Proponen derogar el principio de proporcionalidad para que policías disparen contra protestantes

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Proponen derogar el principio de proporcionalidad para que policías disparen contra protestantes

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La iniciativa legal tiene como objetivo modificar diversos artículos del Decreto Legislativo 1186. Revisa el documento completo en esta nota. 

El congresista Jorge Montoya Manrique presentó el Proyecto de Ley 3973/2022-CR, denominado “Proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo N°1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú”.

La iniciativa legal tiene como objetivo modificar los artículos 3, 4, y 8 del Decreto Legislativo N°1186, que regula el uso de la fuerza policial en nuestro país, es decir, esta norma especifica cuándo los policías pueden usar armas de fuego: pistolas con balas y otras.

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En ese sentido, los artículos 3, 4 y 8 del Decreto Legislativo N°1186,  quedarían redactados en los siguientes términos: 

Artículo 3.- Definiciones: Para los efectos del presente decreto legislativo se debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 

a) Fuerza- Es el medio que en sus diferentes niveles usa el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, orden interno, la integridad o la vida y la salud de las personas. 

b) Uso progresivo y diferenciado de la fuerza- Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona o grupos de personas a intervenir o la situación a controlar. 

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c) Medios de Policía. – Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o acciones violentas contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida y la salud de las personas.

d) Cumplimiento del deber. – Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo la vida y la salud de las personas, así como los bienes públicos y privados, en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas.

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