Protesta Ica: ¿Por qué derogar la ley de “promoción agraria”?

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Por: Víctor Esteban Cuaresma Palacios,

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Sumario: 1. Contexto, 2. ¿Cuál fue el propósito de la ley de “promoción agraria”?, 3. ¿Porque se debe derogar la ley agraria?, 4. Derecho a la protesta, 5. Reflexiones finales.

1. Contexto

En horas de la madrugada del 30 de noviembre del año en curso, los trabajadores de distintas agroexportadoras se concentraron para una marcha pacífica en la zona de “El Álamo”-Ica, un lugar donde habitualmente las personas se embarcan en ómnibus para luego dirigirse a laborar a los campos de uva y esparrago conocidos como “fundos” ubicados en todo el valle de Ica.

Esta protesta pacífica era contra la Ley 27360 Para Promover y Mejorar las Condiciones para el Desarrollo de la Actividad Agraria, una norma con título disfrazado que recorta los derechos y benéficos laborales. Los trabajadores buscan la derogatoria de esta ley.

2. ¿Cuál fue el propósito de la ley de “promoción agraria”?

La Ley 27360 de Promoción del Sector Agrario, fue publicada el 31 de octubre de 2000 firmada por Alberto Fujimori y el entonces Ministro de Agricultura, José Chlimper.

Esta norma declaraba de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, y cuyos alcances de esta ley, comprendía a las personas naturales o jurídicas que desarrollaban cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal. También se comprendían a las personas naturales o jurídicas que realizaban actividad agroindustrial, siempre que utilizaran principalmente productos agropecuarios o igual naturaleza.

Es decir, el propósito de la norma era flexibilizar el sector agroexportador, estableciendo un régimen especial de trabajos que reducía algunos beneficios laborales por la característica de temporalidad de las labores (remuneración diaria no menor a S/. 16 soles por 4 horas diarias de labores en promedio; remuneración que incluía a la CTS y las gratificaciones). Permitiendo todo esto captar un mayor interés de los inversionistas, toda vez que, las infraestructuras alrededor de las plantaciones de exportación, requerían una inyección inicial considerable de capital que no se recuperaba, sino hasta que las plantaciones darían su cosecha, lo cual podría pasar de 03 a 05 años para empezar a exportar. Con ese fin, se estableció la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2010.

Sin embargo, vencido el plazo inicial y sin mayores modificaciones se volvió a prorrogar dicha norma hasta el 30 de diciembre del 2021[1]. Permitiendo con eso que, por casi 20 años de dicho régimen especial agrario, las empresas agroindustriales crecieran y generaran anualmente alrededor de 5 mil millones de dólares[2], a consta de la reducción de beneficios laborales.

Pese a todo ello, el entonces presidente del República Martín Vizcarra, mediante Decreto de Urgencia 043-2019, extendió la vigencia de la ley hasta el año 2031. Lo que, hace inaceptable que se mantenga este régimen especial por 10 años más, cuando dicha norma ya ha cumplido su propósito inicial durante sus primeros años. Por tanto, debe consensuarse un nuevo régimen laboral, toda vez, que las empresas agroexportadoras ya han desarrollado sus inversiones obteniendo ganancias que las hacen sostenible.

3. ¿Porque se debe derogar la ley agraria?

Los cuestionamientos a la ley de promoción agraria son diversas, entre las principales están:

La Remuneración Diaria (RD), es de S/ 39.19 soles, siempre y cuando laboren más de 4 horas diarias en promedio. Remuneración que está compuesta por la suma de la remuneración básica, las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad, más la compensación por tiempo de servicios (CTS). Es decir, la remuneración es insuficiente, porque la realidad es que muchos trabajan más horas y algunos reciben un pago menor.  Asimismo, los campos agroexportadoras se ubican en lugares alejados, por la cual los trabajadores se levantan a las 4 de la madrugada y muchos de ellos regresan a sus hogares a las 5 de la tarde, sin que se le considere ningún incentivo al respecto.

En ese orden, las empresas SERVICES alquilan personal de trabajo para cubrir ciertas actividades de las agroexportadoras; sin embargo, estas abusan de los trabajadores al incumplir con el pago puntual de salarios, reducción del mismo, no dan beneficios sociales, tampoco proveen implementos de seguridad ni las herramientas de trabajo. Lo que, en efecto, termina vulnerando los derechos fundamentales del trabajador; más aún, cuando la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -SUNAFIL, se mantiene inerte frente a los abusos.

Por su parte, las movilidades de traslado a las agroexportadoras no cubren el aforo, toda vez que, en tiempo de cosecha durante los meses de verano, las unidades móviles se ven abarrotadas por la asistencia masiva de trabajadores, que son trasladados en tales condiciones durante horas hasta sus distritos de origen.

Así también, las empresas agroexportadoras no brindan equipo de trabajo ni de protección para las actividades, por ejemplo, a pesar que los trabajadores desarrollan sus actividades en pleno sol de verano, no se les brinda un sombrero ni lentes de protección para protegerlos del polvo de las plantaciones que contienen químicos. Tampoco, se cuentan con suficientes servicios higiénicos exclusivamente para los trabajadores. Los trabajadores, ingieren sus alimentos en pleno campo donde se aplica los productos químicos a las plantaciones, porque muchas empresas no cuentan con una sala comedor destinada para ese fin.

Estas y otros cuestionamientos no son considerados en la ley vigente, tampoco la fiscalización no es efectiva, lo cual exige la derogación de la ley, y un consenso alturado que de origen a un nuevo régimen agrario más justo.

4. ¿Derecho a la protesta?

Los trabajadores agrarios espontáneamente han decidido protestar ocupando la vía principal de la Carretera Panamericana Sur – Ica. Esto ha dado lugar que nos cuestionemos si tal acto es ilegal. Al respecto, el artículo 283° del Código Penal, prescribe una sanción penal de entre 4 a 6 años para quienes impidan o entorpezcan el normal funcionamiento de los servicios de transporte y comunicación.

Sin embargo, el artículo 2°. 12 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho: A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, (…)”. También el Tribunal Constitucional, en la sentencia histórica recaído en el Expediente N.º 0009-2018-AI/TC, reconoció el ejercicio al derecho a la protesta cuando en ausencia del Estado, se incumplen las obligaciones, y en efecto, se vulneran los derechos humanos. Es decir, reconoció la protesta como un derecho fundamental, cuya expresión es la reivindicación de las minorías que no logran ser representadas en los ámbitos institucionales a los que solo acceden las mayorías.

Asimismo, en el conocido caso en los Estados Unidos: Adderley vs. Florida, se discutió sobre el derecho a la protesta. Al respecto el Juez de la Corte Suprema de USA, William Brennan, indicó que:

  • “Los métodos convencionales de presentación de peticiones pueden estar, y a menudo han estado, cerrados a grandes grupos de nuestros ciudadanos. Los legisladores pueden hacer oídos sordos; las quejas formales pueden encaminarse interminablemente a través de un laberinto burocrático; los tribunales pueden dejar que las ruedas de la justicia giren muy lentamente. Los que no controlan la televisión y la radio, aquellos que no pueden permitirse anunciarse en periódicos o distribuir panfletos elaborados pueden tener sólo un tipo más limitado de acceso a los funcionarios públicos. Sus métodos no deben ser condenados como tácticas de obstrucción y hostigamiento mientras la reunión y la petición sean pacíficas, como lo fueron”. (Adderley vs. Florida, pg, 385 US 39 -1966)[3]

En ese sentido, está claro que se ha reconocido el derecho fundamental a la protesta para todas las personas que ejerciéndola pueden ser escuchadas por las autoridades gubernamentales; sin embargo, este derecho debe ser contrastada con los demás derechos fundamentales de la colectividad, por lo menos, no se puede restringir el tránsito a las ambulancias, unidades de bomberos u otras de similar naturaleza.

5. Reflexiones finales   

Los trabajadores agrarios deben organizarse para elegir sus representantes y por medio de estos, canalizar sus reclamos y propuestas ante las autoridades. Tras ello, se debería derogar la Ley de Promoción del Sector Agrario, y consensuar una nueva normativa que respete la dignidad del trabajador como un derecho fundamental; toda vez que, la ley vigente, hace más de 10 años que ya cumplió su propósito de flexibilizar el sector. Las agroexportadoras tuvieron cerca de 20 años para recuperar sus inversiones y generar ganancias sostenibles a costa de reducción de los benéficos laborales.

Se debe reconocer que el incremento de las empresas agroexportadoras en la región costera han propiciado el alcance de trabajos formales, comercios y elevar el desarrollo en las ciudades; sin embargo, esto no debe ser a costa de vulnerar derechos laborales.


[1] Ley Nº 28810 – Modifica la Ley Nº 27360, que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario.

[2] Revista Perú Exporta- ADEX, Edición Especial N° 417, pg 13.

[3] Justicia US Supreme Court, (Disponible en: https://bit.ly/36pZO6y)