evitar que esta se convierta en una instancia revisora, sólo se solicitará la aplicación de una medida cuando existen nuevas razones fundadas para ello (arts. 279° y 285° CPP.).

  1. c) De los órganos de prueba

            La audiencia de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. En ese contexto las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba garantizando su asistencia; es decir, el mismo acusado tiene que llevar a sus testigos y peritos al juicio, y aunque la norma ya no dice: “bajo apercibimiento de prescindir de ellos” (como lo sostenía antes de la modificación[44]), tampoco la regulación se ha mostrado flexible ante la inasistencia de alguno. Es más, por disposición del propio artículo 448°.6, el Juez penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado.

            ¿Qué pasa si algún testigo se niega a concurrir (causado por el temor a la venganza, amenazas, falta de tiempo, evitar enemistad, indiferencia, etc.)? Simplemente el imputado queda en una evidente desigualdad de armas[45] frente al aparato estatal y en una grosera lesión a su derecho fundamental de defensa[46], pues él no posee, a diferencia de los jueces, la facultad de ordenar a la policía traer mediante vis compulsiva a alguien para declarar. ¡Cuán fatal es que un órgano de prueba que ha podido ser pieza clave para sustentar la coartada del procesado se le escape de las manos! Veamos por ejemplo lo perjudicial que resultaría para el sujeto que está siendo acusado por el delito de violación sexual (sea en grado de tentativa o consumación), ya que en este tipo de delitos, dada su naturaleza, las declaraciones de los testigos y peritos resultan sumamente fundamentales para el convencimiento del juzgador[47]. Además suele suceder, con relativa frecuencia, que el interesado acredita ante el Juez que se citó debidamente al órgano de prueba, pero no se sabe realmente sobre su paradero o que el testigo vive en zona muy alejada.

            Igualmente la dificultad se acentúa cuando los testigos se tratan de efectivos policiales. Al respecto el Juez Tejada Aguirre (2016) menciona:

Si son ofrecidos efectivos policiales en calidad de testigos, su institución debe ser notificada con                  anticipación, a fin de que autorice el permiso respetivo al efectivo policial, ello retarda el                         juzgamiento. Por eso la propuesta es establecer un mecanismo de coordinación con la PNP a fin                   de que pueda notificarse a los efectivos y sean autorizados por su institución mediante                         notificaciones electrónicas u otros mecanismos que garantice la celeridad (p. 70).

            Por supuesto que no solamente el problema se presentaría para los órganos de prueba, sino también podría ser para la obtención de documentos.

            La dinámica del juicio inmediato descrita por la ley es coherente cuando el caso es fácil debido a la evidencia delictiva y a la simpleza procesal, pero, dada la contingencia de la realidad, puede suceder que algunos asuntos se tornen complejos no por la naturaleza del delito sino por vicisitudes internas del proceso –como los descritos anteriormente– que hacen peligrar la legitimidad material de esta en relación al debido proceso.

            Como los órganos y demás elementos probatorios necesitan ser examinados, no habrá más salida que hacerlo en un proceso común[48] [49].

  1. d) De la reprogramación de la audiencia

La falta de una regulación especial sobre la organización de las audiencias en el proceso inmediato ha traído en la realidad consecuencias indeseables y contraproducentes, ya que para salvaguardar el debido proceso no quedará otra opción que derivar el asunto a una vía procedimental ordinaria. Pues, la audiencia del juicio inmediato es inaplazable y que una vez instalada no puede conocer otros hasta que esa culmine.

Así, el Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes Tejada Aguirre (2016) nos detalla la problemática:

Se verifica que a comienzos del mes de enero, la coordinación del distrito judicial de Tumbes, agendaba audiencias a razón de una cada media hora, por lo que se instalaba la audiencia pero su avance era mínimo, estando obligados a suspender la misma.

No existe una norma procesal respecto a la reprogramación de las audiencias de proceso inmediato, por lo cual se recurre a las normas generales del proceso común, reprogramando audiencias hasta el octavo día.

Debe emitirse un dispositivo legal que establezca que las continuaciones de sesiones de audiencia deben ser reprogramadas en un plazo máximo de 72 horas, ello para guardar coherencia con la normatividad respecto a la fijación de audiencia de juicio inmediato (pp. 69-70).

  1. e) Del proceso inmediato al proceso común

            Si en la etapa de la audiencia única de juicio inmediato se presentan inconvenientes –como los mencionados en los subcapítulos anteriores– que tornan insostenible mantener el asunto en esta vía, lo que corresponde es que el Juez penal dicte el auto de transformación de ese proceso especial en uno común. Esto se logra aplicando, mediante analogía técnica[50], lo regulado para el proceso de seguridad en el artículo 458°.1 CPP.

            Así, una vez dictado la resolución de transformación del proceso, se suspenderá el acto oral y se la reiniciará antes del plazo establecido en el numeral 3) del artículo 360°; esto es, la suspensión de juicio no podrá exceder de ocho días hábiles. Superado el impedimento, la audiencia continuará, previa citación por el medio más rápido, al día siguiente, siempre que este no dure más del plazo fijado inicialmente. Por lo tanto, continuar el juzgamiento en el proceso común no implica la anulación de los actos de investigación o de lo ya avanzado en la etapa oral del proceso inmediato. Sin embargo, cuando la suspensión dure más de ese plazo, se producirá la interrupción del debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de indicarse nueva fecha para su realización.

3.4.- Del actor civil y del tercero civilmente responsable

            La cuestión fundamental que urge de una respuesta clara es, ¿desde cuándo se constituye el actor civil y el tercero civilmente responsable en el proceso inmediato? Puesto que la ley guarda un absoluto silencio al respecto.

            En consecuencia, necesariamente tendremos que aplicar de modo supletorio los dispositivos legales del proceso común, siempre y cuando se ajusten al carácter jurídico de este proceso especial. Aunque de todos modos proponemos que debería haber un apartado específico que detalle el momento de constitución del actor y del tercero civil, así como sus demás implicancias relevantes; con la finalidad de dotar de una mejor coherencia y eficiencia al proceso objeto de comentario.

             De acuerdo a los artículos 100° y 101° CPP., el perjudicado por el delito puede constituirse como actor civil en cualquier momento de la etapa de la investigación preparatoria formalizada (excluyéndose de esa manera a las diligencias preliminares[51], la fase intermedia y de juzgamiento), sin perjuicio que el Fiscal tome su lugar en caso el particular omita hacerlo. Y la solicitud de constitución se presenta por escrito al Juez de la investigación preparatoria.

              Trasladando lo dicho al proceso inmediato, específicamente en lo que concierne al supuesto de flagrancia delictiva[52], tenemos que de partir que el Fiscal solicita al Juez de garantías la incoación del proceso, desde ese instante el perjudicado puede instaurarse como parte civil enviando su solicitud al Juez hasta antes de la instalación de la audiencia única de incoación. En principio, el Fiscal incluirá en el requerimiento de incoación como parte civil a quien lo considere, pero si aquel particular se manifiesta queriendo ejercitar por sí mismo la pretensión civil en el proceso penal, lo peticionado por la autoridad en ese extremo quedará anulado.

            Si bien los numerales 1 y 2 del artículo 102° CPP. dicen que el Juez se pronuncia sobre la incorporación del actor civil en una audiencia que se realiza dentro del tercer día de notificada la solicitud a las demás partes[53]. A efectos del proceso inmediato la realización de esa audiencia tendrá lugar en la audiencia única de incoación. El Juez de la investigación preparatoria, previo contradictorio, decidirá si la solicitud de querer incorporarse como parte civil tiene mérito o no. Esto se discutirá luego del pronunciamiento negativo sobre la procedencia de alguna salida alternativa procesal y antes de la decisión acerca de la constitución del tercero civilmente responsable. Por lo tanto, el orden de los puntos a tratar en la audiencia de incoación en realidad tiene que ser del siguiente modo:

            1°.- Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.

            2°.- Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o          de la terminación anticipada, solicitado por las partes.

            3°.- Sobre la constitución del actor civil.

            4°.- Sobre la constitución del tercero civilmente responsable.

            5°.- Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal.

            6°.- Sobre el control de la imputación penal.

            Consideramos, desde una perspectiva de lege ferenda, que se debería permitir al agraviado solicitar su incorporación en el proceso penal como máximo en lo que sería el momento funcional a la etapa intermedia; esto es, al inicio del juicio inmediato. Toda vez que el Ministerio Público al instar la incoación de este proceso especial lo hace sin necesidad de correr traslado al agraviado o perjudicado; por lo que de esa forma se garantizaría de mejor manera su tutela jurisdiccional efectiva.

            Ahora bien, al tercero civilmente responsable, por reflejo, le es aplicable los mismos criterios esbozados en lo referente al actor civil. Esto se debe a que el artículo 111° CPP. señala que: “Las personas quienes conjuntamente con el imputado tengan responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser incorporadas como parte en el proceso penal a solicitud del Ministerio Público o del actor civil. La solicitud deberá ser formulada al Juez en la forma y oportunidad prevista en los artículos 100° al 102°, con indicación del nombre y domicilio del emplazado y su vínculo jurídico con el imputado.”

            Para finalizar, sabemos que contra la resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor civil procede recurso de apelación; no obstante, según el artículo 103°.2 CPP., la Sala Penal Superior lo resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420° del mismo cuerpo normativo. Por desgracia, hay una tremenda incompatibilidad de los plazos para el pronunciamiento del Juez sobre dicha apelación y la propia marcha del proceso inmediato, una peor asistematicidad de la que se observó al estudiar el subcapítulo de la apelación del requerimiento de la audiencia única de incoación, porque por lo menos ahí el recurso se sustentaba en un trámite más ágil, pero que aun así traía serios inconvenientes. Por eso seguimos sosteniendo que en una próxima reforma se desarrolle el tema de la apelación con mayor detalle en un artículo independiente, guardando la coherencia lógica y teleológica del caso.

 

  1. CONCLUSIÓN

 

Luego de examinar detenidamente la sección primera del libro quinto del Código Procesal Penal de 2004 referido al proceso inmediato, hemos hallado diversas situaciones problemáticas que pudimos superar mediante una correcta interpretación bajo la estricta consideración de los presupuestos de evidencia delictiva y simpleza procesal; así como demás preceptos constitucionales e infraconstitucionales en pro de la sistematicidad y unidad del ordenamiento jurídico.

            Empero, en algunos casos, identificamos que la exégesis normativa encontraba sus límites para satisfacer la demanda de importantes hechos que se podían presentar en la marcha del proceso, lo que nos lleva a exigir la urgente reforma de la actual regulación del proceso inmediato en aras de optimizar los Derechos Fundamentales al plazo razonable, de defensa, de recurso y más; también, para evitar que este proceso especial se traicione así mismo, porque al no contar con una previsión legal debidamente desarrollada no queda otra salida que transformarlo en un proceso común; pese que bien el asunto podía haber sido tramitado céleremente si se contaba con los mecanismos jurídicos vigentes adecuados.

            En ese sentido, esperamos que nuestro escrito sea una herramienta útil tanto al aplicador del Derecho como al legislador en el mejoramiento de esta institución procesal desde una perspectiva de lege lata y de lege ferenda, respectivamente.

Lima, agosto de 2017.

  1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

4.1.- Libros y artículos

  • Arbulú Martínez, Víctor (2017a). El nuevo proceso inmediato y su problemática. Teoría y práctica. Lima: Motivensa S.R.L.
  • Arbulú Martínez, Víctor (2017b). Problemas de la prueba en el proceso inmediato. En: Ius Puniendi. Año 1. N° 1. Abril-marzo. Perú: Editorial Ideas.
  • Arbulú Martínez, Víctor (2014). La investigación preparatoria en el nuevo proceso penal. Lima: Instituto Pacífico.
  • Arbulú Martínez, Víctor (2013). Derecho procesal penal. Tomo II. Lima: Editorial Legales.
  • Camacho Peves, Jessica (2017). El control de la imputación penal en la incoación del proceso inmediato. En: Suplemento de análisis legal de El Peruano. Segunda Etapa. Año 10. N° 629. Perú.
  • Cuba, Ximena (2016). Análisis del proceso penal inmediato en el caso de la flagrancia delictiva. En: Ita Ius Esto. Perú: http://bit.ly/2xde4wo (Revisado el 12 de julio de 2017).
  • Espinoza Bonifaz, Augusto (2016). Proceso inmediato reformado. En: Instituto de investigación jurídica. Año IV. N° XXI: Cuaderno de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.
  • Gálvez Villegas, Tomás (2017). Medidas de coerción personales y reales en el proceso penal. Lima: Editorial Ideas.
  • Gálvez Villegas, Tomás (2016). La reparación civil en el proceso penal. Lima: Instituto Pacífico.
  • Guillermo Piscoya, Juan (2017). La reforma del proceso inmediato en el D. Leg. N° 1307. En: Suplemento de análisis legal de El Peruano. Segunda Etapa. Año 10. N° 629. Perú.
  • Mendoza Ayma, Francisco (2017a). El proceso inmediato en el delito de omisión a la asistencia familiar. En: Legis.pe. Febrero: http://bit.ly/2AUCIX4 (revisado el 3 de julio de 2017).
  • Mendoza Ayma, Francisco (2017b). El proceso inmediato en el delito de conducción en estado de ebriedad. En: Legis.pe. Febrero: http://bit.ly/2iihMhu (revisado el 3 de julio de 2017).
  • Mendoza Ayma, Francisco (2017c). La calificación jurídica en el proceso inmediato. En: Legis.pe. Febrero: http://bit.ly/2AujLrv (revisado el 3 de julio de 2017).
  • Mendoza Ayma, Francisco (2017d). Constitucionalizando el proceso inmediato: entre principios y reglas. En: Legis.pe. Marzo: http://bit.ly/2jbPbeQ (revisado el 3 de julio de 2017).
  • Mendoza Ayma, Francisco (2016). El control de la detención en flagrancia y el proceso inmediato, flagrancia y detención policial. En: Ius in fraganti. Año 1. N° 1. Marzo.
  • Meneses Gonzales, Bonifacio (2016). El proceso inmediato en el Perú D. Leg. 1194. Problemática advertida y soluciones, en: Ius in fraganti. Año 1. N° 1. Marzo.
  • Oré Guardia, Arsenio (2017). Análisis del proceso inmediato, a propósito de los Decretos Legislativos N° 1194 y 1307. En: Estudio Oré Guardia abogados. Boletín Académico N° 46. Perú.
  • Prado Soriano, José Eduardo y Gaspar Chirinos, Ángel (2017). Balotario desarrollado 2017 para los aspirantes a Jueces y Fiscales. Lima: Ediciones Legales.
  • Prado Soriano, José Eduardo y Gaspar Chirinos, Ángel (2016). Balotario desarrollado para los exámenes escritos de selección y nombramiento de Jueces y Fiscales. Perú: Editorial Lex & Iuris.
  • Prado Soriano, José Eduardo (2016). Sucinto análisis del proceso inmediato en el Perú (D.L. N° 1194). En: http://bit.ly/2haOsfv (revisado el 1 de julio de 2017).
  • Reyna Alfaro, Luis y Hurtado Huailla, Ana (2015). El proceso inmediato: valoraciones político-criminales e implicancias forenses del D. Leg. N° 1194. En: Gaceta Penal. N° 76. Octubre.
  • Rodríguez Hurtado, Mario; Ugaz Zegarra, Ángel; Gamero Calero, Lorena y Schönbohm, Horst (2012). Manual de la investigación preparatoria del proceso penal común. 2° Ed. Lima: Cooperación alemana al desarrollo internacional – GIZ.
  • San Martín Castro, César (2016). El proceso inmediato (NCPP originario y D. Leg. N° 1194). En: Gaceta Penal. N° 79. Enero. Perú.
  • Salas Arenas, Jorge (2017). Inmediatez y razonabilidad. En: Ius Puniendi. Año I. N° 1. Marzo-abril. Perú: Editorial Ideas.
  • Salas Arenas, Jorge (2016). Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del Decreto Legislativo N° 1194. En: Gaceta penal & procesal penal. N° 1. Perú.
  • Sánchez Mercado, Miguel (2007). La analogía en el Derecho penal. Perú: Grijley.
  • Tejada Aguirre, Julio (2016). El proceso inmediato y su aplicación en los primeros cien días. Problemas identificados durante los cien primeros días de su aplicación y propuestas de solución para una correcta operación en su desarrollo procesal. En: Ius in fraganti. Año 1. N° 1. Marzo.
  • Ugaz Zegarra, Fernando (2017). Reflexiones sobre el proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, en: Ius Puniendi. Año I. N° 1. Marzo-abril, Perú: Editorial Ideas.

4.2.- Jurisprudencias

  • Acuerdo Plenario Extraordinario N° 2-2016/CIJ-116 (1/06/2016).
  • Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 (6/12/2011).
  • Acuerdo Plenario N° 6-2010/Cj-116 (16/11/2010).
  • Casación N° 842-2016 (16/03/2017).
  • Casación N° 281-2011 (16/08/2012).
  • N° 02734-2015-99-2301-JR-PE-01 (Salas Arenas, 2017, p. 117).
  • N° 00186-2016-1-826-JR-PE-03 (16/05/2016).
  • N° 453-2016-0-0201-JR-PE-03 (21/03/2016).
  • N° 10499-2015-91-0901-JR-PE-01 (6/01/2016).
  • N° 1878-2013-PHC/TC (28/08/2014).
  • N° 1757-2011-PHC/TC (11/07/2011).
  • N° 6423-2007-PHC/TC (28/12/2009).
  • STC N° 6142-2006-PHC/TC (14/03/2007).
  • N° 1923-2006-PHC/TC (16/03/2006).
  • STC. N° 4831-2005-PHC/TC (8/08/2005).
  • N° 2096-2004-HC/TC (27/12/2004).
  • N° 1324-2000-HC/TC (19/01/2001).
  • N° 1107-99-HC/TC (1/12/1999).

4.3.- Normativas

  • Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957 (29/07/2004).
  • Constitución Política del Perú (30/12/1993).
  • Decreto Legislativo N° 1307 (30/12/2016).
  • Decreto Legislativo N° 1298 (29/12/2016).
  • Decreto Legislativo N° 1194 (29/08/2015).
  • Ley N° 30558 (4/05/2017).
  • Ley General de Procedimiento Administrativo – Ley N° 27444 (10/04/2001).
  • Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo N° 052 (18/03/81).

*          El título original de este artículo fue “Proceso inmediato y sus principales problemáticas”, publicado en la Revista Ius Puniendi. Año I. Noviembre – diciembre. N° 5. Lima – Perú, 2017, pp. 401-435: Ideas Solución Editorial.

**         Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro Honorario del Taller de Ciencias Penales de la UNMSM. Asistente académico del Doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Adjunto de docencia de Derecho Penal III del profesor Fidel Rojas Vargas en la UNMSM. Investigador del Instituto Derecho y Justicia. Colaborador de la Revista Ius Puniendi. Autor y director de diversas publicaciones en materia jurídico-penal. Actualmente labora en la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo.

[1]          La Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal puso en evidencia que, luego de 9 años de vigencia del actual Código Procesal, el proceso inmediato solamente había sido aplicado en 338 casos, que vendría a ser el 0.24% en relación a las otras salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal. Para mayor información revisar: http://bit.ly/2xnTfAC

[2]          Hurtos y robos de carteras y/o celulares; además de las extorsiones a empresarios.

[3]          Vid., Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1194 (29/8/2015).

[4]          Vid., Salas Arenas (2016, pp. 38 y 41); Tejada Aguirre (2016, pp. 67 y ss.); Guillermo Piscoya (2017, p. 4).

[5]          Vid., Tejada Aguirre (Ob. Cit, pp. 67 y 69).

[6]          Vid., Meneses Gonzales (2016, pp. 131-138); Arbulú Martínez (2017, pp. 203-206).

[7]          Vid., Rodríguez Hurtado y otros (2012, pp. 61 y ss.); Arbulú Martínez (2013, pp. 127 y ss.).

[8]          Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116 (1/6/2016): Sin duda, el proceso inmediato nacional –de fuente italiana–, en clave de legitimación constitucional o de fundamento objetivo y razonable, se sustenta, primero, en la noción de “simplificación procesal”, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere, sin menguar su efectividad; y, segundo, en el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de “evidencia delictiva” o “prueba evidente”, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en su desarrollo. Ello, a su vez, necesita, como criterios de seguridad –para que la celeridad y la eficacia no se instauren en desmedro de la justicia–, la simplicidad del proceso y lo evidente o patente de las pruebas de cargo; así como, en consecuencia, una actividad probatoria reducida, a partir de la noción de “evidencia delictiva”; lo que asimismo demanda, aunque a nivel secundario pero siempre presente, una relación determinada entre delito objeto de persecución y conminación penal (f.j.: 7). La cursiva es nuestra.

[9]          Vid., Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116 (16/11/2010, ff.jj.: 6 al 9).

[10]         Art. 158° Const.: “El Ministerio Público es autónomo. (…).”; art. 159° Const.: “Corresponde al Ministerio Público: (…) 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.”

[11]         Art. 5° LOMP.: “Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben ajustarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.”

[12]         Art. 61° CPP.: “1. El fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación.”

[13]         Reyna Alfaro (2015): El delito de omisión de asistencia familiar, en tanto delito de omisión, requiere que se acredite no solo la situación generadora del deber de actuar, constituida por la existencia de una resolución judicial firme que determine la existencia de una obligación alimentaria por parte del imputado, sino que existe la verificación de la no realización de la acción esperada y la capacidad de realización de la misma por parte del imputado (p. 19).

[14]         Vid., Mendoza Ayma (2017a, p. s/n); (2017b, p. s/n).

[15]         Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116 (1/6/2016): Los iniciales actos de investigación deben reflejar, sin el menor asomo de duda o incertidumbre, la realidad del delito y de la intervención en su comisión del imputado. Fuera de los casos de flagrancia o de confesión –en tanto supuestos propios de evidencia delictiva–, las fuentes de investigación o los medios de investigación llevados a cabo han de apuntar, con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito y la autoría o participación del imputado. No debe haber ningún ámbito relevante no cubierto por un medio de investigación, y los actos de investigación han de ser precisos y sin deficiencia legal alguna, esto es, idóneos y con suficiente fiabilidad inculpatoria. Propiamente, el concepto de “prueba evidente” está referido a la valoración del resultado de la prueba –si esta se produce de un modo seguro y rápido– y es la que proporciona la comprensión completa del hecho delictuoso en modo irresistible y rápido; significa solamente prueba que demuestra de un modo seguro, necesario y rápida la existencia de un determinado hecho, demostración que puede emerger implícitamente de uno o más elementos de convicción unívocos, por lo que no se requiere un laborioso proceso lógico para el convencimiento judicial a partir de los elementos de cargo [Brichetti, Giovanni. Obra citada, pp. 68-70, 191] (f.j.: 8-C).

[16]         A diferencia nuestra; que pensamos que de lege lata, bajo una correcta interpretación, la obligatoriedad de la incoación tiene una fuerza residual, por lo que no debe ser descartada de plano si lo ponderamos con los principios de plazo razonable, celeridad y el de defensa social (art. 44° Const.); el Juez Supremo Salas Arenas (2017) concluye que es inaplicable la obligación coactiva de acudir al proceso inmediato impuesta a los representantes del Ministerio Público en tanto afecta su autonomía constitucionalmente reconocida, en todo caso cabe el control difuso (p. 128). De esta última opinión también son los Jueces Supremos Rodríguez Tineo e Hinostroza Pariachi (vid., la parte del fundamento jurídico propio del Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116).

[17]         Artículo 259° CPP.: “La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:

  1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
  2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
  3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.
  4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.”

[18]            (…) este último, desde nuestra opinión, colisiona gravemente con la garantía constitucional de presunción de inocencia, pudiendo generar dificultades en su empleo, por ejemplo, encontrar a una persona en posesión de instrumentos o efectos que fueron empleados para la perpetración de un delito dentro de las veinticuatro horas de su comisión no resulta suficiente para desvirtuar el estado de inocencia inherente a todo ser humano, lo cual no satisface la condición habilitante para la instauración de un proceso inmediato, pues no otorga la evidencia objetiva necesaria y suficiente de la comisión del hecho delictivo (Espinoza Bonifaz, 2016, p. 1).

[19]         Cfr., STC. N° 1757-2011-PHC/TC (11/7/2011); STC N° 6142-2006-PHC/TC (14/3/2007); STC. N° 1923-2006-PHC/TC (16/3/2006); STC. N° 2096-2004-HC/TC (27/12/2004); STC. N° 1324-2000-HC/TC (19/1/2001); STC. N° 1107-99-HC/TC (1/12/1999).

[20]         Primero se tiene que definir que la celeridad tiene su expresión en otros principios-garantías de economía procesal, concentración, continuidad, preclusión, etc. En segundo lugar, los otros principios centrales configuradores del proceso penal, plazo razonable, defensa eficaz, presunción de inocencia, etc. (…) El par contrario puede estar configurado por: i) celeridad/plazo razonable; ii) celeridad/derecho de defensa; iii) celeridad/Juez imparcial, etc. Es en función del caso concreto que se resolverá las contradicciones entre principios (Mendoza Ayma, 2017d, p. s/n).

[21]         Coincide con nuestra posición el jurista Arsenio Oré Guardia (2017, pp. 6 y 7).

[22]         Por todos véase los siguientes casos descritos en las resoluciones que “lamentablemente” sirven de muestra a nuestra crítica: Casación N° 842-2016-Sullana. Primera Sala Penal Transitoria (16/3/2017); Exp. N° 02734-2015-99-2301-JR-PE-01 (citado en Salas Arenas, 2017, p. 117); Resolución N° 2 de la Primera Sala Penal de Apelaciones del expediente N° 10499-2015-91-0901-JR-PE-01 (6/1/2016).

[23]         San Martín Castro (2016): Desde luego, se trata de un estado de conocimiento del hecho y de su autor especialmente claro en esta fase del procedimiento de averiguación, que no se preste a polémicas fundadas o que adolezca de ciertas lagunas que determinen la necesidad de actos de investigación adicionales o de corroboración (p. 156).

[24]         Con el mismo razonamiento se pronunció la Segunda Sala Penal de Apelaciones en el Exp. N° 00186-2016-1-826-JR-PE-03 (16/5/2016): Advertimos en este caso, que por complejidad y necesidad de actuación probatoria, debía ser canalizado a través de un proceso ordinario, con todas las garantías del caso, más si hemos cuestionado la flagrancia, que es para lo que está previsto el Decreto Legislativo 1194, proceso penal que si bien es verdad no modifica las etapas ni las formas procesales en sustancia y solo reduce al máximo términos y requerimientos procesales, resulta plenamente válido en casos simples y evidentes (flagrancia) o cuando la evidencia probatoria es de tal magnitud que no existe posibilidad de rebatirla ni desmentirla, que no es el caso.

El proceso penal de flagrancia no tiene por qué reemplazar a los procesos ordinarios, sino que la complementa, la hace ágil e inmediata por las circunstancias en que se descubre el hecho, por la contundencia probatoria directa y porque ya no resultan viables debates estériles e innecesarios que derivan en la demora procesal, pero no puede aplicarse a aquellos casos donde no hay evidencia, donde no hay prueba directa ni donde los hechos y la prueba no están suficientemente determinados, casos en los que se tiene que conducir el asunto a través del proceso ordinario, lo que permitirá un resultado positivo o negativo pero más cercano a la verdad y la justicia, en consecuencia, en este caso es preciso que se reconduzca el proceso por la vía ordinaria (f.j.: 5). La cursiva es nuestra.

[25]         La prueba evidente en la flagrancia, a decir de Espinoza Bonifaz (2016), supone que todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura; y, que se perciba, no se demuestra, se excluye la sospecha, conjetura, intuición o deducciones para establecer la realidad del delito y la participación del imputado (p. 2).

[26]         Arbulú Martínez (2017a, p. 270).

[27]         Revisar la parte pertinente de la Ley N° 27444, los respectivos reglamentos de organización y funciones; y demás normas disciplinarias involucradas con la inconducta funcionarial. En última instancia se recurrirá al delito de omisión o retardo de actos funcionales (art. 377° CP.), que es un delito supletorio; cuando ningún otro tipo penal específico logre asimilar dicha omisión dentro de su alcance.

[28]         Quién mejor que él para descartar los casos donde se solicita este procedimiento especial basado en una flagrancia delictiva sin ningún contenido material de evidencia delictiva; o peor aún, en aquellos hechos donde no hay flagrancia (por ejemplo, un grupo de pobladores que arrestan al presunto autor de un robo y luego de 2 días de tenerlo en su poder recién se lo entregan a las autoridades competentes).

[29]         Vid., Exp. N° 453-2016-0-0201-JR-PE-03 (21/3/2016), 3° Juzgado de la Investigación Preparatoria.

[30]         Artículo modificado mediante el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 de diciembre de 2016.

[31]         Ley que modifica el literal f) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, publicada el 4 de mayo de 2017.

[32]         Tengamos muy en claro que ese es el tiempo máximo que tiene el efectivo policial para poner al detenido a disposición del Fiscal; pero eso no quiere decir que siempre se deba esperar hasta que dicho plazo se agote. Al respecto la reforma del artículo 2.24°.f), a diferencia de la anterior regulación, lo prevé expresamente: “(…) La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones (…).”

Así la STC. N° 6423-2007-PHC/TC (28/12/2009) menciona: El plazo de detención que establece la Constitución es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de la detención. Y es que el hecho de que la detención no traspase el plazo preestablecido; ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, en razón de que esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (f.j.: 7). Cfr., también la STC. N° 1878-2013-PHC/TC (28/8/2014).

[33]         La policía por propia iniciativa, en virtud del artículo 167° del CPP., tiene la obligación, en primer lugar, de intervenir al sujeto que se encuentra en situación de flagrancia delictiva debiendo identificar al intervenido y demás partícipes en el delito, si es que existieran; asimismo, deberá recoger las evidencias e incautar los efectos o instrumentos del delito, así como secuestrar el objeto del delito cuando sea necesario para la investigación, de lo contrario deberá entregarlo a su propietario o a quien se le sustrajo o privó a través de la acción delictiva; igualmente, deberá recabar la manifestación de las personas presentes o que observaron la comisión del delito. (…) En general, la Policía debe practicar las diligencias establecidas en el artículo 68° del CPP., en cuanto sean pertinentes (Gálvez Villegas, 2017, pp. 312-313).

[34]         Informe, Parte o Atestado Policial.

[35]         Aunque es estricta observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad no será necesario en todos los casos llevarlo ante el Fiscal o Juez, sino dejarlo en libertad para que posteriormente, cuando sea debidamente citado, concurra ante la autoridad cuando se lo requiera. Esto vale en los delitos de bagatela. Vid., Arbulú Martínez (2014, p. 411).

[36]         Modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1298, publicado el 29/12/2016.

[37]         Vid., Herrera López (2017, p. 6).

[38]         Y es que, si se mantenía el anterior orden nos encontraríamos frente a una vulneración a la “lógica esencial” del proceso en la mayoría de los casos, ya que, por su propia naturaleza de medida coercitiva (accesoriedad), por ejemplo, la prisión preventiva si necesita de la apertura del proceso inmediato o en su defecto del proceso penal común (Ugaz Zegarra, 2017, p. 150).

[39]         Vid., Camacho Peves (2017, p. 2).

[40]         Art. 278° CPP.: “1. Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la apelación es de tres días. El Juez de la Investigación Preparatoria elevará los actuados dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo.

  1. La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de las setenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del defensor del imputado. La decisión, debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad.
  2. Si la Sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que el mismo u otro Juez dicte la resolución que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 271°.”

[41]         Cfr., San Martín Castro (2016, p. 159); Sánchez Córdova (en Cuba, 2016, pp. 14-15).

[42]         Vid., Prado Soriano y Gaspar Chirinos (2017, pp. 319-327).

[43]         Del mismo parecer Mendoza Ayma (2016, p. 47).

[44]         Mediante el art. 2° del Decreto Legislativo N° 1307 (30/12/2016).

[45]         Vid., STC. N° 4831-2005-PHC/TC (8/8/2005).

[46]         Vid., Casación N° 281-2011 (16/8/2012): El derecho de defensa frente a un ataque, sindicación o imputación en cualquier actuación o trámite de carácter judicial o administrativo consiste en la posibilidad de analizar, desentrañar, controvertir y refutar técnica, jurídica y probatoriamente las acusaciones recibidas en estas materias (…) (f.j.: 3.1). La cursiva es nuestra.

[47]         Vid., Acuerdo Plenario N° 2-2016/CIJ-116, ff.jj.: 5 y 6.

[48]         De la misma propuesta son Salas Arenas (2016, p. 40); Arbulú Martínez (2017b, pp. 50-51); Cuba (2016, pp. 13-14).

[49]            Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Los Jueces han dado otra salida: “(…) los Jueces del proceso inmediato han empezado hacer juicios dentro de los 8 días que dice el proceso común, porque ellos han evaluado y las partes se lo han pedido, incluso hasta la misma Fiscalía. Estos dicen: «Sr., no puedo traer al órgano de prueba, es imposible hacerlo en 72 horas; por lo que solicito un poco más de tiempo» Entonces los Jueces estarían contraviniendo la norma, puesto que esta dice solo 72 horas; sin embargo, ellos lo vienen analizando desde una perspectiva constitucional. Los Jueces dicen: «O lo dejo en indefensión y llevo un juicio acelerado y condeno, con la posibilidad que se anule en la Sala de Apelaciones o llevo un juicio dentro de este contexto de celeridad, un juicio más o menos bien llevado, garantizando el derecho de las partes» ¿Entonces qué han optado? Han empezado a correr los plazos para que las partes puedan traer a sus testigos y después no estén quejándose de que no han tenido la oportunidad de actuación de prueba, el derecho a la prueba, que es un elemento esencial implícito en el debido proceso desde una mirada constitucional y también, tutelado por el Título Preliminar del Código Procesal Penal del año 2004” (Arbulú Martínez, 2017a, p. 140).

[50]         La analogía técnica es un instrumento muy útil para solucionar distintos problemas que a nivel jurídico se dan, desafortunadamente los aplicadores no tienen el suficiente entrenamiento y conocimiento del tema para ponerla en práctica en diversidad de situaciones que efectivamente la requieran. En este caso la analogía es procedente porque cumple con los tres requisitos que ella exige: 1° Vacío legal (no se prevé en las normas referidas al proceso inmediato ninguna salida para transformar el proceso), 2° misma ratio legis (tanto el proceso inmediato como el proceso de seguridad están comprendidas en el libro de los procesos especiales y tienen la virtud de tener como uno de sus principios rectores al de celeridad; además esa transformación del proceso regulada en el art. 458°.1 CPP. está pensada cuando dentro del juicio oral el Juez se da cuenta que no es viable tratar el caso con las reglas especiales, exactamente igual a lo que se busca para el proceso inmediato) y 3° permisión de la especialidad (el proceso penal, en su artículo VII.3 del Título Preliminar del CPP., permite la analogía siempre y cuando no perjudique a la libertad del imputado, cosa que evidentemente no ocurre aquí). Para una mayor profundidad de este instrumento de integración del Derecho recomendamos leer indudablemente a Sánchez Mercado (2007).

[51]         Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116 (6/12/2011): (…) como bien se sabe, al momento que se vienen realizando las diligencias preliminares el Ministerio Público aún no ha formulado la inculpación formal a través de la respectiva Disposición Fiscal; esto es, no ha promovido la acción penal ante el órgano jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión resarcitoria en ausencia de un objeto penal formalmente configurado. Por lo demás, debe quedar claro que con la formalización de la investigación preparatoria propiamente dicha, el Fiscal recién ejerce la acción penal, acto de postulación que luego de ser notificado al Juez de la investigación preparatoria (artículos 3° y 336°.3 del Código Procesal Penal) permite el planteamiento del objeto civil al proceso incoado (f.j.: 17).

[52]         Ya que en los demás supuestos el agraviado puede solicitar su ingreso al proceso penal en calidad de actor civil antes del requerimiento del proceso inmediato, pues el Fiscal cuenta con un plazo máximo de 30 días luego de formalizada la investigación preparatoria para plantear su incoación.

[53]         Una apreciación crítica de la audiencia de constitución de la parte civil, véase Gálvez Villegas (2016, pp. 322-326).