¿Puede atribuirse funciones jurisdiccionales en concesión de beneficios penitenciarios el director de establecimiento penitenciario? [Expediente N° 00919-2022-PHC/TC]

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Puede atribuirse funciones jurisdiccionales en concesión de beneficios penitenciarios el director de establecimiento penitenciario

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Sentencia 378/2022
HUANCAVELICA 
JOSÉ FRANCISCO PURILLA 
ÑAUPA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2022, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Ferrero Costa y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Frederick Salva Ancieta, abogado de don José Francisco Purilla Ñaupa, contra la resolución de fojas 110, de fecha 11 de febrero de 2022, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

[Lee también: ¿Cómo se configura el fin resocializador de la pena y los beneficios penitenciarios? [Expediente N.° 04201-2019-PHC-TC]

FUNDAMENTOS RELEVANTES

Delimitación del petitorio 

1. Analizados los hechos expuestos en la demanda, contrastados con las instrumentales y el descargo de la autoridad penitenciaria demandada que obran en autos, este Tribunal aprecia que aquella tiene por objeto que se declare la nulidad de la Resolución Directoral 003-2021- INPE/ORCHYO-EPHVCA-D, de fecha 22 de junio de 2021 (f. 25), mediante la cual el director del Establecimiento Penitenciario de Huancavelica declaró improcedente la prosecución del trámite de organización del cuadernillo (expediente administrativo) de semilibertad solicitado por el interno José Francisco Purilla Ñaupa bajo los alcances del D.L. 1513; y que, consecuentemente, se disponga la inmediata conformación (armado) del referido expediente y su remisión al órgano judicial pertinente a fin de que emita la resolución que corresponda a las solicitudes del interno presentadas con fecha 4 de diciembre de 2020 y 22 de marzo de 2021 (ff. 10 y 41), en la ejecución de sentencia que cumple por la comisión del delito de robo agravado (Expediente 00142-2018-7-1102-JR-PE-01). Los hechos de la demanda se encontrarían vinculados a la eventual vulneración del derecho al debido proceso, conexo al derecho a la libertad personal del beneficiario.

2. Cabe precisar que la demanda de manera expresa solicita la conformación del expediente de beneficio penitenciario de semilibertad del interno y su remisión al órgano judicial y que, si bien algunos de sus argumentos refieren a que se notifique al interno la respuesta a su solicitud de armado del expediente de semilibertad por resolución administrativa, no por acta, para poder impugnarla, lo que en realidad se aprecia del caso de autos es que a fojas 25 corre la Resolución Directoral 003-2021-INPE/ORCHYO-EPHVCA-D, de fecha 22 de junio de 2021, mediante la cual el director demandado declaró improcedente la prosecución del trámite de armado del expediente de semilibertad, resolución que fue notificada (f. 24) al interno demandante el 6 de agosto de 2021 (antes de que postulase la demanda, sin que de autos se advierta que esta haya sido apelada, pronunciamiento administrativo del cual cabe su control constitucional, debido a que de autos se desprende que este restringe el derecho a la libertad personal materia de tutela del habeas corpus, lo que a continuación se analiza.

[Lee también: Principio de proporcionalidad del las penas [Recurso de Nulidad 1208-2019, Lima]

Análisis del caso 

3. El artículo 139, inciso 22, de la Constitución señala que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Al respecto, este Tribunal ha precisado en la sentencia emitida en el Expediente 00010-2002-AI/TC, fundamento 208, que los propósitos de la reeducación y la rehabilitación del penado “(…) suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito”.

4. Es por ello que el régimen penitenciario debe condecir con la prevención especial de la pena que hace referencia al tratamiento, resocialización del penado (reeducación y rehabilitación) y a cierta flexibilización de la forma en que se cumple la pena, lo cual es acorde con lo establecido en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución. De otro lado, la prevención general de la pena obliga al Estado a proteger a la nación contra daños o amenazas a su seguridad, lo que implica la salvaguarda de la integridad de la sociedad que convive organizada bajo la propia estructura del Estado, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, que destaca que es deber del Estado proteger a la población de las amenazas a su seguridad (Cfr. Sentencias emitidas en los Expedientes 02590-2010-PHC/TC, 03405-2010- PHC/TC y 00212-2012-PHC/TC).

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