Prueba ilícita por obtener información de un correo electrónico de manera secreta [Expediente 02324-2020-PHC/TC]

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Sentencia 847/2021
AREQUIPA 
JHONNY RICHARD PHILCO 
BORJA, representado por FARGO 
COCHAGNE RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de septiembre de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia; con los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega.

[Lee también: Prueba Ilícita y Teoría del Riesgo [Incidente: 00182-2011-3-1826-JR-PE-02]

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fargo Cochagne Rodríguez, abogado de don Jhonny Richard Philco Borja contra la resolución de fojas 273, de fecha 12 de octubre de 2020, expedida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2016 y de la Resolución 2, de fecha 23 de febrero de 2017, a través de las cuales el Tribunal Superior Militar Policial Centro y la Sala Suprema Revisora del Fuero Militar Policial condenaron al favorecido don Jhonny Richard Philco Borja como autor de los delitos de desobediencia, infidencia y traición a la patria en tiempo de paz; y, consecuentemente, se disponga su inmediata libertad. (Expediente 0135- 2014-02-11-93 / 0135-2014-02-11-91). Se alega la vulneración del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, en conexidad con el derecho a la libertad personal.

[Lee también: Incautación sin confirmatoria judicial: ¿Prueba ilícita o acto irregular? [Casación 986-2021, Cajamarca]

2. Sobre la delimitación del objeto de la demanda, cabe precisar que si bien en la demanda solo se solicita la nulidad de la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2016, bajo el alegato de que se ha vulnerado el derecho invocado en sede fiscal y policial, lo cierto es que tal pretensión implica la nulidad de la Resolución 2, de fecha 23 de febrero de 2017, que confirmó la sentencia de primer grado, y que es finalmente la resolución que concretó la restricción del derecho a la libertad individual del favorecido.

[Continúa…]

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