Pronunciamiento Judicial Previo a Solicitud de Cambio de Zonificación [Casación 870 – 2011, La Libertad]

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Pronunciamiento Judicial Previo a Solicitud de Cambio de Zonificación

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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Corte Suprema de Justicia de la República

Lima, veintiuno de marzo de dos mil trece.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  DE  LA REPÚBLICA:

VISTA la causa; con el acompañado, de conformidad con el Dictamen del   Señor   Fiscal   Supremo en   lo   Contencioso   Administrativo;   en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha con los Vocales Supremos Sivina  Hurtado,  Acevedo  Mena,  Vinatea  Medina,  Morales Parraguez  y Rodríguez  Chávez,  con  el  informe  oral;se  emite  la siguiente sentencia:


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1. RECURSO DE CASACIÓN

Se trata de los recursos de casación interpuestos por la Asociación de Vivienda del Colegio de Ingenieros del Perú –Consejo Departamental La  Libertad  AVICIP  V, de  fecha  dos  de  febrero  de  dos  mil  once, obrante  a  fojas  trescientoscuarenta  y  uno,  yla  Procuraduría  Pública Municipal  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Trujillo,  de  fecha  tres  de febrero  de  dos  mil  once,  obrante  a  fojas  trescientos  cincuenta  y  tres contra  lasentencia  de  vista  de  fechatrece de  enero  de  dos  mil  diez, obrante  a fojas  trescientos  catorce,  que  Confirmando  la  sentencia apelada  de  fecha  cuatro  de  junio  de  dos  mil  diez,  obrante  a  fojas doscientos veinticuatro, declara Fundadala demanda de impugnación de resolución administrativa. 

2. CAUSALES DEL RECURSO

Mediante las resoluciones de fechas veintisiete de octubre de dos mil once,obrantes a fojas noventa y cuatro y noventa y siete del cuaderno formado en este Supremo Tribunal, se han declarado procedentes los recursos de casación antes descritos, en los siguientes términos:

I. El recurso de casación interpuesto por la Asociación de Vivienda del Colegio  de Ingenieros  del  Perú –Consejo  Departamental  La  Libertad AVICIPV, se sustenta en las denuncias de: a)Interpretación errónea del  inciso  4  del  artículo  3  de  la  Ley  N° 27444,pues  la  recurrida señala  que  la  Resolución  Sub  Gerencial  N°  119-2008-MPT-GDU-SGHU adolece de motivación; empero dicha resolución contiene todos los requisitos de    validez  del  acto  administrativo  prescritos  en  el artículo  3  de  la  Ley N°  27444, entre  ellos  el  de  motivación,  pues  en ella  se  encuentran  los fundamentos  fácticos  y jurídicos  que  tuvo  en cuenta  la  Municipalidad  Provincial  de Trujillo  al  momento  de declarar improcedente  la  oposición  planteada  por  el  actor  al procedimiento administrativo  de  cambio  dezonificación; b)  Interpretación  errónea del artículo  64 inciso  1)  de  la  Ley  N°  27444, señalando  que la recurrida fundamenta su decisión sólo en el inciso 1 de dicho artículo, pese a  que  debe de  interpretarse conjuntamente  con su  inciso  2  que establece  que la  autoridad  administrativa,  una vez  que  adquiere conocimiento  de  la  existencia  de  procesos  en  sede  judicial, podría inhibirse  solo  si estimara  que  existe  estricta  identidad  de  sujetos hechos y fundamentos, refiriéndose a una vinculación relacionada con la   existencia   de   identidad de   sujetos,   hecho   y fundamentos, vinculación que no existe en el presente proceso, pues los hechos y el fundamento  del  proceso  judicial  de  mejor  derecho  de  propiedad son distintos   al procedimiento   administrativo;


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c)   Inaplicación   de   los artículos  73  y  79  inciso  2  de  la  Ley  N°  27972, alegando  que la primera   norma   establece   que   las   municipalidades   asumen   las competencias   y   ejercen   las   funciones   específicas   señaladas   en materia   de   zonificación   y   conforme   a   la   segunda   norma,   las municipalidades  provinciales  tienen  competencia  para  la  aprobación del plan de acondicionamiento territorial, de la habilitación urbana y de edificación, por lo que la pretensión del actor no debe ser amparada, toda vez que la resoluciones administrativas cuya nulidad, invalidez e ineficacia  se  solicita,  han  sido  emitidas  dentro  del  ejercicio  propio  de sus funciones.


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