Propuesta legislaltiva sobre la licencia social

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Proyecto de Ley N° 4796/2019

Los congresistas que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Marco Arana Zegarra, en ejercicio de iniciativa legislativa que le confiere el articulo 107 de la Constitución Política del Perú y conforme lo establecen los artículos 74, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen el siguiente proyecto de Resolución Legislativa.

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República
Ha dado la Ley Siguiente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA LA LICENCIA SOCIAL PARA LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

TíTULO I

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco institucional para la regulación, planificación y gestión de Ia licencia social en las actividades extractivas. Establece los principios, lineamientos, componentes e instrumentos que permiten el desarrollo de la licencia social para dichas actividades; a fin de generar una comunicación temprana entre el Estado, la empresa y la población de afectación directa e indirecta de los proyectos extractivos a desarrollarse, con la finalidad de que prevalezcan los derechos fundamentales de dicha población, para lo cual el Estado implementa una adecuada transformación de los conflictos eco territoriales.

Artículo 2. Principios

La ley que regula la licencia social para las actividades extractivas, se rige bajo los principios de la Ley 28611, Ley General del Ambiente; la Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada por el Decreto Supremo 012-2009-MINAM; y los principios siguientes:

2.1 Principio de Gobernanza

Promueve, desde el enfoque sistémico, la interacción, participación, concertación y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, ei
sector privado, la sociedad civil y las organizaciones de pueblos indígenas u originarios, para optimizar el diálogo y, disminuir la segregación socio espacial, priorizando el interés social y el bien común, a fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de las zonas de influencia directa e indirecta, de los sitios en los que se desarroliarán las actividades extractivas. Este principio contiene además un enfoque intercultural.

2.2 Principio de Empoderamiento

El Estado, tiene la Obligación de dar todas las garantías e información necesaria para reducir las asimetrias de poder, entre las empresas extractivas que aspiren a Ia licencia social y, las poblaciones de afectación directa e indirecta, durante el proceso de construcción de relacionamiento para dicha licencia.

2.3 Principio de Transparencia

El Estado deber de poner a disposición de la ciudadanía, toca la información de carácter público relacionada con la empresa a cargo de las actividades extractivas. La publicación de Ia información se da. en el marco del derecho de toda persona de acceder adecuaca y oportunamente a la misma, en aras de reducir las asimetrías de información. Por ello, en los casos en los que amerite. dicha información es dada desde el enfoque intercultural y en el Idioma predominante en la zona. EI Estado rinde cuentas de su gestión con arreglo a las normas sobre la materia e investiga toda actividad ilegal, publicando sus resultados, salvo las excepciones que establece Ia ley de Ia materia.

2.4 Principio de Integración

El Estado debe diseñar e integrar medidas para Ia mejora continua de la gestión de los conflictos eco territoriales, ante el desarrollo de las
actividades extractivas. Para ello, las políticas de desarrollo de los diversos sectores intergubernarnentales concernidos en la presente ley incorporan ademas el enfoque de derechos humanos y derechos ambientales y territoriales. de las poblaciones identificadas en los impactos directos e indirectos.

2.5 Principio de transversalidad e intersectorial

La intervención del Estado, bajo la conducción de las entidades competentes, frente a la construcción de la licencia social, entre empresas
extractivas y, poblaciones afectadas en el área de influencia directa e indirecta, es transversal, multinivel, multisectorial y planificada con intervención de los distintos sectores y actores estatales. incorporando una visión integral, con Ia cooperación de los sectores no estatales, entre los que se encuentran los pueblos indigenas u originarios, para el planteamiento de respuestas multidimensionales y articuladas.

2.6 Principio de prevención

EI Estado debe promover politicas y acciones orientadas a planificar, prevenir, Vigilar y evitar conflictos denominados eco territoriales, derivados por la relación entre actividad extractiva y los impactos adversos de Ia misma, más aún en un escenario de cambio climático y
estrés hídrico previsto en el país- En ese sentido. el Estado tiene la responsabilidad de que la licencia social responda a un criterio de oportunidad, a fin de garantizar Ia salud y vida de las personas, asi como la sostenibilidad ambiental, al que deben adecuarse las inversiones en las llamadas industrias extractivas para que puedan ser consideradas responsables.

2.7 Principio del Buen Vivir

Garantiza que, la licencia social, responda a un manejo responsable y sustentable de los bienes comunes, asi como a una relación de responsabilidad y cuidado del entorno natural de los recursos hidricos, suelo y áreas de conservación. Garantizando asi, el acceso a derechos ambientales en territorios que aseguren calidad de vida libre de IOS riesgos de contaminación antrópica, Ello, en el marco de Ia articulación y reconocimiento de las diversas culturas y, de los saberes ancestrales, que han sabido salvaguardar la armonía entre actividades antrópicas y el equilibrio natural. al servicio de lo cual se utilizan mejores innovaciones científicas y tecnológicas sostenibles.

2.8 Principio de Interculturalidad

El Estado, a través del Ministerio de Cultura, garantiza el reconocimiento de la cultura, de las comunidades, pueblos indigenas u originarios que se encuentran en el área de influencia directa O indirecta de las actividades extractivas. En ese sentido. las empresas extractivas, en coordinación con el Estado, para licencia social, debe considerar como enfoque primordial, el intercultural para el manejo del diálogo y acercamiento a las comunidades y pueblos indigenas u onginanos, reconociendo los conocimientos ancestrales. La licencia social es anterior a la consulta prewa.

Articulo 3. Enfoques para Ia regulación de Ia licencia social en las actividades extractivas

3.1 Enfoque de transformación de conflictos eco territoriales

Establece que los conflictos eco territoriales, producto de las actividades extractivas se constituyan como espacios de aprendizaje, a través Cel diálogo Ia interacción y, el reconocimiento de saberes mutuos. En ese sentido, es importante el conocimiento de los problemas estructurales que generan dichos conflictos y el involucramiento transversal y coordinado, de las autoridades competentes. Así en aras
de la transformación de los conflictos eco territoriales, se reconoce en estos las aristas positivas que den paso a alternativas en favor de la población que se vería afectada, directa e indirectamente. por las actividades extractivas.

En ese sentido, el enfcyaue planteado permite la previa identificación de los problemas, de los sectores extractivos materia de la presente ley, a través de procesos de estimación, prevención y reducción de riesgos ambientales y sociales; y de cumplimiento de compromisos previos, para con Ia población, como con el medio ambiente.

3.2 Enfoque de Derechos Humanos

El Estado debe garantizar, ante ta licencia social, que, en el proceso de construcción de Ia misma, no se vulneren derechos de los defensores y defensoras amblentales. asi como de quienes ejercen el derecho a la protesta frente al acceso de sus tierras o territorios y/o de sus actividades económicas, las cuales forman parte de su cultura; con especial énfasis en las comunidades, pueblos indígenas u originarios.

3.3 Enfoque de Justicia Hídrica

Este enfoque permite además que. la licencia socia’ en actividades extractivas, considere a Ia justicia hídrica. entendida como un derecho humano, que promover la equidad y las relaciones socio ambientales justas y, ecológicamente sostenibles. Ésta permite el aseguramiento del bien común hídrico para las poblaciones más vulnerables, tanto para el consumo humano, el desarrollo de sus actividades económicas y la conservación de los ecosistemas; por 10 que, debe ser un eje central al momento del diálogo para la licencia social, entre Estado, población y empresa.

3.4 Enfoque de Género

Las entidades públicas competentes, tienen la responsabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que, en la construcción de la licencia social, prevalezca el enfoque de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, desarrollando politicas que permitan la participación de la mujer en los mecanismos de diálogo en el proceso de licencia social, priorizando sus intereses y necesidades.

3.5 Enfoque de Interculturalidad

Dialoga, valora e incorpora las diferentes visiones culturales y conocimientos ancestrales. concepciones de bienestar y desarrollo de los pueblos indigenas u originarios estrechamente relacionados a su identidad Se enlaza con el principio de interculturalidad de Ia presente Ley, en tanto reconoce a su vez que, en el proceso de construcción de relación entre empresa y población, en el cual el Estado es mediador, la cultura de quienes se encuentran en el área de afectación directa e indirecta de los proyectos extractivos, es predominante; 10 cual implica, su relación con la tierra y territorio y; con el medio ambiente que los rodea.

3.6 Enfoque Intergeneracional

La licencia social, considera el enfoque intergeneracional, en un escenano de cambio climático, en el cual. las declsiones y acciones tomadas por las generaciones actuales garantizan que las futuras generaciones de zonas de influencia directa e indirecta de IOS proyectos extractivos, puedan tener derecho a un entorno ambiental sostenible, el cual no debe ser de menor calidad al que vive la generación actual.

CAPiTULO II
MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA LICENCIA SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

Articulo 4. De la licencia social

La licencia social es el proceso, previo al procedimiento administrativo que faculta el imcio de las actividades extractivas, mediante el cual, la empresa titular de las mismas, debe realizar, en coordinación con las entidades competentes y, el Ministerio de Cultura —cuando se trate de comunidades, pueblos indigenas u originarios—, una serie de hechos concatenados de construcción de relaciones con las poblaciones del área de afectación directa e indirecta; a fin de generar diálogos continuos y culturales, que expliquen IOS alcances del proyecto a realizarse y, que, permita compromisos entre Estado, población y empresa.

La licencia social, es un requisito, para el inicio del procedimiento administrativo para la viabilidad de IOS proyectos extractivos, frente al Estado. La licencia social, por ende, es previa a la participación ciudadana establecida en la Ley General del Ambiente y, sus normas complementarias, no la reemplaza, ni a ésta, ni a la consulta previa establecida en la Ley de Consulta Previa y, su Reglamento.

Los acuerdos de la licencia social son exigibles en sede administrativa y judicial, y son verificados, por Ia Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con las entidades competentes.

Artículo 5. Gestión integral para la licencia social

El Estado, a través de las entidades competentes, sectoriales, regionales y locales, en matena de actividades extractivas, así como, para Ia gestión de conflictos sociales, incorporan en sus politicas, estrategias, planes y programas, medidas de diálogo continuo que permita el cierre de brechas sociales. en el cual el objetivo central sean los derechos fundamentales de las poblaciones de afectación directa e indirecta, de los proyectos extractivos que buscan la licencia social. Así, se integra la transformación de conflictos sociales, con el desarrollo del país en armonía con su cultura y los recursos naturales.

Articulo 6. Autoridades competentes

La Presidencia del Consejo de Ministros es Ia autoridad nacional en materia de gestión e intervención de conflictos eco territoriales y la autoridad técnico- normativa, a nivel nacional en dicha materia, en el marco de sus competencias, para la intervención en el proceso de social de las actividades extractivas.

Los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Producción, Agricultura y Riego, Cultura y, sus órganos adscritos, los gobiernos regionales, desde sus respectivas gerencias y. los gobiernos locales, se constituyen en autoridades competentes para Ia intervención en el proceso de Licencia Social, en el ámbito de sus jurisdicciones, y emiten la normativa correspondiente en el ámbito de sus competencias y funciones.

CAPiTULO III
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA SOCIAL

Artículo 10. Estrategias Nacional y Regionales para la intervención en los procesos de licencia social

Las estrategias a nivel nacional y regional, para Ia intervención en los procesos de licencia social, cuentan con un plan de acción para su implementación. El reglamento de Ia presente ley define los alcances de dicho plan de acción, La Estrategia Nacional, es elaborada por la Presidencia del Consejo de Ministros, con la opinión favorable del sector competente en cada matena extractiva, el Ministeno del Ambiente y, para el caso de comunidades, pueblos indigeras u originarios, también del Ministerio de Cultura. Ésta será aprobada por Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La Estrategia Regional, es elaborada por el gobierno regional correspondiente, en coordinación con Ia autoridad nacional, con la opinión consultiva de las autoridades competentes y, aprobada mediante ordenanza regional, con la opinión favorable, de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Articulo 11. Protocolo de intervención del titular de la actividad extractiva

El Estado, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y las entidades fiscaliza, que el protocolo de intervención para el relacionamiento de las empresas extractivas. cumpla con los principios y de la presente ley. Asimismo. cumpla con no realizar prácticas antiéticas. que involucren —en la etapa de Ia licencia soctal— actos de financiamiento; los cuales, además cuentan con regulación propia, para cada actividad extractiva materia de Ia presente ley. EI protocolo de intervención, debe tener como base el reconocimiento de la cultura y costumbres de las poblaciones de afectación directa e indirecta. Para los casos en los que se identifiquen comunidades, pueblos indígenas u originarios, interviene además el Ministerio de Cultura, desde el Viceministeno de Interculturalidad.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Reglamentación

El Ejecutivo, reglamentará Ia presente ley, en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días hábiles. contados desde el día siguiente de su publicación, bajo responsabilidad funcional y politica.

Lima, setiembre de 2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA

Ante el debate generado sobre la licencia social y los alcances de Ia misma, se hace evidente una falta de regulación respecto a la misma, la cual ha sido aprovechada por empresas extractivas, principalmente del sector minero, a fin de validarla, sin fundamentos previos, ni reglas establecidas.

Es por ello que, la presente propuesta normativa tiene como finalidad, el establecer un marco institucional que permita la regulación, planificación y gestión de Ia licencia social. aplicada a todas las actividades extractivas, que se realicen en el pais. Es por ello que, la norma en cuestión, establece los principios, lineamientos, componentes e instrumentos que rHmiten el desarrollo de la licencia social para dichas actividades.

Es por ello que, la presente norma, tiene como eje central la interacción entre el Estado. poblaciones afectadas —directa e indirectamente— para una comunicación temprana y continua, ante los proyectos extractivos a desarrollarse. El objetivo de esa comunicación e interacción debe ser la prevalencia de los derechos fundamentales de los habitantes que se verían afectados por las actividades extractivas a desarrollarse Ahora bien, la presente norma, tiene un importante aporte, respecto al reconocimiento de conflictos eco territoriales, ante los que, el Estado, debe implementar una adecuada transformación de los mismos.

ANTECEDENTES GENERALES

II. EFECTO DE LA INICIATIVA LEGISLACIÓN NACIONAL LEGISLATIVA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Sobre la Licencia Social

EI debate sobre la existencia de la licencia social. data desde aproximadamente diez años. Sin embargo, esta es una configuración en abstracto que ha intentado ser definida por diferentes teóricos o esvECialistas en materla ambiental y legal, Así. por ejemplo, para el ex ministro del ambiente. Manuel pulgar Vidal, Ia licencia social es un hecho que deriva de una acción humana. entre 0VHador y comunidad’. En ese sentido, Pulgar

Vidal, indica que la licencia social, es una “filosofía de operaciones” Sin embargo, ante ello, salta la pregunta de, si estos actos concatenados entre empresa extractiva y comunidades —entendiéndose el término amplio cie comunidad— debieran ser dejados al libre albedrio del despliegue de las empresas extractivas o. debiera ser regulado por el Estado, a fin de salvaguardar derechos fundamentales, en tanto lo que está en juego son dos factores importantes: (i) medio ambiente y (ii) salud poblacional.

Sumado a ello, en un escenario de cambio climático, la licencia social que podria ser traducida como el permiso que otorga la población de las zonas de impacto directo e indirecto de las actividades extractivas, no puede dejar de lado dos situaciones concretas, en tanto son recursos naturales los que serán explotados y cuya consecuencia recae —impactando negativamente— en componentes ambientales, tales como suelo o recursos hídricos, En ese sentido, el resguardo del medio ambiEnte para las generaciones futuras debe estar presente en la toma de decisiones de las generaciones actuales, asimismo, el estrés hídrico al que nos enfrentamos debe ser considerado antes de otorgar la social. Ello, en tanto el Perú es uno de los tres paises más vulnerables al cambio climático.

Es por ello que, regular Ia licencia social no es acto arbitrario, sino que tiene un fundamento en una relación histórica de impactos ambientales adversos por parte de las empresas extractivas, en las que, poblaciones, comunidades campesinas. nativas, pueblos indigenas u orginarios, se han visto afectados. tanto a nivel territorial. como a nivel ambiental, Asi, el Estado, en tanto es quien otorga los permisos a nivel de concesiones y da inicio a trámites administrativos. no puede ser ajeno a una realidad en la que hay una situación de asimetria de poder, entre empresa y sociedad.

Por lo que, regular la licencia social, es una manera de contribuir con establecer reglas claras que, Ia empresa a cargo de Ia actividad extractiva, deberá cumplir y. que no quede en abstracto, sino que sea plasmada en una relación de compromisos en IOS que, el Estado —a través de las autoridades competentes para cada tipo de actividad— tenga la función de dar seguimiento a Ia obligatoriedad de los mismos, antes del inicio del procedimiento administrativo para la tramitologia referente a permisos que la empresa debe cumplir para tener, tanto el Estudio de Impacto Ambiental, como el inicio de procesos (construcción. operación, cierre, entre otros).

Por otro lado, en Ia linea de lo antes señalado, la norma en mención presenta un significativo aporte con relación a los principios y enfoques que debe contemplar la licencia social. tal como el principio de gobernanza; el cual plantea, a grandes rasgos, optimizar el diálogo y la disminución de la segregación socio espacial, a fin de priorizar el interés social y el bien común.

En esa linea, es importante señalar, lo expuesto el International Institute for Environment and Development, con relación al informe final del proyecto “Mining. Minerals and Sustainable Development- MMSD” cuando indica que “en zonas donde la gobernanza es débil, las comunidades suelen acudir a las empresas en actividad, las que se han encontrado suministrando servicios para el desarrollo con el fin de obtener o mantener su licencia social para operar”. Esta idea forma parte de Ia construcción abstracta de Ia licencia social, en tanto, ante la ausencia del Estado, es Ia empresa extractiva quien se involucra asumiendo Obligaciones que competen a las autoridades estatales y, son usadas por dichas empresas, para intentar formar lazos de cooperatividad, con el objetivo de lograr que Ia sociedad acepte su intervención extractiva, sin mayor información respecto a los impactos de la misma.

Asimismo, el principio de empoderamiento —que será desarrollado más adelante— plantea la importancia de reducir las asimetrías de poder, con la finalidad de que las poblaciones de afectación directa e indirecta, de las actividades extractivas, interactúen a nivel de condiciones similares, para el proceso de construcción de la licencia social.

Por Otro lado, estos principios se vinculan al de Ia transversalidad, prevención y buen vivir. Así. el de transversalidad está orientado a que, frente a la construcción de la licencia social, Ia intervención del Estado es una tarea multidimensional y que debe estar plasmada en todas las politicas públicas.

Con relación al principio de buen vivir, es importante destacar cómo contribuye este, a la construcción de la licencia social, en tanto es una garantia para que ésta sea dada en el marco de un manejo responsable y sustentable de los bienes comunes. Esto implica, el previo reconocimiento de los derechos de Ia naturaleza y, también, en el caso de las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas u originarios, el reconocimiento de sus saberes ancestrales que permiten la armonia entre las actividades antrópicas y ta naturaleza. Así, esta norma, plantea de la mano de este principio. el de interculturalidad.

Ello, toda vez que, Ia mayoria de actividades extractivas en el sector minero y de hidrocarburos, se desarrollan en territorios de comunidades campesinas. nativas, pueblos indigenas u originarios.

Ahora bien, Ia ausencia de una regulación en materia de la llamada licencia social, sólo ha generado una suerte de incertidumbre y falsas expectativas en la población que se ubica en el área de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas. Ello, en tanto no se determina, ni cómo se da. ni cómo se construye la misma y, habiendo normativa ambiental especifica. cómo ésta colisiona o no, con ella. Esto debido a que, la licencia social, es una oncepción conceptual creada por las propias empresas. Sin embargo, este margen de discrecionalidad en ellas permite que, en la práctica no se pueda medir el impacto de la misma y que, termine siendo sólo parte de Ia imagen institucional de las empresas.

De los conflictos eco territoriales: La licencia social como mecanismo de prevención

A manera de introducción. es preciso señalar que la Defensoria del Pueblo maneja un concepto diferente al de la Presidencia del Consejo de Ministros, con relación al estado de los conflictos, Esta conceptualización, permite visibilizar o no, una cantidad determinada de conflictos sociales. Así, para la Defensoría del Pueblo. hay dos tipos de conflictos:

  • Activo: Es el social expresado por alguna de las partes 0 por terceros a través de demandas públicas, formales o informales.
  • Latente: Es el conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o inactivo, en el que se puede observar Ia concurrencia de factores que tienen un curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable.

De acuerdo a la información de la Defensoría del Pueblo’, a fines de julio de 2019, se contaba con 135 conflictos sociales activos y 49 latentes. De los cuales, ta mayoría se concentra en Áncash, Cusco y Loreto. Ahora bien, los conflictos mineros. se ubican dentro de IOS que son de tipo socioambiental. Al respecto, Ia Defensoria del Pueblo ha determinado que de los 184 conflictos (activos y latentes), 123 son de tipo socioambiental; de los cuales. 79 pertenecen al sector minero, esto es, el 64.2% de los mismos.

Ahora bien, sólo en el mes de julio, de esos 123, aparecieron 8 nuevos conflictos, los cuales 6 son de tipo socioambiental por actividades mineras. Cabe indicar que, el conflicto Tia Maria, no es considerado un conflicto nuevo. vez que este se encontraba, para la Defensoria del Pueblo, como activo. desde hace varios meses.

Sin embargo, para la Presidencia del Consejo de Ministros, los conflictos mineros serian un 42% de los conflictos sociales, esto de acuerdo al reporte anual WIIaqniki 2019; reporte que está a cargo de la Secretaria de Gestión Social y Diálogo. como órgano de linea especializado del Viceministerio de Gobernanza Territorial.

Ahora bien, para entender los conflictos ecoterritoriales, es importante entender el extractivismo, Asi, Gudynas5, indica que el extractivismo es la actividad de extracción de recursos naturales, a un volumen elevado o, en una alta intensidad; extracción que tiene como principal objetivo la exportación como materia prima sin procesar o con un procesamiento mínimo. En esa linea, para Rocio Silva Santisteban6, hace un paralelismo, entre extractiwsmo y conflicto ecoterritorial, deslindado asi, del concepto conflicto socio ambiental. Esto, en tanto, la actividad extractiva, requiere del territorio de las poblaciones, comunidades y/o pueblos indigenas u originarios, para el desarrollo de las mismas y, por ende, el desplazamiento de quienes lo habitan seria necesario. En ese sentido, la licencia social. no regulada hasta ahora, no hace más que intentar validar una suerte de consentimiento que podria vulnerar derechos colectivos, más aún cuando se trata de poblaciones vulnerables. Ahí radica Ia importancia de que el Estado esté presente en Ia construcción de la misma.

Por otro lado, en el marco del extractivisrno, la licencia social, busca la aceptación de quienes se verian afectados. tanto directa o indirectamente, a través de un esquema de estrategias que permitan vender un proyecto extractivo. Sin embargo, esto va más allá de los impactos ambientales que pueden estar explicados 0 no, sino que, en las estrategias comunicacionales no se habla del despojo de tierras o que las mismas sean inhabitables. Citando nuevamente a Gudynas, este indica que el extractivismo cobra una”enorme importancia, hasta convertirse en uno de los principales factores de reestructuración territorial, impactos ambientales a gran escala y efectos sociales, económicos y políticos muy amplios”

En ese sentido. el camino hacia la licencia social, ha estado marcado por una estructura de estrateyas que ha considerado incluso, malas prácticas para lograr la aceptación de las poblaciones que se verían afectadas. Asi, estas malas prácticas han generado, como en el caso del proyecto Tia María, cnnflictos ecoterritoriales, que van en un escalonamiento que el Ejecutivo no puede frenar, ante una inadecuada transformación de IOS mismos.

Ahora bien, Ia norma sobre licencia social no habla de conflictos socioambientales, debido a que dicha definición no alcanza los límites de la licencia social. Así, Ia licencia social, se da antes del Estudio de Impacto Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, y sin explicar los efectos de desplazamiento que sus actividades conlleva; desplazamiento que se vincula con el territorio.

Lo anterior, se intensifica cuando hablamos de comunidades campesinas, nativas o, de pueblos indigenas u originarios, Esto, en tanto sus derechos colectivos están vinculados al territorio y, al nexo de este con el desarrollo de su cultura. Algo que, el Estado peruano, ha reconocido proteger de acuerdo al Convenio 169 de la OIT para pueblos indigenas y tribales.

En ese sentido, la norma propuesta. reconoce ello y aporta desde el reconocimiento de estos conflictos y las estrategias para transformarlos.

De Ia reducción de asimetrias: la importancia de Ia presencia estatal en la construcción de Ia licencia social.

Las asimetrías de poder están presentes en la negociación entre empresa y población. Ya sea porque Ia empresa cuenta con mayor despliegue económico o, con mayor nivel de información, que no está a la mano del poblador local que se verá afectado por la presencia de Ia actividad extractiva.

Es por ello que, la norma plantea corno uno de sus principios el de empxxieramiento, como meta para la reducción de brechas y de asimetrias, a fin de que las poblaciones, comunidades, pueblos indigenas u originarios, puedan estar en igualdad de condiciones al momento de construir el proceso de licencia social.

Sin embargo, 10 que se ha vivido en la práctica, en tanto la licencia social no ha estado regulada, es una búsqueda de diferentes medios para la aceptación de un proyecto extractivo, el cual ha tenido incluso la intervención de fuerzas policiales. con la finalidad de la hostilización. represión y, criminalización de la protesta, ante la ausencia de esa supuesta licencia social y, con la finalidad del despojo de las tierras.

Para Hoetmer, estas prácticas no sólo estarían vinculadas a la pugna por el uso de un terreno en especifico, sino también por cómo se organiza el territorio; 10 cual conlleva a consecuencias sociales, politicas y culturales’.

Ahora bien, de acuerdo a informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto del 2015, como del 2017. la criminalización de la protesta ha ido en aumento, ante actividades extractivas y contra defensores ambientales o de derechos humanos.

Así, en el Informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”, del 2015, la CIDH recomienda, entre otros aspectos, Ic siguiente:

Fortalecer la protección para el derecho de la partictpaciOn de las y los defensores de derechos humanos, asi como de tas personas afectadas, o quienes podrían estar afectadas, en proyectos de desarrollo que impactan en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Para la CIDH, es sumamente importante contar con dicha participación antes de iniciar el proyecto, así como en todas las fases de su ejecución.

Esta recomendación es reccgida de alguna manera por la presente propuesta normativa, en el proceso de construcción de la licencia social, con miras además, de que el objetivo por parte del Estado sea el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales de quienes se verán afectados directa e indirectamente por Ia actividad extractiva y, a que estos sear a la vez empoderados, por el propio Estado.

Asimismo, en el Informe de Ia CIDH *Políticas integrales de protección de personas defensoras” del 2017, dos años después del informe anterior, la CIDH reconocía que las asimetrias se mantenían y que, además. el escalonamiento de la criminalización de Ia protesta, era un hecho que se debia combatir.

Considerando ello, la presente propuesta normativa, tiene como una de sus fines, reconocer que, en el proceso de construcción de la licencia social, no se vulneren derechos de quienes defienden sus tierras, territorios y recursos naturales. Ya que, deprlos en un estado de indefensión, sería además ir en contra del propio Estado democrático.

III. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL LA PRESENTE INICIATIVA NO TIENE EFECTO DIRECTO SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente norma no tiene efecto directo sobre Ia legislación nacional.

IV. ANÁLIS COSTO BENEFICIO

La norma propuesta cuenta con el financiamiento requerido, por lo que, no genera gastos adicionales al erario naconal.

Respecto al beneficio que genera su aprobación, debemos señalar que, ésta permitirá contar con una regulación de una figura que ha vemdo siendo dibujada en 10 abstracto, por las empresas extractivas_ Asi, no sólo plantea su regulación, sino cómo darle viabilidad a la licencia social, sin vulnerar derechos fundamentales, de quienes habitan en las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos.

Adicionalmente, la presente propuesta normativa contribuye a la prevención de conflictos eco territoriales, toda vez que, permite identificar los problemas estructurales previos a la realización de proyectos extractivos y; contribuye, a frenar el escalonamiento de IOS conflictos eco territoriales.

Finalmente, la norma propuesta permite que, antes del inicio de los procesos de participación, los habitantes de las áreas de influencia directa e indirecta, de los proyectos extractivos, tengan información que Ia toma de decisiones —de Ia viabilidad o no del inicio de los procesos administrativos con miras al inicio de actividades extractivas— en el marco de la sostenibilidad ambiental y en Ia armonia con la naturaleza y; en aras de la protección de generaciones futuras.

V. RELACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA CON LAS POLiTlCAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa tiene relación directa con las siguientes políticas de Estado y agenda legislativa del Acuerdo Nacional:

• Democracia y Estado de Derecho

POLÍTICAJUSTIFICACIÓN
Fortalecimiento del régimen democrático y del estado del derechoEl Proyecto de Ley busca, a través de la intervención estatal, en el proceso de construcción de licencia social, la construcción de un Estado de Derecho para todos y todas, en el que se reconozcan derechos fundamentales antes que objetivos económicos.
Institucionalización del diálogo y la concertaciónEn la búsqueda del Estado de Derecho, el proyecto de ley busca el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo, mediante el empoderamiento y reducción de asimetrías.

• Competitividad del pais:

POLÍTICAJUSTIFICACIÓN
Desarrollo sostenible y gestión ambientalEl Proyecto de Ley se vincula a la política sobre Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, en tanto, ésta promueve la coordinación entre Estado y sociedad civil para una visión de derechos fundamentales de la naturaleza, ante actividades extractivas. Reconociendo además que las decisiones actuales, son claves para las generaciones futuras, ante recursos naturales en un escenario de cambio climático,

• Estado eficiente, transparente y descentralizado:

POLÍTICAJUSTIFICACIÓN
Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensaLa intervención estatal en el proceso de construcción de la licencia social, busca generar espacios de toma de decisiones, con información oportuna y adecuada. En ese sentido, el proyecto de ley va de la mano de dicha política, en la cual, el acceso a la información además es un mecanismo para la reducción de asimetrías.
Política de Estado sobre los recursos hídricosSe vincula de manera transversal, toda vez que, las actividades extractivas hacen uso del recurso hídrico Así, uno de los efectos del cambio climático será el estrés hídrico, lo cual generará sequias prolongadas y que, actualmente ya lo vemos en algunas regiones. En ese sentido, el aseguramiento del recurso hídrico como fuente para Ia ciudadanía y Ia sostenibilidad del medio ambiente en general, es una prioridad dentro de la política en mención. Así, el proyecto en mención considera y revalora el recurso hídrico como un derecho fundamental,

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